CE - 010315000202300973001SENTENCIA20230411094855

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00973-00

Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides

Accionado: Juzgado 07 Administrativo del Circuito de Cúcuta y Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN EL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE DESACATO – Ampara / CONFIGURACIÓN DE DEFECTO FÁCTICO – Defectuosa valoración del material probatorio allegado al proceso / DEFECTO SUSTANTIVO POR

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo constitucional formulado por la señora Clelia Andrea Anaya Benavides contra el Juzgado 07 Administrativo del Circuito de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 22 de febrero de 2023, la señora Clelia Andrea Anaya Benavides presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 22 de febrero de 2023, la señora Clelia Andrea Anaya Benavides presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado 07 Administrativo del Circuito de Cúcuta, con el fin de obtener la protección de sus derechos f undamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre, libertad y patrimonio. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas con ocasión de las sanciones que le fueron impuestas por las autoridades judiciales

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00973-00

Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides Accionado: Juzgado 07 Administrativo del Circuito de Cúcuta y Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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accionadas, al interior de la acción de tutela tramitada con número de radicado 54001-33-33-007-2022-00581-00/01/02.

2.- La accionante pretende 2 que en virtud del amparo se ordene a las accionadas “(…) inaplicar las sanciones impuestas (…), a través de los autos fechados el 07 de diciembre de 2022, 18 de enero y 08 de febrero de 2023, proferidos por el JUZGADO

“(…) inaplicar las sanciones impuestas (…), a través de los autos fechados el 07 de diciembre de 2022, 18 de enero y 08 de febrero de 2023, proferidos por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CÚCUTA, modificados en autos de fecha 16 de diciembre de 2022 y 02 de febrero de 2023, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTA NDER, consistente en multa de un (1) S.M.M.L.V., respectivamente”. Así mismo solicita que se ordene a tales autoridades estudiar la declaratoria de cumplimiento del fallo de tutela proferido en el proceso 2022-00581-00 con apego a lo dispuesto en la senten cia SU-034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada, de las pruebas allegadas y de lo expuesto por la parte actora se tiene, que:

(i). Acción de tutela 54001 -33-33-007-2022-00581-00/01: El señor Jesús Alberto Pérez Zambrano promovió demanda de tutela contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-. Afirmó que el 15 de julio de 2022 3 presentó una petición y aunque recibió respuesta, la misma no fue de fondo. En su informe la entidad indicó que la petición fue contestada, precisando que al señor Pérez se le reconoció indemnización administrativa y se estará aplicando el método técnico de priorización para disponer e l pago de la misma, pero no era procedente indicarle una fecha

contestada, precisando que al señor Pérez se le reconoció indemnización administrativa y se estará aplicando el método técnico de priorización para disponer e l pago de la misma, pero no era procedente indicarle una fecha exacta. E n sentencia del 21 de septiembre de 2022 el Juzgado 07 Administrativo de Cúcuta indicó que: “(….) si bien es cierto por parte de la entidad accionada (…) se le dio dos respuestas a la solicitud del actor, (…) considera el Despacho que las mismas no resuelven de fondo lo solicitado (…) ya que no le informa un plazo razonable ni le manifestó el periodo que dispone la entidad accionada para realizar la entrega de la indemnización administrativa a la cual tiene derecho y ya le fue reconocida (…)” . Así, amparó el derecho fundamental de petición del actor y resolvió:

“SEGUNDO: ORDENAR a la entidad accionada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS – UARIV, para que a través de su representante legal, o del funcionario a quien este delegue, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión , proceda a brindar una respuesta de FONDO, de manera CLARA, PRECISA, INTEGRA y CONGRUENTE, a la solicitud de fecha quince (15) de julio del año en curso realizada por el señor JESUS ALBERTO PEREZ ZAMBRANO, indicándole de manera expresa el periodo que dispone para hacer el efectivo el

2 Folio 20 del escrito de tutela. 3 En la misma solicitó que le informara si había sido priorizado en la vigencia 2022 para el pago de su

indicándole de manera expresa el periodo que dispone para hacer el efectivo el

2 Folio 20 del escrito de tutela. 3 En la misma solicitó que le informara si había sido priorizado en la vigencia 2022 para el pago de su indemnización como víctima del conflicto, y que en caso negativo se le indicara un plazo aproximado de pago.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00973-00

Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides Accionado: Juzgado 07 Administrativo del Circuito de Cúcuta y Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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pago de la medida de indemnización, según la inscripción en el Registro Único de Víctimas – RUV, garantizando su respectiva notificación a la dirección aportada por el en su escrito de tutela, esto es, al correo electrónico: (…) lo anterior observando los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia citada en la parte “motiva de esta providencia”.

La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de fallo dictado el 3 de noviembre de 2022. Dicha autoridad coincidió con el criterio del A quo y resaltó que , en clara violación de las garantías del actor, había transcurrido 1 año y 6 meses desde el reconocimiento de la indemnización administrativa, sin que se le indicara la fecha de pago.

(ii). Informe de cumplimiento: A través de memorial del 15 de noviembre de 2022 4 la UARIV rindió informe de cumplimiento del fallo de tutela, indicando que en esa misma fecha emitió una respuesta al accionante, en la cual le explicó que

(ii). Informe de cumplimiento: A través de memorial del 15 de noviembre de 2022 4 la UARIV rindió informe de cumplimiento del fallo de tutela, indicando que en esa misma fecha emitió una respuesta al accionante, en la cual le explicó que su pago no se realizaría en 2022 porque aplicado el método técnico de priorización su puntaje fue de 21.34639 y el mínimo para acceder al pago en la referida vigencia fiscal era 51.7216. Igualmente aclaró que no era posible establecer una fecha específica para dicho pago, porque esa evaluación se hace cada año, en atención a la disponibilidad presupuestal de la respectiva vigencia y las situaciones de priorización que acredite cada víctima. Adicionalmente indicó que el puntaje se corresponde con el hecho de que el accionante no acreditó ninguna situación de urgencia o vulnerabilidad, y que de presentarse alguna de las misma puede ser informada a la entidad.

(iii). Incidente de desacato 1 : El señor Jesús Alberto Pérez Zambrano presentó incidente de desacato. En virtud de ello, por auto del 7 de diciembre de 2022, el Juzgado en mención resolvió sancionar a la señora Clelia Andrea Anaya Benavides, en su calidad de directora de la Dirección de Reparaciones de la UARIV, con multa de un (1) salario mínimo mensual legal vigente. Esa decisión fue modificada en grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de auto del 16 de diciembre de 2022 , precisando que la sanción impuesta a la señora Anaya Benavides, debía ser cancelada de su propio patrimonio.

de Norte de Santander, a través de auto del 16 de diciembre de 2022 , precisando que la sanción impuesta a la señora Anaya Benavides, debía ser cancelada de su propio patrimonio.

(iv). Incidente de desacato 2: Tras un nuevo incidente de desacato, el Juzgado 07 Administrativo de Cúcuta, mediante auto del 18 de enero de 2023 , dispuso sancionar a la actora, en los mismos términos indicados anteriormente. Dicha providencia fue modificada por el referido Tribuna l en grado jurisdiccional de consulta, a través de auto del 2 de febrero siguiente , en el sentido de incrementar el monto de la multa impuesta a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

4 Radicado al día siguiente en el juzgado.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00973-00

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(v). Incidente de desacato 3: Posteriormente, por auto del 8 de febrero del año en curso, el aludido Juzgado sancionó nuevamente a la accionante, en su condición de directora de la Dirección de Reparaciones de la UARIV, con multa de (1) salario mínimo mensual legal vigente, en el marco de un tercer incidente desacato. En el expediente se advierte que por auto del 21 de febrero de 2023 el Tribunal modificó la sanción sólo para precisar que la misma debía ser pagada por la actora de su propio patrimonio. No obstante al momento de

desacato. En el expediente se advierte que por auto del 21 de febrero de 2023 el Tribunal modificó la sanción sólo para precisar que la misma debía ser pagada por la actora de su propio patrimonio. No obstante al momento de presentar la demanda esta providencia no había sido notificada, y en la acción de tutela no se hacer referencia a la misma.

4.- En los 3 incidentes de desacato se advierte como constante que:

(i). El señor Jesús Alberto Pérez Zambrano, manifiesta que la UARIV emitió una nueva respuesta5 en la que se reitera que no es posible indicar una fecha de pago y que debe esperar el nuevo estudio de priorización que se realizará en julio de 2023.

(ii). La UARIV, insiste en que se han adelanta do todas las acciones posibles para cumplir el fallo. Por escrito del 30 de noviembre de 2022 6 dio respuesta al primer incidente de desacato poniendo de presente los siguientes argumentos, que reiteraría en los otros 2 incidentes:

“En el caso particular de JESUS ALBERTO PEREZ ZAMBRANO, la Unidad para las Víctimas aplicó el Método Técnico de Priorización con el propósito de determinar el orden de entrega de la indemnización administrativa, atendiendo de proporcional (SIC) a los recursos presupuestales asig nados en dicho año. En ese sentido y de acuerdo con el resultado se concluyó que NO era posible materializar la entrega de la medida reconocida en el presente caso por el hecho victimizante de SECUESTRO. Lo anterior como consecuencia de: (i) la ponderación de las variables demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño y el avance en su proceso de reparación integral; (ii) el orden definido tras el resultado de la

SECUESTRO. Lo anterior como consecuencia de: (i) la ponderación de las variables demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño y el avance en su proceso de reparación integral; (ii) el orden definido tras el resultado de la aplicación del Método Técnico respecto del universo de víctimas aplicadas y (iii) la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Unidad, lo cual le fue debidamente notificado al accionante mediante oficio 2022-0485109-1 (obra en el expediente).

Por consiguiente, a la Unidad para la Víctimas le es imposible otorgar una fecha de pago a JESUS ALBERTO PEREZ ZAMBRANO de acuerdo con lo establecido en el procedimiento administrativo contemplado en la Resolución 1049 de 2019. Pues en el caso particular, el resultado de la aplicación del Método no lo ubicó dentro del universo de víctimas que accederán a la indemnización administrativa conforme la disponibilidad presupuestal asignada para el año 2022.

5 En los 3 incidentes refirió las respuestas emitidas los días 15 de noviembre de 2022, 09 de diciembre de 2022 y 23 de enero de 2023 respectivamente. 6 Radicado el 05 de diciembre de 2022.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00973-00

Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides Accionado: Juzgado 07 Administrativo del Circuito de Cúcuta y Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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Por otro lado, la aplicación del método técnico de pr iorización, como proceso técnico, implica el abordaje de una serie de gestiones que se realizan con el apoyo

Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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Por otro lado, la aplicación del método técnico de pr iorización, como proceso técnico, implica el abordaje de una serie de gestiones que se realizan con el apoyo de la Red Nacional de Información, en primer lugar, relacionadas con la unificación de los datos y consultas administrativas en las fuentes de info rmación con las que cuenta la Unidad, que permiten arrojar el resultado de la ponderación de las variables demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño, y de avance en el proceso de reparación integral, así como también, realizar las validaci ones tendientes a establecer que la víctima no haya fallecido, que no se haya excluido del Registro Único de Víctimas o que el monto a reconocer no supere el máximo de los 40 SMLMV. De ahí que se requiera de un tiempo prudencial para llevar a cabo este procedimiento técnico, toda vez que, los listados ordinales que arroje, serán los que orienten la priorización que debe seguir la Entidad para el otorgamiento de la medida indemnizatoria en los casos que no cuentan con una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, razón por la cual, no le es posible a la Unidad otorgar indistintas fechas de pago de la indemnización, pues esta depende de todo lo descrito hasta el momento. (…) En ese orden de ideas, la Unidad no desconoce los derechos del (SIC) accionante, por el contrario, reconoció el derecho que tiene de ser indemnizado (SIC), sin embargo, la Unidad ha manifestado en varias escenarios su imposibilidad de indemnizar a todas las víctimas en un mismo momento, por lo que a través del procedimiento se adoptó un sistema mixto que permite tanto la atención inmediata

embargo, la Unidad ha manifestado en varias escenarios su imposibilidad de indemnizar a todas las víctimas en un mismo momento, por lo que a través del procedimiento se adoptó un sistema mixto que permite tanto la atención inmediata de aquellas víctimas que se encuentran en extrema vulnerabilidad, como la atención de otras víctimas que no se encuentran en tales situaciones, pero son titulares del derecho a la reparación económica.

Finalmente, vale la pena indicar que, el sistema de priorización establecido se alinea con el interés público y social, pues mantiene coherencia con el alcance de la sostenibilidad fiscal, la cual fue abordada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-753 de 2013 que la reconoce como un instrumento orientador de la política de víctimas para el reconocimiento progresivo de la indemnización administrativa.

Sea oportuno manifestar que, frente al presupuesto, la Unidad dispuso la suma de $263.921.172.196,40 para otorgar la medida de indemnización de las víctimas a quienes se les aplicó el Método Técnico de Priorización, lo cual corresponde al 28% del total de los recursos destinados para el pago de las indemnizaciones administrativas en el año 2021 y con el que se logró indemnizar alrededor de 29.000 víctimas.

Por lo anterior, surge para la Entidad la imposibilidad de dar fecha y cierta y/o pagar la indemnización administrativa, toda vez que debe ser respetuosa del procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y del debido proceso administrativo”. (Negrilla y subrayado del texto original).Radicación: 11001-03-15-000-2023-00973-00

Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides Accionado: Juzgado 07 Administrativo del Circuito de Cúcuta y

administrativo”. (Negrilla y subrayado del texto original).Radicación: 11001-03-15-000-2023-00973-00

Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides Accionado: Juzgado 07 Administrativo del Circuito de Cúcuta y Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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(iii). El Juzgado 07 Administrativo de Cúcuta , en los autos de 07 de diciembre de 2022, 18 de enero de 2023 y 08 de febrero de 2023, fundamentó su de cisión de sancionar por desacato así:

“Con base en lo anterior se vislumbra que, la entidad accionada no ha procedido a adelantar todas y cada una de las actuaciones administrativas pertinentes con el fin de ‘(…) brindar una respuesta de FONDO, de manera CLARA, PRECISA, INTEGRA y CONGRUENTE, a la solicitud de fecha quince (15) de julio del año en curso realizada por el señor JESUS ALBERTO PEREZ ZAMBRANO(…)’.

Por otro lado, el Despacho pone de presente que, la accionante tiene reconocida la indemnización desde el año 2021, mediante resolución Nº. 04102019-1019649 del 15 de abril de 2021, no obstante pese a que no fue priorizada para pago, conforme la jurisprudencia citada en el fallo de tutela la entidad debe darle un periodo de tiempo razonable para que se materialice dicha indemnización.

Por las razones anteriores, sin que se encuentre acreditado el cumplimiento a las órdenes impartidas mediante la sentencia de tutela en mención, se procederá a sancionar el desacato a las disposiciones judiciales impartidas.”

Por las razones anteriores, sin que se encuentre acreditado el cumplimiento a las órdenes impartidas mediante la sentencia de tutela en mención, se procederá a sancionar el desacato a las disposiciones judiciales impartidas.”

(iv). El Tribunal Administrativo de Norte de Santander , en los autos de 16 de diciembre de 2022 y 2 de febrero de 2023, luego de referenciar las respuestas de la UARIV concluyó que:

“De lo anterior se infiere que la orden de tutela no se encuentra cumplida, debido a que la funcionaria sancionada, no atendió lo peticionado por el actor de fondo, de manera clara, precisa y congruente, como quiera que no indicó la fecha o plazo en la que cancelará al señor PEREZ ZAMBRANO la indemnización administrativa reconocida por el hecho victimizante de secuestro, razón por la cual la Sala se encuentra de acuerdo con sancionar (…)”.

5.- Vale aclara r que después de dar respuesta al primer requerimiento de cumplimiento, durante el trámite de los 3 incidentes de desacato la UARIV presentó una serie de memoriales en los que solicitó (i) declarar la imposibilidad de cumplimiento del fallo, (ii) inaplicar las sanciones por desacato con fundamento en lo dispuesto en la sentencia SU-034 de 2018, (ii) modular la orden de amparo, y (iv) declarar cumplido el fallo. Concretamente en el primer incidente se registran los memoriales de fecha 09 y 20 de diciembre de 20227, así como uno de 16 de febrero de 20238; en el segundo incidente se registran memoriales fechados los días 20 de

memoriales de fecha 09 y 20 de diciembre de 20227, así como uno de 16 de febrero de 20238; en el segundo incidente se registran memoriales fechados los días 20 de

7 Radicados el 09 de diciembre de 2022 y el 11 de enero de 2022 res pectivamente. Solicitan revocar la primera sanción. 8 Radicado el mismo 16 de febrero de 2023. Solicita modular el fallo e inaplicar las sanciones impuestas en los 2 primeros incidentes (ya confirmadas por el Tribunal).Radicación: 11001-03-15-000-2023-00973-00

Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides Accionado: Juzgado 07 Administrativo del Circuito de Cúcuta y Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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diciembre de 20229, 23 de enero de 2023 10 y 16 de febrero de 2023 11; y finalmente en el tercer incidente los memoriales radicados están fechados el 01 12 y 09 13 de febrero de 2023, y el 03 de marzo de 202314 (luego de radicada la acción de tutela). En tales escritos la UARIV reiteró lo indicado en su primer memorial, además precisó los criterios utilizados para realizar la p riorización de pago y agregó, entre otras cosas, lo siguiente:

“(…) La Unidad para las Víctimas informa a su Despacho que en el artículo 15 de la Resolución 01049 de 2019 se estableció que el método técnico de priorización debía adoptarse a través del anexo técnico que hace parte integral de dicho cuerpo normativo. Este anexo técnico dispone en sus definiciones lo siguiente:

la Resolución 01049 de 2019 se estableció que el método técnico de priorización debía adoptarse a través del anexo técnico que hace parte integral de dicho cuerpo normativo. Este anexo técnico dispone en sus definiciones lo siguiente:

El Método se aplicará anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera proporcional a los recursos apropiados en la res pectiva vigencia fiscal de conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector. A efectos de dar aplicación a lo previsto en la mencionada Resolución, se incorpora el presente acápite de generalidades que contribuye en la comprensión del alcance y concepto del Método, en el marco de la medida abordada. (Resaltado fuera de texto original)

El sentido y la intención de la aplicación anual tiene que ver con el presupuesto que se asigna para el pago de indemnizaciones administrativas, pues es éste el que determina la cantidad de víctimas que ordenadamente accederán a la medida en cada vigencia. Esto implica, entonces, que el método técnico de priorización no puede ser aplicado en varias oportunidades en una misma vigencia fiscal o de manera indiscriminada para víctimas particularmente consideradas, porque no se lograría seguridad sobre el orden adecuado de ejecución del presupuesto y esto generaría una vulneración efectiva al derecho a la igualdad entre la población víctima.

6.- Particularmente, en el memo rial del 23 de enero de 2023 la entidad adjunto un oficio de ese mismo día, dirigido al señor Pérez Zambrano, en el cual se le explicaba todo lo anterior y se le informaba que si contaba con alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad que consagra la regulación respectiva, podía presentar a la UARIV los soportes correspondientes, para ser tenidos en

todo lo anterior y se le informaba que si contaba con alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad que consagra la regulación respectiva, podía presentar a la UARIV los soportes correspondientes, para ser tenidos en cuenta en la siguiente evaluación de priorización que se realizará el 31 de julio de 2023.

9 Radicado el 11 de enero de 2023. Solicita revocar la primera sanción y declarar cumplido el fallo. 10 Radicado el 24 de enero de 2023. Solicita revocar las sanciones impuestas en el incidente 1 (ya confirmada por el Tribunal) y en el incidente 2. 11 Radicado el mismo 16 de febrero de 2023. Solicita modular el fallo e inaplicar las sanciones impuestas en los 2 primeros incidentes (ya confirmadas por el Tribunal). 12 Radicado el 2 de febrero de 2023. Solicita inaplicar todas las sanciones impuestas, declarar el cumplimiento del fallo, y declarar la imposibilidad de cumplir la orden judicial inicial. 13 Radicado el 10 de febrero de 2023. Solicita declarar la imposibilidad de cumplir el fallo e inaplicar las 2 primeras sanciones. Subsidiariamente pide modular la orden judicial y darla por cumplida. 14 Radicado el mismo 03 de marzo de 2023. Solicita declarar la imposibilidad de cumplir el fallo y requiere inaplicar las sanciones impuestas.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00973-00

Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides Accionado: Juzgado 07 Administrativo del Circuito de Cúcuta y Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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7.- Sobre tales solicitudes orientadas a que se module el fallo, se declare su cumplimiento y se inapliquen las sanciones, las autoridades accionadas no se pronunciaron.

8.- A través de dos oficios del 17 de febrero de 2023 y uno del 09 de marzo de 2023, el Juzgado 07 Administrativo de Cúcuta informó al Director de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta sobre la imposición de las 3 sanciones pecuniarias a la señora Clelia Andrea Anaya Benavides, y requirió adelantar las gestiones pertinentes para su cobro.

9.- Según la parte actora, las entidades judiciales accionadas incurrieron en: (i) un defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente establecido en la Sentencia SU-034 de 2018 por parte de la Corte Constitucional, en la que se señalan las reglas jurisprudenciales que deben seguir los jueces al modular el cumplimiento de los fallos relacionados con el pago de indemnizaciones administrativas reconocidas en favor de las víctimas del conflicto armado interno; (ii) un defec to fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso, ya que al valorar los escritos emitidos por la Unidad para las Víctimas y la resolución que resolvió el reconocimiento de la medida indemnizatoria las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta las explicaciones manifestadas en distintas oportunidades en relación al debido proceso administrativo, consagrado en la

resolvió el reconocimiento de la medida indemnizatoria las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta las explicaciones manifestadas en distintas oportunidades en relación al debido proceso administrativo, consagrado en la Resolución 01049 de 2019, en la que se establecen los lineamientos para la entrega de la indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado; (iii) desconocimiento del precedente constitucional, al no tener en cuenta el alcance y la interpretación fijados por la jurisprudencia en relación al pago de indemnizaciones, al resolver el caso objeto de estudio limitando sustancialmente dicho alcance o apartándose de la interpretación fijada por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. Por último, (iv) una violación directa de la Constitución, ya que en las decisiones cuestionadas se ven abiertamente afectados los principios al debido proceso, igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima en el sistema judicial y buena fe, por desconocer abiertamente lo previsto en el Auto 206 de 2017 y el procedimiento de reconocimiento de indemnización administrativa, previsto en la Resolución 01049 de 2019.

10.- La parte actora precisó que, en cumplimiento de la orden séptima del Auto 206 de 2017 proferido por la Corte Constitucional, en la cual se resolvió que el Director de la Unidad para las Víctimas en coordinación con el Ministerio de Haci enda y Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación, debía reglamentar el procedimiento que deben agotar las víctimas del conflicto armado para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos, la UARIV

Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación, debía reglamentar el procedimiento que deben agotar las víctimas del conflicto armado para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos, la UARIV emitió la Resolución No. 01049 del 15 de marzo de 2019 "por medio de la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por víaRadicación: 11001-03-15-000-2023-00973-00

Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides Accionado: Juzgado 07 Administrativo del Circuito de Cúcuta y Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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administrativa, se crea el método técnico de priorización, se derogan las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018, y se dictan otras disposiciones"15.

11.- Dicha Resolución establece un procedimiento de cuatro fases: “i) Fase de solicitud ii) Fase de análisis de la solicitud iii) Fase de respuesta de fondo a la solicitud y iv) Fase de entrega de la medida de inde mnización. A su vez, también estableció unas rutas de ingreso al procedimiento administrativo, una de Solicitudes Prioritarias, las cuales son solicitudes en las que se acrediten situaciones de extrema vulnerabilidad según lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Resolución y primero de la Resolución 582 de 2021 y de Solicitudes Generales, que son todas aquellas solicitudes en las que no se acredite ninguna situación de extrema vulnerabilidad”16.

12.- Sobre la situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad precisó que

de la Resolución 582 de 2021 y de Solicitudes Generales, que son todas aquellas solicitudes en las que no se acredite ninguna situación de extrema vulnerabilidad”16.

12.- Sobre la situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad precisó que el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y la Resolución No. 005