CE - 010315000202301149001SENTENCIA20230424092717

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202301149-00

Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez Demandados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro1

Temas: La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela/alcance

Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de la inmediatez

Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo, ii) mínimo vital; iii) seguridad social, iv) igualdad y v) petición

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_AT20230114900P(.pdf) NroAct ua 2 ”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00

aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00

Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, porque, a su juicio, i) el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 24 de junio de 2021, ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de 9 de mayo de 2019, en el proceso adelantado en ejercicio del medio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 20001233900020170002901; y iii) el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, al no resolver las peticiones que presentó la actora el 9 de septiembre de 2021 y 16 de marzo de 2022, mediante las cuales solicitó “[…] ordenar a quien corresponda, informarme a nombre de qué Entidad fue ordenado el pago del Título Judicial constituido por el extinto Instituto de los Seguros Sociales, por concepto de las cotizaciones correspondiente a pensión de vejes (sic) de la suscrita […]”: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones núm.

GNR 215264 de 21 de julio de 2016 y VPB 40096 de 21 de octubre de 2016, por medio de las cuales se negó la reliquidación pensional solicitada. Precisó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó : i) reliquidar su pensión bajo los términos del artículo 6 .° del Decreto 546 de 27 de marzo de 19712, es decir en cuantía del 75% del salario más alto devengado durante el último año de servicio, con inclusión de todos los factores que la misma ley prevé; ii) condenar a

2 “Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00

Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez

Colpensiones a pagar el reajuste de las mesadas, a partir del 1 .° de febrero de 2014; iii) ordenar el pago de intereses moratorios liquidados sobre las sum as dejadas de pagar; y iv) condenar a la entidad demandada al pago de costas.

4. Señaló que, el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 9 de

2014; iii) ordenar el pago de intereses moratorios liquidados sobre las sum as dejadas de pagar; y iv) condenar a la entidad demandada al pago de costas.

4. Señaló que, el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 9 de mayo de 2019, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

5. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , mediante

sentencia de 24 de junio de 2021, resolvió:

“[…] Primero. Revocar la sentencia apelada del 9 de mayo de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la señora Carmen Paulina Gámez Rodríguez en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Como consecuencia de lo anterior se ordena:

Segundo. Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones GNR 215264 del 21 de julio y VPB 40096 del 21 de octubre del 2016, dictadas por la Administradora Colombiana de Pensiones, en el sentido de ordenar la reliquidación de la pensión de vejez de la señora Carmen Paulina Gámez Rodríguez, que debe obedecer a un 75 % del promedio de lo devengado durante los últi mos 7 años y 2 meses de servicio, con inclusión de los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y en los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;3 1.° del

inclusión de los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y en los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;3 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, que hubiere devengado la demandante y sobre los que se hayan efectuado los aportes al sistema pensional.

Las sumas resultantes a favor de la demandante se ajustarán en su valor, en aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente decisión […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio, y en el acervo probatorio, la Sala considera que, en atención a la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, la señora Carmen Paulina Gámez Rodríguez no tiene derecho a que su pensión de jubilación sea liquidada a partir del salario más alto devengado durante el último año de servicio, pero sí a que sea calculada con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho pensional, contado desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, con inclusión de los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y los artículos 14 de la Ley 4ª.

contado desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, con inclusión de los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 4 1.° del Decreto 610 de 1998;

3 Artículo 1.° 4 Artículo 1.°4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00

Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez

1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013.

[…]

“[…] En cuanto a la prescripción trienal de mesadas, es necesario tener en cuenta que el derecho pensional de la demandante se reconoció por medio de acto administrativo del 24 de junio del 2013, la interesada fue incluida en nómina de pensionados en el mes de octubre del 2014 y la solicitud de reliquidación pensional que originó el presente proceso fue interpuesta el 9 de junio del 2016, mientras que la demanda se radicó el 23 de enero del 2017, lo que quiere decir que dentro del presente proceso no se ha configurado la aludida prescripción, por cuanto entre la exigibilidad del derecho5 y la presentación del libelo inicial no transcurrieron más de 3 años […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. De conformidad con los hechos y las razones que originaron la presentación de la solicitud, se advierte que l a actora solicitó en su escrito de tutela dejar sin

3 años […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. De conformidad con los hechos y las razones que originaron la presentación de la solicitud, se advierte que l a actora solicitó en su escrito de tutela dejar sin efectos la sentencia de 24 de junio de 2021 preferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la sentencia de 9 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, y “[…] se me tutele el Derecho fundamental de petición consagrado en el art. 23 de la Constitución Nacional y normas afines […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló lo siguiente:

“[…] Sea lo primero manifestar que la Posición de los Honorables Consejeros de Estado y con el Respecto que me merecen, con la sentencia que hoy es objeto de esta Acción constitucional, contr avienen normas de Derechos sustancial, y que de su interpretación no está llamado a prosperar otro criterio jurídico y que su aplicación es de conformidad a su contenido y en el sentido literal, de los que taxativamente expresa, ya que es claro el espíritu de que Legislador se encuentra plasmada en la norma, salirse del marco legal de la misma .

cosa que considero que es incompatible, y se traduce e a lo establecido en el En escrito de fecha 27 de agosto del dos mil veintiuno (2021) solicite al Juzgado segundo laboral del circuito de esta ciudad mediante escrito que en su parte pertinente dice lo siguiente: “CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIAS, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía número […] expedida en Valledupar,

segundo laboral del circuito de esta ciudad mediante escrito que en su parte pertinente dice lo siguiente: “CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIAS, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía número […] expedida en Valledupar, por medio del presente escrito, y por SEGUNDA VEZ, me permito solicitar a usted, se sirva ordenar a quien corresponda, in formarme a nombre de qué Entidad fue ordenado el pago del Título Judicial constituido por el extinto Instituto de los Seguros

5 Fecha de inclusión en nómina de pensionados de la demandante.5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00

Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez

Sociales, por concepto de las cotizaciones correspondiente a pensión de vejes de la suscrita, la que resulto condenada por concept o del cálculo actuarial dentro del proceso de la referencia, por un valor de ciento treinta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y dos pesos $ 135.442.252.oo moneda legal colombiana, ya que a la fecha no figura información alguna en Colpensiones, sobre mi Historia Laboral en el tiempo laborado en dicho Instituto, desde el día 15 de agosto de 1995, hasta el día 9 de noviembre del año 2009, fecha de terminación del contrato laboral de una manera consensuada interpartes, ni ap arecen la correspondientes cotizaciones pensionales, ordenadas en la sentencia de fecha 16 de agosto del dos mil once (2011). “, enviado por correo electrónico al mencionado despacho judicial el día 9 de septiembre de la misma anualidad. En vista de que no obtuve respuesta,

cotizaciones pensionales, ordenadas en la sentencia de fecha 16 de agosto del dos mil once (2011). “, enviado por correo electrónico al mencionado despacho judicial el día 9 de septiembre de la misma anualidad. En vista de que no obtuve respuesta, el mismo fue reiterado el día 16 de marzo del presente años (2022), corriendo con la misma suerte, ya que el silencio ha sido total, afectándome la indiferencia del mencionado despacho judicial, hasta el punto que mi derecho pensional se encuentra en estos momentos en el limbo jurídico, ya que Colpensiones me exige la mencionada información, para darle tramite a la misma […]”.6

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de marzo de 20237, inadmitió la acción de tutela. La actora no presentó ni allegó documento alguno de subsanación ante la Secretaría General de esta Corporación durante el término concedido8.

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 21 de marzo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar y al J uez Segundo Laboral del Circuito de Valledupar ; y iii) vinculó, en calidad de tercero con interés legítimo, a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

10. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rindió

informe en los siguientes términos:

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

10. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rindió

informe en los siguientes términos:

“[…] a pesar de que no se accedió a la reliquidación en los términos pedidos por la demandante, sí se le concedió una mesada pensional en mejores términos de los concedidos en sede administrativa, de conformidad con la actual posición

6 Transcripción literal del texto. 7 Cfr. índice núm. 4 de SAMAI, Documento denominado “ AUTOQUEINADMITE(.pdf) NroActua 4”. Archivo aportado en forma digital. 8 Cfr. índice núm. 7 de SAMAI, Documento denominado “ENVIODENOTIFICACION_NOTIFICACI ON(.pdf) NroActua 7”. Archivo aportado en forma digital.6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00

Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez

jurisprudencial en materia de régimen de transición. Por tal razón no se considera que la decisión adoptada haya afectado o desconocido los derechos fundamentales de la señora Carmen Paulina Gámez.

Ahora, es importante mencionar que la acción de tutela no es clara y, por el contrario, presenta serias inconsistencias, pues no se alega de forma directa la afectación de los intereses superiores de la accionante, ni se proponen argumentos frente a lo decidido por esta Subsección, es decir, que no se observan razones claras de inconformismo con lo decidido o que permitan concluir que existió algún tipo de desconocimiento de derechos constitucionales; además, es supremamente

decidido por esta Subsección, es decir, que no se observan razones claras de inconformismo con lo decidido o que permitan concluir que existió algún tipo de desconocimiento de derechos constitucionales; además, es supremamente relevante indicar el aludido fallo fue notificado el 8 de agosto del año 2021, esto es, cerca de 1 año y 8 meses, sin que la demandante manifestara razones que excusaran el incumplimiento de los requisitos mínimos de procedibilidad, especialmente, es de inmediatez […]”.

11. El Juzgado Segun do Laboral del Circuito de Valledupar solicitó negar la

acción de tutela al considerar que:

“[…] No obstante, la indudable errata, dado que estos párrafos se refieren a persona distinta a la tutelante (CARMEN PAULINA GAMEZ RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía […]), puesto que se afirma que la señora CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía […], elevó derechos de peticiones a este despacho; este despacho, responde los mismos, en los siguientes términos:

El día 26 de octubre de 2022, se envió correo electrónico a CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIAS […], en el que se le informó que en la secretaria del despacho se encontraba a su disposición el expediente correspondiente para compulsar copias pedidas.

Se verificó en el aplicativo JUSTICIA SIGLO XXI, y se encontró que en este despacho se tramitó un proceso ordinario seguido por CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía […], contra el INSTITUTO DE SEGUROS

se tramitó un proceso ordinario seguido por CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía […], contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, radicado bajo el número 20001310500220100058700; el cual tuvo como pretensiones la declaratoria de un contrato de trabajo y condenas por prestaciones sociales. También se comprobó que el 23 de octubre de 2018, se endosó el deposito judicial 424030000322049 por $135.442.252, a COLPENSIONES, pagado con abono a cuenta.

Es importante informarle que el secretario de este despacho se comunicó con el abonado […], habiendo sido atendido por la señora CARMEN PAULINA GAMEZ RODRIGUEZ, en aras de dilucidar el fehaciente dislate y ésta informó que no entendía por que se mencionaba el Juzgado Segundo Laboral, dado que esa tutela se la redactó su hermano Julio Gámez, quien falleció en fecha reciente, por lo que le resulta imposible dar una explicación concreta […]”9.

12. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó su desvinculación al considerar que carece de legitimación de la causa por pasiva, al considerar que “[…] no se puede considerar que COLPENSIONES ha vulnerado

9 Transcripción literal del texto.7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00

Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez

derecho fundamental alguno, por cuanto no tiene responsabilidad alguna en la transgresión de los derechos fundamentales. Lo anterior, teniendo en cuenta que

Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez

derecho fundamental alguno, por cuanto no tiene responsabilidad alguna en la transgresión de los derechos fundamentales. Lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente COLPENSIONES no tiene petición o t rámite pendiente por resolver a favor del ciudadano […]”.

13. El Tribunal Administrativo del Cesar allegó copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 200012339000201700029-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 10, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 202111 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 201812 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 13, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicia l, a menos que se utilice como mecanismo

fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicia l, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 11 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 12 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 13 Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00

Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez

Cuestión previa

16. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

17. Visto el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por

pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro

pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

18. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 200614, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en

los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado , mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad proc esal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido

en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad proc esal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de

14 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00

Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez

manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigenc ia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[15]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

19. La Sala advierte que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

20. Al respecto, la Sala advierte que dicha autoridad fue vinculada como tercero con interés, toda vez que, integró la parte demandada dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 200012339000201700029-01; es decir, le asiste interés en el proceso de la referencia.

21. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

22. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones

– Colpensiones.

15 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por las sentencias: T -213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y Ten la causa por pasiva formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

15 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por las sentencias: T -213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00

Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez

Problemas jurídicos

23. En el caso sub examine, corresponde a la Sala i) determinar si, se cumplen o no los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, en especial si la actora está legitimada en la causa por activa para interponer la presente acción, y en caso de que la respuesta al anterior interrogante sea afirma tiva, establecer si en el presente caso se vulneraron los derechos fundamentales invocados supra; y ii) establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de la inmediatez.

24. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela; ii ) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii i) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital ; v i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social ; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; viii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición; procediendo posteriormente a ix) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela

25. Al respecto el inciso primero artículo 86 de la Constitución Política de 1991 establece que toda persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales. La norma establece textualmente lo siguiente:

“[…] ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00

Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. […]” (Destaca la Sala).

26. Frente a la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción

Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. […]” (Destaca la Sala).

26. Frente a la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece:

“[…] Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”

27. Como se puede evidenciar, la acción de tutela puede ser interpuesta directamente por: i) el titular de los derechos fundamentales; ii) mediante apoderado donde se acredite el respectivo poder y iii) por medio de la figura de la agenc ia oficiosa. Frente al tema la Corte Constitucional ha dicho16:

“[…] En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establec