CE - 010315000202301133011SENTENCIA20230606102348

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dos (02) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01133-01

Accionante: Luz Stella León Morales Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Tercera de Decisión Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte actora pretende reabrir el debate al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia proferida el 30 de marzo de 2023, por la Sección Quinta 1 del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió declarar improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 3 de marzo de 2023, la señora Luz Stella León Morales, a través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de obtener la prote cción de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, “situación más favorable al trabajador en caso de duda en

Administrativo del Quindío, con el fin de obtener la prote cción de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” , así com o los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia del 23 de febrero de 2023, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio3 y el municipio de Armenia.

1 Conformada por los Consejeros Carlos Enrique Moreno Rubio, Luis Alberto Álvarez Parra, Rocío Araújo Oñate y Pedro Pablo Vanegas Gil. 2 Identificado con número de radicado 63001-3333-006-2022-00078-02. 3 En adelante Fomag.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01133-01

Accionante: Luz Stella León Morales Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Tercera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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2.- La accionante pretende que en virtud del amparo, se ordene a la autoridad accionada dejar sin efectos la providencia cuestionada y, en su lugar, profiera una sentencia de reemplazo “ atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante

sentencia de reemplazo “ atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda(…) ”4.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invo cada y de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- Desde el 8 de abril de 1994, la parte actora labora para el municipio de Armenia y se encuentra vinculada al Fomag en calidad de docente oficial.

5.- El 19 de julio de 2021, la accionante solicitó al Ministerio de Educación Nacional y al municipio de Armenia el reconocimiento y desembolso de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, generada por la no consignación oportuna de sus cesantías, así como el pago de la indemnización por el desembolso tardío de los intereses a las cesantías, consagrada en la Ley 52 de 1975, por los servicios presentados durante el año 2020.

6.- La solicitud fue remitida a la Fiduciaria Previsora S.A., entidad encargada de administrar el Fomag, sin que esta entidad emitiera una respuesta al respecto.

7.- Inconforme con lo anterior, la actora presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación – Fomag y el municipio de Armenia, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto que se configuró ante la fa lta de respuesta a la petición radicada el 19 de julio de 2021. A título de restablecimiento

declarara la nulidad del acto administrativo ficto que se configuró ante la fa lta de respuesta a la petición radicada el 19 de julio de 2021. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reconocieran las pretensiones elevadas ante la entidad demandada.

8.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia. Ese despacho, mediante sentencia del 29 de junio de 2022, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la sanción por mora solo aplica para aquellos docentes que no están afiliados al fondo prestacional del magisterio, de modo que al encontrarse afiliada al Fomag, la situación jurídica de la demandante se encontraba regulada por el régimen especial de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989.

9.- La anterior decisión, fue confirmada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, a través de fallo del 23 de febrero de 2023. Para tal efecto, estimó que no existe un criterio unificado al interior del Consejo de Estado, sobre la posibilidad de hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al caso de los docentes afiliados al Fomag y, que los

4 Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01133-01

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pronunciamientos que han determinado la procedibilidad de la sanción deprecada se

Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Tercera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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pronunciamientos que han determinado la procedibilidad de la sanción deprecada se profirieron en asuntos en los que mediaron supuestos fáctico s que difieren de las circunstancias en las que se enmarcaba la situación jurídica de la demandante.

10.- Por lo anterior, concluyó que a la parte actora no le son aplicables las disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas, consagrados en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1° de la Ley 52 de 1975, ya que el régimen de cesantías docente es especial y en él se determina específicamente cómo se reconocen, liquidan y pagan las cesantías y los intereses de éstas, teniendo unas características propias que hacen que el pago de las sanciones solicitadas sea incompatible.

11.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” , así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, al incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su jui cio, a partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio de favorabilidad, es posible

en la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación. Para ello adujo el desconocimiento de las reglas fijadas en las sentencias SU-098/2018, SU-332/2019 y SU -041/2020 de la Corte Constitucio nal, así como el fallo de unificación proferido por el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001 -23-33-000-2013-00666-01 (0833 -16) y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los procesos: 76001-23-31000-200900867-01 (4854-2014), 11001-0315-000-2018-03499-01, 08001 23 33 000 2014 00173 -01 (1688 -16), 08001 -23-33-000-2014-00208-01, 08001 -23-31-0002014-00254-01(4960-2017), 08001 -23-33-000-2014-00132-01, 08001 23 31 000

2014 00815 01 (4979 –2017), 08001 -23-33-000-2015-00331-01, 19001-23-33-0002015-00445-02(0483-20), 08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002-2021), 40001-2340-000-2017-00134-01 (2208 -2020), 080001 -23-40-000-2015-90008-01(23872020), 080001 -23-40-000-2014-90022-01 (5154 -2016), 080001 -23-33-000-201700931-01 (1001-2021), 080001-23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020), 76001 -2333-000-2013-00756-01 (2224 -2020), 080001 -23-40-000-2017-00795-01 (26592020), 47 -001-23-33-000-2019-00359-01 (4004 -2021), 47 -001-23-33-000-201900376-01(4462-2021), 08001-23-33-000-2015-00509-01(2140-2020), 08001-23-33000-2015-90124-01 (2394-2020).

12.- Además, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido acogida por los jueces administrativos del circuito enRadicación: 11001-03-15-000-2023-01133-01

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diversas decisiones. Para tal fin, trajo a colación diez providencias visibles a folio 79 del escrito de tutela.

B. Sentencia de primera instancia

13.- Mediante providencia del 30 de marzo de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo al estimar que carece de relevancia constitucional, en la medida que la parte actora pretende utilizar este mecanismo como una instancia adicional al proceso ordinario, con el fin de que se resuelva una controversia que se reduce a una cuestión de interpretación netamente legal y económica que no tiene impacto en la garantía de derechos fundamentales sino patrimoniales.

14.- Por su parte, negó las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A., por considerar que les asiste un interés legítimo para intervenir en el trámite de tutela, dado que fungieron como demandadas en el proceso cuestionado.

C. La impugnación

15.- Inconforme con la decisión adoptada, la parte actora interpuso impugnación. Para tal efecto reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, sostuvo que, contrario a lo expuesto por el A quo, la solic itud de amparo s í satisface el presupuesto de relevancia constitucional, toda vez que la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, en sentencia del 23 de marzo de 2023 5, analizó un caso similar al que nos ocupa, encontrando acreditados todos los requisitos de

presupuesto de relevancia constitucional, toda vez que la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, en sentencia del 23 de marzo de 2023 5, analizó un caso similar al que nos ocupa, encontrando acreditados todos los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y resolvió conceder el amparo deprecado. Por esa razón, solicitó que se profiera una decisión en i gual sentido.

16.- Aunado a ello, indicó que en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado número 76001 -23-31-000-2012-00212-01, el 19 de enero de 2023, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado profirió fallo en el que “ratificó su postura en el tema de sanción moratoria de la cesantías anualizadas para los docentes”. Decisión que aduce fue notificada en marzo del año en curso, es decir, después de que se instaurara la acción constitucional de la referencia.

17.- Durante el trámite de segunda instancia, la parte accionante remitió dos memoriales, el primero de ellos, el 9 de mayo de la presente anualidad6, a través del cual aportó copia del fallo de tutela del 23 de marzo de 2023 a que hizo referencia

5 Proferida al interior de la acción de tutela tramitada bajo el número de radicado 11001-03-15-000-2023-0106300. 6 Visible a índice 4 del expediente digital.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01133-01

Accionante: Luz Stella León Morales

Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Tercera de Decisión

00. 6 Visible a índice 4 del expediente digital.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01133-01

Accionante: Luz Stella León Morales Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Tercera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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en el escrito contentivo de la impugnación; y, el segundo, el 24 de mayo siguiente 7, por medio del cual allegó copia de otra sentencia dictada el 17 de abril del año en curso, por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela identificada con número de radicado 11001-03-15-000-2023-0096500, en la que, según afirma, se resolvió un caso similar al que es objeto de estudio en el presente asunto y se encontró satisfecho el presupuesto de relevancia constitucional. De acuerdo con lo anterio r, solicitó tener en cuenta la providencia referida, toda vez que fue proferida por Sección especializada en conocer y decidir los conflictos laborales contenciosos administrativos.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

18.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19918.

E. Análisis del caso concreto

19.- De acuerdo a lo indicado en el escrito de impugnación, corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo

19.- De acuerdo a lo indicado en el escrito de impugnación, corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo deprecado en la demanda al carecer de relevancia constitucional.

20.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos 9 : (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales dere chos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.

21.- En el caso objeto de estudio, se cuestiona la decisión adoptada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío al considerar que el caso de la accionante se encontraba regulado por el sistema anualizado de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, razón por la cual no era posible reconocer a su favor el pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

7 Visible a índice 6 del expediente digital. 8 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 9 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

8 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 9 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2023-01133-01

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22.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala estima que la controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito de relevancia constitucional, conclusión que no varía de cara a los argumentos traídos por la accionante en el escrito de impugnación. Lo anterior, por cuanto:

(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas que regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la consignación tardí a del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU -573 de 2019, no guarda ningún tipo de relación con la ga rantía de derechos fundamentales, debido a su naturaleza estrictamente económica.

(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela,

ningún tipo de relación con la ga rantía de derechos fundamentales, debido a su naturaleza estrictamente económica.

(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela, es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

23.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia propuesta por la accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la correcta interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998 y el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag.

24.- La parte actora sostiene que en virtud de la aplicación del principio de favorabilidad las normas referidas son extensibles a los docentes afiliados al Fomag, razón por la cual la autoridad judicial accionada debía reconocer y ordenar el pago de la sanción moratoria. Por otra parte, la autoridad judicial accionada consideró que al encontrarse cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989, las disposiciones consagradas en los Decretos 344 de 1996 y 1582 de 1998 y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables al caso de la demandante.

25.- La Sala advierte que la diferencia interpr etativa planteada no tiene relevancia

1998 y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables al caso de la demandante.

25.- La Sala advierte que la diferencia interpr etativa planteada no tiene relevancia constitucional, para lo que resulta pertinente reiterar la postura desarrollada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU -573 de 2019, según la cual la sanción moratoria generada por no consignación oportuna de ce santías no es un derecho fundamental, ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. Esto debido a que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es accesoria al derecho a recibir el pago del beneficio de cesantías, por lo que su reconocimiento es de tipo legal y su carácter es netamente patrimonial y, (ii) al ser accesorio, el no reconocimiento de la sanción moratoria no implica, en comienzo, una afectación alRadicación: 11001-03-15-000-2023-01133-01

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derecho a la seguridad social o al mínimo vital, por lo que los acc ionantes se encuentran obligados a aportar las pruebas que consideren necesarias para demostrar cualquier tipo de afectación a los mencionados derechos.

26.- Teniendo en cuenta lo anterior, el caso objeto de estudio no se proyecta de manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre

manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre si está vinculada o no al derecho representado en el pago de la cesantía, no apunta a la realización de un derecho de raigambre constitucional fundamental, sin que, por demás, la parte actora hubiera acreditado que la negativa del reconocimiento y pago de la referida sanción produjera una af ectación a su derecho al mínimo vital o comprometiera gravemente su existencia o supervivencia, más aún si se tiene en cuenta que actualmente trabaja para el municipio de Armenia en calidad de docente.

27.- Sumado a lo anterior, la presunta configuración del defecto por desconocimiento del precedente, carece de relevancia constitucional . En primer lugar, porque las decisiones referidas en la Tabla 1, que la accionante alega como desconocidas, no fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial accionada en el trámite del recurso de apelación, por lo que resulta improcedente que utilice la acción de tutela como una tercera instancia para presentar argumentos que no formuló oportunamente en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Tabla 1. Precedentes que no se alegaron en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. Radicado Exp. Fecha decisión Magistrado Ponente Consejeros Firmantes 17 76001-23-3328/04/2022 Carmelo Perdomo Cuéter César Palomino CortésSandra Liseth Ibarra 000-201300756-01 (2224-2020)

17 76001-23-3328/04/2022 Carmelo Perdomo Cuéter César Palomino CortésSandra Liseth Ibarra 000-201300756-01 (2224-2020) 19 47-001-2319/05/2022 Sandra Liseth Ibarra César Palomino CortésCarmelo Perdomo Cuéter 33-000-201900359-01 (4004-2021) 20 47-001-231/07/2022 Sandra Liseth Ibarra César Palomino CortésCarmelo Perdomo Cuéter 33-000-201900376-01 (4462-2021) 21 08001-23-3322/08/2022 César Palomino Cortés Sandra Lisset Ibarra Vélez – Carmelo Perdomo Cuéter 000-201500509-01 (2140-2020) 22 08001-23-33-0002015-90124-01 (2394-2020) 22/09/2022 César Palomino Cortés Sandra Lisset Ibarra Vélez – Carmelo Perdomo CuéterRadicación: 11001-03-15-000-2023-01133-01

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28.- De igual forma se tiene que las sentencias proferidas por los jueces administrativos del circuito, tampoco fueron puestas en conocimiento de la autoridad

Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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28.- De igual forma se tiene que las sentencias proferidas por los jueces administrativos del circuito, tampoco fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial accionada. Además, es importante aclarar que al ser proferidas por jueces de menor jerarquía no pueden ser asumidas como precedentes aplicables al caso concreto, ni tampoco son útiles para respaldar los alegatos propue stos en la demanda.

29.- En segundo lugar, las sentencias consignadas en la Tablas 2 y 3 no guardan identidad fáctica con el caso resuelto por el Tribunal accionado, razón por la cual no es posible que se alegue su desconocimiento como precedentes. Además, la Sentencia de 29 de julio de 2019, proferida por la Sección Tercera - Subsección C en el proceso de tutela radicado con el número 11001 -0315-000-2018-03499-01, tampoco resulta aplicable al caso concreto, debido a que tal y como lo ha reiterado esta Sala en múltiples ocasiones, en el caso de los fallos proferidos en los trámites de tutela sólo es posible considerar como precedentes aquellos emitidos por la Corte Constitucional en sentencias de constitucionalidad o de unificación, los cuales contienen una regla o subregla de derecho y que son proferidos por la Sala Plena de dicha Corporación, habida cuenta que es el órgano de cierre en la materia, razón por la cual, la decisión que se alega como desconocida solo produce efectos inter partes, por lo que al contar con un alcance personal y concreto solo puede ser tenida como un criterio auxiliar de interpretación y no como un precedente vinculante.

la cual, la decisión que se alega como desconocida solo produce efectos inter partes, por lo que al contar con un alcance personal y concreto solo puede ser tenida como un criterio auxiliar de interpretación y no como un precedente vinculante.

Tabla 2. Sentencias de la Corte Constitucional que no son precedente en el caso objeto de estudioRadicación: 11001-03-15-000-2023-01133-01

Accionante: Luz Stella León Morales Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Tercera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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Tabla 3. Sentencias del Consejo de Estado que no son precedente en el caso objeto de estudio

30.- Por último, el alegato relacionado con el desconocimiento de la Sentencia SU098 de 2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional y de las otras sentencias enlistadas por la parte accionante en el escrito de tutela , proferidas por las dos subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación, a primera vista, no permite evidenciar la existencia de una afectación desproporcionada del derecho a la igualdad o a la seguridad jurídica que tenga relevancia constitucional.

31.- Así, el Tribunal accionado, siguiendo las pautas establecidas por la Corte Constitucional, según las cuales en virtud del principio de autonomía los jueces pueden apartarse del precedente judicial o constitucional, siempre que cumplan con los principios de transparencia y de razón suficiente, lo cual exige de ellos una especial carga argumentativa 10, no ignoró la solicitud del reconocimiento de los precedentes que el accionante alegó como desconocidos. Por el contrario, se pronunció sobre varios de ellos y expuso las razones por las cuales consideraba que

especial carga argumentativa 10, no ignoró la solicitud del reconocimiento de los precedentes que el accionante alegó como desconocidos. Por el contrario, se pronunció sobre varios de ellos y expuso las razones por las cuales consideraba que no eran aplicables al caso objeto de estudio.

10 Al respecto, la Corte ha señalado que “[e]l principio de transparencia exige que el juez haga «referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido» y el principio de razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesa rio apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía”. Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01133-01

Accionante: Luz Stella León Morales Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Tercera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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32.- En cumplimiento del principio de transparencia el Tribunal Administrativo del Quindío, entre otras cosas, reconoció la existencia de la Sentencia SU-98 de 2018 y desarrolló las principales consideraciones expuestas en este fallo en relación al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 en el caso de los docentes afiliados al Fomag.

33.- Ahora, si bien el Tribunal no hizo refere ncia a cada una de las decisiones del Consejo de Estado listadas en el escrito de tutela, sí señaló que esta Corporación se ha pronunciado sobre el tema debatido en las sentencias proferidas por la Sección

33.- Ahora, si bien el Tribunal no hizo refere ncia a cada una de las decisiones del Consejo de Estado listadas en el escrito de tutela, sí señaló que esta Corporación se ha pronunciado sobre el tema debatido en las sentencias proferidas por la Sección SegundaSubsección A y B: el 30 de noviembre de 2 017 (70001-23-33-000-201400290-01), 31 de mayo de 2018 (20001 -23-33-000-2014-00111-01), 18 de julio de 2018 CE-SUJ-SII-012-2018 (73001-23-33-000-2014-00580-01), 27 de noviembre de 2017 (70001-23-33-000-2015-00171-01 (0472-16), 18 de junio de 2020 (70001 -2333-000-2016-00340-01), 15 de noviembre de 2018 (68001 -23-33-000-2015-0085001), 7 de noviembre de 2018 (54001 -23-33-000-2016-00237-01), 6 de octubre de 2022 (73001-23-33-000-2015-00312-01), 6 de octubre de 2022 (080001-23-33-0002018-00321-01), 6 de octubre de 2022 (19001-23-33-000-2015-00135-01), 9 de junio de 2020 (17001 -23-33-000-2015-00367-01, 15 de agosto de 2019 (25 -000-23-42000-2018-00134-01); decisiones que contienen las mismas consideraciones expuestas en todos los precedentes listados por la parte accionante en el escrito de tutela. Al respecto resaltó que en las mencionadas decisiones el Consejo de Estado

000-2018-00134-01); decisiones que contienen las mismas consideraciones expuestas en todos los p