CE - Sentencia 76001233300920150045101

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Sentencia 76001233300920150045101
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)

Demandante: Asociación César Conto

Demandado: Municipio de Santiago de Cali1

Referencia: Reparación directa

Temas: COMPETENCIA DEL SUPERIOR – El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen en contra de la decisión de primer grado. Por regla, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en sede de apelación. / CARGA DE LA PRUEBA – Es deber de las partes acreditar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de la sentencia del 31 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda y la condenó en costas.

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

2. Las partes suscribieron dos contratos para la prestación de servicios educativos durante el año lectivo 2012, cada uno en favor de un número específico de estudiantes. La accionante sostuvo que, con posterioridad, el municipio le solicitó prestar el servicio en favor de 656 estudiantes adicionales a los pactados, con la

durante el año lectivo 2012, cada uno en favor de un número específico de estudiantes. La accionante sostuvo que, con posterioridad, el municipio le solicitó prestar el servicio en favor de 656 estudiantes adicionales a los pactados, con la promesa de que se le reconocería la remuneración correspondiente al momento de liquidar los negocios. Sin embargo, ello no se incluyó en el balance final y el pago por dicha población adicional nunca se realizó. La apelante solicitó que se condene al municipio a indemnizar los perjuicios causados por dicha situación.

ANTECEDENTES

La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó

3. El 27 de abril de 2015, la Asociación César Conto (en adelante, la parte demandante, la apelante, la Asociación o la actora) formuló demanda2 en contra del municipio de Santiago de Cali (el municipio, la entidad o la demandada), en

1 Hoy en día, Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1933 de 2018. 2 Fls. 3 a 18 del cuaderno principal.Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)

Demandante: Asociación César Conto

Demandado: Municipio de Cali

Referencia: Reparación Directa 2 la que, en el marco del medio de control de reparación directa, formuló las siguientes pretensiones (se transcribe de forma literal, con posibles errores):

“Primera. Declarar al Municipio de Santiago de Cali administrativamente responsable de todos los daños y perjuicios materiales y morales ocasionados a

siguientes pretensiones (se transcribe de forma literal, con posibles errores):

“Primera. Declarar al Municipio de Santiago de Cali administrativamente responsable de todos los daños y perjuicios materiales y morales ocasionados a La ASOCIACIÓN CESAR CONTO, propietaria y administradora de las instituciones educativas CESAR CONTO SEDE PRINCIPAL GAITÁN, CESAR CONTO SEDE PETECUY, COLEGIO TECNICO COMERCIAL DANA MARIA Y EL CENTRO ETNOEDUCATIVO ANTONIO MACEO, por el no pago de los servicios educativos prestados a 656 estudiantes autorizados e impuestos por la entidad territorial y servicio que fue prestado a satisfacción durante el año lectivo 2012.

Segunda. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al Municipio de Cali, a pagar a la entidad demandante por intermedio de su apoderado todos los daños y perjuicio materiales y morales que se les han ocasionado conforme a la siguiente liquidación.

Tercera. Relación de Daños y Perjuicios

a) PERJUICIOS MATERIALES:

● DAÑO EMERGENTE: El reconocimiento y pago del Subsidio Educativo de las 40 semanas del calendario académico (de enero a diciembre de 2012) Servicio Educativo prestado a todos los estudiantes durante el año lectivo 2012, suma que asciende al valor de $733.57 3.040 (o 1138,4 S.M.L.M.V.) los cuales se desglosan así: (…) [3]

Estos valores fueron invertidos totalmente en pago de nómina de profesores, prestaciones sociales, seguridad social, material didáctico, mantenimiento de la planta física, servicios públicos, dotación y gastos generales.

Estos valores fueron invertidos totalmente en pago de nómina de profesores, prestaciones sociales, seguridad social, material didáctico, mantenimiento de la planta física, servicios públicos, dotación y gastos generales.

Subtotal= $ 733.573.040 (o 1138,4 S.M.L.M.V)

● LUCRO CESANTE: La ganancia o provecho que dejó de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, por parte de la entidad demandada. Ya que el Demandante debe dedicarse a recuperar sus recursos, su economía y estabilidad comerc ial, por consiguiente debe invertir en gastos económicos, en un largo periodo, que puede equivaler a la duración del respectivo Proceso, que implica:

⮚ La desviación de esos recursos que de otra forma se destinarían a la Productividad y al rendimiento social y económico de los colegios.

⮚ La pérdida de rentabilidad, por ese concepto.

⮚ La pérdida de oportunidades en el desarrollo de las actividades comerciales del actor, como resultado del retardo injustificado en el cumplimiento del pago de las obligaciones contraídas por el Municipio.

Tomando como base la fecha del acaecimiento del hecho y los intereses, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia por un valor de CIENTO DIECIOCHO

MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE

PESOS ($118.472.611).

3 Agregó cuatro tablas, una por cada colegio de su propiedad, en las que detalló los alumnos adicionales a los que se les habría prestado el servicio, detallados por niveles educativos y el valor

PESOS ($118.472.611).

3 Agregó cuatro tablas, una por cada colegio de su propiedad, en las que detalló los alumnos adicionales a los que se les habría prestado el servicio, detallados por niveles educativos y el valor de cada uno con sus correspondientes subtotales.Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)

Demandante: Asociación César Conto

Demandado: Municipio de Cali

Referencia: Reparación Directa

3 Subtotal= $118.472.611 (o 183,8 S.M.L.M.V)

b) PERJUICIOS MORALES: El no pago oportuno de estos recursos produjo un trastorno económico a la ASOCIACIÓN CESAR CONTO y a las instituciones educativas CESAR CONTO SEDE PRINCIPAL GAITÁN, CESAR CONTO SEDE PETECUY, COLEGIO TECNICO COMERCIAL DANA MARIA Y EL CENTRO ETNOEDUCATIVO ANTONIO MACEO, que le generó un constante déficit económico y moral por el dificultoso funcionamiento que los obligó a realizar préstamos para cubrir los faltantes y con esto se afectó el buen nombre de estas Instituciones Educativas, la tranquilidad del Rector y Administrador y la preocupación de muchos padres de familia que tenían sus hijos en la relación de los estudiantes adicionales a los que no se cancelaron los subsidios.

Estos perjuicios morales los taxamos así:

Un gramo oro cuesta a la fecha $94.753. Por Mil gramos oro =$94.753.000

Subtotal: 94.753.000 (o 147 S.M.L.M.V.)

SUMA TOTAL: $ 946.798.651 (o 1469,3 S.M.L.M.V.)

Subtotal: 94.753.000 (o 147 S.M.L.M.V.)

SUMA TOTAL: $ 946.798.651 (o 1469,3 S.M.L.M.V.)

Cuarta. Que en todo caso se reparen integralmente los perjuicios sufridos conforme lo que indica el artículo 16 de la ley 446 de 1.998, así como bajo los cánones de la reciente jurisprudencia contenciosa administrativa.

Quinta. Que el valor de las condenas aquí señaladas, sean actualizados al ejecutoriarse la sentencia con base en la variación porcentual del I.P.C. para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (art. 192 del

CPACA.).

Sexta. Que la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda, se le dé cumplimiento en los términos del artículo 192 del Código De Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Séptima. Que se condene al demandado al pago de las c ostas y agencias en derecho”.

4. Como fundamento de sus pedimentos, relató que suscribió con la Secretaría de Educación de Cali los contratos 4143.0.26 -3-2012 y 4143.0.26 -98-2012, cuyo objeto fue la prestación del servicio educativo a 4.304 estudiantes, para el año lectivo 2012.

5. Indicó que, en enero del 2012, el alcalde de Cali promovió la política pública educativa adelantada desde la Presidencia de la República, consistente en que la población infantil que estuviera en edad escolar y por fuera del Sistema Educativo Colombiano debía ingresar a él. Señaló que el secretario de

educativa adelantada desde la Presidencia de la República, consistente en que la población infantil que estuviera en edad escolar y por fuera del Sistema Educativo Colombiano debía ingresar a él. Señaló que el secretario de educación del municipio impuso a los contratistas que, para las comunas deficitarias de la ciudad, se debía realizar la matrícula de los niños, niñas y jóvenes que solicitaran los cupos respectivos en los colegios de su propiedad.

6. Refirió que la entidad territorial recibiría “ dichos listados adicionales ” y que aquellos solicitantes que cumplieran los requisitos pertinentes serían subsidiados. Con esa finalidad, se adelantarían las gestiones ante el MinisterioRadicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)

Demandante: Asociación César Conto

Demandado: Municipio de Cali

Referencia: Reparación Directa 4 de Educación Nacional para que se les garantizaran a los colegios los recursos de los niños adicionales.

7. Adujo que las instituciones educativas de su propiedad remitieron los señalados listados al municipio para su validación, pero éste empezó muy tarde dicho proceso, dada la inexperiencia de los funcionarios en el manejo del sistema de información y matrículas. Sin embargo, todos los niños informados por la Asociación fueron aprobados por el municipio.

8. Así, señaló que le prestó el servicio educativo correspondiente a dicha población adicional durante todo el año lectivo 2012. Especificó que el núme ro adicional de niños ascendió a 656 estudiantes, distribuidos entre los cuatro colegios de propiedad de la Asociación 4, actividad que, según sostuvo, fue constatada por el municipio.

de niños ascendió a 656 estudiantes, distribuidos entre los cuatro colegios de propiedad de la Asociación 4, actividad que, según sostuvo, fue constatada por el municipio.

9. Expuso que, pese a lo anterior, la entidad no adelantó las gestiones t endientes a lograr la asignación presupuestal para atender la prestación del servicio de dichos estudiantes, lo que obligó a las instituciones educativas a las que “se les había impuesto prestar un servicio educativo adicional ” a organizar una audiencia pública que se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2012. Detalló que, en esa reunión, el secretario municipal de educación aseguró que realizaría el pago con la liquidación de los contratos vigentes. Este compromiso, según se adujo, se vio reflejado posteriormente en un acta levantada en mesa de trabajo del 21 de septiembre de 2012.

10. La actora también alegó que, en febrero de 2013, se realizaron las liquidaciones de los contratos del 2012, y que allí tampoco se realizó el reconocimiento de la deuda. Argumentó que el 13 de marzo siguiente nuevamente se realizó una reunión entre la Secretaría de Educación y los colegios, momento en el que el municipio reiteró que cancelaría los valores de los niños, niñas y jóvenes a quienes se les había prestado el servicio, pero que esto no sucedió.

11. Indicó que el 24 de febrero del 2015, se adelantó la audiencia de conciliación prejudicial, que fracasó por la inasistencia de los funcionarios del municipio.

12. La Asociación fundamentó su demand a en los perjuicios que, según adujo, le fueron ocasionados por el impago de los servicios prestados que, en su decir, el

prejudicial, que fracasó por la inasistencia de los funcionarios del municipio.

12. La Asociación fundamentó su demand a en los perjuicios que, según adujo, le fueron ocasionados por el impago de los servicios prestados que, en su decir, el municipio le “impuso por vía de autoridad”. Así, estructuró sus pedimentos en los presupuestos de la teoría del enriquecimiento sin causa y las tres hipótesis que, sobre este instituto, fueron consagradas en la sentencia de unificación del 19 de noviembre del 2012 proferida por esta Corporación. Recapituló que existió una relación jurídico -contractual reiterada entre el municipio y la As ociación demandante y que la entidad territorial impuso su autoridad para garantizar el servicio educativo a los niños, niñas y jóvenes de Cali, fundamentado en las normas de orden superior que consagran el derecho fundamental a la educación de los menores de edad.

4 Instituciones educativas César Conto Sede Principal Gaitán, César Conto Sede Petecuy, Colegio Técnico Comercial Dana María y el Centro Etnoeducativo Antonio Maceo.Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)

Demandante: Asociación César Conto

Demandado: Municipio de Cali

Referencia: Reparación Directa

5

13. A la luz de lo anterior, argumentó que existió un enriquecimiento por parte del municipio de Cali, al ostentar el deber funcional de prestar el servicio educativo a los 656 alumnos adicionales, pero haber impuesto dicha actividad a las instituciones educativas. Sostuvo que ello se tradujo en un empobrecimiento correlativo de la Asociación, que debió “ pagar Docentes, Personal

a los 656 alumnos adicionales, pero haber impuesto dicha actividad a las instituciones educativas. Sostuvo que ello se tradujo en un empobrecimiento correlativo de la Asociación, que debió “ pagar Docentes, Personal Administrativos, Seguridad Social, Prestaciones Sociales, Mantenimiento de la Planta Física, Dotación de Mobiliario y Equip os, Material Didácticos, Pagos de Servicios Públicos, Impuestos de Industria y Comercio, derivados del hecho de la matrícula, Seguro Estudiantil y otros gastos”.

14. Añadió que el ordenamiento jurídico obliga al Estado a indemnizar todo daño que cause a otra persona, incluyendo aquellos eventos en los que no presta el servicio en cabeza suya, cuando lo hace deficientemente o -como en el presente casoal imponer su ejecución en su nombre, pero sin pagarlo. Finalizó indicando que no existe otra vía judicial par a reclamar el pago del servicio prestado por imposición de la autoridad municipal.

Trámite relevante en primera instancia

15. El municipio de Cali se opuso a las pretensiones 5. Sostuvo que no existen elementos de prueba para concluir la existencia de los perjuicios morales reclamados y que, contrario a lo argumentado por la accionante, la presente es una controversia contractual, en tanto el daño alegado se deriva del supuesto incumplimiento de la entidad frente a los negocios celebrados. Igualmente, objetó que existen paz y salvo suscritos por las partes con los que se da fe que no existe ninguna obligación pendiente por parte del municipio.

16. En virtud de lo anterior, formuló la excepción previa de caducidad, al señalar que la demanda se formuló por fuera de los dos años siguientes a la liquidación de

no existe ninguna obligación pendiente por parte del municipio.

16. En virtud de lo anterior, formuló la excepción previa de caducidad, al señalar que la demanda se formuló por fuera de los dos años siguientes a la liquidación de los contratos. Seguidamente, propuso las excepciones de mérito que denominó “indebida escogencia de la acción ”, “inexistencia de la obligación ”, “buena fe”, “cobro de lo no debido ”, “imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido ” y la

“innominada”.

17. En audiencia inicial 6, el a quo encontró no probadas las excepciones de caducidad y de indebida escogencia de la acción. En cuanto a esta última, indicó que, dado que la accionante reclamó el pago de los servicios prestados a un grupo de estudiantes adicional al pactado en los contratos que fueron suscritos, la reparación directa es el medio de control idóneo para alegar el enriquecimiento sin causa en que habría incurrido el municipio.

18. Así, fijó el litigio en torno a determinar (i) si se debe decretar la excepción de caducidad y (ii) si hay lugar a declarar el reconocimiento del servicio prestado por parte de la Asociación César Conto a 656 alumnos en el periodo de 2012,

5 Fls. 262 a 268 del cuaderno principal. 6 Archivo “18_AUTOCORRETRASLADOPOR10DIASPARAALEGAR” del exped iente digital.Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)

Demandante: Asociación César Conto

Demandado: Municipio de Cali

Referencia: Reparación Directa 6 los cuales fueron atendidos por fuera de los contratos suscritos. En cuanto al

Demandante: Asociación César Conto

Demandado: Municipio de Cali

Referencia: Reparación Directa 6 los cuales fueron atendidos por fuera de los contratos suscritos. En cuanto al decreto de pruebas, tuvo por incorpor adas las documentales aportadas por ambos extremos y negó tanto los oficios como los testimonios pedidos por la demandante, decisión adoptada “sin objeciones”. Ante la ausencia de pruebas por practicar, ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio P úblico para alegar de conclusión y emitir concepto, respectivamente. La demandante y la demandada allegaron sus alegaciones finales, mientras que la Procuraduría guardó silencio.

Sentencia de primera instancia

19. En fallo del 31 de mayo de 20247, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

20. Según el a quo, no se configuró la caducidad de la acción. A su juicio, el término debe contabilizarse desde el acta de liquidación de los contratos, la cual no estipula la fecha exacta de su realización, pues solo indica que se llevó a cabo en febrero de 2013. Sin embargo, ante la suspensión del término entre el 19 de diciembre de 2014 (día de radicación de la solicitud de conciliación) y el 2 de marzo de 2015

(fecha de la constancia de no acuerdo), la demanda -presentada el 27 de abril de 2015fue oportuna.

21. En cuanto al fondo del asunto, desestimó la configuración del enriquecimiento sin justa causa alegado. Como premisa, encontró que no se perfeccionó ningún

2015fue oportuna.

21. En cuanto al fondo del asunto, desestimó la configuración del enriquecimiento sin justa causa alegado. Como premisa, encontró que no se perfeccionó ningún acuerdo de voluntades que respaldase la prestación del servicio a los 656 alumnos adicionales, en contravía de la solemnidad exigida para la celebración del contrato estatal y, en consecuencia, del mandato de la buena fe objetiva. De cara a ello, señaló que tampoco se acreditó ninguna de las excepciones previstas en la sentencia de unificación del 19 de noviembre del 2012 proferida por la Sección Tercera de esta Corporación 8 para la procedencia del señalado instituto, pues, contrario a lo alegado por la Asociación, no se probó la existencia de actos de constreñimiento o imposición de parte de la entidad territorial y estableció que la contratista ejecutó el servicio adicional por su cuenta y riesgo, sin mediar una orden expresa de la entidad. Añadió que tampoco se trató de un servicio que se hubiese requerido para conjurar una amenaza al derecho a la salud, ni de una situación de urgencia manifiesta que lo permitiera.

Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia

22. La Asociación interpuso recurso de apelación 9 en contra de la sentencia de primera instancia. Afirmó que, en las pretensiones, nunca se alegó el incumplimiento de un contrato estatal, ni solicitó la adición de este, y reprochó que el municipio se hubiera referido “a unos efectos de una relación contractual que no existió”, con lo cual indicó que el presente asunto debe analizarse bajo la lógica de la reparación directa.

que el municipio se hubiera referido “a unos efectos de una relación contractual que no existió”, con lo cual indicó que el presente asunto debe analizarse bajo la lógica de la reparación directa.

7 Archivo “034Sentencia que n_104SENTENCIA1RARD201” del expediente digital. 8 Radicado 73001-23-31-000-2000-03075-01 (24.897). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 9 Archivo “040Apelacion de Se_recursodeapelacionco” del expediente digital.Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)

Demandante: Asociación César Conto

Demandado: Municipio de Cali

Referencia: Reparación Directa

7

23. Controvirtió la fijación del litigio realizada por el Tribunal y estimó que, además de los problemas jurídicos planteados, debía resolverse si se había impartido verbalmente una orden o directriz para que se realizara la búsqueda d e la población desescolar izada y se le brindara el servicio educativo , si dicha determinación se cumplió con la prestación de la actividad y si ésta fue pagada o no. Con ello, objetó que el Tribunal hubiese adoptado una postura “ligada a la acción contractual, al enriquecimiento s in causa y la Actio in Remverso (sic)”, por considerar que, con ello, desconoció el derecho a solicitar una reparación integral de los perjuicios causados por los hechos irregulares de la entidad, de los que -insistió- se deriva la configuración de responsabilidad extracontractual.

24. Según su dicho, no fue correcto el razonamiento del Tribunal, pues “ el juez no debe exigirle a una de las partes del conflicto que pruebe o demuestre los

los que -insistió- se deriva la configuración de responsabilidad extracontractual.

24. Según su dicho, no fue correcto el razonamiento del Tribunal, pues “ el juez no debe exigirle a una de las partes del conflicto que pruebe o demuestre los supuestos hechos que se deriva [n] del camino del desv [ío] jurídico orquestado por su contraparte ”. Sostuvo que en el proceso se probó: 1) la política pública educativa promovida por el Ministerio de Educación, 2) la búsqueda y matrícula de los estudiantes, 3) la existencia de las instituciones educativas que brindaron el servici o educativo (dirigidas por la Asociación), 4) la ejecución de dicha actividad durante el año lectivo 2012, y 5) el acta de reunión en la que se consignó el compromiso de parte del municipio de reconocer el pago por los alumnos adicionales.

25. Finalizó reiterando la causación de los perjuicios reclamados, al alegar que los hechos que debió tener en cuenta el Tribunal eran “todos los extracontractuales, no los contractuales indirectos, vía enriquecimiento sin causa”. Con ello, solicitó revocar la sentencia de primer grado.

26. El a quo concedió el recurso de apelación ante esta Corporación 10, el cual fue admitido mediante auto del 15 de octubre de 2024 11. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta instancia.

CONSIDERACIONES

Presupuestos procesales, objeto del recurso de apelación y problemas jurídicos por resolver

27. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado , y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:

Presupuestos procesales, objeto del recurso de apelación y problemas jurídicos por resolver

27. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado , y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales: jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por activa y por pasiva, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial y verificados los requisitos d e la demanda en forma, a la Sala le corresponde decidir la segunda instancia de la presente litis.

28. Para dichos efectos, esta Sección ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez ad quem se circunscribe a las referencias conceptuales y

10 Archivo “043Concede Recurso_20150045100CAGLconce” del expediente digital. 11 Archivo “003Autoqueadmite_71709admiteapelacion” del expediente digital en segunda instancia.Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)

Demandante: Asociación César Conto

Demandado: Municipio de Cali

Referencia: Reparación Directa 8 argumentativas que se aducen en contra de la decisión de primer grado, por lo cual, en principio 12, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en sede de apelación. Así se desprende de lo señalado en el artículo 320 del Código General del Proceso

(CGP), según el cual: “ El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.

29. En línea con lo anterior, tampoco son propias del recurso las simples

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.

29. En línea con lo anterior, tampoco son propias del recurso las simples reiteraciones de los argumentos plasmados en etapas anteriores al proceso, en particular en los escritos de demanda, de contestación y de alegatos de conclusión, sino que “de cara a la tesis adoptada por el a quo en las conclusiones del fallo, corresponde al apelante la formulación de una tesis diversa frente a éste”13, que confronte la apreciación fáctica y las proposiciones jurídicas que la decisión apelada contiene respecto de las alegaciones hechas por las partes14.

30. En adición a lo expuesto, son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho fundamental al debido proceso y el principio de congruencia que impone fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones planteadas en la con testación. Con ello, se busca “ impedir que se sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio”15.

31. En vista de las anteriores consideraciones, el objeto del recurso de apelación se centró, en primera medida, en controvertir el fallo de primera instancia por haber omitido tener en cuenta si los funcionarios del municipio , de manera verbal, dieron una orden o directriz tendiente a que se realizara la búsqueda de la población desescolarizada y que se le brindara el servicio educativo, si dicha

omitido tener en cuenta si los funcionarios del municipio , de manera verbal, dieron una orden o directriz tendiente a que se realizara la búsqueda de la población desescolarizada y que se le brindara el servicio educativo, si dicha orden fue cumplida y si tal actividad fue objeto de reconocimiento económico. Como consecuencia de e llo, se cuestionó el fallo por haber resuelto la causa

12 Debe precisarse, en todo caso, que “dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y cons iguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censur ada” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez). Posición reiterada, entre otras, en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. 13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.

Plena, sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. 13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 12 de septiembre de 2022. Rad. 05001233100020110045901 (59258). C.P. José Roberto Sáchica Méndez. 14 Consejo de E stado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 20 de mayo de 2024. Rad. 68001233300020150146801 (65495). C.P. María Adriana Marín. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 24 de septiembre de 2020. Rad. 05001233100020030098501 (44707). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.Radicación: 76001-23-33-009-2015-00451-01 (71.709)

Demandante: Asociación César Conto

Demandado: Municipio de Cali

Referencia: Reparación Directa 9 como una controversia contractual y dando aplicación al instituto del enriquecimiento sin justa causa, pese a que, en la demanda, se invocó el marco de la reparación directa para reclamar la indemnizac ión de los perjuicios invocados. Asimismo, se dirigió a reclamar que, por esta razón, se le desconoció la posibilidad de exigir una reparación integral del daño que alegó a título de responsabilidad extracontractual. Por lo demás, en el recurso se insist ió en los argumentos de la demanda y en el recuento de lo que, a juicio de la actora, quedó demostrado en el proceso, sin que ello constituya un motivo de reproche.

responsabilidad extracontractual. Por lo demás, en el recurso se insist ió en los argumentos de la demanda y en el recuento de lo que, a juicio de la actora, quedó demostrado en el proceso, sin que ello constituya un motivo de reproche.

32. A la luz de esas pautas, los problemas jurídicos que deben ser resueltos en esta instancia, en función del recurso de apelación, son los siguientes: (i) ¿desacertó el Tribunal al no tener en cu

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...