CE - 010315000202300919001SENTENCIA20230519140118

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00919-00

Actor: JONATHAN CAMILO VALENZUELA PRIETO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00919-00

Demandante: JONATHAN CAMILO VALENZUELA PRIETO

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “D” Y JUZGADO

CUARENTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento de horas extras, días compensatorios, reliquidación de primas, factores salariales, cesantías, recargos nocturnos y festivos. Requisito general de la rel evancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Jonathan Camilo Valenzuela Prieto , quien actúa mediante

constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Jonathan Camilo Valenzuela Prieto , quien actúa mediante apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia , derechos laborales y de petición, así como los principios de justicia rogada y de la primacía de la realidad sobre las formas , supuestamente vulnerados con las sentencias de 1 de septiembre de 2022 y 15 de marzo de 202 1, en su orden, mediante la s cuales se negaron las pretensiones relacionadas con los derechos prestacionales del accionante y se accedió respecto a los demás integrantes de la parte actora en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del der echo No. 11001-33-42-047-2017-00032-01.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De los expedientes de tutela y ordinario, se observan los siguientes hechos relevantes:

El accionante, junto con los señores Carlos Fernando Garzón Bello, John Fredy Bernal Dáchiardi y Edwin Antonio Contreras Cárdenas, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentaron demanda contra el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Gobierno Distrital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de que se anulara n las

control de nulidad y restablecimiento del derecho presentaron demanda contra el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Gobierno Distrital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de que se anulara n las Resoluciones Nos. 065, 066 y 067 de 27 de enero de 2016, y la No. 705 de 24 deRadicado: 11001-03-15-000-2023-00919-00

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octubre de 2016 1 , por medio de las cuales se negó el reconocimiento de los derechos laborales a los demandantes , así como la liquidación y pag o de 50 horas extras mensuales , recargos nocturnos, dominical y festivo s trabajados y dejados de pagar en legal forma, así como los compensatorios.

El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogota en fallo de 15 de marzo d e 2021, resolvió entre otras cosas, negar las pretensiones de la demanda formulada por el señor Jonathan Camilo Valenzuela Prieto, pues “el acto administrativo sobre el cual se solicita la nulidad, Resolución 705 del 24 de octubre de 2016, sí dispuso parci amente lo que se pretende con (…) este medio de control, tuvo en cuenta el término prescriptivo atendiendo a la fecha de solicitud (10 de febrero de 2016, aunque debe precisarse que el actor se encuentra vinculado desde el mes de agosto de 2013) y negó los compensatorios

de control, tuvo en cuenta el término prescriptivo atendiendo a la fecha de solicitud (10 de febrero de 2016, aunque debe precisarse que el actor se encuentra vinculado desde el mes de agosto de 2013) y negó los compensatorios y la reliquidación de las prestaciones diferentes a las cesantías, encontrándose acorde con lo expuesto en la presente providencia, razón por la cual se negará lo solicitado por el señor Jhonathan Camilo Valenzuela Prieto, independientement e de su cumplimiento por parte de la entidad demandada, lo cual desborda la competencia en esta instancia”.

El ahora demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, con sustento en que la entidad demandada no ha realizado las actua ciones tendientes a la liquidación de los valores establecidos en la Resolución No. 705 de 24 de octubre de 2016, por lo que no se ha dado cumplimiento a lo resuelto en el mencionado acto administrativo . El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, en sentencia de 1 de septiembre de 2022, confirmó íntegramente la decisión del a quo.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia, derechos laborales y de petición, así como los principios de justicia rogada y de la primacía de la realidad sobre las formas, supuestamente vulnerados con las sentencias de 1 de septiembre de 2022 y 15 de marzo de 2021, en su orden, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho relacionadas con la nulidad de la Resolución No. 705

las sentencias de 1 de septiembre de 2022 y 15 de marzo de 2021, en su orden, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho relacionadas con la nulidad de la Resolución No. 705 de 24 de octubre de 2016 y el reconocimiento y pago de las 50 horas extras mensuales, recargos nocturnos, dominical y festivos trabajados y dejados de pagar en legal forma, así como los compensatorios.

En primer lugar, se refirió a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, específicamente, mencionó que se cumple con la relevancia constitucional, pues “lo que ha sucedido conmigo es no solo una ilegalidad sino una injusticia, las actuaciones del Tribunal de Cundinamarca y el Juez 47 Administrativo de Bogotá D.C., violan mis derecho s laborales. Es constitucionalmente relevante señores consejeros hacer justicia material, no puede ser que el Tribunal en su Sala laboral invoque una interpretación sui generis, solo para desconocer mis derechos”.

Resaltó que la liquidación que se realizó como consecuencia de la Resolución No. 705 de 2016 no le resulta oponible, en tanto no se le notificó los valores allí establecidos, ni han sido pagados.

1 “Por medio de la cual se da respuesta a una reclamación administrativa presentada por el señor Jonathan Camilo Valenzuela Prieto”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00919-00

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Señaló que “la justicia Administrativa es rogada, pero además en temas laborales prima la condición más beneficiosa, la interpretación favorable al trabajador y el tribunal accionado violo el debido proceso, pues tenía todo tipo de alternativas procesales y escogió la más lesiva. ha podido declararse incompetente y remitir el expediente a la ordinaria pa ra tramitar ejecutivo, ha podido adecuar el trámite y adelantar el ejecutivo, pues no pueden los jueces ordinarios conocer de ejecuciones de actos administrativos, podía fallar la nulidad y restablecimiento del derecho ordenando el descontar las sumas reconocidas aunque no pagadas, pudo ordenar el reconocimiento a partir del 1 de febrero de 2016 dado que el reconocimiento administrativo sólo lo fue hasta 31 de enero de 2016, y la demanda se presentó en 2017, ósea se hizo solo un reconocimiento parcial, pudo haberse además pronunciado sobre la indexación que fue un aspecto negado no pronunciado por el acto demandado, pudo además entender como lo fue que yendo el reconocimiento hasta enero de 2016, aun cuando la causa subsistió hasta enero de 2019, hubo solo u n reconocimiento parcial y el acto era o es enjuiciable respecto de lo no resuelto o no accedido”.

De otra parte, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, toda vez que “tenía probado el derecho y decidió buscar en u na

enjuiciable respecto de lo no resuelto o no accedido”.

De otra parte, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, toda vez que “tenía probado el derecho y decidió buscar en u na interpretación de la norma la forma de negármelo”.

Señaló que las autoridades judiciales accionadas desconocieron su deber de impartir a la demanda el trámite correspondiente, “pero además si el trámite era el de un ejecutivo debió decirlo y tramitarlo o remitir a la ordinaria, y no negar las pretensiones porque con ello la sentencia hace tránsito [a] cosa juzgada y entonces no solo no le van a pagar los $27.000.000 depreciados que al parecer le reconocieron en 2016, sino que lo causado a posteriori se perdió también”.

Agregó que “diferente el caso donde el Tribunal o el Jue z adecúen el trámite, porque como jueces de actos administrativos reconocerán el derecho mientras subsista, pero este tema en manos de un juez ordinario, será un tema para enmarcar porque si no declaran prescripción de la acción (aun cuando antes de que aquello ocurriera presente demanda ejecutiva que está paseando la jurisdicción porque el Juez contencioso remitió al ordinario y este provocó conflicto que aún no se resuelve). Pero además es sabido que, en la ordinaria, la obligación es expresa y como la resolución 705 de 2016 no dice hasta cuándo va el derecho reconocido, y la liquidación sólo llegó a enero de 2016, sólo hasta esa fecha ira el ejecutivo, y lo demás, ¿¿lo causado a partir del 1 de febrero de 2016??”.

reconocido, y la liquidación sólo llegó a enero de 2016, sólo hasta esa fecha ira el ejecutivo, y lo demás, ¿¿lo causado a partir del 1 de febrero de 2016??”.

Indicó que la solución al problema jurídico planteado en la demanda era reconocer el derecho del accionante y ordenar a la entidad demandada descontar lo ya reconocido hasta el 31 de enero de 2016.

Por último, manifestó q ue “en cuanto al Derecho de Petición, la UAECOBB no ha dado respuesta al cumplimiento de la Resolución 705 de 2016, procedimiento administrativo donde además para pretender no reconocer intereses, deberá demostrar que me notificó de la liquidación además q ue deberá actualizar lo adeudado hasta [el] 31 de enero de 2019 fecha en que el actor dejó de laborar el sistema de turnos”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló la siguiente:

“1. Dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia profe ridas el 15 de marzo y 1º de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSala Sección Segunda Subsección D y Juzgado 47 Administrativo del Circuito deRadicado: 11001-03-15-000-2023-00919-00

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Bogotá D.C. dentro del expediente 2017 -00032-01, y en consecuencia se denegó mi

www.consejodeestado.gov.co 4

Bogotá D.C. dentro del expediente 2017 -00032-01, y en consecuencia se denegó mi derecho al pago de mis horas extras y Trabajo suplementario, por una posición jurídica que nadie expuso en el proceso, como es señalar que con la Resolución demandada, 705 de 24 de octubre de 2016 se dispuso aun cuando fuese parcialmente lo pretendido.

2. Co mo consecuencia de lo anterior y en garantía de mis derechos pronunciar sentencia de reemplazo u ordenar al Tribunal accionado pronunciar una nueva sentencia que corresponda con la realidad del proceso y que sea acorde con mis derechos laborales y fundamentales.

3. Que, en garantía de mis derechos laborales, se aborde correctamente el problema jurídico ya sea estudiando la legalidad parcial de la resolución 705 de 2016 en lo que no resolvió o negó, esto es sus efectos a partir del 1º de febrero de 2016 y h asta el 31 de enero de 2019 cuando el actor dej ó de trabajar por turnos, la indexación de las sumas reconocidas, el pago de intereses, la reliquidación de prestaciones. En lo demás es decir en lo que, si accedió la Resolución 705 de 2016, debe, si es que a sí se entiende darle el trámite de proceso ejecutivo, para que se conserven los términos de su radicación, pues, aunque algunos jueces Administrativos han entendido que no son competentes para ejecución de créditos que consten en actos administrativos, lo cierto es que el artículo 297 del CPAC A señala que para los efectos de este código, es título ejecutivo “4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de

competentes para ejecución de créditos que consten en actos administrativos, lo cierto es que el artículo 297 del CPAC A señala que para los efectos de este código, es título ejecutivo “4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria. En los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existenci a de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 3 de marzo de 202 3, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” , remitió el enlace de acceso a l expediente digital que contiene las actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derech o que adelantó el señor Jonathan Camilo Valenzuela Prieto contra el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Gobierno Distrital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (radicado No. 11003-33-42-047-2017-00032-01).

5. Trámite procesal

Por auto de 28 de febrero de 202 3, la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la s autoridades judiciales demandadas, así como al Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a los señores John Fredy Bernal D’achiardi, Carlos Fernando Garzón y Edwin Contreras Cárdenas , y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

de Bomberos de Bogotá, a los señores John Fredy Bernal D’achiardi, Carlos Fernando Garzón y Edwin Contreras Cárdenas , y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 18678 a 18681 y 18683 de 2 de marzo de 2023 2 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá

En escrito de 3 de marzo de 2023, el titular del despacho pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que se utilizó como una tercera instancia.

2 La parte accionante, la s autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: scs02sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co; rmemorialessec 02sbtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co; scs02sb04tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co; notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co, jadmin47bta@notificacionesrj.gov.co; jadmin47bt@cendoj.ramajudicial.gov.co y catavl0311@hotmail.com.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00919-00

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Señaló que según certificación expedida por la subdirectora de Gestión Humana de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, se pudo constatar que el señor Jonathan Camilo Valenzuela Prieto estuvo vinculado en provisionalidad desde el 13 de agosto de 2013 como bombero código 475 grado 15, devengando una asignación básica, así: 2013: $1.357.633; 2014: $1.407.051 y 2015: “$1.479.6552”.

Agregó que las ce rtificaciones aportadas demostraron que el demandante i) disfrutó de 24 horas de descanso por cada turno de 24 horas laboradas y que disfrutó de los descansos compensatorios, ii) la labor realizada de lunes a sábado entre las 6:00 pm y las 6:00 am generaba recargos del 35%, los dominicales del 200% y los festivos del 235% seguidos de un día de descanso , tanto para trabajo ordinario como suplementario, mismos que se tuvieron en cuenta para liquidar la prima de servicios y las cesantías , iii) la jornada labor al para el cálculo de los diferentes conceptos correspondió a 240 horas mensuales y iv) que la bonificación especial por recreación, bonificación por servicios prestados, prima de navidad y prima de vacaciones no son factores para recargos y horas extras.

Indicó que negó las pretensiones de la demanda, como quiera que el acto

especial por recreación, bonificación por servicios prestados, prima de navidad y prima de vacaciones no son factores para recargos y horas extras.

Indicó que negó las pretensiones de la demanda, como quiera que el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución No. 705 de 24 de octubre de 2016, “sí dispuso parciamente lo que se pretende con en este medio de control, tuvo en cuenta el término pre scriptivo atendiendo a la fecha de solicitud (10 de febrero de 2016, aunque debe precisarse que el actor se encuentra vinculado desde el mes de agosto de 2013) y negó los compensatorios y la reliquidación de las prestaciones diferentes a las cesantías”.

Agregó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, en el fallo de 1 de septiembre de 2022, confirmó lo decidido en la sentencia de primera instancia

Finalmente, manifestó que la decisión adoptada en esa instancia judic ial fue proferida luego de analizar el régimen salarial y prestacional que le asiste al demandante, con la valoración crítica de las pruebas que fueron debidamente allegadas, las cuales demostraron que la entidad enjuiciada expidió un acto administrativo r econociendo en legal forma los conceptos laborales por él reclamados, por lo que no contaba con competencia para realizar declaraciones o condenas más allá de la competencia que la ley le ha asignado, ni otorgarle al demandante una situación que no le corresponde.

6.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

En escrito de 4 de marzo de 2023, la apoderada de la entidad pidió que se declare

demandante una situación que no le corresponde.

6.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

En escrito de 4 de marzo de 2023, la apoderada de la entidad pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no se cumplen los requisito s generales de procedencia.

Afirmó que el objeto de la solicitud se puede ventilar a través del recurso extraordinario de revisión, mediante el cual cuenta con la posibilidad de controvertir fallos ejecutoriados conforme con las causales del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Agregó que en el expediente no está acreditado que el accionante haya agotado todos los mecanismos procesales y extraprocesales para controvertir la sentencia objeto de tutela, por tanto, no se cumplió con el requisito de subsidiar iedad. Agregó que lo que pretende el demandante es revivir términos procesales para una acción ejecutiva.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00919-00

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Por último, manifestó que no hay evidencia de que se generó un daño grave e inminente que deba ser conjurado mediante acciones urgentes e impostergab les, por lo que no es procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, en la medida en que no se halla demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

inminente que deba ser conjurado mediante acciones urgentes e impostergab les, por lo que no es procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, en la medida en que no se halla demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

6.3. La apoderada judicial del accionante en escrito de 7 de marzo de 2023, informó que también representó a los señores John Fredy Bernal D’achiardi, Carlos Fernando Garzón y Edwin Contreras Cárdenas , por lo que manifestó “que los mismos no tienen interés alguno en la acción de tutela, pues los casos de ellos fueron fallados favorablemente, incluso como se concilió luego del fallo de primera instancia, ya fueron pagados. Por ello el recurso de apelación QUE CONOCIÓ EL tac SECCIÓN 2 Subsección D, vers ó únicamente respecto del caso del señor VALENZUELA”.

6.4. El Tribunal Administrativo de Cun dinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, a pesar de que se le notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado Cuarenta y Siete

objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, con las sentencias de 1 de septiembre de 2022 y 15 de marzo de 2021, en su orden, mediante las cuales se negó la nulidad de la Resolución No. 705 de 24 de octubre de 2016 , por medio de la cual se da respuesta a una reclamación administrativa presentada por el señor Jonathan Camilo Valenzuela Prieto, vulneraron los derechos fundamentales al deb ido proceso, de acceso a la administración de justicia y derechos laborales, así como los principios de justicia rogada y de la primacía de la realidad sobre las formas, por incurrir en un defecto fáctico, por no adecuar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho al proceso ejecutivo, pues “ tenía probado el derecho y decidió buscar en una interpretación de la norma la forma de negármelo.

De manera previa, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional, en razón a que su inobservancia fue alegada por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá.

Adicionalmente, se verificará si se vulneró el derecho fundamental de petición alegado en los fundamentales de la solicitud de amparo por el señor Jonathan Camilo Valenzuela Prieto.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias

Camilo Valenzuela Prieto.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial yRadicado: 11001-03-15-000-2023-00919-00

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(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones3.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un c onjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por eje mplo, en la sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.

Al respecto, est ableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derecho s fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumpli r este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los arg umentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones

razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los arg umentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidend i. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias jud iciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proces o ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con

3 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 4 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 5 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 6

5 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 6 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00919-00

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serios y fuertes argument os para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verifica r si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El accionante manif iesta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, con las sentencias de 1 de septiembre de 2022 y 15 de marzo de 2021, en su orden, mediante las cuales negó la nulidad de la Resolución

del Circuito de Bogotá, con las sentencias de 1 de septiembre de 2022 y 15 de marzo de 2021, en su orden, mediante las cuales negó la nulidad