CE - 010315000202300950001SENTENCIA20230331155920

CONSEJO DE EST ADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MART A NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 1 10010315000202300950 00

Accionante: LIGIA MARTÍNEZ DE GONZÁLEZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRA TIVO DE CUNDINAMARCA Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INST ANCIA) T e m a s : A C C I Ó N D E T U T E L A C O N T R A P R O V I D E N C I A J U D I C I A L – R e q u i s i t o s / I N M E D I A T E Z – N o s e c u m p l e p o r q u e l a d e m a n d a d e t u t e l a s e p r e s e n t ó d e s p u é s d e c u m p l i d o e l t é r m i n o c o n s i d e r a d o c o m o r a z o n a b l e p a r a c u e s t i o n a r u n a p r o v i d e n c i a j u d i c i a l .

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada por la señora Ligia Martínez de González 1 , de conformidad con el Decreto 333 de 2021. I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda El 22 de febrero de 2023, la señora Ligia Martínez de González

2

1 , de conformidad con el Decreto 333 de 2021. I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda El 22 de febrero de 2023, la señora Ligia Martínez de González 2 , por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el T ribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá y la UGPP , con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al

2 R e p r e s e n t a d a p o r e l s e ñ o r G u i l l e r m o J o s é G o n z á l e z M a r t í n e z , s e g ú n e s c r i t u r a p ú b l i c a 2 5 5 d e l 1 4 d e a b r i l d e 2 0 1 4 d e l a N o t a r í a P r i m e r a d e l C í r c u l o d e C h í a . 1 Q u e i n g r e s ó p a r a f a l l o e l 7 d e m a r z o d e 2 0 2 3 .Radicaciónnúmero:11001031500020230095000Accionante:LigiaMartínezdeGonzálezAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarcayotrosReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de legalidad.

2. Hechos relevantes

debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de legalidad.

2. Hechos relevantes En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Ligia Martínez de González - aquienselereconociólapensióndelaqueerabeneficiarioel señorGuillermoGonzálezCharrydemandó a la UGPP y al FOPEP , con el fin de que se declarara la nulidad del oficio del 2 de octubre de 2013, por medio del cual se negó “laliquidación,reconocimientoy pagodelretroactivopensionalgeneradoa favordelseñorGuillermoGonzálezCharry,debidamenteindexadoyconlosinteresesmoratorioscorrespondientes”.

Mediante auto de 1° de octubre de 2021, el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá rechazó la demanda, tras considerar que “elactoadministrativoenjuiciadonoessusceptibledecontroljudicial”. Contra esa decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación ante el T ribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el que, por medio de proveído del 24 de junio de 2022, la confirmó bajo el argumento de que el acto administrativo demandado “solose originóparaatenderunapetición,peronopusofina unaactuaciónadministrativay soloinformóquelaliquidaciónrealizadaencumplimientodeunfallojudicialnohabíaarrojadoelretroactivopensionalquela partedemandantesolicita,perononegóderechoalgunopueselmismotieneorigenendecisionesjudicialesquelaentidaddebíacumplir”.

Se alegó que la señora Martínez de González es una persona de la “cuartaedad”,retirada de las actividades remunerativas, con un notorio deterioro en su salud y 2Radicaciónnúmero:11001031500020230095000Accionante:LigiaMartínezdeGonzálezAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarcayotrosReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) con un estado de vulnerabilidad económica, dado que la única fuente de ingresos es la pensión de sobrevivientes, por lo que “necesitaimperiosamentequelepaguenlas diferenciasde mesadaspensionalespara poderpagarlosmedicamentosylosmédicosyenfermerasquelaatienden”.

3. Fundamentos de la demanda de tutela En primer lugar , la accionante señaló que se cumplen con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Puntualmente, aclaró que se satisface el requisito de la inmediatez, toda vez que el auto mediante el cual se ordenó obedecer y cumplir lo dispuesto por el tribunal accionado se dictó el 8 de agosto de 2022.

De otra parte, alegó que se configuró un defecto sustantivo, toda vez que se desconoció que el artículo 43 del CP ACA prevé que los actos administrativos definitivos son los que deciden, directa o indirectamente, el fondo del asunto o hagan imposible continuar con la actuación. Dijo que, según la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo, los actos administrativos definitivos son los que crean, modifican o extinguen una situación jurídica particular y , en ese sentido, el acto que “indicaqueelvalordeunapensióndisminuyóyquenohaylugaralpagoderetroactivoporconceptodediferenciasal momentodela inclusiónennóminaes,sindudaalguna,unactoadministrativodefinitivoquemodificaunasituaciónjurídicadecarácterparticular,queresuelvedefondounacuestiónjurídicadeformadesfavorablealosinteresesdeladministrado…”. Precisó que se vulneraron los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la tutelante por considerarse que el acto demandado 3Radicaciónnúmero:11001031500020230095000Accionante:LigiaMartínezdeGonzálezAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarcayotrosReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia)

no constituye una decisión definitiva, pasible de ser demandable, dado que le negaron la posibilidad de solicitar la protección y el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución Política y la Ley . De otra parte, adujo que al confirmar el rechazo de la demanda por estimarse que el acto demandado no era susceptible de control judicial, el tribunal incurrió en un defecto fáctico porque no tuvo en cuenta que en el oficio 20135022807691 del 2 de octubre de 2013 la UGPP “crea,modificay extingueunasituaciónjurídicaparticular, entantoniegademaneraexpresaelpagodelretroactivopensionalaquetienederecholademandante”. Agregó que debía tenerse en cuenta que se ha establecido que si al proferirse un acto de ejecución la administración se aparta del alcance de un fallo porque se le agrega o suprime algo, “nopuedepredicarsequeelactoseadesimpleejecución,puesnaceunnuevoactoadministrativo,quedesconoceunprecedentedelamismaautoridadyporlomismoescontrovertiblejudicialmente”.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela 4.1. Mediante providencia de 23 de febrero de 2023, se admitió la demanda de tutela y se ordenó notificar a la Subsección E de la Sección Segunda del T ribunal Administrativo de Cundinamarca, al Juzgado 16 Administrativo de Bogotá y a la UGPP . 4.2. El T ribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, indicó que en la providencia del 24 de junio de 2022 se plasmaron todos los argumentos por los que se consideró que debía confirmarse la decisión mediante el cual se rechazó la demanda, en cuanto el acto administrativo demandado no era susceptible de control judicial porque no puso fin a una actuación

4Radicaciónnúmero:11001031500020230095000Accionante:LigiaMartínezdeGonzálezAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarcayotrosReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) administrativa, sino que se limitó a informar que la liquidación se realizó en cumplimiento de un fallo judicial. De otra parte, sostuvo que no se cumple con el requisito de la inmediatez, dado que la decisión que se cuestiona se dictó el 24 de junio de 2022 y se notificó el 28 del mismo mes y año, en tanto que la demanda de tutela se presentó pasados 7 meses – 22defebrerode2023–. Dijo que la presente demanda de tutela es improcedente porque se pretende una tercera instancia, lo que se evidencia porque “cuestionaunautodesegundainstanciaconlosargumentosexpuestoscomosipretendieraimpugnarlamisma(recursode apelación)y desconocequeel asuntoya fuedefinidoporestajurisdicción”. 4.3. El Juzgado 16 Administrativo de Bogotá hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y concluyó que “se tramitórespetandolos parámetroslegales,sin quehayavulneradoderechoalgunoa la señoraLigiaMartínezdeGonzález”, por lo que solicitó que se niegue el amparo.

4.4. La UGPP solicitó que se declare la improcedencia del amparo solicitado porque no se incurrió en los defectos alegados - sustantivoy fáctico-, pues la decisión se ajustó al ordenamiento legal y jurisprudencial aplicable. Dijo que la parte actora no puede emplear la acción de tutela como una tercera instancia para que se revisen las decisiones adoptadas por el juez natural, después de haberse agotado el procedimiento establecido por la ley para el efecto. 5Radicaciónnúmero:11001031500020230095000Accionante:LigiaMartínezdeGonzálezAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarcayotrosReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) Agregó que “lapretensióndelaaccionantevaencontravíaaunaordenjudicial,lacualregulódemaneraexpresala situacióndelcausante,porlo queenesteaspectoexistecosajuzgada”. Sostuvo que no se evidencia una situación que habilite la intervención del juez constitucional, dado que, según la consulta del FOPEP , la tutelante ha venido recibiendo la pensión de sobrevivientes reconocida por valor de $14’842.102. Precisó que no se cumple con el requisito de la inmediatez, porque “desdelafechaenqueseprofirióelfalloproferidoporelConsejodeEstadoenelaño2007yluegolafechaenquesediocumplimientoporestaUnidadenelaño2013,hastalafechadepresentacióndelasolicituddetutela,esclaroquehantrascurridomásde10años”. II. C O N S I D E R A C I O N E S

La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de la inmediatez. La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el propósito de determinar , en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela 3 . La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado que para efectos de establecer si la acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, es decir , que se cumple con el requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro de 3 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a S U - 3 9 1 d e l 2 7 d e j u n i o d e 2 0 1 6 , M . P . A l e j a n d r o L i n a r e s C a n t i l l o . 6Radicaciónnúmero:11001031500020230095000Accionante:LigiaMartínezdeGonzálezAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarcayotrosReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según sea el caso 4 .

los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según sea el caso 4 . Por otra parte, esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6 meses se debe contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial . En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses desde la ejecutoria de la decisión en los casos se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por cuanto los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y , por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento 5 . En el presente asunto, dado que no existe ninguna justificación para que el plazo de los 6 meses se contabilice a partir de la ejecutoria de decisión cuestionada, la Sala considera que el término establecido como razonable para promover la acción de tutela contra providencias judiciales, se debe computar desde la notificación de la decisión cuestionada, de 24 de junio de 2022 – medianteelcualseconfirmóla decisiónderechazarlademandapornoserelactodemandadosusceptibledecontroljudicial–, porque ese fue el momento en que se evidenció la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la tutelante. 5

5 E n s e n t e n c i a d e 1 1 d e a b r i l d e 2 0 1 9 , r a d i c a d o n ú m e r o : 1 1 0 0 1 0 3 1 5 0 0 0 2 0 1 8 0 3 9 0 5 - 0 1 . 4 S e n t e n c i a d e l 5 d e a g o s t o d e 2 0 1 4 p r o f e r i d a p o r l a S a l a P l e n a d e l C o n s e j o d e E s t a d o . R a d i c a d o n ú m e r o : 1 1 0 0 1 0 3 1 5 0 0 0 2 0 1 2 0 2 2 0 1 0 1 ( I J ) . 7Radicaciónnúmero:11001031500020230095000Accionante:LigiaMartínezdeGonzálezAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarcayotrosReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) Así las cosas, la Subsección estima que no se cumple con el requisito de la inmediatez, bajo el entendido de que, según consulta en la página web de la Rama Judicial (proceso radicado bajo el número 1 100133350162020210020901), la notificación de la referida providencia se efectuó por estado del 28 de junio de 2022 y la demanda de tutela se presentó el 22 de febrero de 2023 6 . Conviene mencionar que en la demanda de tutela se afirmó que para el análisis del cumplimiento del requisito de la inmediatez debía tenerse en cuenta la fecha del auto de obedézcase y cúmplase, proferido el 8 de agosto de 2022.

. Conviene mencionar que en la demanda de tutela se afirmó que para el análisis del cumplimiento del requisito de la inmediatez debía tenerse en cuenta la fecha del auto de obedézcase y cúmplase, proferido el 8 de agosto de 2022. Para la Subsección, ese argumento no es de recibo, habida cuenta de que, desde el mismo momento en que se conocieron las motivaciones de la providencia cuestionada, se podía advertir la configuración de los supuestos defectos que ahora se le atribuyen a la autoridad judicial accionada y , en ese sentido, no era necesario que se dictara un auto de trámite 7 , sino que, tal como lo ha establecido el Consejo de Estado “ lopropioeraquepresentaranlaaccióndetutelatanprontotuvoconocimientodeesaprovidencia” 8 . Ahora bien, es posible flexibilizar - a títulodeexcepciónel presupuesto de la inmediatez, siempre que se encuentre plenamente acreditado que se trata de un sujeto de especial protección y que su condición es determinante para no interponer dentro de un término razonable la acción de tutela 9 . En el presente asunto no hay lugar a flexibilizar el requisito de la inmediatez, en 9

9 . En el presente asunto no hay lugar a flexibilizar el requisito de la inmediatez, en 9 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n T e r c e r a , S u b s e c c i ó n A , C . P . M a r í a A d r i a n a M a r í n , s e n t e n c i a d e 1 2 d e a g o s t o d e 2 0 1 9 , r a d i c a d o n ú m e r o : 1 0 0 1 - 0 3 - 1 5 - 0 0 0 - 2 0 1 9 - 0 1 5 7 8 - 0 1 ; s e n t e n c i a d e 2 2 d e a g o s t o d e 2 0 1 9 , r a d i c a d o n ú m e r o : 1 1 0 0 1 - 0 3 - 1 5 - 0 0 0 - 2 0 1 9 - 0 2 8 8 2 - 0 1 . 8 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n C u a r t a , s e n t e n c i a d e 3 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 2 0 , r a d i c a d o n ú m e r o : 1 1 0 0 1 0 3 1 5 0 0 0 2 0 2 0 0 3 4 9 6 0 0 . 7

7 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n T e r c e r a , S u b s e c c i ó n A , s e n t e n c i a d e 2 0 d e f e b r e r o d e 2 0 2 0 , r a d i c a d o n ú m e r o : 1 1 0 0 1 0 3 1 5 0 0 0 2 0 1 9 0 4 2 0 5 0 1 . 6 S e g ú n a c t a d e r e p a r t o . 8Radicaciónnúmero:11001031500020230095000Accionante:LigiaMartínezdeGonzálezAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarcayotrosReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) primer lugar , porque, según se expuso en la demanda de tutela, la razón por la que se presentó por fuera del plazo considerado como razonable obedeció al hecho de que se entendió que el término debía contabilizarse desde el auto de obedézcase y cúmplase y no desde la notificación de la decisión que confirmó el rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por no ser el acto demandado susceptible de control judicial.

En segundo lugar , porque, aunque se allegó certificado suscrito por un médico internista neumólogo en el que se lee que la señora Ligia Martínez de González presenta “cuadrode enfermedadpulmonarcrónica,oxigenodependiente,demenciasenilylimitaciónparamoverseyrealizaractividadescotidianas”,no se evidencia que esa condición hubiere sido la razón por la que no se hizo uso del mecanismo constitucional dentro del plazo antes establecido, a lo que cabe agregar que el señor Guillermo José González Martínez - apoderadogeneraldelaseñoraMartínezdeGonzálezfue quien confirió poder a un abogado para ejercer la acción tutela de la referencia. Aunado a lo anterior , la Subsección estima que tampoco se evidencia el “estadodevulnerabilidadeconómica”alegado por la señora Martínez de González, bajo el entendido de que, según lo informó la UGPP en la contestación de la demanda de tutela, la mencionada señora recibe mensualmente el monto de $14’842.102, con ocasión de la pensión de sobrevivientes de la cual es beneficiaria. En ese sentido, la Sala advierte que el hecho de que no se presentara la demanda de tutela dentro del plazo considerado como razonable por la Corporación para presentar la demanda de tutela, lo que evidencia es la falta de diligencia de la accionante para acudir a la acción constitucional en defensa de los derechos fundamentales que alega como vulnerados.

9Radicaciónnúmero:11001031500020230095000Accionante:LigiaMartínezdeGonzálezAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarcayotrosReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) En definitiva, dado que la demanda de tutela se presentó después de que se cumplieron los 6 meses previstos por el Consejo de Estado como término razonable, la Sala estima que se debe declarar la improcedencia del amparo solicitado. Por último, la Subsección advierte que tampoco se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, porque lo pretendido por la parte tutelante es reabrir el debate jurídico por el rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada contra la UGPP y al FOPEP , cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una instancia adicional del proceso ordinario, dado que en la demanda de tutela se alegó lo mismo que planteó en el recurso de apelación contra el auto de primera instancia, aspectos analizados, de manera razonable, por el tribunal administrativo adquem. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección T ercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley , R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

10Radicaciónnúmero:11001031500020230095000Accionante:LigiaMartínezdeGonzálezAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarcayotrosReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADOELECTRÓNICAMENTE FIRMADOELECTRÓNICAMENTE M A R Í A A D R I A N A M A R Í N J O S É R O B E R T O S Á C H I C A M É N D E Z FIRMADOELECTRÓNICAMENTE M A R T A N U B I A V E L Á S Q U E Z R I C O N o t a : esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, demanera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad yautenticidad del presente documento en ellink https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmentepuede acceder al aplicativodevalidaciónescaneandoconsuteléfonocelularel códigoQRqueaparecealaderecha. V F 1 1