CE - Sentencia 68001233300020240003101

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 68001233300020240003101
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otra Demandado: Marcos Olarte Ramírez Rad.: 68001-23-33-000-2024-00031-01 (principal)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicado: 68001-23-33-000-2024-00031-01 (principal) 68001-23-33-000-2024-00042-00 (acumulado)

Demandantes: TANIA LIZETH BAUTISTA PEÑALOZA Y YOLANDA

ROMERO TRUJILLO

Demandado: MARCOS OLARTE RAMÍREZ - CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) - PERÍODO 2024 - 2027

Tema: Financiación prohibida de campañas electorales – Causales de nulidad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación presentados por las demandantes contra la sentencia del 13 de diciembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Las demandas

Las ciudadanas Yolanda Romero Trujillo 1 y Tania Lizeth Bautista Peñaloza 2,

Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Las demandas

Las ciudadanas Yolanda Romero Trujillo 1 y Tania Lizeth Bautista Peñaloza 2, controvierten el acto de elección del señor Marcos Olarte Ramírez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), para el periodo 2024 -2027, contenido en el formulario E-26 CON del 6 de noviembre de 2023.

1.1.1. Hechos y concepto de la violación.

Las actoras señalaron que el demandado se presentó como candidato al Concejo de Floridablanca (Santander), para el periodo 2024 -2027, por el Partido Centro Democrático.

Afirmaron que el acusado ingresó a su campaña para dicha dignidad la suma de $4940.000.oo como recursos propios, según se observa en el formato «CREDITOS O APORTES QUE PROVENGAN DEL PATRIMONIO DEL CANDIDATO (…)» , extraído del portal de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral.

1 Demandante en el proceso 68001-23-33-000-2024-00031-01. 2 Demandante en el proceso 68001-23-33-000-2024-00042-00.Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otra Demandado: Marcos Olarte Ramírez Rad.: 68001-23-33-000-2024-00031-01 (principal)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Advirtieron que, para ese entonces, sobre el demandado pesaba una formulación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Advirtieron que, para ese entonces, sobre el demandado pesaba una formulación de imputación en un proceso penal por el punible de prevaricato por acción , conducta tipificada en el artículo 413 del Código Penal, en el Título XV contentivo de los delitos contra la administración pública.

Adujeron que dicho señalamiento se formuló los días 11 y 12 de julio de 2017 , por irregularidades relacionadas con la elección del personero de Floridablanca para el periodo 2016-2019, en la que el demandado participó como elector con ocasión de su ejercicio como concejal de Floridablanca para ese entonces . La acusación tuvo lugar el 6 de diciembre de 2018.

Advirtieron que el numeral 5º del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 3 prohíbe la financiación de campañas políticas con recursos provenientes de personas naturales, contra las que se haya formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos contra la administración pública.

En esas condiciones, dado que sobre el demandado pesaba una acusación en el marco de un proceso penal por un delito contra la administración pública, para el momento en que fue candidato al concejo, no podía financiar su campaña con recursos propios, como en efecto ocurrió, de modo que incurrió en la prohibición legal prevista en el precepto bajo cita.

La demandante Yolanda Romero Trujillo4 alegó que el acto demandado infringió las normas en que debía fundarse, para lo cual esbozó el siguiente concepto de violación:

legal prevista en el precepto bajo cita.

La demandante Yolanda Romero Trujillo4 alegó que el acto demandado infringió las normas en que debía fundarse, para lo cual esbozó el siguiente concepto de violación:

Indicó que s e desconoció el artículo 40 superior, toda vez que, aunque tal disposición otorga a cualquier ciudadano la posibilidad de ser elegido, debe cumplir unas reglas para acceder de manera legítima al poder, en este caso, abstenerse de financiar su campaña con dineros prohibidos.

Sostuvo que el artículo 109 de la Carta dispone que la financiación privada no debe tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público, por lo que este mandato superior, que propende porque el voto sea libre, informado, y transparente, se transgredió en este caso porque la financiación de la campaña del demandado proviene de una fuente prohibida.

Consideró que la conducta alegada es atentatoria del orden público , pues s i la justicia no actúa rechazando estas prácticas, en un futuro inmediato se verá

3 ARTÍCULO 27. FINANCIACIÓN PROHIBIDA. Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas: (…)

5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad. 4 Demandante en el proceso 68001-23-33-000-2024-00031-01.Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otra

narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad. 4 Demandante en el proceso 68001-23-33-000-2024-00031-01.Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otra Demandado: Marcos Olarte Ramírez Rad.: 68001-23-33-000-2024-00031-01 (principal)

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asaltada la transparencia, la confianza del ciudadano y el principio de legalidad.

Advirtió la violación del artículo 258 de la Constitución Política, en la medida que tal disposición, al velar porque el derecho al voto se ejerza sin coacción, persigue que las prácticas corruptas y antidemocráticas, c omo la financiación prohibida, no coarten la libertad de los electores, tal como ocurrió en este caso con la financiación de la campaña proveniente de una fuente ilegal , que a la postre se concreta en un engaño al elector, quien desconoce el origen de tales recursos.

Precisó que la treta al sufragante, como práctica corrupta, afecta la libertad y pureza del voto de los electores, y constituye causal de nulidad electora l, por cuanto con ella se desconocen postulados y principios democráticos del Estado Social de Derecho5.

Alegó, en consecuencia, el desconocimiento del numeral 5° del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, por cuanto esta disposición prohíbe la financiación de campañas políticas por parte de personas naturales c ontra las que se haya formulado

Alegó, en consecuencia, el desconocimiento del numeral 5° del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, por cuanto esta disposición prohíbe la financiación de campañas políticas por parte de personas naturales c ontra las que se haya formulado imputación o acusación en un proceso penal por delitos contra la administración pública, que es el caso de accionado quien, pese a estar en esta situación, destinó recursos propios a su campaña electoral.

A su turno, la demandante Tania Lizeth Bautista Peñaloza 6 invocó el desconocimiento de los artículos 1, 2, 13, 29, 40, 43, 107, 258 y 262 de la Constitución Política; 137, 139 y 275 del CPACA; y 1, 28 y 32 de la Ley 1475 de 201.

Planteó, como concepto de violación , que las normas relativas a las fuentes prohibidas de financiación de campañas políticas pretenden la protección de la voluntad popular y la autonomía de los candidatos frente a pos ibles presiones ilegítimas. Por ende, es fundamental que la financiación de la política se desarrolle adecuadamente, toda vez que la democracia es una institución que garantiza valores, prácticas y libertades esenciales, y de su correcto funcionamiento depende su materialización.

Sostuvo que el demandado financió su campaña con recursos propios, pese a que le estaba prohibido tal proceder por estar inmerso en un proceso penal por la comisión de un delito contra la administración pública.

1.2. Actuaciones procesales

Expediente 68001-23-33-000-2024-00031-01

le estaba prohibido tal proceder por estar inmerso en un proceso penal por la comisión de un delito contra la administración pública.

1.2. Actuaciones procesales

Expediente 68001-23-33-000-2024-00031-01

5 Citó las sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 22 de septiembre de 2022 (Exp: 1100103-28000-2022-0012700), y 16 de mayo de 2019 (Exp: 11001-0328-000-201800084-00), con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio. 6 Demandante en el proceso 68001-23-33-000-2024-00042-00.Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otra Demandado: Marcos Olarte Ramírez Rad.: 68001-23-33-000-2024-00031-01 (principal)

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Por auto de l 16 de febrero de 2024 se admitió la demanda y se negó la medida cautelar.

Expediente 68001-23-33-000-2024-00042-00

A través de proveído del 24 de enero de 2024 se inadmitió el libelo para que la parte actora aportara copia del acto acusado . Subsanado tal yerro, mediante auto del 6 de marzo de 2024 se admitió la demanda y se negó la medida cautelar.

1.3. Contestaciones de las demandas

Las contestaciones radicadas en cada proceso se sintetizan de la siguiente manera.

1.3.1. Del demandado

1.3. Contestaciones de las demandas

Las contestaciones radicadas en cada proceso se sintetizan de la siguiente manera.

1.3.1. Del demandado

Cuestionó la autenticidad de las pruebas aportadas por su contraparte, toda vez que no es posible establecer la forma como las obtuvo , y si coincide n con los expedientes penales de los cuales supuestamente se extrajo la información , pues la parte actora no es sujeto procesal en esas causas.

Sostuvo que la prohibición de que trata el numeral 5° del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 se dirige a los aportes provenientes de terceros, no del propio candidato , pues el legislador no contempló esa posibilidad y así lo entendió la Corte Constitucional al pronunciarse en la Sentencia C -490 de 2011, en tanto adujo que dicha disposición proscribe recibir recursos.

Advirtió que la acusación no logra argumentar las razones por las que el desconocimiento de la prohibición acarrea la nulidad de la elección. Por el contrario, la incursión en la conducta no va más allá de una falta administrativa prevista como tal en la ley.

Al respecto, sostuvo que la preceptiva bajo cita establece que las agrupaciones políticas son responsables por violar las normas sobre financiación, y establecen como falta administrativa el ingreso de recursos prohibidos, cuya sanción corresponde al Consejo Nacional Electoral , sin mención alguna que traiga como consecuencia la nulidad de la elección.

Bajo es e contexto, expuso que el derecho administrativo sancionador es el escenario donde se aplican las consecuencias negativas de la financiación ilegal, porque así lo dispuso el legislador.

consecuencia la nulidad de la elección.

Bajo es e contexto, expuso que el derecho administrativo sancionador es el escenario donde se aplican las consecuencias negativas de la financiación ilegal, porque así lo dispuso el legislador.

Arguyó que la nulidad que persigue la parte actora es una infracción al derecho político a ser elegido, de rango constitucional al tenor del artículo 40 superior, y catalogado como derecho humano en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este último prevé que solo las decisiones judiciales definitivasDemandantes: Yolanda Romero Trujillo y otra Demandado: Marcos Olarte Ramírez Rad.: 68001-23-33-000-2024-00031-01 (principal)

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pueden ser restrictivas de derechos políticos, por lo que la formulación de imputación o la acusación no pueden cercenar tales prerrogativas, so pena de desconocer garantías convencionales.

Explicó que la inelegibilidad de quien es vinculado a un juicio punitivo debe provenir de una sentencia, debidamente ejecutoriada, que declare la responsabilidad penal. A partir de tal premisa, consideró que l a interpretación de la parte actora , sobre la prohibición de que se trata, anticipa los efectos de una inhabilidad que solo procede por conducto de un fallo en firme , porque esta es la decisión que tiene la vocación de restringir derechos políticos, por lo que ni la imputación o la acusación pueden tener el efecto de anular una elección.

por conducto de un fallo en firme , porque esta es la decisión que tiene la vocación de restringir derechos políticos, por lo que ni la imputación o la acusación pueden tener el efecto de anular una elección.

Agregó que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-490 de 2011, sostuvo que la prohibición invocada por la parte demandante no es contraria a la presunción de inocencia, por lo que el hecho de ser procesado no debe impedir el acceso y desempeño de cargos de elecci ón popular cuando se financia la campaña con recursos propios.

1.3.2. Consejo Nacional Electoral

A través de apoderad a, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, fundada en que la entidad, si bien es competente para conocer y resolver situaciones relacionadas con inhabilidades, no tuvo conocimiento del asunto.

1.3.3. Registraduría Nacional del Estado Civil

Por intermedio de apoderado, advirtió la falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que su labor se limita a la organización logística de las elecciones.

1.4. Otras actuaciones de la primera instancia

Por auto del 5 de abril de 2024 se ordenó la acumulación de los procesos.

A través de proveído del 31 de mayo de 2024, se dispuso el trámite de sentencia anticipada.

En dicha providencia se declararon no probadas las excepciones sobre legitimación formuladas por las entidades de la organización electoral.

El litigio se fijó en los siguientes términos:

P.J. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto contenido en el formulario E26

formuladas por las entidades de la organización electoral.

El litigio se fijó en los siguientes términos:

P.J. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto contenido en el formulario E26 CON – de fecha 6 de noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la elección del señor Marcos Olarte Ramírez como concejal del Municipio de Floridablanca, para el periodo cor respondiente 2024 -2027, por incurrir presuntamente en la conducta de financiación prohibida al configurarse las causales establecidas en el numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011?Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otra Demandado: Marcos Olarte Ramírez Rad.: 68001-23-33-000-2024-00031-01 (principal)

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En cuanto a las pruebas, incorporó las aportadas por las partes, y ordenó requerir a los juzgados Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y Sexto Penal del Circuito de Bucaramanga, para que allegaran copias de las acusaciones formuladas en las causas que adelantan contra el demandado, y el estado de los procesos. También di spuso oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que certificara si el accionado se encuentra vinculado a un proceso penal vigente. Finalmente, ordenó que se solicitara al Consejo Nacional Electoral certificar sobre los aportes a la campaña del demandado.

1.5. La sentencia apelada

Mediante sentencia de l 13 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de

Finalmente, ordenó que se solicitara al Consejo Nacional Electoral certificar sobre los aportes a la campaña del demandado.

1.5. La sentencia apelada

Mediante sentencia de l 13 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.

Al descender al caso concreto, precisó que el demandado financió su campaña con recursos propios, como se evidencia en el formulario Anexo 8.1 Código 101 del formulario 8B, reportado ante el Consejo Nacional Electoral.

Agregó que, además, se encuentra vinculado a un proceso penal por el delito de prevaricato por acción y por omisión, y por fraude a resolución judicial, como se desprende de la información que reposa en el proceso penal bajo radicado 680016008828201600155, el cual surge de una denuncia por presuntas irregularidades en la elección del Contralor y Personero de Floridablanca para el período 2016-2019.

Advirtió que el numeral 5° del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 , estableció la prohibición de financiar campañas políticas con recursos provenientes de i) una persona natural, ii) a quie n se le hubiera realizado imputación o acusación por delitos contra la administración pública. En ese orden, la norma no hizo la distinción que propuso el demandado , en cuanto considera que debe exc luirse al propio candidato cuanto es este quien financia su campaña con recursos propios.

Explicó que la referencia legal a una persona natural contempla a todos los individuos de la especie humana , de tal suerte que los recursos propios de un candidato investigado por delitos contra la administración pública, no pueden hacer

Explicó que la referencia legal a una persona natural contempla a todos los individuos de la especie humana , de tal suerte que los recursos propios de un candidato investigado por delitos contra la administración pública, no pueden hacer parte de su campaña electoral, so pena de incurrir en la prohibición.

Precisó que, sin embargo, la conducta que implica consecuencias a la luz de la justicia penal, por lo que no es posible juzgarla bajo los requisitos que debe cumplir el acto administrativo para su expedición, pues se trata de análisis diferentes con consecuencias particulares fijadas por la ley.

Destacó que, bajo una interpretación restrictiva, el legislador no previó la violación de normas sobre financiación de campañas como causal de nulidad electoral, puesDemandantes: Yolanda Romero Trujillo y otra Demandado: Marcos Olarte Ramírez Rad.: 68001-23-33-000-2024-00031-01 (principal)

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para ello estableció otro tipo de sanciones que se ventilan en el marco de la justicia penal.

Señaló que, de la revisión de la Ley 1475 de 2011, no se observa una sanción específica para los eventos de financiación prohibida , como sí ocurre en los casos de violación de los límites al monto de gastos de las campañas, como la pérdida del cargo o la desinvestidura.

Indicó que el artículo 109 superior determinó que el legislador debe señalar las consecuencias que conlleva la transgresión de la financiación de las campañas, a

cargo o la desinvestidura.

Indicó que el artículo 109 superior determinó que el legislador debe señalar las consecuencias que conlleva la transgresión de la financiación de las campañas, a la luz del ordenamiento jurídico del sistema penal, como en efecto lo hizo a través del artículo 396A del Código Penal.

Sostuvo que esta Sala , en casos similares, al pronunciarse sobre la infracción de norma superior, precisó que en el marco del medio de control de nulidad electoral solo se aborda el estudio de conductas que derivan en la nulidad de la elección, cuando así lo ha señalado expresamente la norma7.

1.6. Los recursos de apelación

La demandante Tania Lizeth Bautista Peñaloza, en su alzada, argumentó que el numeral 5º del artículo 27 de la Ley 1474 de 2011 prohíbe que un candidato acusado por un delito contra la administración pública financie su campaña con recursos propios, advirtiendo que, contrario a la tesis que formuló la defensa, la ley no diferencia si esos recursos provienen de terceros o del propio elegido.

Por su parte, la actora Yolanda Romero Trujillo advirtió qu e se probó la financiación prohibida de la campaña del acusado, con sus propios recursos, y que con ello incurrió en una prohibición legal, razón por la cual se debió anular el acto de elección, porque este, como los demás, debe cumplir la normatividad vigente y acatar las decisiones judiciales expedidas con ocasión de situaciones similares.

Precisó que cualquier acto lesivo de la Constitución Política o la ley es pasible de enjuiciamiento a través del medio de control de nulidad o de nulidad electoral, bien

acatar las decisiones judiciales expedidas con ocasión de situaciones similares.

Precisó que cualquier acto lesivo de la Constitución Política o la ley es pasible de enjuiciamiento a través del medio de control de nulidad o de nulidad electoral, bien sea por las causales previstas en el artículo 275 del CPACA, o por las que contempla el artículo 137 ibidem, en este caso por infracción de las normas en que debía fundarse.

Destacó que la falta de aplicación de un precepto legal , bien por ignorar s u existencia u omitir su cumplimiento, configura la nulidad del acto administrativo por desconocer el valor normativo del ordenamiento jurídico.

Expuso que, en este caso, el acto demandado es c ontrario al texto de los artículos 109 y 258 constitucionales, y al numeral 5° del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011,

7 Sentencia del 13 de mayo de 2021. Exp: 11001-03-28-000-2020-00034-00. M.P: Rocío Araújo Oñate.Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otra Demandado: Marcos Olarte Ramírez Rad.: 68001-23-33-000-2024-00031-01 (principal)

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lo cual invalida la elección acusada, pues tales preceptos no se aplicaron por parte de la administración , quien debió conocer de la financiación prohibida de la campaña del sub lite, pues es función del Consejo Nacional Electoral revisar tales recursos.

Sostuvo que, de no poder reprochar los actos de elección por estar incursos en la

de la administración , quien debió conocer de la financiación prohibida de la campaña del sub lite, pues es función del Consejo Nacional Electoral revisar tales recursos.

Sostuvo que, de no poder reprochar los actos de elección por estar incursos en la irregularidad alegada, como lo sostiene el a quo, sería como decir que es permisible que los dineros producto de actividades ilícitas financien campañas políticas y se elijan candidatos con dineros espurios.

Agregó que, además, la imposibilidad de anular la elección porque la norma no trae concretamente esa consecuencia, tendría una trascendencia negativa para el sistema democrático, por cuanto las personas que financiaron sus campañas con dineros de dudosa procedencia ocuparían los cargos de elección popular.

Resaltó la gravedad de tal circunstancia, pues el proceso penal tarda en resolverse más tiempo de los cuatro años del periodo constitucional , y con ello el país se convertiría en un narco estado , antidemocrático, inmoral e ilegal , en manos de fuerzas oscuras.

Explicó que los actos administrativos pueden tener consecuencias de distinta índole, contenciosas, penales, disciplinarias o fiscales, así su origen tenga lugar por el mismo hecho, y dichas consecuencias no se contraponen o rechazan, sino q ue desarrollan una protección diferente.

Por lo anterior, consideró que no se puede restringir la v aloración del acto de elección a sus implicaciones penales, y sustraer su análisis de legalidad conforme con el numeral 5° del artículo del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 , norma que, por lo demás, no transgrede el principio de presunción de inocencia según lo expuso

con el numeral 5° del artículo del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 , norma que, por lo demás, no transgrede el principio de presunción de inocencia según lo expuso la Corte en la Sentencia C-490 de 2011.

Destacó que el espíritu de la norma en mención no es otro que evitar que las campañas electorales se financien con dineros de dudosa procedencia, y persigue garantizar contiendas electorales en igualdad de condiciones, limpias y transparentes.

Insistió en que el legislador no solo consignó las causales taxativas de nulidad electoral en el artículo 275 del CPACA, sino que dejó la posibilidad de acudir a las causales generales para cuestionar la legalidad del acto de elección, previstas en el artículo 137 ibidem.

Advirtió que el a quo desconoció la sentencia del 16 de mayo de 2019 de la Sección Quinta del Consejo de Estado 8, en la que dicho colegiado sostuvo que la financiación de campañas con recursos prohibidos por la ley son prácticas ilegales,

8 Exp: 11001-03-28-000-2018-00084-00.Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otra Demandado: Marcos Olarte Ramírez Rad.: 68001-23-33-000-2024-00031-01 (principal)

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antidemocráticas y corruptas que afectan la pureza del voto y, por ende, acarrean la nulidad de la elección.

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antidemocráticas y corruptas que afectan la pureza del voto y, por ende, acarrean la nulidad de la elección.

Precisó que, en el referido pronunciamiento, se indicó que para configurar la nulidad se debe demostrar i) que el candidato incurrió en la práctica antidemocrática o prohibida, y ii) que sabía de esa práctica y con su anuencia se materializó.

Afirmó que el comportam iento del acusado afectó los principios democráticos, la pureza del voto, y la transparencia, por cuanto su campaña se financió con dineros no permitidos por la ley, lo que vicia su elección.

Concluyó que, contrario a la afirmación del tribunal, sí existe una causal subjetiva de nulidad electoral, con sustento en la jurisprudencia descrita, y con base en ella debe declararse la nulidad de la elección, por infracción a las normas en que debía fundarse el acto demandado, en particular los artículos 40, 109 y 258 de la Constitución Política, y el numeral 5° del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

1.7. Actuaciones de segunda instancia

Por auto del 17 de marzo de 2025 se admitieron las apelaciones de las demandantes.

El demandado interpuso recurso de reposición c ontra el proveído anterior, el cual se rechazó, por improcedente, mediante proveído del 7 de abril de 2025.

1.8. Alegatos de conclusión

El demandado solicitó que se aplique la figura de la jurisprudencia anunciada, dada la inexistencia de precedente sobre el caso concreto.

1.8. Alegatos de conclusión

El demandado solicitó que se aplique la figura de la jurisprudencia anunciada, dada la inexistencia de precedente sobre el caso concreto.

1.9. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante esa Corporación, solicitó que se confirme la sentencia apelada.

Consideró que, si bien se probó la incursión del demandado en la prohibición prevista en el numeral 5° del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, dada la existencia de una acusación en su contra y los aportes a su campaña con recursos propios, lo cierto es que esta norma no contempla una consecuencia específica asociada a la nulidad electoral.

Advirtió que las prohibiciones enlistadas en dicha disposición se constituyen en objeto de sanción a los directivos de los partidos y movimientos políticos , en los términos del artículo 10 de dicha preceptiva, y la autoridad competente para investigar y sancionar las conductas proscritas recaen en el Consejo Nacional

Electoral.Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otra Demandado: Marcos Olarte Ramírez Rad.: 68001-23-33-000-2024-00031-01 (principal)

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Por lo tanto, la norma establece una consecuencia sancionatoria distinta de la nulidad electoral, por lo que la norma invocada no es de aquellas en las que debió fundarse la elección.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

nulidad electoral, por lo que la norma invocada no es de aquellas en las que debió fundarse la elección.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta S ección es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la referencia, teniendo en cuenta que se pretende la nulidad del acto que declaró la elección del señor Marcos Olarte Ramírez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), cuyo control de legalidad compete a los tribunales administrativos, en primera instancia, según el literal a) del numeral 7 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 9 y corresponde al Consejo de Estado fungir como juez ad quem , en aplicación del artículo 150 ib.

2.2. El acto acusado

La parte actora pretende la nulidad del formulario E-26 CON del 6 de noviembre de 2023, a través del cual se declaró la elección del señor Marcos Olarte Ramírez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), para el periodo 2024-2027.

2.3. Problema jurídico

Conforme al fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en los recursos de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.

Para la parte actora, el demandado, incurrió en la prohibición prevista en el numeral

la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.

Para la parte actora, el demandado, incurrió en la prohibición prevista en el numeral 5° del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, por haber financiado su campaña con sus propios recursos, lo cual le estaba prohibido por estar vinculado, en calidad de imputado y

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