CE - 010315000202300961011SENTENCIASENTENCIA20231123165512

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-01

Demandante: Aura Alicia Alvarado y otros

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-00961-01

Demandante AURA ALICIA ALVARADO Y OTROS

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA SEXTA DE DECISIÓN Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales y especiales de procedibilidad. Relevancia Constitucional: tercera instancia. Defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial. Medio de control de reparación directa. Falla en el se rvicio de salud. La prueba de la imputación y de la pérdida de la oportunidad. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia del 28 de marzo de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que dispuso: «Primero. NEGAR el amparo solicitado dentro de la acción de tutela interpuesta por Luis Reynaldo Estupiñán Rincón (sic), Aura Alicia Alvarado, Suly Andrea Estupiñán Quintero, Daniela María Alvarado, Miguel Francisco Alvarado, Manuel Antonio Alvarado y Edwin

Reynaldo Estupiñán Rincón (sic), Aura Alicia Alvarado, Suly Andrea Estupiñán Quintero, Daniela María Alvarado, Miguel Francisco Alvarado, Manuel Antonio Alvarado y Edwin Fernando Alvarado en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.»1.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 22 de febrero de 20232, Aura Alicia Alvarado, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores 3, presentó acción de tutela, por conducto de apoderado judicial, contra la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá. Considera que esta autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al proferir l a sentencia del 11 de octubre de 2022 dentro del proceso de reparación directa Nro. 15001-3333-003-2016-00092-01. En consecuencia, formularon la siguiente pretensión4: «PRIMERA PRINCIPAL: Se tutele la presente por vulneración de los derechos fundamentales esgrimidos, y por tanto ordenar dejar sin efecto la Sentencia Proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, proceso radicado 2016-00092, y por tanto se sustituya por una conforme a Derecho y por los argumentos jurídicos expuestos.»

1 Página 18 del fallo de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado. Samai, en primera instancia índice 15. 2 Información extractada del acta de reparto de la acción de tutela. Documento en el sistema de gestión de procesos del Consejo de Estado: Samai. Ver índice 3 del histórico de actuaciones15. 2 Información extractada del acta de reparto de la acción de tutela. Documento en el sistema de gestión de procesos del Consejo de Estado: Samai. Ver índice 3 del histórico de actuaciones3 Suly Andrea Estupiñán Quintero, Daniela María Alvarado, Miguel Francisco Alvarado, Manuel Antonio Alvarado y Edwin Fernando Alvarado 4 Página 32 del escrito de tutela. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-01

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2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. Los señores Luis Reinaldo Estupiñán Rincón, Aura Alicia Alvarado, María

Prudencia Estupiñán Quintero, Doris María Estupiñán Quintero, Berenice Estupiñán Quintero, Suly Andrea Estupiñán Alvarado, Daniela María Alvarado, Miguel Francisco Alvarado, Manuel Ant onio Alvarado y Edwin Fernando Alvarado promovieron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario del Municipio de Chivatá, con la finalidad de que se declarara e n juicio su responsabilidad extracontractual por la falla en la prestación del servicio médico que se brindó entre el 12 y el 17 de julio de 2014 al señor Carlos Orlando Estupiñán Quintero. 2.2. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado

prestación del servicio médico que se brindó entre el 12 y el 17 de julio de 2014 al señor Carlos Orlando Estupiñán Quintero. 2.2. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja que, en sentencia del 15 de octubre de 2020, negó las pretensiones de la demanda porque no se acreditó la falla en el servicio médico asistencial ni los elementos de la pérdida de la oportunidad. Como fundamento de su decisión, expuso que el daño no era imputable a la ESE accionada, a pesar de las irregularidades administrativas evidenciadas, porque se brindó la atención al paciente de conformidad con los servicios habilitados y su condición de salud al momento del chequeo. Además, declaró probado que la Policía Nacional actuó en el marco de sus atribuciones. De otra parte, no encontró acreditada la responsabilidad del Estado por la pérdida de oportunidad respecto de la atención médica brindada al señor Carlos Orlando Estupiñán. Por el contrario, estimó que se probó que sufrió el trauma craneoencefálico como consecuencia de una caída de su propia altura sufrida en estado de alicoramiento. 2.3. La parte demandante apeló la decisión de primera instancia. El conocimiento del recurso correspondió a la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá que, en sentencia del 11 de octubre de 2022, confirmó la decisión de primera instancia. La autoridad judicial explicó que, si bien se acreditaron las dificultades en la atención de primeros auxilios y transporte en ambulancia del paciente, no se probó que estos a spectos hubieran incidido en el desenlace fatal. Por el

La autoridad judicial explicó que, si bien se acreditaron las dificultades en la atención de primeros auxilios y transporte en ambulancia del paciente, no se probó que estos a spectos hubieran incidido en el desenlace fatal. Por el contrario, el Tribunal identificó como factores determinantes de la ocurrencia del daño «la carencia del servicio de urgencias médicas por parte de la ESE de Chivatá, la carencia de personal médico di sponible las 24 horas, el estado de alicoramiento del paciente que de acuerdo con el dictamen pericial presentado por la parte actora “puede enmascarar otros problemas que tenga la persona y por ello hay que tener aún más cuidado al valorar medicamente ese tipo de pacientes”, las circunstancias en que recibió un trauma en la cabeza, la dificultad para establecer un diagnóstico de alta complejidad como lo es un trauma cráneo encefálico que requiere, al menos de una valoración por especialista o una ayuda dia gnóstica, aspectos éstos que no eran exigibles a la ESE demandada.» (Resalta la Sala) Relativo a la pérdida de la oportunidad, la accionada manifestó que no concurrían los requisitos para declararla, pues no se acreditó grado alguno deRadicado: 11001-03-15-000-2023-00961-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co probabilidad que demostrara que, de haberse realizado una valoración médica temprana, el paciente contara con probabilidades de recuperación. La sentencia se notificó a través de mensaje de datos dirigido al buzón de correo electrónico de las partes, el 14 de octubre 20225.

probabilidad que demostrara que, de haberse realizado una valoración médica temprana, el paciente contara con probabilidades de recuperación. La sentencia se notificó a través de mensaje de datos dirigido al buzón de correo electrónico de las partes, el 14 de octubre 20225.

3. Fundamentos de la acción Para los accionantes, el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en defecto fáctico por omisión e indebida valoración probatoria y en desconocimiento del precedente judicial horizontal al proferir la sentencia del 11 de octubre de 2022. 3.1. Defecto fáctico. Alegaron que la accionada incurrió en indebida valoración de los siguientes medios de prueba: (i) el interrogatorio de parte de Rocío Montero Martínez donde se registró confesión en relación con los hechos de la demanda; (ii) la historia clínica con anotaciones indebidamente registradas; y

(iii) el dictamen pericial que respalda la concreción del daño antijurídico y su imputabilidad a la demandada. Además, manifestó que no se dio el peso de convicción suficiente a los yerros imputa dos a la E.S.E. Nuestra Señora del Rosario de Chivatá. 3.2. Defecto material por desconocimiento del precedente judicial. Los accionantes advierten que el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció su propio precedente contenido en la sentencia que emitió d entro del proceso de reparación directa nro. 152383333001201300002, en el cual declaró la responsabilidad de la E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá por el daño antijurídico derivado de la muerte de un recién nacido.

4. Trámite impartido e intervenciones

responsabilidad de la E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá por el daño antijurídico derivado de la muerte de un recién nacido.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 24 de febrero de 2023, el despacho ponente admitió la acción de tutela y dispuso la vinculación, en calidad de terceros con interés, del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional , Policía Nacional, de la E.S.E. Nuestra Señora del Rosario del municipio de Chivatá (Boyacá) y de los señores Luis Reinaldo Estupiñán Rincón, María Prudencia Estupiñán Quintero, Doris María Estupiñán Quintero y Berenice Estupiñán Quintero. Todos estos, su jetos procesales en el proceso de reparación directa 5001-33-33-003-2016-00092-00/01.

Adicional a lo anterior, se le reconoció personería jurídica para actuar en nombre de la parte accionante al abogado Tulio Alejandro Fajardo Acuña, quien también los repr esentó en el proceso ordinario de reparación directa. Finalmente, se ordenó que se surtieran las notificaciones de rigor. 4.2. La juez Tercera Administrativa del Circuito de Bogotá precisó que la acción de tutela cuestiona la sentencia de segunda instancia proferida por su superior funcional, por lo que se abstendría de realizar un pronunciamiento pormenorizado sobre los argumentos que fundamentan la petición de amparo. Por ello, se restringió a indicar que la parte actora utiliza el mecanismo constitucional para reiterar las alegaciones expuestas en el curso del proceso ordinario.

pormenorizado sobre los argumentos que fundamentan la petición de amparo. Por ello, se restringió a indicar que la parte actora utiliza el mecanismo constitucional para reiterar las alegaciones expuestas en el curso del proceso ordinario.

5 Expediente digitalizado del proceso de reparación directa Nro. 1501 -33-33-003-2016-00092-00/01. Samai, índice 9.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Destacó que, de conformidad con la sentencia SU -128 de 2021, la acción de tutela no puede interponerse para reabrir el debate jurídico y probatorio ya surtido y debidamente clausurado en cada una de las instancias del proceso ordinario. De manera subsidiaria, en caso de que se proceda con un estudio de fondo, pidió considerar que la sentencia de primera instancia estuvo debidamente sustentada en las pruebas del proceso y en la jurispru dencia aplicable y vigente. 4.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá , por conducto del ponente de la decisión, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque el debate jurídico y probatorio frente al caso de los accionantes se clausuró en el curso del proceso ordinario, sin que se observe violación alguna de los derechos fundamentales de la accionante como consecuencia de las sentencias que decidieron sus pretensiones litigiosas. Dijo que la decisión de negar las pretensiones de la demanda se fundamentó

el curso del proceso ordinario, sin que se observe violación alguna de los derechos fundamentales de la accionante como consecuencia de las sentencias que decidieron sus pretensiones litigiosas. Dijo que la decisión de negar las pretensiones de la demanda se fundamentó y motivó en el análisis minucioso de las prueb as del proceso que permitió concluir que no estaban reunidos los elementos para declarar la responsabilidad del Estado en el caso particular al amparo del título de imputación de falla en el servicio médico ni por pérdida de la oportunidad. 4.4. La Nación, Ministerio de Defensa , Policía Nacional, por conducto del jefe del Área Jurídica, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela dado que no se acreditó vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la accionante.

5. Providencia impugnada En sentencia del 28 de marzo de 2023, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo constitucional invocado por los accionantes.

Como fundamento de su decisión indicó que el alegato relativo a la indebida valoración de las imprecisiones administrativas atribuibles a la ESE demandada fue expuesto en varias oportunidades dentro del proceso ordinario y decidido razonablemente por los jueces de instancia Precisó que, si bien el Tribunal accionado no valoró de manera específica en la sentencia la declaración de la auxiliar de enfermería Rocío Montenegro, el contenido de su dicho no apoya una tesis de responsabilidad extracontractual del Estado. Sobre el dictamen pericial precisó que fue valorado con miras a estructurar una posible teoría de responsabilidad por pérdida de la oportunidad, pero la autoridad accionada concluyó que las afirmaciones que al respecto expuso el perito carecían

Sobre el dictamen pericial precisó que fue valorado con miras a estructurar una posible teoría de responsabilidad por pérdida de la oportunidad, pero la autoridad accionada concluyó que las afirmaciones que al respecto expuso el perito carecían de soporte científico por lo que no era posible derivar de ellas la responsabilidad del Estado. Relativo al cargo por desconocimiento del precedente horizontal, el a quo advirtió que la sentencia objeto de comparación, si bien fue proferida por el mismo tri bunal accionado, se fundamentó en medios de prueba que sí apoyaban la declaratoria de responsabilidad del Estado por pérdida de la oportunidad. De manera que, al tratarse de fundamentos fácticos y probatorios diferentes no es dable concluir que la decisión tomada en aquella oportunidad condicione la que ahora se estudia.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-01

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6. Impugnación La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia.

Consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá no otorgó el peso de convicción que merece el dictamen pericial practicado en el proceso. Recordó que el experto declaró que la atención médica idónea y oportuna hubiera aumentado las probabilidades de supervivencia del señor Carlos Orlando Estupiñán. En la sentencia acusada se reconoció la negligencia atribui ble a la E.S.E. demandada, pero precisó que estos no fueron determinantes en la muerte del paciente; sin embargo, no expuso los argumentos que sustentan esa conclusión.

En la sentencia acusada se reconoció la negligencia atribui ble a la E.S.E. demandada, pero precisó que estos no fueron determinantes en la muerte del paciente; sin embargo, no expuso los argumentos que sustentan esa conclusión. «No se entiende entonces, cómo el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ considera que la negligencia cometida por la ESE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, la cual fue confesada por ROCIO MONTERO MARTÍNEZ, no generó que el paciente perdiera la oportunidad de interrumpir el curso causal de la lesión y por ende de mejorar y tal vez salvar su vida.» La declaración en la sentencia de que el retardo de 12 horas en trasladar al paciente a un centro médico idóneo para atenderlo no fue determinante en su muerte no tiene ningún soporte probatorio. Se trata de una afirmación fáctica sin sustento en los medios de convicción, es decir, se fundamentó apenas en el capricho del juzgador. Los medios de convicción aportados al proceso, en particular la prueba pericial, daban cuenta de que fue la negligencia de la ESE demandada la que arrebató al paciente la probabilidad de mejora a partir de una atención adecuada, integral y oportuna. En el acervo probatorio no obra otro medio de convicción que refute las conclusiones del perito ni el Tribunal Administrativo de Boyacá indicó por qué consideró que el dictamen carecía de rigor científico. Se invocó el desconocimiento del precedente judicial frente a la sentencia proferida por la accionada el 27 de noviembre de 2018 en el proceso de reparación directa nro. 15238-33-33-001-2013-00002-01, no por su identidad fáctica, sino porque en esa

por la accionada el 27 de noviembre de 2018 en el proceso de reparación directa nro. 15238-33-33-001-2013-00002-01, no por su identidad fáctica, sino porque en esa providencia el Tribunal Administrativo de Boyacá enfatizó en la relevancia de la historia clínica como prueba de la pérdida de la oportunidad en casos de falla médica.

7. Actuaciones en la segunda instancia El despacho ponente de la segunda instancia advirtió que no se había surtido en integridad la notificación de la acción de tutela frente a las personas que fueron vinculadas en el auto admisorio como terceros con interés. En razón a ello, profirió auto del 31 de octubre de 2023 en el que ordenó requerir al apoderado de la parte accionante para que aportara los datos de notificación, debido a que se trata del mismo abogado que los representó en el proceso de reparación directa.

De manera subsidiaria, se requirió a la Secretaría General de la Corporación que se fijara aviso en el que se les notificara a los señores Luis Reinaldo Estupiñán Rincón, María Prudencia Estupiñán Quintero, Doris María Estupiñán Quintero y Berenice Estupiñán Quintero la existencia de esta acción constitucional y su posibilidad de intervenir. El 9 de noviembre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado fijó el aviso en el que se informó a los terceros antes mencionados la existencia de esta acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-01

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en el que se informó a los terceros antes mencionados la existencia de esta acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-01

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 6, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7 y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 9 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 9 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Conforme a los antecedentes del caso, esta Sala estima pertinente analizar, en primer lugar, si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar que la acción de tutela superaba el examen general de procedibilidad cuando se acusan providencias judiciales. En particular, interesa a la Sala determinar si los

6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado

particulares en los casos que señala este decreto”. 7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co argumentos contenidos en el escrito de tutela superan el requisito de relevancia constitucional. En caso de que la petición de amparo supere el examen general de procedibilidad, la Sala seguirá con el estudio de fondo de los cargos para establecer si la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia del 11 de octubre de 2022, incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y en desconocimiento del precedente judicial.

4. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso particular 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T –248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para

partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T –248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente in volucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».10 Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o

decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no s e convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más

10 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de in terponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en

juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural. En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el juez de tutela, a diferencia del juez de la causa, sí acceda a sus pretensiones. 4.2. Establecido lo anterior, la Sala advierte que la tutela en estudio se torna improcedente porque se emplea como una instancia adicional para discutir la valoración de los jueces de la causa respecto de las pruebas del proceso y para imponer las conclusiones probatorias que el actor estima adecuadas. Al comparar los argumentos de la acción de tutela y de la impugnación (supra 3 y 6), con los cargos expuestos por el actor en la demanda, en los alegatos de conclusión de