CE - 010315000202301040001SENTENCIA20230424213252

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01040-00

Accionante: Roger Adriano Rubio Molina Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / TERCERA INSTANCIA – La parte demandante pretende reabrir el debate jurídico sobre la sanción disciplinaria a él impuesta - Carga argumentativa.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Roger Adriano Rubio Molina contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos

1.- El señor Roger Adriano Rubio Molina presentó acción de tutela contra Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y buen nombre, y en consecuencia se dejaran sin efectos los

Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y buen nombre, y en consecuencia se dejaran sin efectos los fallos de 7 de abril de 2021 y 16 de noviembre de 2022 2, proferidos por dichas autoridades dentro del proceso disciplinario3 que se adelantó en su contra , por sus actuaciones como Juez Séptimo Penal del Circuito de Ibagué.

2.- La actuación disci plinaria, se originó por que el mencionado funcionario judicial profirió el 8 de septiembre de 2017 fallo condenatorio por el delito de actos sexuales

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Notificado el 5 de agosto de 2022. 3 73001-11-02-000-2017-01277-01.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01040-00

Accionante: Roger Adriano Rubio Molina Accionado:Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2

abusivos con menor de 14 años, dentro del radicado 2013 -00010 y, al resolver el recurso de apelación prese ntado contra esa decisión, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué consideró que en el trámite de primera

abusivos con menor de 14 años, dentro del radicado 2013 -00010 y, al resolver el recurso de apelación prese ntado contra esa decisión, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué consideró que en el trámite de primera instancia había existido una mora judicial injustificada, por lo que ordenó compulsar copias a las autoridades disciplinarias.

3.- En fallo del 7 de abril de 2021 l a Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima declaró disciplinariamente responsable al accionante y lo sancionó con 2 meses de suspensión, por vulnerar el deber funcional consagrado en los numerales 1 y 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con las disposiciones del artículo 29 constitucional y el artículo 410 de la Ley 600 de 2000 . Lo anterior, atendiendo que el disciplinable no profirió dentro del término razonable la respectiva sentencia, pues desde el 13 de octubre de 2015 hasta el 8 de septiembre de 2017 estuvo el proceso al despacho sin ninguna actuación distinta a ordenar la libertad del enjuiciado, a pesar que se trataba de un proceso penal por actos sexuales abusivos con menor de 14 años, falta calificada como grave a título de culpa grave.

4.- El asunto fue apelado y, en segunda instancia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en providencia de 16 de noviembre de 2022 confirmó la decisión inicial bajo las mismas razones.

5.- Como fundamento de derecho de las pretensiones4, la parte actora advierte que las autoridades accionadas incurrieron en los siguientes defectos:

6.- Defecto fáctico: por cuanto realizaron una indebida valoración del material

5.- Como fundamento de derecho de las pretensiones4, la parte actora advierte que las autoridades accionadas incurrieron en los siguientes defectos:

6.- Defecto fáctico: por cuanto realizaron una indebida valoración del material probatorio allegado al proceso. Adujo que, pese a haberse demostrado que la mora judicial encontraba plen a justificación en la cantidad de procesos asignados, la congestión judicial, la complejidad de los mi smos, la obligatoriedad del respeto de los turnos asignados y la observancia de la normatividad que dota de prevalencia ciertas actuaciones (acciones de tutela, habeas corpus e incidentes de desacato ); las accionadas resolvieron apartarse del acopio probatorio para, en su lugar, acoger una visión objetiva del compromiso disciplinario, siguiendo el tenor literal de las normas referentes a los plazos para emitir sentencia, desatendiendo la realidad que se mostró.

7.- Agregó que en ninguna de las instancias se hizo un análisis comparativo con otros despachos judiciales, así como tampoco tuvieron en cuenta que ese despacho era el encargado exclusivamente de evacuar los procesos de Ley 600 del 2000 que quedaban en el departamento del Tolima.

8.- Sostuvo que se demostró haber tramitado en el mismo interregno temporal investigado 554 tutelas de primera instancia, 143 tutelas de segunda instancia y 282 incidentes de desacato, además de la realización de 387 sesiones de audiencia y

4 Expediente digital, folios 8 a 25 del escrito de demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01040-00

Accionante: Roger Adriano Rubio Molina Accionado:Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro

4 Expediente digital, folios 8 a 25 del escrito de demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01040-00

Accionante: Roger Adriano Rubio Molina Accionado:Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3

4550 actuaciones ad icionales entre autos interlocutorios, de sustanciación y consultas.

9.- Además, adujo que las accionadas no tuvieron en cuenta que las actuaciones realizadas en el marco de la Ley 1820 de 2016, exigían la toma de decisiones de amnistía de iure, indultos y libertades condicionadas y otros beneficios otorgados en el marco del proceso de paz y reintegración del grupo desmovilizado FARC, las cuales contaban con un término improrrogable de 10 días.

10.- Por otra parte, manifestó que los falladores de primera y segunda instancia, en ejercicio del principio de investigación integral, que rige el proceso disciplinario, no recaudaron elementos de juicio favorables a ese servidor, tendientes a demostrar circunstancias que justifi caran el proceder reprochado . Además, agregó que no se tuvo en cuenta su calificación, la cual siempre ha sido excelente, por lo que considera que resulta contradictorio que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima lo sancione por faltar a sus deberes.

11.- Bajo este derrotero, concluyó que es claro que la valoración de las pruebas por parte de las accionadas no fue acertada y no respetó el principio in dubio pro disciplinable, ya que al haber homoge neizado todas las actuaciones que fueron resueltas por ese servidor, olvidaron la principal función del mismo, que es ser Juez

parte de las accionadas no fue acertada y no respetó el principio in dubio pro disciplinable, ya que al haber homoge neizado todas las actuaciones que fueron resueltas por ese servidor, olvidaron la principal función del mismo, que es ser Juez Constitucional. Además, sostuvo que de haberse realizado un análisis en conjunto de todo el material probatorio obrante en el proceso, a su juicio, se hubiera llegado a la inevitable conclusión que “la mora existió, pero era justificada o por lo menos, no era imputable a este servidor público”.

12.- Defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente judicial: arguyó que las autoridades accionadas desconocieron sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, relacionadas con el tema de l cumplimiento de términos judiciales, específicamente, citó los fallos T -747 de 2009, T-1154 de 2004, T -230 de 20 13, y el proveído de 19 de marzo de 2015, radicado 25000-23-42-000-2015-00340-01.

13.- Así sostuvo que es evidente que existe un claro precedente jurisprudencial en virtud del cual, contrario a lo señalado por las autoridades judiciales accionadas, con ocasión a la congestión judicial y a problemas estructurales de la administración de justicia, se hace imposible cumplir con los términos judiciales, generando una justificación en la mora, que resulta no ser atribuible al servidor judicial. Agregó que, en su caso, se estaba frente a una congestión laboral heredada que venía de los demás despachos judiciales del Distrito Judicial del Tolima, y que no tuvo origen por el descuido de sus funciones, sino en una situación a todas luces insuperable.

en su caso, se estaba frente a una congestión laboral heredada que venía de los demás despachos judiciales del Distrito Judicial del Tolima, y que no tuvo origen por el descuido de sus funciones, sino en una situación a todas luces insuperable.

14.- Por últim o, como reproche adicional frente a las decisiones de primera y segunda instancia, adujo que en ninguna se hace una argumentación adecuada y concordante con los hechos y lineamientos jurídicos; pues en la decisión emitida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, toda la sustentación giró enRadicación: 11001-03-15-000-2023-01040-00

Accionante: Roger Adriano Rubio Molina Accionado:Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

4

torno al tiempo transcurrido y a la obligación del funcionario de proferir la decisión dentro del término legal y , en la de segunda instancia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ni siquiera desarrolló lo dicho por la primera, sino que enfatizó en la prevalencia que deb ía dársele al proceso por la clase del delito y de la víctima, como si se tratara de una segunda instancia pero en la jurisdicción penal, cuando le correspondía, como jurisdicció n disciplinaria, pronunciarse sobre estos aspectos y decantar uno a uno los yerros señalados en la apelación . En virtud de lo anterior, aduce que la providencia judicial presenta graves e injustificados problemas en lo que se refiere “a la decisión misma y que se contrae a la insuficiente sustentación o justificación del fallo”.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

aduce que la providencia judicial presenta graves e injustificados problemas en lo que se refiere “a la decisión misma y que se contrae a la insuficiente sustentación o justificación del fallo”.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

15.- Por auto del 2 de marzo de 20235, el despacho sustanciador dispuso admitir la acción de tutela y notificar a las autoridades judiciales demandadas. Igualmente se negó la solicitud probatoria presentada y se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Comisión Nacional de Disciplina Judicial6

16.- Indicó que, del escrito de tutela, se advierte que la intención del accionante es que el Juez Constitucional sea una tercera instancia frente a asuntos que ya fueron decididos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como órgano de cierre de la jurisdicción disciplinaria.

17.- Agregó que, como puede verificarse, el accionante centró la acción de tutela en debatir asuntos que él mismo ya había presentado en el recurso de apelación, por lo que se evidencia que pretende reabrir una etapa procesal ya concluida.

18.- Por otra parte, manifestó que el asunto no tiene carga argumentativa para demostrar y menos acreditar en qué aspecto puntualmente ese órgano de cierre contrarió abiertamente los mandatos constitucionales; máxime cuando en el estudio del caso disciplinario se asumió con rigor cada aspecto planteado.

19.- Por último, arguyó que e l accionante indicó que en el trámite disciplinario se violó su derecho al debido proceso, sin embargo, a su juicio, no se observa que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial haya violado los derechos fundamentales

19.- Por último, arguyó que e l accionante indicó que en el trámite disciplinario se violó su derecho al debido proceso, sin embargo, a su juicio, no se observa que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial haya violado los derechos fundamentales del tutelante, por cuanto, se le permitió acceder a la jurisdicción, ejerció su derecho de contradicción, siempre tuvo presente el hecho por el cual se le estaba reprochando en la queja, solicitó pruebas, hi zo uso del recurso de apelación, y en virtud del mismo, manifestó sus desacuerdos contra el fallo, el cual, conforme al principio de limitación, fue resuelto por esa Corporación. En razón a lo anterior solicitó negar las pretensiones de la demanda.

5 Notificada el 9 de marzo de 2023. 6 Contestación enviada a través de correo electrónico el 10 de marzo de 2023, consta de 14 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01040-00

Accionante: Roger Adriano Rubio Molina Accionado:Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

5

(ii) Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tolima7

20.- Manifestó que el fundamento fáctico de las supuestas violaciones al debido proceso y las vías de hecho propuestas por el actor, fueron cuestiones que se abordaron y analizaron en la sentencia sancionatoria de primer grado, de tal suerte que, a su criterio, lo que se pretende es que la acción constitucional se constituya en una tercera instancia, a través de la cual se pretende reabrir un debate probatorio, que fue debidamente resuelto por las correspondientes instancias judiciales, con el

que, a su criterio, lo que se pretende es que la acción constitucional se constituya en una tercera instancia, a través de la cual se pretende reabrir un debate probatorio, que fue debidamente resuelto por las correspondientes instancias judiciales, con el fin de no hacer un a repetición “inútil” de lo dicho en la sentencia. En razón a lo anterior, solicitó negar el amparo.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

21.- El Consejo de Estado ha enunciado de manera consistente y reiterada , los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales8. Así, tales requisitos se refieren, a: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional , (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

22.- Interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de

vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

22.- Interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional9.

23.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

7 Contestación enviada a través de correo electrónico el 10 de marzo de 2023, consta de 2 folios. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). 9 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01040-00

Accionante: Roger Adriano Rubio Molina Accionado:Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

6

24.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si una

Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

6

24.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relev ancia constitucional, es necesario examinar dos elementos10:

a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que r evelan un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado por mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.

b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir toda d iscrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la

fundamentales y no para discutir toda d iscrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, cri terio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

D. Análisis del caso concreto

25.- Revisados los planteamientos de la demanda de tutela y el escrito de apelación que se presentó contra el fallo de 7 de abril de 2021 , proferido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, se advierte que el accionante acude a la acción de tutela con el propósito de reabrir y continuar el debate del proceso ordinario en el que fue dictado el fallo enjuiciado y, a partir del mismo, obtener que no se le imponga la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 2 meses, cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una tercera instancia.

26.- En el asunto objeto de estudio, resulta evidente que la parte demandante busca un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez natural de la causa, pues los

10 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2023-01040-00

Accionante: Roger Adriano Rubio Molina

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2023-01040-00

Accionante: Roger Adriano Rubio Molina Accionado:Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

7

argumentos planteados por el accionante respecto del defecto fáctico, fueron, a su vez, formulados en el escrito de descargos que presentó dentro del proceso disciplinario, así como en el recurso de apelación presentado contra el fallo de 7 de abril de 2021; pues, en los todos plantea que la mora judicial estaba justificada en: (i) la carga laboral, (ii) la congestión judicial, (iii) la complejidad de los asuntos, (iv) la obligatoriedad del respeto de los turnos asignados, (v) la prevalencia de ciertas acciones, como las tutela, los habeas corpus e incidentes de desacato, (vi) las actuaciones realizadas en el marco de la Ley 1820 de 2016, (vii) que ese despacho era el encargado exclusivamente de evacuar los procesos de Ley 600 del 2000 que quedaban en el departamento del Tolima y, (viii) la cuantificación de todas las providencias que profirió.

27.- Dichos reproches fueron resueltos por la autoridad accionada, en el fallo de 16 de noviembre de 2022, de la siguiente manera:

<<Así, respecto de la naturaleza, complejidad del asunto y comportamiento procesal de las partes, se advierte de la revisión del expediente correspondiente al proceso por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años dentro del Rad. 2013 -

<<Así, respecto de la naturaleza, complejidad del asunto y comportamiento procesal de las partes, se advierte de la revisión del expediente correspondiente al proceso por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años dentro del Rad. 201300010, cuya apertura preliminar se dio el 6 de marzo de 2009, el 2 de enero de 2013, se profirió resolución de acusación, el 28 de enero de 2013 r ecibió el expediente el Juzgado 6º Penal del Circuito, el 1º de septiembre de 2013 el proceso es reasignado al Juzgado 7º Penal del Circuito, quien avocó conocimiento el 13 de septiembre de 2013, el 22 de abril de 2014 se celebró audiencia de juzgamiento que tuvo continuidad el 15 de julio de 2014, y 16 de junio de 2015. Acto seguido, el 13 de octubre de 2015 se evacuaron las pruebas y se alegó de conclusión, el 17 de julio de 2017, se puso a disposición el capturado JOZ, y el juez ordenó su libertad por no ser requerido, dejándose constancia de pasar al despacho para proferir decisión; sentencia que se profirió el 8 de septiembre de 2017, el 4 de octubre de 2017, se concede el recurso de apelación de la sentencia condenatoria, y el 2 de noviembre de 2017 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué – Sala Penal emitió sentencia confirmatoria en segunda instancia.

Si bien es cierto el proceso penal referido, se surtió bajo los parámetros de la ley 600 de 2000, un sistema mayoritariamente escritural, y tratándose de un caso por delitos

segunda instancia.

Si bien es cierto el proceso penal referido, se surtió bajo los parámetros de la ley 600 de 2000, un sistema mayoritariamente escritural, y tratándose de un caso por delitos sexuales abusivos en menor de 14 años, que comprendían una situación fáctica o de contexto al interior del núcleo familiar de una menor que veía siendo victimizada por quien fuera la pareja de su madre e incluso de un her mano; se debe precisar que desde la apertura preliminar hasta que se avocó conocimiento por el encartado Juez 7º penal, habían transcurrido aproximadamente 4 años, 6 meses, y 7 días, interregno en el cual, se surtió aporte de pruebas técnicas, informes, tr aslados, se dieron requerimientos de distinto índole, se evacuó la audiencia preparatoria, entre otras actuaciones.

En continuidad con el proceso, el disciplinable en fase de audiencia de juzgamiento, realizó las mismas el 22 de abril de 2014, con continuidad el 15 de julio de 2014, y 16 de junio de 2015. Acto seguido, el 13 de octubre de 2015 se evacuaron pruebas y se alegó de conclusión y solo hasta el 8 de septiembre de 2017, profirió la sentencia, esto es, bajo una tardanza de 1 año, 10 meses y 23 días, ello desatendiendo que el asunto, ante la tardanza con la que ya avanzaba merecía un tratamiento especial, ello en tratándose del interés superior del menor y de la necesaria y pronta administración de justicia que exige estos eventos.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01040-00

Accionante: Roger Adriano Rubio Molina

tratándose del interés superior del menor y de la necesaria y pronta administración de justicia que exige estos eventos.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01040-00

Accionante: Roger Adriano Rubio Molina Accionado:Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

8

Asimismo, no se o bserva que la conducta procesal de las partes, estuviera encaminada a dilatar el proceso o de manera injustificada se pretendiera darle extensión a la misma por quienes estaban inmersos en la actuación procesal, incluyendo la víctima. En ese sentido, para el periodo que se reprochó esto es entre la audiencia en la que el proceso ingresó al despacho para proferir la decisión de instancia y esa providencia 1 año, 10 meses y 23 días, resulta excesivo y sin justificación, pues lo cierto es que la “mora” es solo atribuible al disciplinado.

De ahí que, es relevante el comportamiento de operador judicial para comprender si fue justificado de esos que el proceso durara a despacho para proferir sentencia 1 año, 10 meses y 25 días (1.71 años), es decir, el 47.7 % del tiempo que duró en conocimiento el proceso en esa instancia judicial, correspondió a un estado de inacción o más concretamente pendiente de que se profiriera sentencia, desconociendo se insiste la sensibilidad del asunto que se encontraba bajo su cargo y que exigía por la excesiva tardanza de la judicatura una pronta decisión.

Se tienen entonces, si bien los argumentos exculpatorios del disciplinable se limitan a decir que era el único despacho con carga procesal del ley 600 de 2000 y ley 906 de

excesiva tardanza de la judicatura una pronta decisión.

Se tienen entonces, si bien los argumentos exculpatorios del disciplinable se limitan a decir que era el único despacho con carga procesal del ley 600 de 2000 y ley 906 de 2004, sum ado a las acciones constitucionales de distintos ordenes; en el periodo correspondiente del 13 de octubre de 2015 al 8 de septiembre de 2017, se encontró 517 decisiones proferidas, que los días efectivos laborados fueron 499, y la relación entre proyectos y días laborados, se tuvo que, el investigado profirió 1,03 decisiones por día. Sin embargo, de esas decisiones, correspondientes al periodo de mora solo se registraron en los análisis estadísticos cuatro (4) autos y cincuenta y dos (52) proferidas en los procesos penales puestos a su conocimiento.

Así las cosas, de 685 días totales de la mora que duró para proferirse fallo de responsabilidad penal, relacionado a los 499 días efectivamente laborados, se tiene de una operación porcentual básica que, el 72.8 % de ese tiempo de inactividad y con posibilidad de actuación del Juez 7º Penal del Circuito, el proceso no fue dispuesto ni considerado en la gestión judicial para ser tramitado en tiempos razonables; incluso, si del estricto acatamiento de la ley que excusó el disciplinable dispuesto en el artículo 18 de la ley 446 de 1998, el mismo encartado omitió en su tesis defensiva que las consideraciones legales relacionadas al cumplimiento de su deber funcional se los determinaba también el artículo 410 de la ley 600 de 2000, que en un aparte de la norma dispone (…).

Así, se concluye que el retardo reprochado para emitir sentencia de primera instancia

determinaba también el artículo 410 de la ley 600 de 2000, que en un aparte de la norma dispone (…).

Así, se concluye que el retardo reprochado para emitir sentencia de primera instancia del proceso por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años dentro del Rad. 2013-00010, que tardó aproximadamente 685 días totales menos el término legal de 15 días, se tiene que, 670 días duró el proceso pendiente de ser resuelto lo que es equivalente al 97.8% de mora, que aun, considerando descontar de esos días los hábiles, la relación porcentual seg uiría excediendo del 90% del tiempo total de inactividad frente al fondo de la decisión, sin que para el caso fuera determinante que de la solicitud del 17 de julio de 2017, cuando se puso a disposición el capturado atendiera lo normado en el artículo 410 de la ley 600 de 2000.

Así las cosas, el porcentaje de diferencia entre el término legalmente establecido y los 685 días aproximados de mora equivalen a 191.42%, lo que no resulta razonado en términos de una justicia que cada día reclama en el acceso de administración una respuesta pronta; parámetro de garantía del debido proceso como se ha señalado anteriormente, y considerando especialmente como bien lo señaló el a quo, se trataba de encontrar una respuesta de justicia, verdad, no repetición, y reparación a la víctima menor de edad, aspecto del que fue consciente el disciplinado cuando en su misma decisión se refiere en los siguientes términos…Radicación: 11001-03-15-000-2023-01040-00 Accionante