CE - 010315000202301120011SENTENCIA20231013113824

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01120-01

Demandante: Ever Andrés Arango Correa y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01120-01

Demandante: Ever Andrés Arango Correa, Alina Patricia Correa Correa y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial emitida en un proceso de acción de grupo que declaró probada la excepción de cosa juzgada internacional. Ausencia de defecto sustantivo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada en contra de la sentencia del 24 de abril de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, los señores Ever Andrés y Mónica Liney Arango Correa , Alina Patricia,

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, los señores Ever Andrés y Mónica Liney Arango Correa , Alina Patricia, Jenny Yohana y Juan Daniel Correa Correa, Adán Enrique (Fallecido), Alba Cecilia, Dora Luz, Gloría Lucia, Jorge Enrique, Luis Gonzalo, Nubia de los Dolores, Olga Regina y Samuel Antonio Correa García, Angy Vanesa y Jorge Weimar Correa Sánchez, María Elena y Olga Cristina Correa Tobón, María Libia García de Correa (fallecida), H ernán J. Jaramillo (no otorga poder), Ana Carolina y Carlos Enrique2

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Jaramillo Correa, Javier Mauricio, Mario Enrique y Martha Cecilia Ochoa Correa, Adrián Felipe, Olga Elena, Rodrigo Alexander, Sergio Andrés y Yolima Sirley Zapata Correa, por intermedio de apoderado, p romovieron demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación integral y al acceso a la administración de justicia.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se deje sin efectos la sentencia del 22 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del proceso de acción de grupo c on radicación 05001-23-33del 22 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del proceso de acción de grupo c on radicación 05001-23-33000-2014-02100-01 (63777) y, en su lugar, que se ordene al autoridad accionada emitir una nueva sentencia, en relación con las personas respecto de las cuales se declaró la cosa juzgada internacional, teniendo en cuanta las consideraciones jurídicas expuestas en la acción de tutela.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de los accionantes narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. El 14 de noviembre de 2014, la señora Lorena María Villa García actuando en representación de las víctimas del desplazamiento forzado, a raíz de la masacre ocurrida en junio de 1996, en el corregimiento La Granja – Ituango, presentó demanda en ejercicio de la acción de grupo en contra de l a Nación –Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial para la Atenci ón y Repara ción de las Víctimas, en orden obtener la indemnización de perjuicios por: a ) el desplazamiento forzado del grupo demandante, b) el incumplimiento de la sentencia del 1° de julio de 2006 proferida por la Corte Intera mericana de Derechos Humanos y c ) el incumplimiento del restablecimiento económico a favor de los desplazados.

1. Mediante sentencia del 7 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió fallo desfavorable, por lo que se interpuso recurso de apelación.

restablecimiento económico a favor de los desplazados.

1. Mediante sentencia del 7 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió fallo desfavorable, por lo que se interpuso recurso de apelación.

1. A través de sentencia del 22 de noviembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, condenó a la Nación -Ministerio de Defensa, Ejército3

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Nacional, al pago de tres mil millones de pesos ($3.000.000.000), en favor de las personas que aparecen regi stradas como desplazadas ante la Unidad d e Víctimas, salvo para quienes «acudieron» ante la Corte Interamericana de Derechos humanos, respecto de las cuales declaró que operó la cosa juzgada internacional.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir del apoderado de la parte accionante, el fallo de segunda instancia incurrió en un «defecto sustantivo», en atención a las siguientes circunstancias:

1. El Consejo de Estado realizó una interpretación restrictiva y regresiva de los derechos de las víctimas, en contravía de la jurisprudencia constitucional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha establecido el principio pro homine en materia de derechos humanos ; lo anterior, al asimilar el concepto de

derechos de las víctimas, en contravía de la jurisprudencia constitucional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha establecido el principio pro homine en materia de derechos humanos ; lo anterior, al asimilar el concepto de «parte» que trae el CGP con el de «parte lesionada» que aplica la Corte IDH.

1. Aunque el artículo 303 del CGP establece que para que se configure la cosa juzgada se requiere de la identidad de causa, objeto y pa rtes, no puede trasladarse de manera simple y sin mayor análisis un concepto que tiene aplicación y regulación en la legislación interna, cual es el de parte en el proceso, con el que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de parte le sionada. Pese a que la ley no se ocupa de definir el concepto de parte, s í regula sus actuaciones, deberes y derechos en los artículos 53 a 70 del CGP. Así, puede considerarse parte a toda persona natural o jurídica, patrimonio o figura establecida por la ley que puede reclamar —en su nombre o en representación de otra— ante un órgano jurisdiccional la satisfacción de sus pretensiones.

1. Ahora bien, el sistema de derechos humanos está concebido solo para la defensa de los der echos de las personas naturales, por lo que, de entrada, se ve una clara diferencia, dado que en un sistema de derechos humanos no entrarían nunca a ser parte, por definición, figuras como las personas morales o los patrimonios autónomos. Aunado a lo anter ior, debe tenerse en cuenta que el sistema de derechos humanos prevé mecanismos para aplicar una interpretac ión extensiva de los derechos y, por contera, de los efectos de las sentencias a las personas que sin4

derechos humanos prevé mecanismos para aplicar una interpretac ión extensiva de los derechos y, por contera, de los efectos de las sentencias a las personas que sin4

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ser parte fueron identificadas en el trámite a nte la Corte IDH. Así, se tiene que, aunque en el caso «Masacres de Ituango» la Corte consideró como parte lesionada a las personas identificadas en el anexo IV de la sentencia, también refirió que en la jurisdicción internacional las partes y la materia de la controversia son, por definición, distintas de las de la jurisdicción interna.

1. En las sentencias SU-254 de 2013 y T-067 de 2019, la Corte Constitucional aclaró que el derecho a la rep aración integral tiene cinco componentes básicos, entre ellos, el económico, por lo que , al no tenerse en cuenta el principio de interpretació n conforme con la Constitución , se presentó violación del derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas, que en este caso debe ser extensiva y no restrictiva como lo hizo la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1. Las víctimas de desplazamiento forzado de l a Masacre de la Granja - Ituango que acudieron al sistema i nteramericano de Derechos Humanos recibieron el reconocimiento como víctimas d e esos hechos , sin embargo, la Corte solo ordenó que se les brindara una m edida de reparación colectiva « condiciones de seguridad

acudieron al sistema i nteramericano de Derechos Humanos recibieron el reconocimiento como víctimas d e esos hechos , sin embargo, la Corte solo ordenó que se les brindara una m edida de reparación colectiva « condiciones de seguridad para el retorno », sin que se pronunciara sobre los derechos a la indemnización por los perjuicios inmateriales y materiales de que fueron objeto a raíz de la incursión paramilitar en connivencia con la fuerza pública, lo que no puede entenderse como una negativa a que internamente accedan a dicho derecho.

1. Dicho entendimiento a) confunde el concepto de «parte lesionada» que utiliza la Corte IDH con el concepto de parte del CGP, siendo este último más restrictivo; b ) vulnera el derecho a la igualdad de las víctimas porque quienes fueron identificados por la Corte perdieron el derecho a la indemnización de los perju icios materiales e inmateriales, y q uienes no fueron identificados en el trámite ante la Corte tienen incólume el derecho a ser indemnizados; y c) empobrece a las personas identificadas en el trámite de la Corte.

1. Es tan absurda la situación que se presenta, que si una persona desplazada de La Granja o de El Aro, identificada en el trámite ante la Corte, decide no volver al sitio de origen, no tendría derecho a la medida de retorno voluntario, pues las condiciones de seguridad solo son para quienes d ecidan volver, y tampoco tendrían derecho a la5

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reparación de sus perjuicios materiales o inmateriales, quedando la vulneración de sus derechos sin protección jurídica.

1.2. Actuación Procesal

1.2.1. El 6 de marzo de 2023, la consejera de Estado Marta Nub ia Velásquez Rico requirió al abogado John Arturo Cárdenas Mesa para que, en el término de 3 días, allegara el poder conferido por el señor Hernán J. Jaramillo para ejercer su representación judicial en el asunto de la referencia, so pena de rechazo de la demanda de tutela respecto del mencionado, pero el apoderado dejó transcurrir el término de traslado en silencio.

1.2.2. El 17 de marzo de 2023, la consejera Marta Nubia Velásquez Rico admitió la acción de tutela respecto de los señores Ever Andrés y Mónica Liney Arango Correa, Alina Patricia, Diana Cecilia, Jenny Yohana y Juan Daniel Correa Correa, Alba Cecilia, Dora Luz, Gloría Lucía, Jorge Enrique, Luis Gonzalo, Nubia de los Dolores, Olga Regina y Samuel Antonio Correa García, Angy Vanesa y Jorge Weimar Correa Sánchez, María Elena y Olga Cristina Correa Tobón, Ana Carolina y Carlos Enrique Jaramillo Correa, Javier Mauricio, Mario Enrique y Martha Cecilia Ochoa Correa, Adrián Felipe, Olga Elena, Rodrigo Alexander, Sergio Andrés y Yolima Sirley Zapata Correa, por conducto de apoderado judicial; rechazó la acción respecto del señor

Jaramillo Correa, Javier Mauricio, Mario Enrique y Martha Cecilia Ochoa Correa, Adrián Felipe, Olga Elena, Rodrigo Alexander, Sergio Andrés y Yolima Sirley Zapata Correa, por conducto de apoderado judicial; rechazó la acción respecto del señor Hernán J. Jaramillo; y vinculó al trámite, en calidad de terceros con interés, al Ejército Nacional, al Ministerio de Relaciones Exterior es y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

En consecuencia, ordenó i) notificar del proveído a las partes y a los terceros vinculados, debiéndose remitir, además, copia de la demanda junto con sus anexos, para que, en el térmi no de dos (2) días, la parte accionada rindiera informe sobre los hechos de tutela; y comunicar de la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que, si lo consideraba procedente —dentro del marco de las competencias — interviniera en el asunto; decretó como pruebas, con el valor que les asigna la ley, los documentos allegados con la demanda; y reconoció personería adjetiva al abogado John Arturo Cárdenas Mesa, portador de la tarjeta6

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profesional n°. 79.651 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte actora, en los términos de los poderes allegados al expediente.

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profesional n°. 79.651 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte actora, en los términos de los poderes allegados al expediente.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B . El 27 de marzo de 2023, el consejero de Estado Martín Bermú dez Muñoz manifestó que no participaría en la acción de tutela ni como parte ni como tercero y que acataría estrictamente las disposiciones que se adoptaren en ella.

1.3.2. El Ministerio de Defensa Nacional. El 27 de marzo de 2023, la coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional, Diana Marcela Cañ ón Parada, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo invocado. Advirtió que en el libelo no se señalaron con claridad los defectos en que presuntamente se incurrió en la sentencia censurada y, en todo caso, que la declaratoria de la cosa juzgada internacional estuvo acorde a derecho frente a las 31 personas reconocidas en el anexo IV de la sentencia de la Corte IDH, por cuanto no es posible reclama r a nivel interno la indemnización pecuniaria de perjuicios que no fueron reparados pecuniariamente por la Corte IDH, ya que ello implicaría desconocer la sentencia del 1 de julio de 2006, que es una decisión definitiva e inapelable y de obligatorio cumplimiento para los Estados, según lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Convención Americana.

1.3.3. El Ministerio de Relaciones Exteriores. El 27 de marzo de 2023, el

obligatorio cumplimiento para los Estados, según lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Convención Americana.

1.3.3. El Ministerio de Relaciones Exteriores. El 27 de marzo de 2023, el coordinador del Grupo Interno de trabajo de Asuntos Legales de la Oficina Asesora Jurídica Interna, Andrés Leonardo Mendoza Paredes, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, dado lo siguiente:

1. Se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad, toda vez que la acción de tutela se dirigió a controvertir la providencia del 23 de noviembre de 2022, emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y no frente a actuación alguna adelantada por la Cartera Ministerial, en ejercicio de sus facultades contempladas en el Decreto 869 de 2016. Además, se advierte improcedente por cuanto el apoderado de la parte actora reiteró los argumentos7

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expuestos en la apelación, con el fin de que el juez constitucional se refiriera nuevamente sobre ellos, utilizándola como una instancia judicial adicional; aunado a lo anterior, el hecho de que los accionante s no compartan la decisión no genera de manera objetiva el desconocimiento de los derechos de rango constitucional.

1. En todo caso, en el asunto no existe vulneración de los derechos fundamentales por cuanto a la parte actora se le brindaron las oportunidades procesales para

manera objetiva el desconocimiento de los derechos de rango constitucional.

1. En todo caso, en el asunto no existe vulneración de los derechos fundamentales por cuanto a la parte actora se le brindaron las oportunidades procesales para controvertir las decisiones que consideraron adversas a sus intereses. La decisión proferida p or e l alto tribunal contencioso fue motivada bajo los principios de autonomía judicial y sa na critica, no sólo por ser el juez c ompetente en conocer el recurso de apelación, en contra de la sentencia de primera instancia que también declaró la cosa juzgada fre nte a algunos demandantes, sino además porque su decisión se encontró motivada de conformidad con la jurisprudencia, la normatividad que rige la materia y las pruebas allegadas al interior del proceso.

1.3.4. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El 27 de marzo de 2023, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Gina Marcela Duarte, solicitó denegar el amparo deprecado, dado lo siguiente:

1. La Unidad para las Victimas fue exonerada de cualquier responsa bilidad frente a los hechos y pretensiones de la acción de grupo, por cuanto su naturaleza jurídica descrita en la Ley 1448 de 2011 establece su competencia con mecanismos tendientes a una adecuada implementación de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

1. El alto tribunal sí se pronunció en cuanto al reconocimiento y distribución de indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y fij ó así un monto indemnizatorio con el fin de compensar las consecuenc ias p atrimoniales de las

1. El alto tribunal sí se pronunció en cuanto al reconocimiento y distribución de indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y fij ó así un monto indemnizatorio con el fin de compensar las consecuenc ias p atrimoniales de las violaciones; y de igual forma, reconoció otras formas de reparación , entre las que se señalan las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, consideradas por los accionantes como los actos simbólicos que únicamente fueron reconocidos.

1. Ahora bien, la decisión atacada precisó que el reconocimiento de perjuicios debía reconocerse a aquellas personas que se encontraban incluidas en el Registro Único8

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de Víctimas, en el cual no se encuentran los accionantes, según verific ación realizada en los registros administrativos de la entidad, por ende, es imposible para la entidad acceder al reconocimiento de los beneficios que la ley otorga a la población víctima del desplazamiento forzado.

1.4. Sentencia impugnada

El 24 de abril de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente la acción de tutela, al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, en atención a lo siguiente:

1. Los accionantes acudieron a la acción de tu tela con el propósito de que se estudie

declaró improcedente la acción de tutela, al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, en atención a lo siguiente:

1. Los accionantes acudieron a la acción de tu tela con el propósito de que se estudie nuevamente si operó el fenómeno jurídico de la cosa juzgada internacional, cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una tercera instancia del trámite procesal. Tal evento quedó efectivamente dilucidado tanto en la primera como en la segunda instancia del medio de control de los perjuicios causados a un grupo.

1. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos definidos por el j uez natural de la causa que en la presente acción se plantearon iguales argumentos a los que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación contra la providencia del 7 de septiembre de 2018, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó parcialmente las pretensiones del medio de control, por encontrar probada la excepción de cosa juzgada internacional.

1. En el recurso de apelación, al igual que se hizo en la demanda de tutela, se alegó que no había operado la cosa juzgada inter nacional respecto de las personas que fungieron como parte ante la Corte IDH, por cuanto no se individualizaron y solo fueron «sumariamente identificadas» como parte lesionada y, además, se alegó que la Corte no determinó una indemnización pecuniaria por l os perjuicios materiales e inmateriales, de ahí que no se podía predicar que hubiese ocurrido el fenómeno procesal mencionado, pues no tiene aplicación cuando el estándar de reparación de la Corte IDH es inferior al interno, y los anteriores aspectos fuero n efectivamente

inmateriales, de ahí que no se podía predicar que hubiese ocurrido el fenómeno procesal mencionado, pues no tiene aplicación cuando el estándar de reparación de la Corte IDH es inferior al interno, y los anteriores aspectos fuero n efectivamente analizados y resueltos por la autoridad accionada.9

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1.5. Impugnación

El 28 de abril de 2023, el apoderado de la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela, dados los siguientes argumentos:

1. La acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que lo alegado es la interpretación dada al derecho de reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, específicamente con las víctimas de desplazamiento forzado, cuya importancia ha sido reconocida por la Corte Constitucional tanto en la Sentencia SU-254 de 2013, como en los múltiples autos de seguimiento de la decisión, y tiene que ver especialmente con una coherente y racional interpretación del sistema interamericano de derechos humanos en relación a la jurisdicción contencioso administrativa colombiana, que en varias oportunidades se han cruzado; precisamente, tal como se explicó en la demanda de tutela , la definición del concepto de cosa juzgada internacional como se ha venido aplicando

a la jurisdicción contencioso administrativa colombiana, que en varias oportunidades se han cruzado; precisamente, tal como se explicó en la demanda de tutela , la definición del concepto de cosa juzgada internacional como se ha venido aplicando implica una violación flagrante de los derechos a la igualdad de las víctimas.

1. Además, porque la controversia que se plantea frente al fallo no recae solamente sobre la indemnización a que tienen derecho las víctimas de desplazamiento forzado, sino en un aspecto fundamental de la reparación que es, precisamente, la pérdida de dicha prerrogativa ante una decisión de un tribunal internacional que no fijó, pero tampoco negó, esto es, gua rdó silencio frente a la reparación económica de las víctimas de desplazamiento. Esta circunstancia implica que se consoliden varias clases de víctimas, esto es, quienes tienen derecho a una reparación económica por no haber sido identificados o mencionados (sin ser demandantes) ante el sistema interamericano de derechos humanos y quienes perdieron dicho derecho por haber sido identificados en dicho tr ámite, independientemente de h aber sido o no demandantes. Esta controversia no es solamente de tipo económico, sino que también tiene que ver con la interpretación del derecho a la reparación integral en estricta consonancia con el derecho a la igualdad.10

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1. En el libelo s e desarrolló una carga argumentativa suficiente para demostrar que

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1. En el libelo s e desarrolló una carga argumentativa suficiente para demostrar que la sentencia del Consejo de Estado parte de una interpretación restrictiva y regresiva de los derechos de las víctimas, en contravía de la jurisprudencia constitucional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha establecido el principio pro homine en materia de derechos humanos. Esta lectura restricti va lleva a situaciones absurdas, como que el derecho de circulación y residencia puede quedar sin protección jurídica, tal como sucedería si una persona desplazada de La Granja, identificada en el trámite ante la Corte, decide no volver al sitio de origen, no tendría derecho a la medida de retorno voluntario, pues las condiciones de seguridad solo son para quienes decidan volver, y tampoco tendrían derecho a la reparación de sus perjuicios materiales o inmateriales.

1.6. Otras actuaciones

1.6.1. El 25 de mayo de 2023, el consejero de Es tado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó impedimento para conocer del asunto por considerar estar incurso en la causal 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en la que se previó como impedimento «la existencia de amistad íntima o enemistas g rave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial»; ello, por cuanto sostiene una amistad cercana con la consejera Marta Nubia Velásquez Rico, quien suscribió la sentencia de primera instancia de la acción de tutela.

sostiene una amistad cercana con la consejera Marta Nubia Velásquez Rico, quien suscribió la sentencia de primera instancia de la acción de tutela.

1.6.2. El 2 de junio de 2023, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas ordenó, por Secretaría General del Consejo de Estado, efectuar el sorteo de un conjuez para conformar el quorum decisorio y resolver el impedimento, en atención a que, para el momento, el consejero Gabriel Valbuena Hernández se encontraba en una situación administrativa; sin embargo, la designación del conjuez ocurrió luego de que el mencionado consejero terminara su situación administrativa.

1.6.3. El 29 de junio de 2023, los consejeros Rafael Francisco Suárez Vargas y Gabriel Valbuena Hernández declararon fundado el impedimento manifestado por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez y, en consecuencia, ordenaron separarlo del conocimiento del asunto, en procura de garantizar los principios de independencia e11

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imparcialidad de la administración de justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

1.6.4. El 31 de agosto de 2023, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas ordenó, por Se cretaría General del Consejo de Estado, efectuar el sorteo de un conjuez para dirimir el empate suscitado con la ponencia presentada en la Sala de la

ordenó, por Se cretaría General del Consejo de Estado, efectuar el sorteo de un conjuez para dirimir el empate suscitado con la ponencia presentada en la Sala de la fecha, toda vez que no fue aprobada por el consejero Gabriel Valbuena Hernández, y que al consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez se le aceptó impedimento para conocer del asunto de la referencia.

1.6.5. El 19 de septiembre de 2023, el presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Gabriel Valbuena Hernández, junto con la secretaria general de la corporación, Diana Lucía Sánchez Serna, procedieron al sorteo del conjuez, en diligencia realizada virtualmente, correspondiéndole al doctor Ílvar Nelson Jesús Arévalo Perico, a quien se le comunicó de la designación el 22 de septiembre siguiente.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25 del Acuerdo n.º 080 de 2019 1, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Tercera de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.12

la Sección Tercera de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.12

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Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 23 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentr o del proceso de acción de grupo con radicación 05001 -23-33-000-2014-02100-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación integral y al acceso a la administración de justicia de la parte accionante.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judi