CE - 010315000202301094001SENTENCIA20230410153634

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01094-00

Demandante: GLORIA PATRICIA MONTOYA ARBELÁEZ

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de inmediatez / REGLA DE INM EDIATEZ – La demanda se presentó pasados 6 meses desde que se conoció la decisión a la que se atribuye la vu lneración de los derechos fundamentales, razón por la cual se excedió el plazo razonable adoptado por esta Corporación.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Gloria Patricia Montoya Arbeláez contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 1º de marzo de la presente anualidad1, la señora Gloria P atricia Montoya Arbeláez interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (en adelante CNDJ), por considerar vulnerad o su derecho fundamental al debido proce so (garantía de defensa) y el pr incipio de equidad de género, con ocasión de la decisión proferida el 24 de agosto de 2 022, en el proceso

debido proce so (garantía de defensa) y el pr incipio de equidad de género, con ocasión de la decisión proferida el 24 de agosto de 2 022, en el proceso disciplinario con radicado 11001-01-02-000-2015-02405-00. Formuló las siguientes pretensiones:

Se protejan nuestros derechos consti tucionales fundamentales a un debido proceso, contradicc ión, ig ualdad, equidad de género y dignidad humana , dejando sin efecto la sentencia de agosto 24 de 2022, proferida dentro del

1 La S ala advierte que, el 23 de marzo de 2023 , el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01094-00

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de primera instancia

2

proceso disciplinario radicado 110010102000201502405 -00 y ordenando a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, que profiera u na nueva providencia donde se valoren las pruebas respetando los precedentes constitucionales fijados por la CORTE CONSTITUCIONAL y el CONSEJO DE ESTADO, referenciados en párrafos anteriores y se decl are que la mora ha sido justificada o subsidiariamente s e decla re que se ha configurado la prescripción de la acción disciplinaria desde el 28 de agosto de 2022, ordenando la terminación del proceso y el archivo de las diligencias.

Como consecuenci a de cualquiera de estas decisiones, se ordenará a la

prescripción de la acción disciplinaria desde el 28 de agosto de 2022, ordenando la terminación del proceso y el archivo de las diligencias.

Como consecuenci a de cualquiera de estas decisiones, se ordenará a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, que proceda al restablecimiento de nuestros derechos ordenando cancelar el registro de los antecedentes disciplinarios comunicados a la PROCURADURÍA GENERAL

DE LA NACIÓN, LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE

DISCIPLINA JUDICIAL Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

De igua l forma y dado que la sanción impuesta el 24 de agosto de 2022, desaparece del mundo jurídico, se ordenará a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA J UDICIAL, que oficie la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL ANTIQUIA (sic), comunicando la desaparición de la sanción, para que proceda al pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el uno de febrero hasta el 30 de abril de 2023, en caso de no ser reintegrados al cargo con anterioridad.

1.2. Hechos

De la solicitud de am paro y de las pruebas aporta das se extr aen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

En virtud de la remisión de copias que h iciera la entonces Sala Administrativa del Consejo Seccional d e la Ju dicatura de Antioq uia, en el marco de una vigilancia judicial presentada en contra de la magistrada Gloria Patricia Montoya Arbeláez, la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de l a Judicatura le

judicial presentada en contra de la magistrada Gloria Patricia Montoya Arbeláez, la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de l a Judicatura le inició una investigación disciplinaria, en su calidad de magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín.

Concluida la indagación preliminar, se dio ape rtura a la investigación disciplinaria y, posteriormente, en providencia del 19 de enero de 2022, la Comisión Nacional de Discip lina Judicial 2 formuló cargos a la magistrada Montoya Arbeláez, por haber retardado, injustificadamente, la definición en segunda instancia de un proceso ordinario3 que ingresó a su Despacho para fallo el 5 de marzo de 2010. Dicha decisión fue remitida al correo electrónico de la disciplinada.

2 Este organismo asumió las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo 02 de 2015 —reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional—. 3 Radicado 05001-31-03-015-2003-00220-02.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01094-00

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de primera instancia

3

La funcionaria judicial investigada solicitó la nulidad de la anterior decisión, presentó descargos y solicitó la práctica de pruebas, todo lo c ual fue negado en providencia del 25 de may o de 2022. Inconforme con esa determinación presentó recurso de reposición, que fue despachado desfavorablemente en decisiones del

presentó descargos y solicitó la práctica de pruebas, todo lo c ual fue negado en providencia del 25 de may o de 2022. Inconforme con esa determinación presentó recurso de reposición, que fue despachado desfavorablemente en decisiones del 29 de junio y del 19 de julio de 2022.

En fallo del 24 de agosto de 2022, la Comisi ón Nacional de Disciplin a Judicial declaró disciplinariamente responsable 4 a la señora Gloria Patricia Montoya Arbeláez, en su calidad de magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, y la sancionó con suspensión por tres meses en el ejercicio del cargo.

El 25 de agosto de 2022 , vía correo electrónico, se le remitió a la referida servidora comunicación por medio de la cual se notifica y anexa la providen cia sancionatoria.

El 30 de agosto siguiente, la accionante presentó solicitud de nulidad contra esa decisión. La petición fue rechaza da por impro cedente, en providencia del 19 de septiembre de 2022.

1.3. Argumentos de la tutela

La part e actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en las siguientes causales específicas de procedencia de la acción de tutela:

1.3.1. Desconocimiento del precedente contenido en las siguientes decisiones:

• Sentencia T-186 de 2017 , en la que la Corte Constitucional confirmó una sentencia que negó la existencia de m ora judicial injustificada y ordenó al Consejo Su perior de la Judicatura evaluar el estado del retraso de l despacho a su cargo y proponer las medidas que considerara necesarias para conjurar la situación.

sentencia que negó la existencia de m ora judicial injustificada y ordenó al Consejo Su perior de la Judicatura evaluar el estado del retraso de l despacho a su cargo y proponer las medidas que considerara necesarias para conjurar la situación.

Cuestionó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hubiese descart ado

4 «[P]or haber incurrido en la prohibición descrita en el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con el artículo 124 del Código de Proc edimiento Civil, adicionado por el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010, e incisos 1 y 2 del artículo 200 de la Ley 1450 de 2011, al tenor de lo dispuesto en el artículo 196 del CDU, falta que se estructura bajo la modalidad CU LPOSA y se considera definitivamente como GRAVE a título de CULPA GRAVE»Radicación: 11001-03-15-000-2023-01094-00

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de primera instancia

4

dicha sentencia con argumentos que consideró insuficientes.

• Sentencia dictada el 25 de no viembre de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado , radica do 11001 -03-15-000-2021-02434-01, en la que se decidió favorablemente otra acción de tutela interpuesta por la demandante contra l a sanci ón de suspensión de un año impuesta por la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El fundamento del amparo fue la i ndebida valoración probatoria y el desconocimiento del precedente constitucional contenido e n la sentencia T-186 de 2017.

extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El fundamento del amparo fue la i ndebida valoración probatoria y el desconocimiento del precedente constitucional contenido e n la sentencia T-186 de 2017.

• Sentencia del 4 de agosto de 2022 dictada por la Secci ón Quinta del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2022-02682-01, correspondiente a otra acción de tutela contra la CN DJ en el proceso disciplinario radicado 2015-02212-00. En dicha decisión, el juez de tutela amparó los derechos fundamentales de la demandante por considerar que el pliego de cargos no se notificó en debida forma.

Adujo que las circunstancias analizadas en estos fallos eran aplica bles a la decisión que aquí se cuestiona, porque, de un lado, tampoco se notificó en debida forma el pliego de cargos , lo cual debió realizarse en forma personal y no por correo electrónico, y, de otra parte , porque se incurrió en las mismas irregularidades en la valoración de las pruebas para justificar la mora judicial.

1.3.2. «Violación al derecho de defensa y al debido p roceso», dado que se le impuso sanción, a pesar de en contrarse vigente la causal de nulidad que fue alegada oportunamente —indebida notificación del pliego de cargos—, y porque se cuestionó la decisión que negó las pruebas solicitadas, que estaban dirigidas a demostrar la falta de tipicidad de la conducta porque la mora judicial era justificada.

1.3.3. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria, puesto que la CNDJ

demostrar la falta de tipicidad de la conducta porque la mora judicial era justificada.

1.3.3. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria, puesto que la CNDJ incurrió en l as mismas irregularidades advertidas en el fallo de tutela del 4 de mayo de 2022 proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado , en tanto que se demostraron circunstancias que justificaban la mora judicial , mismas que fueron desconocidas en la decisión que se reprocha.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01094-00

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de primera instancia

5

1.3.4. Desconocimiento del p recedente horizontal, puesto que la accionada y su antecesora han estudiado en diferentes ocasiones5 la situación del despacho a su cargo y concluyeron que no se tip ifica la falta disciplinaria porque la mora judicial obedece a razones de fuerza mayor.

Destacó que entre esos procesos se encuentra el radicado 1101-01-02-000-201603516-00, en el que , en un caso similar en el que transcurrieron más de 6 años entre la fecha de ingreso al despacho y la que se dictó la decisión, la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de l a Judicatura ordenó la terminación de la investigación disciplinaria, por considerar que la mora era justificada por las mismas razones que fueron discutidas en el proceso de tutela. Decisión en la que también participó la ponente de la sanción que aquí se cuestiona, sin que en ningún caso hubiera aclarado las razones de la diferencia de criterios.

Decisión en la que también participó la ponente de la sanción que aquí se cuestiona, sin que en ningún caso hubiera aclarado las razones de la diferencia de criterios.

1.3.5. Violación directa de la Constitución, por falta de aplicación del artículo 13 de la Constitución, en lo que respecta al enfoque de género tal como lo desarrolló la Corte Constitucional en l a sentencia T-338 de 2018. Esto, con fundamento en que se desconoció su condición de madre soltera, cabeza de familia, responsable de adultos mayores —uno con discapacidad— y de otro menor de edad, lo que la dejaba en desventaja frente a los demás integrantes de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 3 de marzo de 2023, (i) se admitió la presente acción de tutela, (ii) se orde nó notificar a los magi strados que int egran la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , en calidad de parte demandada; (iii) y la vinculación como terceros con interés del secretario judicial de la Com isión Nacional de Disciplina Judicial, del jefe de la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría Genera l de la Nación, del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del presidente del Consejo S uperior de la Judicatura ; (iv) también a la Agencia Naci onal de Defensa Jurídica del Estado y (v) se negó la medida provisional solicitada de suspensión de la ejecución de la sanción disciplinaria.

5 La accionante relaciona 22 radicados de procesos disciplinarios en su contra.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01094-00

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez

5 La accionante relaciona 22 radicados de procesos disciplinarios en su contra.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01094-00

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de primera instancia

6

2.1. El secretario de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial rindió informe en el que s eñaló que, mediante telegrama del 25 de enero de 2 023, remitió la comunicación de la sanci ón a la Corte S uprema de Justicia, como ejecu tor de dicha decisión.

2.2. La Procuraduría General de la Nación solicitó que declarara improcedente la acción de tutel a respecto de dicha entidad, t oda vez que la División de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (DRSCI) no ha vulnerado los derechos de la accionante, en tanto que solo le corresponde el registro de antece dentes que, en e ste caso, es veraz , e xacto y comprobable porque corresponde al reporte realizado por la autoridad judicial competente.

2.3. La Comisión Nacional de Disciplina Judicia l, por intermedio de la magistrada ponente, pidió que s e declarara improcedente la tutela por incumplimiento de los requisitos de inmediatez y de relevancia constitucional o, en su defecto, que se negaran las pretensiones por ausencia de los yerros expuestos en la solicitud de amparo y por falta de vulneración de los derechos fundamentales reclamados.

En cuanto a la inmediatez, señaló que la demanda de tutela se interpuso después de haber transcurrido seis meses desde la notifi cación de la decisión atacada,

amparo y por falta de vulneración de los derechos fundamentales reclamados.

En cuanto a la inmediatez, señaló que la demanda de tutela se interpuso después de haber transcurrido seis meses desde la notifi cación de la decisión atacada, esta es, la dictada el 24 de agost o de 202 2, sin que se hubiesen expuesto razones para justificar la tardanza en su ejercicio, a pesar de que la decisión fue notificada el 30 de agosto de 2022.

Negó que e l plazo razonable pudiese contabilizarse desde la fecha en que se decidió la solicitud de nulidad contra la sanción o a partir del momento en que se hizo efectiva la suspensión, por no ser es tas decisiones a las que se atribuy e la vulneración invocada.

De otra parte, sostuvo que tampoco se satisface el presupuesto de relevanc ia constitucional, en la medida en que las razones de la accionante son un simple desacuerdo con el análisis de la responsabilidad disciplinaria con el que se pretende revivir alegaciones propias del proceso discip linario, provocar una «tercera instancia» e «imponer su visión particular del asunto y la forma en la que considera, el juez disciplinario debió tener en cuenta» sus argumentos.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01094-00

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de primera instancia

7

Por último, expuso que, de aceptarse que la solicitud de am paro cumple los requisitos generales de procedibilidad, no se logr aron acreditar los defectos ni la vulneración de derechos alegados, puesto que las sent encias citadas c omo

7

Por último, expuso que, de aceptarse que la solicitud de am paro cumple los requisitos generales de procedibilidad, no se logr aron acreditar los defectos ni la vulneración de derechos alegados, puesto que las sent encias citadas c omo precedentes vinculantes no son fallos de unificación, tienen efectos inter partes y fueron considerado s en el fallo disciplinari o, decisión en la que se expuso de manera razonable por qué la Corporación se apartaba de ellos o por qué no eran aplicables en el asunto b ajo estudio , según el cas o, am én de que todos los reparos fueron objeto de debate y de pronunciamiento en el proceso disciplinario.

2.4. El presidente de la Cort e Suprema de Justi cia informó que, en cumplimiento de la decisión proferida por la CNDJ, se expidió el Acuerdo 1907 del 26 de enero de 2023 , que dispuso la ejecución de la sanción a par tir del 1 º de febrero siguiente. Q ue, en todo caso, los argumentos de la demanda de tutela recaen sobre las actuaciones propias de la autoridad disciplinaria, es decir, de la CNDJ.

2.5. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, señaló q ue no era p osible atribuirle responsabilidad a esa entidad porque los hechos discutidos en la acción de tutela no están dentro de sus funciones, ya que la labor de examinar y sanciona r las conductas o las faltas en las que puedan incurri r un magist rado corresponde exclusivamente a la CNDJ.

De otra parte, explicó que al revisar el reporte de los procesos de los magistrados

conductas o las faltas en las que puedan incurri r un magist rado corresponde exclusivamente a la CNDJ.

De otra parte, explicó que al revisar el reporte de los procesos de los magistrados de la Sala Civi l del Tribunal Superior de Medellín se podía concluir que el despacho a cargo de la accionant e tiene un inventar io inicial que es superior en 446% al de los homólogos a nivel nacional , a pesar de que e l promedio de sus ingresos es un 38% inferior al de esa misma referencia; que también reporta un número de egresos mensuales un 55% in ferior al de ese gru po, por lo que el inventario final es un 490% superior frente a sus homólogos a nivel nacional.

Por último, indicó que la tutela no cumplía el requisito de inmediatez, por haberse presentado pasados 6 meses desde la fech a en que se dict ó la decisión cuestionada.

2.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica guardó silencio.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01094-00

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de primera instancia

8

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

A partir de 2012 6 , la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación acogió la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con las r eglas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela

providencias judiciales, de conformidad con las r eglas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que se indiquen los hechos y las razones en que se fu ndamenta la acción; (ii) que se hubieran utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extra ordinarios a su alcance para la protección de los derechos fundamentales invocados (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un térmi no prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defect os o vicios de fondo: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

Finalmente, conviene señalar que la Corte Constitucional ha enfatizado en que la acción de tutela contra providencias dictadas por los denomina dos ó rganos de cierre, « sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o

cierre, « sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional»7.

6 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009 -01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González. 7 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01094-00

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de primera instancia

9

2. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tut ela contra providencia judicial, especialmente el de inmediatez, que fue debatido por la au toridad judicial accionad a y por el Consejo Superior de la Judicatura. Solo en el evento de qu e se cumplan, se ab ordará el estudio de fondo, con el fin d e es tablecer si s e configuraron los d efectos atribuidos a l a providencia del 24 de agosto de 2022 , proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso disciplinario adelantado con radicado 11001-0102-000-2015-02405-00, que culmin ó con la im posición de una sanci ón a la magistrada Gloria Patricia Montoya Arbeláez.

3. Análisis del caso

02-000-2015-02405-00, que culmin ó con la im posición de una sanci ón a la magistrada Gloria Patricia Montoya Arbeláez.

3. Análisis del caso

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la inmediatez

El requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros « que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable» 8 ; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella 9; y previene el abuso del derec ho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»10.

En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente»11.

8 Corte Constitucional. Sentencias T -016 de 2006, T -158 de 2006, T-654 de 2006, T -890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.

9 Corte Constitucional. Sen tencias T-526 de 2005, T -016 de 2006, T -158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T -905 de 2006, T -1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T -299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras. 10 Corte Constitucional. S entencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T -526 de 2005, T-016 de 2006, T -692 de 2006, T -1009 de 2006, T -299 de 2009, T-691 de 2009, T -883 de 2009, entre otras. 11 Consejo de Estado. S ala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radic ado 1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01094-00

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de primera instancia

10

Para esta Subsección 12 , s e debe contabilizar el plaz o de 6 meses desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o vario s de los defectos q ue hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

De igual forma, esta Sala ha expresado que, exc epcionalmente, procede contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión , en los

procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

De igual forma, esta Sala ha expresado que, exc epcionalmente, procede contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión , en los casos que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fal lo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sen tencia o, incluso, una solicitud de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente improcedentes, pues los pronunciamie ntos que se dicten con ocasi ón de esas solicitudes podría n tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tant o, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.

Al examinar la solicitud de amparo, no hay duda de que en realidad lo que la parte actora reprocha es la decisión judicial dictada el 24 de agosto de 2022, por medio de la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le impuso una sanci ón disciplinaria de suspe nsión de tres meses en el ejercicio del cargo como magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín , como consecuencia de una mora judicial injustificada, según se constata en el proceso disciplinario con radicado 11001-01-02-000-2015-02405-00.

De suerte que lo s reparos y reproches que l a parte actora realiza sobre otras decisiones judiciales de igual naturaleza o l os presuntos incumplimientos a fallos de tutela no serán objeto de análisis por es ta Sala, más allá de que, en caso de cumplir los requisitos adjetivos, convenga un estudio de fondo del desconocimiento del precedente.

Precisado lo anterior, y como en este caso no existe ninguna razón que justif ique

cumplir los requisitos adjetivos, convenga un estudio de fondo del desconocimiento del precedente.

Precisado lo anterior, y como en este caso no existe ninguna razón que justif ique que el plazo de los seis meses se contabilice desde una fecha dis tinta a la de notificación de la sentencia, esta Subsección concluye que la solicitud de amparo no cumple con el requis ito de inmediatez, por cuanto la providencia cuestionada, esta es, la que declaró su responsabilidad disciplinaria, se dictó el 24 de agosto

12 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abr il de 2019, M.P. Mart a Nubia Velásquez Rico, expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01094-00

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de primera instancia

11

de 2022 y le fue notificada mediante comunicación remitida por correo electrónico13 el 25 de agosto siguiente, sin embargo, la demandante interpuso la tutela el 1º de marzo de 2023, esto es, 6 meses y 2 días después, término que no resulta razonable.

La accionante tuvo conocimiento de la decisión a la que le enrostra e l agravio desde el 25 de agosto de 2022, de suerte que a partir del 26 de agosto estaba en posibilidad de cuestionar su contenido ante el juez constitucional, por lo que dicha fecha es el parámetro para analizar la razonabilidad del plazo.

Para contabilizar el término de inmediatez, la Sala no puede tener en cuenta la

posibilidad de cuestionar su contenido ante el juez constitucional, por lo que dicha fecha es el parámetro para analizar la razonabilidad del plazo.

Para contabilizar el término de inmediatez, la Sala no puede tener en cuenta la fecha de la providencia que resolvió la solicitud de nulidad presentada contra la sanción, dado que esta fue rechazada por improcedente . Tampoco puede considerar para aquellos efectos la fecha en que se h izo efectiva la ejecución de la sanción.

Tan pronto fue conocida la providencia por la accionante, esto es, el 30 de agosto de 2022, fecha en la que solicitó la nulidad del fallo ante la CNDJ con argumentos que dire ctamente hicieron referencia a l contenido de l a providencia. De manera que, en el mayor de los casos desde esa fecha –30 de ag osto de 2022 – se contaría el término de inmediatez que tamp oco se cumplió. Veamos am bas hipótesis.

Si tomamos como referencia la notificación remitida el 25 de agosto de 2022, el plazo inició el día siguiente ( 26 de ago sto), por ende, los 6 meses se cumplieron el 26 de febrero de 2023, sin embargo; como e sa fecha corresponde a un día inhábil (domingo), el plazo se extendió hasta el 27 de febrero de 2023, pero, como se dijo, la demanda fue radicada el 1º de marzo de este año.

A la misma conclusión se arriba si, en lugar de considerar el 2 5 de agosto como fecha de n