CE - 010315000202301127001SENTENCIA20230421011011

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Compatibilidad entre pensión de jubilación y salario. Se configura el desconocimiento del precedente judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Hernán Fernely Sanabria Cruz, por medio de apoderado, interpone acción de tutela contra la providencia de l 16 de febrero de 202 3 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se confirmó parcialmente el fallo del 31 de agosto de 2022, dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

1.2. Pretensiones2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

1.2. Pretensiones2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

El accionante formula las siguientes súplicas:

PRIMERA.- Declarar que el [Tribunal Administrativo de Cundinamarca] en el proceso de [nulidad y restablecimiento del derecho] con radicación No. 2022 -00041-01, al proferir sentencia de segundo g rado de febrero 16 de 2023 el cual confirmó de forma parcial la decisión del Juzgado Séptimo […] Administrativo del Circuito de Bogotá, D.C. que otorgó una pensión de jubilación docente liquidada con el 75 % del promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicio, con efectos fiscales a partir del día siguiente al cumplimiento del status y en su lugar modificó el numeral segundo y condicionó el pago de la mesada pensional al retiro del servicio oficial del docente, ha vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia, el debido proceso judicial, al trabajo en condiciones dignas y justas, e l acceso a la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título y demás que considere la [honorable corporación].

SEGUNDA.- Declarar que el fallo de segunda instancia de febrero 16 de 2023. Radicación No. 2022-00041 carece de efectos legales.

TERCERA.- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que considere prudente el señor [juez constitucional], la [c]orporación accionada

Radicación No. 2022-00041 carece de efectos legales.

TERCERA.- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que considere prudente el señor [juez constitucional], la [c]orporación accionada profiera nueva sentencia aplicando correctamente las normas referentes a la pensión de j ubilación docente en el marco del régimen de excepción y la compatibilidad de la prestación con el salario.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el accionante señala los siguientes:

1. Adquirió el estatus de pensionado el 10 de julio de 2020, fecha en la que cumplió veinte años de servicios y momento para el que ya tenía más de cincuenta y cinco años de edad.

1. A pesar de lo anterior, le fue negada la pensión de jubilación, por ello, instauró demanda contra la Nación (Ministerio de Edu cación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), proceso al que se le asignó la radicación 2022

00041 00.

1. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá en sentencia del 31 de agosto de 2022, condenó a la entidad demandada al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en cuantía del 75 % del promedio mensual de los factores sobre3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

los cuales realizó aportes en el año anterior a la adquisición del derecho, es decir, del 11 de julio de 2019 al 10 de jul io de 2020 y efectiva a partir del día siguiente al

los cuales realizó aportes en el año anterior a la adquisición del derecho, es decir, del 11 de julio de 2019 al 10 de jul io de 2020 y efectiva a partir del día siguiente al cumplimiento del estatus pensional. Contra esa decisión la parte accionada interpuso recurso de apelación para que se revocara con el argumento de que no le era aplicable el régimen del Magisterio, sino el de prima media contenido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante fallo del 16 de febrero de 2023, confirmó parcialmente la providencia de primera instancia, pero mo dificó el numeral segundo, dejando el pago de la mesada pensional condicionada a la fecha de retiro definitivo del servicio.

1. La corporación judicial incurrió en un yerro material o sustancial en la providencia, porque para los docentes que ostentan pensión de jubilación en el marco de las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, tienen derecho al disfrute simultáneo de la pensión y el salario.

1. El Consejo de Estado ha trazado una línea clara y pacífica sobre e l tema relacionado con la compatibilidad de l a pensión y salario, así se demuestra en las providencias proferidas en los procesos con radicaciones 54001 23 33 000 2014 00106 01 (0156-2015) y 81001 23 33 000 2014 00055 01 (2524 -2015), donde se reconoce dicha prestación sin condicionamiento alguno.

1. En conclusión, no se trata de controvertir hechos o pruebas documentales dentro

dicha prestación sin condicionamiento alguno.

1. En conclusión, no se trata de controvertir hechos o pruebas documentales dentro del proceso, sino la interpretación y aplicación del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, además de lo dispuesto en el artículo 5.º del Decreto 224 de 1972, artículo 15 de L ey 91 de 1989 y artículo 6.º de la Ley 60 de 1993, que permiten la concurrencia de la pensión de jubilación en el régimen de excepción y el salario producto de la actividad como docente oficial.

1.4. Fundamentos jurídicos4

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

El accionante alega que con el proveído objeto de censura se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad frente a la ley, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a los derechos adquiridos con justo título, a la seguridad social integral en conexión con el régimen especial del magisterio y se incurrió en defecto material o sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:

1. El yerro judicial en la sentencia cuestionada se origina directamente en la indebida interpretación y aplicación del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 en concordancia con el artículo 5.º del Decreto 224 de 1972, artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y el artículo 6.º de la Ley 60 de 1993, ya que en lo referente a la pensión de jubilación y la compatibilidad de esta con el salario que perciben los docentes, tanto en la parte

6.º de la Ley 60 de 1993, ya que en lo referente a la pensión de jubilación y la compatibilidad de esta con el salario que perciben los docentes, tanto en la parte considerativa como resolutiva, indicó que los efectos fiscales queda rían suspendidos hasta que se demuestre el retiro definitivo del servicio oficial docente.

1. Lo anterior se configuró cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificó el numeral segundo de la decisión del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá reconociéndole una pensión de jubilación con base en el 75 % del promedio de los factores salariales devengados durante el último año anterior al cumplimiento del estatus pensional, pero condiciona ndo el pago de la mesada pensional a la desvinculación del servicio.

1. En el presente caso, el fallo controvertido violó directamente la Constitución, al desconocer el artículo 48 ibidem modificado por el Acto Legislativo 1 de julio de 2005, parágrafo transitorio 1.º, que elevó a rango constitucional el régimen excepcional de prestaciones sociales y económicas de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG) establecida en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, además de los derechos a la igualdad, al trabajo y a la favorabilidad en materia laboral.

1. Así mismo, contrarió los fallos del 13 de febrero de 2020, con radicación 54001 23 33 000 2014 00106 01 (0156 -2015) y del 17 de septiembre de 2020, radicado 810015

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

33 000 2014 00106 01 (0156 -2015) y del 17 de septiembre de 2020, radicado 810015

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

23 33 000 2014 00055 01 (2524 -2015), en los que el Consejo de Estado decretó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de acuerdo con lo previsto por las leyes 33 y 62 de 1985, con la tasa de reemplazo correspondiente al 75 % y el ingreso base de liquidación equivalente al promedio de lo devengado en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus pensional , sin ningún tipo de condicionamiento o incompatibilidad con el salario.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto de l 9 de marzo de 2023, que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) y a todas las personas que intervinieron dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001 33 35 007 2022 00041 00 [01] como terceros interesados en las resultas de este proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B. El magistrado Alberto Espinosa Bolaños rinde informe en los siguientes términos:

1. Como se puede constatar en el expediente y en la providencia objeto de censura, se hizo un correcto y adecuado análisis de lo obrante en el plenario, se cumplieron en debida forma todas las etapas procesales, se llevó a cabo el estudio del caso en concreto tomando el horizonte normativo aplicable al asunto y se realizó un examen minucioso de los elementos probatorios para d eterminar el enfoque en que debía adoptarse la decisión.

1. También se tuvo en cuenta la jurisprudencia unificada e imperante para apoyar el fallo y de las consideraciones normativas, jurisprudenciales y fácticas o probatorias, se6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

concluyó, entre otras cosas, que el reconocimiento de la prestación al accionante debía hacerse a partir del 28 de junio de 2020, con efectos fiscales cuando se produjera su retiro definitivo del servicio docente.

1. En esos términos, en el asunto sub examine se apreció lo contenido en el expediente de acuerdo con la preceptiva y jurisprudencia aplicable en el proceso , aunado al examen íntegro del material probatorio ; se efectuaron las adecuaciones fáctico-jurídicas en debida forma ; y se cimentó la sentencia en las decisiones

aunado al examen íntegro del material probatorio ; se efectuaron las adecuaciones fáctico-jurídicas en debida forma ; y se cimentó la sentencia en las decisiones imperantes al momento de su expedición; por tanto, al no mediar defecto en la providencia, no hay lugar a la violación de los derechos fundamentales alegados.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 333 de 2021, según el cual « [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la auto ridad jurisdiccional accionada» y conforme al inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 que dispone que «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.7

efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.7

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

Hernán Fernely Sanabria Cruz contra la providencia del 16 de febrero de 2023, que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con rad icación 11001 33 35 007 2022 00041 01.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 199 1 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40, estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, pu es consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e

embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, pu es consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C -590 de 20053, donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibili dad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado

ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido

2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providenc ias judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede

presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. El 11 de febrero de 2022, el señor Hernán Fernely Sanabria Cruz , por medio de apoderado, interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio), para que se declarara nula la Resolución 9973 del 31 de diciembre de 2021, por medio de la cual se le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el marco de la Ley 33 de 1985.6

2.4.2. El 31 de agosto de 20 22, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, profirió fallo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 35 007 2022 00041 00, en el que resolvió lo siguiente:7

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución N° 9973 del 31 de diciembre de 2021, expedida por la Secretaría de Educación del Distrito, en nombre del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, en cuanto negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del demandante conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 6 Índice 2, del expediente electrónico 11001 33 35 007 2022 00041 01. 7 Índice 2, del expediente electrónico 11001 33 35 007 2022 00041 01.10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, [se condena a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio] a reconocer y pagar la pensión de jubilación en los términos de las [l]eyes 33 y 62 de 1985, a favor del señor HERNÁN FERNELY SANABRIA CRUZ […] tomando como base el 75 % del promedio mensual de los factores sobre los cuales realizó aportes o cotización, en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, es decir, del 11 de julio de 2019, al 10 de julio de 2020, incluyendo los factores de: [asignación básica o sueldo, bonificación men sual, bonificación pedagógica y 1/12 de la prima de vacaciones], por ser factores sobre los cuales el demandante realizó aportes o cotizaciones durante el referido período, a partir del 11 de julio de 2020, día siguiente al cumplimiento de su estatus pensional.

[…]

vacaciones], por ser factores sobre los cuales el demandante realizó aportes o cotizaciones durante el referido período, a partir del 11 de julio de 2020, día siguiente al cumplimiento de su estatus pensional.

[…]

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme a la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO: No se condena en costas, conforme a lo expuesto en el acápite final de la parte motiva de esta providencia.

[…]

2.4.3 El 16 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión anterior, dispuso lo siguiente:8

PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia anticipada con calenda treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Segunda, a través de la cual se accedieron parcialmente las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia, en el siguiente sentido:

«(…) SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, [se condena a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio] a reconocer y pagar la pensión de jubilación en los términos de las [l]eyes 33 y 62 de 1985, a

Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio] a reconocer y pagar la pensión de jubilación en los términos de las [l]eyes 33 y 62 de 1985, a favor del señor HERNÁN FERNELY SANABRIA CRUZ […] tomando como base el 75 % del promedio mensual de los factores sobre los cuales realizó aportes o cotización, enlistados en la norma de manera taxativa en el último año de servicio, reconocimiento que se dará a partir del 28 de junio de 2020, pero con efectos fiscales a partir de la fecha en que se dio el retiro definitivo del servicio. (…)» (Énfasis de la Sala).

8 Índice 11, del expediente electrónico 11001 33 35 007 2022 00041 01.11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

TERCERO.- Sin condena en costas, en esta instancia.

[…]

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

2.5.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate plantea do por el accionante gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad frente a la ley, al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título, a la seguridad social integral en conexión con el régimen especial del magisterio.

2.5.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiari edad» en

efectivo a la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título, a la seguridad social integral en conexión con el régimen especial del magisterio.

2.5.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiari edad» en cuanto se censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión que se propuso dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001 33 35 007 2022 00041 01.

2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», por que la decisión objeto de reproche constitucional data del 16 de febrero de 2023, se notificó electrónicamente a las partes el 22 de febrero de 2023,9 y la presente acción de tutela se presentó en la Secretaría General de esta corporación el 3 de marzo de 2023,10 es decir, dentro del término de los seis meses que señaló esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».

2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos frente a los que se alega vulneración».

9 Índice 13, del expediente electrónico 11001 33 35 000 2022 00041 01. 10 Índice 2, del expediente electrónico 11001 03 15 000 2023 01127 00.12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir el proveído del 16 de febrero d e 2023, que emitió la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las razones previ stas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho

razones previ stas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar del amplio mar gen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial — horizontal o vertical — sin justificación suficiente ; o 5) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el13

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01127 00

Demandante: Hernán Fernely Sanabria Cruz

proceso.11

2.5.2.2. El defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento de precedente judicial

La Corte ha sostenido que se configura un defecto sustantivo , en la modalidad de desconocimiento de precedente judicial , cuando se desconoce aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de i) patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que, en su ratio decidendi , se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

En la providencia T -794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: i) la ratio

también para solucionar el nuevo caso.

En la providencia T -794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: i) la ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a decidir posteriormente; ii) se trata de un problema jurídico semejante o a una cuestión constitucional s imilar y iii) los hechos del asunto o las normas ju zgadas en la sentencia son análogos o plantean un punto de derecho equivalente al que se debe resolver posteriormente.12

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de precedentes que tiene en cuenta la autoridad que profiere la providencia, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias dictadas por autoridades de igual jerarquía o el propio operador judicial y el precedente