CE - 010315000202301166001SENTENCIA20230519135726

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01166-00

Demandantes: RAÚL ERNESTO BECERRA MILLÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01166-00

Demandantes: RAÚL ERNESTO BECERRA MILLÁN, EN NOMBRE PROPIO Y

EN REPRESENTACIÓN DE SUS HIJOS MENORES NICOL

TALIANA BECERRA MARÍN, ALAN DAMIÁN BECERRA

MARÍN Y SERGIO DAVID BECERRA MARÍN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa por p rivación injusta de la libertad.

Justificación de la medida de aseguramiento. Defecto fáctico . Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Raúl Ernesto Becerra Millán, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Nicol Taliana , Alan Damián y Sergio

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Raúl Ernesto Becerra Millán, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Nicol Taliana , Alan Damián y Sergio David Becerra Marín, por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que piden el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como de los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 24 de agosto de 202 2, mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó el fallo de primera instancia , que negó las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Fiscalía General de la Naci ón y la Rama Judicial, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por la presunta privación injusta de la libertad soportada por el demandante.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes manifestaron que el señor Raúl Ernesto Becerra Millán fue capturado en situación de presunta flagrancia el 16 de septiembre de 201 5 por miembros de la Policía Nacional, luego de que estos detuvieran un vehículo en el que se transportaba con su padre en la vía que conduce de Cali a Medi acanoa, y encontraran un “alijo de marihuana”.

Sostuvieron que el señor Becerra Millán fue puesto a disposición de la Fiscalía

que se transportaba con su padre en la vía que conduce de Cali a Medi acanoa, y encontraran un “alijo de marihuana”.

Sostuvieron que el señor Becerra Millán fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien solicitó la realización de las audiencias preliminares,Radicación:11001-03-15-000-2023-01166-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 mismas que se llevaron a cabo ante el Juez Quinto Penal Municipal con Funci ón de Control de Garantías de Buga, que impartió legalidad a la captura por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes.

Afirmaron que el 26 de enero de 2016 se realizó la audiencia preparatoria y que mediante sentencia de 24 de noviembre de 2016 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga emitió fallo de carácter absolutorio, decisión que fue confirmada por la Sala Penal d el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante sentencia de 12 de julio de 2017.

Refirieron que por considerar que la privación de la libertad soportada por el señor Becerra Millán entre el 15 de septiembre de 2015 y el 11 de octubre de 2016 había sido antijurídica, en ejercicio del medio de control de reparación directa promovieron demanda contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables

sido antijurídica, en ejercicio del medio de control de reparación directa promovieron demanda contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios soportados, la cual correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de l Circuito de Buga, que en sentencia de 29 de septiembre de 2020 denegó las pretensiones de la demanda, luego de considerar que “la medida de aseguramiento se dictó conforme a los lineamientos establecidos en la normativa procesal penal (…) tanto de forma como de fondo”.

Por último, los actores m anifestaron que luego de que interpusiera recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia de 24 de agosto de 2022 confirmó el fallo desfavorable, bajo el argumento de que “del análisis conjunto de las pruebas arrimadas al plenario se tiene que el ente investigativo presentó al juez de garantías elementos de juicio que eran indicios graves, que lo llevaban a inferir de manera razonable que el ahora demandante podía ser coautor del punible que se le imputaba, razón por la que la privación de la libertad no fue una medida, ilegal, irracional ni arbitraria”.

2. Fundamentos de la acción

Los demandantes presentaron acción de tutela con el fin de que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como de los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derec ho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, supuestamente

y de acceso a la administración de justicia, así como de los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derec ho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de 24 de agosto de 2022 , mediante la cual confirmó el fallo que negó las preten siones del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, en tanto incurre en defecto fáctico, “por la indebida valoración del material probatorio; mismo que a todas luces no tenía la entidad suficiente para endilgar responsabilidad penal al hoy tutelante”.

Luego de indicar que la solicitud cumple con los requisitos de proced encia de la acción de tutela contra providencias judiciales, s ostuvieron qu e el tribunal accionado incurrió en el pr ecitado defecto , toda vez que dentro de la sentencia enjuiciada “ por un lado otorgó caprichosamente valor probatorio a las etapas preliminares penales a saber: legalización de captura, formulación de imposición de la medida de aseguramiento, y por el otro, no valoró adecuadamente otras etapas del propio penal como el juicio oral, y el fallo absolutorio que se emitió en favor de mi poderdante el señor Raúl Ernesto Becerra Millán”.

Refirieron que el tribunal accionado ignoró y no valor ó, injustificadamente, la realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso penal, y decidió sin el apoyo probatorio que permit iera la aplicación del supuesto legal en el que seRadicación:11001-03-15-000-2023-01166-00

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el apoyo probatorio que permit iera la aplicación del supuesto legal en el que seRadicación:11001-03-15-000-2023-01166-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 sustenta la decisión. Lo anterior, puesto que , en el caso bajo análisis, “el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, omitió observar las claras y protuberantes contradicciones e incoherencias existentes en los medios de prueba señalados, mismos a los que se hiciere alusión al momento de proferir la sentencia absolutoria que operó en favor de mi poderdante”.

Adujeron que la decisión accionada no realizó un análisis de fondo en cuanto a la valoración de las pruebas debidamente aportadas al proceso, “tal es el caso de la prueba testimonial que acredit ó que mi prohijado era un hombre recto, trabajador del campo, quien fue asaltado en su buena fe, pues la única razón por la que se encontraba a bordo del vehículo en el cual se transportaba el estupefaciente era para no dejar que su padre realizará un viaje a tan altas horas de la noche solo, y que este no conocía el propósito de dicho viaje, ni mucho menos sabía que transportaban la sustancia ilícita”.

Reiteraron que se desconoció por completo el contenido de la sentencia absolutoria penal, cuyo fundamento fue la pobre actividad probatoria e investigativa desplegada por la Fiscalía General de la Nación, qui en durante todo el decurso del proceso penal , incluidas sus etapas preliminares, “ justificó el

absolutoria penal, cuyo fundamento fue la pobre actividad probatoria e investigativa desplegada por la Fiscalía General de la Nación, qui en durante todo el decurso del proceso penal , incluidas sus etapas preliminares, “ justificó el ejercicio del IUS PUNIENDI del Estado en contra de mi prohijado, en pruebas imprecisas, incohere ntes entre sí, y que lo único que hicieron fue ubicar al entonces imputado como tripulante de un vehículo, más nunca indicaron de manera alguna que este conociera o tuviera control sobre el delito investigado”.

Finalmente, señalaron que se pasó inadvertido el hecho de que la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido que los informes de policía no constituyen prueba indiciaria, y solo pueden ser utilizados como criterios de investigación, por lo que se ha acc edido a declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad en aquellos casos en los que se ha demostrado que la imposición de la medida restrictiva de la libertad tuvo c omo fundamento los dichos consignados en los informes de polic ía presentados por el ente investigador.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“3.1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios d e confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con la decisión proferida en segunda instancia el treinta y uno (31) de agosto de

jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con la decisión proferida en segunda instancia el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2.022), y notificada el día seis (06) de agosto de dos mil veintidós (2.022) dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 76111 -3333-0012018-00040-01 promovido por el señor Raúl Ernesto Becerra Millán y Otros.

3.2. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con la decisión proferida en segunda instancia el pasado treinta y uno (31) de a gosto de dos mil veintidós (2.022), y notificada el día seis (06) de agosto (sic) de dos mil veintidós (2.022) dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 76111 -33-33-001-2018-00040-01 promovido por el señor Raúl Ernesto Becerra Millán y Otros.

3.3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva decisión de reemplazo, en la cual se valoren de forma adecuada los medios de co nvicción oportunamente allegados y que fueron practicados en el trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen a las circunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los parámetros ampliamente desarrollados y reiterados por la jurisprudencia del C onsejo

se apliquen y adecúen a las circunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los parámetros ampliamente desarrollados y reiterados por la jurisprudencia del C onsejo de Estado, Sección Tercera, en casos similares de privación injusta de la libertad, en los cuales se ha declarado la responsabilidad de las demandadas, cuando laRadicación:11001-03-15-000-2023-01166-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 imposición de la medida de aseguramiento, estuvo sustentada en elementos materiales probatorios que carecen de valor suasorio al momento de solicitarse; esto en los términos de la jurisprudencia administrativa y constitucional”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital del medio de control de reparación directa Nº 201 7-0024701, actor: Darío Bernardo Bolaños y otros.

5. Trámite procesal

Por auto de 27 de marzo de 2023, el despacho admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a los accionantes, a la autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buga, a la Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, a las señoras Mercedes Millán Becerra y Faisury Becerra Millán y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº

Becerra y Faisury Becerra Millán y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº 28976 a 28982, todas de 30 de marzo de 2023, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión1.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se denegaran las pretensiones de la acción, por cuanto, afirmó, a la parte demandante no se le vulneraron los derechos fundamentales invocados, toda vez que la dec isión proferida fue fundamentada bajo los criterios legales y jurisprudenciales establecidos para el caso concreto.

Sostuvo que, en el caso, luego de valorarse las pruebas aportadas por los sujetos procesales se concluyó que la medida de aseguramiento fue impuesta teniendo en cuenta el informe de captura en flagrancia rendido por la Policía Nacional, que fue levantado en labores de vigilancia y control, en el que se dejó consignado que el señor Becerra Mill án se transportaba en un vehículo donde se encontr ó en 28 envoltorios la cantidad neta de 14.160 gramos de marihuana, por lo que se le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Aclaró que para esa Sala el hecho de que el proceso penal hubiese concluido con sentencia absolutoria no significó que el juez de control de garantías, al momento de resolver imponer la medida de aseguramiento, no hubiera tenido elementos probatorios que llevaran al convencimiento respecto a la posible autoría del

sentencia absolutoria no significó que el juez de control de garantías, al momento de resolver imponer la medida de aseguramiento, no hubiera tenido elementos probatorios que llevaran al convencimiento respecto a la posible autoría del imputado en los hechos y que su libertad constituía un peligro para la comunidad, por cuanto se podía posiblemente tratar de personas que se encontraban ligadas al crimen organizado de tráfico de estupefacientes , por lo que se consideró que la medida de aseguramiento con detención preventiva en c entro carcelario contó con los elementos probatorios y cumplió con los deberes y exigencias convencionales y constitucionales para privar provisionalmente de la libertad a una persona.

1 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: becerraraulernesto@gmail.com; notificaciones@legalgroup.com.co; notificaciones@legalgroup.com.co, s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co, jadmin01bug@notificacionesrj.gov.co; j01adtivobuga@cendoj.ramajudicial.gov.co tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.Radicación:11001-03-15-000-2023-01166-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Para terminar, sostuvo que en el caso no se advierte vulneración a los derechos fundamentales que aduce la parte accionante, pues su derecho de defensa fue

www.consejodeestado.gov.co 5 Para terminar, sostuvo que en el caso no se advierte vulneración a los derechos fundamentales que aduce la parte accionante, pues su derecho de defensa fue garantizado, las etapas del proceso conforme a la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012 fueron surtidas a cabalidad y las partes siempre tuvieron las oportunidades procesales para pronunciarse , por lo que la parte actora pretende, vía de acción de tutela agotar un mecanismo previsto para derechos fundamentales promoviendo que se reabra el debate procesal al estar inconforme con la decisión adoptada en segunda instancia por esta Corporación.

6.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

La Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de la solicitud, por cuanto, adujo (i) los accionantes no dan cuenta de por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hicieron uso del mismo, (ii) no sustentaron las causales específicas de procedencia para que la acción de tutela sea procedente y (iii) pretenden recuperar oportunidades procesales perdidas.

Sostuvo que la Ley 1437 de 2011 prevé diferentes recursos para solicitar el amparo de sus derechos accionados y que, no obstante, en la solicitud se advierte que la parte actora no da cuenta de por qué, a pesar de existir otros mecanismos judiciales idóneos para ventilar el debate objeto de esta acción no hizo uso de los mismos para controvertir el fallo del Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca ,

que la parte actora no da cuenta de por qué, a pesar de existir otros mecanismos judiciales idóneos para ventilar el debate objeto de esta acción no hizo uso de los mismos para controvertir el fallo del Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca , por lo que considera que la misma desconoce el requisito de subsidiariedad.

Finalmente, adujo que, a su juicio, la parte actora no logra identificar la afectación de derechos fundamentales, ni l os elementos que configuran los defectos alegados en la providencia controvertida, razón por la cual el juez constitucional no puede entrar a estudiar la totalidad de la sentencia para identificarlos.

6.3. Los demás vinculados no rindieron informe aun cuando fueron notificados debidamente del auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuart a del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 24 de agosto de 202 2, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cau ca confirmó el fallo que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa que los accionantes promovieron contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como de los principios de confianza

accionantes promovieron contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como de los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, en tanto incurre en defecto fáctico, “por la indebida valoración del material probatorio; mismo que a todas luces no tenía la entidad suficiente para endilgar responsabilidad penal al hoy tutelante”.Radicación:11001-03-15-000-2023-01166-00

Demandantes: RAÚL ERNESTO BECERRA MILLÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Afirmaron que el tribunal accionado ignoró y no valoró, injustificadamente, la realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso penal, y decidió sin el apoyo probatorio que permitiera la aplicación del supuesto legal en el que se sustentó esa decisión.

Agregaron que en el caso bajo análisis, “ el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, omitió observar las claras y protuberantes contradicciones e incoherencias existentes en los medios de prueba señalados, mismos a los que se hiciere alusión al momento de proferir la sentencia absolutoria que operó en favor de mi poderdante”, y señalaron que en el caso se pasó por inadvertido el hecho de que la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido que los informes de policía no constituyen prueba indiciaria, y solo

poderdante”, y señalaron que en el caso se pasó por inadvertido el hecho de que la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido que los informes de policía no constituyen prueba indiciaria, y solo pueden ser utilizados como criterio s de investigación, por lo que se ha accedido a declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad en aquellos casos en los que se ha demostrado que la imposición de la medida restrictiva de la libertad tuvo c omo fundamento los di chos consignados en los informes de policía presentados por el ente investigador.

De manera previa, la Sala verificará el cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional, teniendo en cuenta que se observa una coincidencia entre los argu mentos que soportan el defecto alegado y los utilizados por el demandante en el proceso ordinario que originó la controversia.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posibl e vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de

que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posibl e vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela qu e busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

2 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T -136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.Radicación:11001-03-15-000-2023-01166-00

Calle Correa. 4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.Radicación:11001-03-15-000-2023-01166-00

Demandantes: RAÚL ERNESTO BECERRA MILLÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Esta Sala 5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto obje to de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales d e la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en

decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales d e la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la a cción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Los accionantes consideran que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de 2 4 de agosto de 2022, que confirmó la de 29 de septiembre de 2020, emanada del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buga, incurrió en un defecto fáctico, por cuanto valoró defectuosamente el material probatorio, en los términos precisados en los fundamentos de la acción.

4.2. Del expediente ordinario allegado a este trámite constitucional, se observa que los argumentos que sustentan la presente solicitud coinciden con los que soportaron el recurso de apelación presentado por los demandantes contra la sentencia del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buga, en la que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa , por lo que el debate propuesto ya fue resuelto de manera suficiente y, en tal razón, conforme con las reglas jurisprudenciales antes transcritas, no puede el juez constitucional darle continuidad a esa discusión litigiosa que no involucra un verdadero debate constitucional que deba ser susceptible de estudio de fondo, como si fuera una tercera instancia.

5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicación:11001-03-15-000-2023-01166-00

Demandantes: RAÚL ERNESTO BECERRA MILLÁN

5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio R