CE - 010315000202300914001SENTENCIA20230317100542

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202300914-00

Actora: María Mercedes Camacho Veloza Demandados: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y otros1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) hábeas data

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202300914-00

Actora: María Mercedes Camacho Veloza

I. ANTECEDENTES

La solicitud

en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202300914-00

Actora: María Mercedes Camacho Veloza

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio , presentó acción de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A., porque, a su juicio, al no haber “[…] actualizado todas las bases de datos de los aportes que ininterrumpidamente me descontaron por nómina en pensión desde febrero de 1987 hasta de (sic) mayo de 2001 […] para que en poco tiempo pueda acceder a la PENSIÓN DE VEJEZ […]” , pese a que “[…] En reiteradas he radicado innumerables DERECHOS DE PETICIÓN […]” ante cada una de ellas, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que, “[…] Empecé a trabajar en la Rama Judicial el día 11 de febrero de 1987, inicialmente en el Municipio de Almeida (Boyacá), desempeñando el cargo de Escribiente, Grado IV y posteriormente a los dos (2) meses me trasladaron para la ciudad de Tunja como citador grado III en el Juzgado Cuarto Civil Municipal donde permanecí más de 7 años y trasladada para el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) hasta el 25

meses me trasladaron para la ciudad de Tunja como citador grado III en el Juzgado Cuarto Civil Municipal donde permanecí más de 7 años y trasladada para el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) hasta el 25 de Mayo de 2001, cabe anotar que todo el tiempo estuve en el Departamento de Boyacá ininterrumpidamente, y termine cotizando a Pensión en el Fondo de Pensiones Horizonte actualmente PORVENIR Fondo de Pensión y Cesantías […]”.

4. Manifestó que, “[…] A partir del año 2002 empecé a trabajar en la Empresa Privada hasta finales del año 2018, por problemas económicos solicito la afiliación y ser beneficiaria del "Fondo de Solidaridad Pensional" con La Sociedad3

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Actora: María Mercedes Camacho Veloza

Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario, FIDUAGRARIA S.A., quien es la administradora de los recursos a través de la Unidad de Gestión […]”.

5. Afirmó qu e, “[…] El 14 de Julio de 2015 solicite (sic) traslado para COLPENSIONES según Radicado #6283486 y es ahí cuando me doy cuenta, por la historia laboral expedida por ellos, de los muchos erros que presento en las

cotizaciones efectuadas desde año 1998, e inicito (sic) una carrera muy larga solicitando las correcciones por medio de un Derechos de Petición a Colpensiones, donde siempre me informa que los aportes de la RAMA JUDICIAL presenta deudas presuntas y que me cotizaron con dos Nlt los 800165939 que

solicitando las correcciones por medio de un Derechos de Petición a Colpensiones, donde siempre me informa que los aportes de la RAMA JUDICIAL presenta deudas presuntas y que me cotizaron con dos Nlt los 800165939 que corresponde a la RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE

ADMINISTRACION JUDICIAL DEL QUINDIO, No entiendo […]”.

6. Sostuvo que, presentó “[…] innumerables DERECHOS DE PETICIÓN […]” ante la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A. , con el fin de que “[…] actualiza[ran] todas las bases de datos de los aportes que ininterrumpidamente me descontaron por nómina en pensión desde febrero de 1987 hasta de (sic) mayo de 2001 […] para que en poco tiempo pueda acceder a la PENSIÓN DE VEJEZ […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: TUTELAR mi derecho fundamental constitucional al habeas data, debido proceso, el cual vienen siendo vulnerado en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se dejaron descritas en esta acción por las accionadas: COLPENSIONES, FONDO DE PENSIONES PROTECCION, PORVENIR FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS Y RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA.

SEGUNDO: APROBAR LA MEDIDA PROVISIONAL expuesta en la presente acción constitucional.

DE PENSIONES Y CESANTIAS Y RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA.

SEGUNDO: APROBAR LA MEDIDA PROVISIONAL expuesta en la presente acción constitucional.

TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES, FONDO DE PENSIONES

PROTECCION, PORVENIR FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS Y RAMA4

Núm. único de radicación: 110010315000202300914-00

Actora: María Mercedes Camacho Veloza

JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, que proceda dentro del término que su digno despacho disponga, procedan a CARGAR DE MANERA INMEDIATA los tiempos laborados en la RAMA JUDICIAL, actualizar todas las bases de datos de los aportes que ininterrumpidamente me descontaron por nomina en pensión desde febrero de 1987 hasta de mayo de 2001, debidamente soportadas con el CETIL, Derechos de Petición y sus resp ectivas respuestas, Historias de Semanas cotizada por los Fondos de Pensiones, Porvenir, Protección y Colpensiones y con fundamento en esa actualización proceda a EMITIR DE MANERA INMEDIATA la HISTORIA LABORAL donde se evidencia las semanas cotizadas que t engo al día de hoy y así a mis 62 años 11 meses completar el requisito para poder iniciar los trámites de la PENSION DE VEJEZ […]”.2

8. Como fundamento de su solicitud, la actora manifestó que:

“[…] Por todo anterior y a que llevo más de cuatro (4) años acudiendo a las entidades para que se me actualice las bases de datos, para que se vean reflejadas

8. Como fundamento de su solicitud, la actora manifestó que:

“[…] Por todo anterior y a que llevo más de cuatro (4) años acudiendo a las entidades para que se me actualice las bases de datos, para que se vean reflejadas las semanas cotizada, a mis casi 64 años, continuo cotizando con EQUIDAD beneficio que me concedió el estado, para que en poco tiempo pueda acceder a la PENSION DE VEJEZ, por la obstaculización de un trámites administrativos entre los FONDOS DE PENSIONES PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES y la RAMA JUDICIAL del cual no debe recaer en mí, la responsabilidad de cada uno de ellos, pues considero que no tienen que poner cada afiliado a resolver los problemas internos andando todo el tiempo de oficina e n oficina, viendo que pasa el tiempo y no se ve una luz de solución. Por ende, acudo a su digno despacho, con la esperanza de hacer valer mi DERECHO AL DEBIDO PRO CESO, y HABEAS DATA, que están siendo vulnerados por las accionadas […]”.

[…]

“[…] El derecho al habeas data consiste en la posibilidad que tiene cada persona de conocer, actualizar y rectificar las informaciones contenidas sobre sí en las bases de datos , derecho que considero vulnerado por parte de COLPENSIONES, FONDO DE PENSIONES PROTECCION, PORVENIR FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS Y RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, al no proceder a CARGAR DE MANERA INMEDIATA los tiempos laborados en la RAMA JUDICIAL, actualizar todas las bases de datos de los aportes que ininterrumpidamente me descontaron por nomina en pensión desde febrero de

no proceder a CARGAR DE MANERA INMEDIATA los tiempos laborados en la RAMA JUDICIAL, actualizar todas las bases de datos de los aportes que ininterrumpidamente me descontaron por nomina en pensión desde febrero de 1987 hasta de mayo de 2001, debidamente soportadas con el CETIL, Derechos de Petición y sus respectivas respuest as, Historias de Semanas cotizada por los Fondos de Pensiones, Porvenir, Protección y Colpensiones y con fundamento en esa actualización proceda a EMITIR DE MANERA INMEDIATA la HISTORIA LABORAL donde se evidencia las semanas cotizadas que tengo al día de hoy y así a mis 62 años 11 meses completar el requisito para poder iniciar los trámites de ser beneficiara de la PENSION DE VEJEZ […]”.3

2 Transcripción literal del texto. 3 Ibidem.5

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Actora: María Mercedes Camacho Veloza

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 22 de febrero de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, al Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, al Representante Legal de Porvenir S.A. y al Represen tante Legal de Protección S.A. ; iii) negó la medida provisional solicitada por la actora; y iv) vinculó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá, en calidad de tercero con interés

provisional solicitada por la actora; y iv) vinculó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre los hechos narrados por el actor.

Intervenciones de la parte demandada y del tercero con interés legítimo

10. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que “[…] no es viable endilgar alguna responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que las acciones u omisiones que atribuye la accionante como vulneradoras, recaen exclusivamente sobre la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración judicial, dependencia en la que recae la responsabilidad de generar las respectivas novedades de los servidores judiciales ante los fondos de pensiones […]”.

11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva , al considerar que “[…] el presente asunto, es de pleno conocimiento y COMPETENCIA de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, quien tiene a cargo la función de Ente pagador de los salarios de la Accionante y es quien liquido (sic) y efectuo (sic) la consignación de los aportes al Sistema de Seguridad Social de la Accionante durante el tiempo que estuvo vinculada a la Rama Judicial […]”.

12. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó “[…] DENIEGUE la acción de tutela contra COLPENSIONES por cuanto las pretensiones

Accionante durante el tiempo que estuvo vinculada a la Rama Judicial […]”.

12. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó “[…] DENIEGUE la acción de tutela contra COLPENSIONES por cuanto las pretensiones son abiertamente IMPROCEDENTES, como quiera que la presente tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad del art. 6º del Decreto 2591 de 1991, así6

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Actora: María Mercedes Camacho Veloza

como tampoco se encuent ra demostrado que Colpensiones haya vulnerado los derechos reclamados por el accionante y está actuando conforme a derecho […]”. 12.1. Sostuvo que:

“[…] Que, consultadas las bases de datos y aplicativos de la entidad se constata que en efecto la accionante a elevado solicitudes relacionadas con la corrección de su historia laboral, estas que han sido debidamente atendidas por Colpensiones.

3. Ahora bien, se precisa al despacho que los aportes que solicita la accionante en corrección, corresponden a aquellos que fueron cotizados durante la vigencia de su afiliación en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por la APF PROTECCIÓN S.A., esto conforme consta a continuación:

4. Corolario de lo anterior, es responsabilidad de la AFP PRIVADA validar, gestionar o recuperar los aportes que durante la vigencia de la afiliación no se acrediten en la historia laboral pese a la vigencia de una relación laboral […]”.

[…]

“[…] en reiterada Jurisprudencia la Honorable Corte Constitucional ha señalado que

historia laboral pese a la vigencia de una relación laboral […]”.

[…]

“[…] en reiterada Jurisprudencia la Honorable Corte Constitucional ha señalado que el afiliado debe probar la existencia de errores en la información, para que las administradoras de pensiones puedan tomar todas las medidas pertinentes, con miras a que las consecuencias negativas de las inconsistencias que puedan presentarse en la custodia, conservación y guarda de la información que reposan en la historia laboral no sean trasladadas al ciudadano […]”.

[…]

“[…] de acuerdo con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y residual por lo que será improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, razón por la cual, en concordancia con el numeral 4º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, toda controversia que se presente en el marco del Sistema de Seguridad Social entre afiliados, beneficiarios o usuarios, empleadores y entidades administradoras deberá ser conocida por la jurisdicción ordinaria laboral […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, en relación al caso objeto de estudio, el ciudadano debe agotar los procedimientos administrativos y judiciales dispuestos para tal fin y no discutir la acción u omisión de Colpensiones vía acción de tutela, ya que ésta solamen te procede ante la inexistencia de otro mecanismo judicial […]”.

13. Porvenir S.A. solicitó su desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva y negar la acción de tutela, toda vez que, no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la actora. Al respecto, precisó:7

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legitimación en la causa por pasiva y negar la acción de tutela, toda vez que, no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la actora. Al respecto, precisó:7

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Actora: María Mercedes Camacho Veloza

“[…] Es necesario mencionar que esta Administradora realizó cumplimiento de sus obligaciones y procedió con el traslado de todos los aportes y documentación, así como la actualización de las vinculaciones en la base de datos del Sistema de Información de los Afiliados a los Fondos de Pensión (SIAFP) […] En plataforma SIAFP se evidencia vinculada con Colpensiones actualmente […]”.

[…]

“[…] Validado en el aplicativo mantis, evidenciamos que no tenemos requerimientos o solicitudes pendientes por resolver […]”.

[…]

“[…] Por lo que se puede evidenciar que esta Administradora no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, y la entidad llamada a responder la acción legal es la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, para que proceda a realizar las gestiones de su competencia, respecto a la prestación solicitada por la aquí accionante […]”.

14. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá solicitó su desvinculación al considerar que carece de legitimación en la

causa por pasiva. Para tal efecto, manifestó que:

“[…] la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, por intermedio de sus dependencias ha emitido respuesta de fondo a las solicitudes presentadas por la hoy accionante ante la Entidad, cumpliendo con los

“[…] la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, por intermedio de sus dependencias ha emitido respuesta de fondo a las solicitudes presentadas por la hoy accionante ante la Entidad, cumpliendo con los requisitos de claridad, precisión y congruencia, brindando los soportes necesarios para que la accionante pueda realizar los trámites correspondientes para su pensión de vejez, y precisamente con ocasión a la situación planteada en la Acción de Tutela el Área Financiera procede a actualizar el certificado CETIL que ya le había sido expedido a la accionante el 15 de mayo de 2019, para incluir las vinculaciones: del 01 Julio de 1996 al 25 d e Mayo del 2001, tiempo cotizado al Régimen de ahorro individual, para los trámites pertinentes […]”.

[…]

“[…] En razón a lo anterior, como quiera que los hechos de la presente tutela versan sobre la protección de los derechos fundamentales al habeas data y debido proceso presuntamente vulnerados a la accionante por la no actualización de las bases de datos de su historia laboral por parte de los fondos de pensiones a los cuales realizó los aportes en seguridad social en pensión, y dicha obligación de conformidad con la jurisprudencia en cita recae en cabeza única y exclusivamente de los fondos de pensiones, se establece la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, respecto de mi representada, por cuanto no es la llamada a responder por la presunta vulneración a los derechos fundamentales que pretende el demandante […]”. (Resaltado por la Sala)

15. Protección S.A. guardó silencio en esta oportunidad procesal.8

cuanto no es la llamada a responder por la presunta vulneración a los derechos fundamentales que pretende el demandante […]”. (Resaltado por la Sala)

15. Protección S.A. guardó silencio en esta oportunidad procesal.8

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Actora: María Mercedes Camacho Veloza

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º de l Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

18. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

18. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

19. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

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“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin

que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se deci da en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o auto ridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

20. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 2006 8, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva

en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derec ho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demand a sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y

al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demand a sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigenc ia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[9]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el

8 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. 9 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T -213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T -562

9 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T -213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T -562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.10

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responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

21. La Sala advierte que el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Porvenir S.A. y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece n de legitimación en la causa por pasiva.

22. Al respecto, es preciso indicar que el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Porvenir S.A. fueron notificadas como demandadas, en la medida en que la actora elevó reparos concretos en su contra y formuló pretensiones frente a ella. Por su parte, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá fue vinculada al proceso de tutela de la referencia como tercero con interés legítimo, en la medida en que, dentro de los anexos que allegó la actora, se advierte que hubo una resp uesta por parte de dicha entidad relacionada con el objeto de reclamo propuesto por la actora dentro de la solicitud de amparo de la referencia.

23. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la

de dicha entidad relacionada con el objeto de reclamo propuesto por la actora dentro de la solicitud de amparo de la referencia.

23. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, al Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Porvenir S.A. y la Dirección Ejecutiva Seccio nal de Administración Judicial de Tunja – Boyacá les asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

24. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Superio r de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Porvenir S.A. y la

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá.

Problemas jurídicos

25. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto, se deben proteger los derechos fundamentales invocados por la actora, los cuales considera vulnerados porque la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la11

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Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A. no han “[…] actualizado todas las bases de datos de los aportes que ininterrumpidamente me descontaron por nómina en pensión desde febrero de 1987 hasta de (sic) mayo de 2001 […] para que en poco tiempo pueda acceder a la PENSIÓN DE VEJEZ

“[…] actualizado todas las bases de datos de los aportes que ininterrumpidamente me descontaron por nómina en pensión desde febrero de 1987 hasta de (sic) mayo de 2001 […] para que en poco tiempo pueda acceder a la PENSIÓN DE VEJEZ […]”, pese a que “[…] En reiteradas he radicado innumerables DERECHOS DE PETICIÓN […]” ante cada una de ellas.

26. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) el requisito general de la subsidiariedad de la solicitud de tutela; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; i ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de hábeas data; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Requisito general de subsidiariedad de la solicitud de tutela

27. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 199110, indica que la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

28. De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los mecanismos o procedimientos ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general encuentra la excepción si el jue z constitucional logra determinar que los

cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los mecanismos o procedimientos ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general encuentra la excepción si el jue z constitucional logra determinar que los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

10 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"12

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Actora: María Mercedes Camacho Veloza

29. Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la pers