CE - 010315000202301194001SENTENCIA20230622113204

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01194-00

Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procede estudio de fondo porque se acreditó cumplimiento de requisitos generales; además, se identificaron y sustentaron las causales específicas alegadas / DEFECTO SUSTANTIVO – Se configura en este caso, por aplicación indebida de las reglas de prescripción del contrato de seguro.

La Sala decide la acci ón de tutela instaurada por Seguros del Estado S.A. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 7 de marzo de 20231, Seguros del Estado S.A. interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , con ocasión de la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2022, en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , con ocasión de la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2022, en el proceso de reparación directa con radicado 11001-3336-034-2015-00664-01. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

1 Se advierte que, el 3 de mayo de 202 3, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00

Demandante: Seguros del Estado S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2 PRIMERA. De manera respetuosa solicito al Honorable Consejo de Estado, que sean tutelados los derechos fundamentales de mi mandante al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la recta administración de justicia, así como los demás que directa o indirectamente encuentre vulnerados con ocasión del examen que realice, como consecuencia de la vía de hecho que frente a Seguros del Estado S.A. se configuró con la expedición de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección “A” del 17 de noviembre de 2022 19 , en Sala integrada por los Magi strados Alfonso Sarmiento Castro, Juan Carlos Garzón Martínez y Bertha Lucy Ceballos Posada, al condenarse a la aludida aseguradora con fundamento en el contrato de seguro contenido en la póliza de responsabilidad civil profesional 33 -03-101013728, Cuando había prescrito la acción derivada del contrato de seguro y había

al condenarse a la aludida aseguradora con fundamento en el contrato de seguro contenido en la póliza de responsabilidad civil profesional 33 -03-101013728, Cuando había prescrito la acción derivada del contrato de seguro y había operado la exclusión por estar demostrado el contagio del paciente con bacteria hospitalaria en las instalaciones del asegurado.

SEGUNDA. Que como consecuencia de lo anterior, solicito DEJ AR SIN EFECTOS frente a Seguros del Estado S.A., la sentencia de segunda instancia de fecha 17 de noviembre de 2022 y la aclaración de la misma de fecha 9 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subse cción “A” dentro del proceso número 11001333603420150066400, adelantado por María Inés Rodríguez y otros contra el Hospital Santa Clara ESE (hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE) y otros, por considerarse una decisión ilegítima que desconoce los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la recta administración de justicia, por incurrir en una vía de hecho por defectos tanto de orden sustantivo como fáctico.

TERCERA. ORDENAR al Tribunal Administrat ivo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección “A” , proferir una nueva sentencia de segunda instancia dentro del proceso con radicado 11001333603420150066400, en la que se estudie de fondo y razonadamente las pruebas aportadas al proceso, en especial el contenido en la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional bajo número 33-03-101013728 y así poder determinar de manera acertada su alcance conforme las exclusiones pactadas en el contrato de seguro y a los términos de prescripción ordinaria.

el contenido en la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional bajo número 33-03-101013728 y así poder determinar de manera acertada su alcance conforme las exclusiones pactadas en el contrato de seguro y a los términos de prescripción ordinaria.

1.2 Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

Tras haber sufrido una caída en su residencia, e l 27 de febrero de 2012, el señor Misael Duarte Romero fue trasladado por sus familiares a la ESE Hospital Santa Clara de Bogotá, en donde se le diagnosticó inicialmente un « cuadro crónico progresivo de compromiso de funciones mentales superiores hasta afasia ideomotora y sensitiva asociado compromiso motor y sensitivo focal ». El 22 del mismo mes y a ño, el paciente fue aislado y empezó a recibir tratamiento con antibiótico, debido a que contrajo el virus hospitalario klebsiella pneumoniae. Al día siguiente broncoaspiró y sufrió un paro cardiorrespiratori o, lo cual agravó su condición médica y provocó su paso a la unidad de cuidados intensivos de dichoRadicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00

Demandante: Seguros del Estado S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3 hospital. Debido al deterioro de su estado de salud, e l 20 de noviembre de 2012 , falleció.

En ejercicio del medio de control de reparación directa , la señora María Inés Rodríguez Ortega y otros familiares2 presentaron demanda contra la Nación –

falleció.

En ejercicio del medio de control de reparación directa , la señora María Inés Rodríguez Ortega y otros familiares2 presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Salud y de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, el Distrito Capital de Bogotá y el Hospital Santa Clara ESE (hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE), para que se declarara la responsabilidad patrimonial por los daños atribuidos a la falla en la prestación del servicio médico que desembocó en el fallecimiento del señor Misael Duarte Romero.

En dicho proceso se llamó en garantía a Seguros del Estado S.A. Al contestar el llamamiento, la aseguradora propuso las excepciones de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y de exclusión por infección hospitalaria.

El Juzgado 34 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 31 de enero de 2020, (i) declaró administrativamente responsable al Hospital Santa Clara y lo condenó a indemnizar a los demandantes por los perjuicios causados; (ii) estableció que « [l]a llamada en garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A. deberá responder hasta por el monto de la pól iza N°33 -03-101013728 de responsabilidad civil profesional», pues la reclamación por el paro cardiorrespiratorio estaba cubierta por el seguro; (iii) exoneró de responsabilidad a la Superintendencia Nacional de Salud y al Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Salud y (iv) negó las demás pretensiones de la demanda.

La decisión fue apelada por los entonces demandantes, quienes pidieron que también se declarara responsables a la Superintendencia Nacional de Salud y a la

pretensiones de la demanda.

La decisión fue apelada por los entonces demandantes, quienes pidieron que también se declarara responsables a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, y que se reconsiderara la indemnización concedida en primera instancia; por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, que se centró en la ausencia de responsabilidad del entonces Hospital Santa Clara , y por Seguros del Estado S.A., que alegó (i) que no se reunían los requisitos para afectar la póliza; (ii) que la acción de derivada del contrato de seguro prescribió y (iii) que la póliza contiene una exclusión por infección hospitalaria.

2 Luz Dary Duarte Rodríguez, Daney Duarte Rodríguez, Yency Enith Duarte Rodríguez, Juan Carlos Duarte Rodríguez, María Lizeth Duarte Rodríguez y Javier Antonio Duarte Rodríguez.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00

Demandante: Seguros del Estado S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4 El Tribunal Administrativo de Cundinamarc a, Sección Tercera, Subsección A , en sentencia del 17 de noviembre de 2022, modificó el fallo apelado para duplicar el monto de la indemnización que la «Subred Integrada de Servicios de Salud» debía pagarles a los demandantes por concepto de perjuicios mor ales 3 , en consideración a que el daño no devino de la pérdida de oportunidad « de sobrevivencia», sino d el fallecimiento del paciente , derivado de la inadecuada y

pagarles a los demandantes por concepto de perjuicios mor ales 3 , en consideración a que el daño no devino de la pérdida de oportunidad « de sobrevivencia», sino d el fallecimiento del paciente , derivado de la inadecuada y defectuosa prestación del servicio médico.

De otra parte , confirmó la decisión del juzgado , en cuanto negó el resarcimiento del daño a la vida de relación y el lucro cesante. Así mismo, confirmó la decisión de exonerar de responsabilidad a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, al igual que la condena impuesta a Seguros del Estado, respecto de la cual consideró que estaba obligada « a dar cumplimiento al contrato de seguro contenido en la póliza de responsabilidad civil profesional (…) hasta el límite asegurado por cuenta de la condena impuesta en esta sentencia».

Previa solicitud de los entonces demandantes, mediante providencia del 9 de febrero de 2023 , el referido Tribunal aclaró y corrigió el fallo del 17 de noviembre de 2022, a fin de complementar el nombre de la entidad demandada conforme se destaca: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE ; adicionar el apellido Ortega a la señora María Inés Rodríguez ; corregir el nombre de «Hernesto» por «Hernestor» e incrementar a 100 smmlv la indemnización por perjuicios morales reconocida a todos los demandantes distintos a la señora Rodríguez Ortega, por cuanto acreditaron ser hijos —y no «hermanos», como se había consignado en la sentencia— del señor Misael Duarte Romero.

1.3. Argumentos de la tutela

Rodríguez Ortega, por cuanto acreditaron ser hijos —y no «hermanos», como se había consignado en la sentencia— del señor Misael Duarte Romero.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora considera que la au toridad judicial accionada incurrió en las siguientes causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales:

1.3.1. Defecto sustantivo , por indebida aplicación de los artículos 1081, 1072 y 1131 del Código de Comercio, lo que llevó al Tribunal a concluir de manera errada

3 Pasó de 50 a 100 smmlv para la cónyuge, María Inés Rodríguez, y de 25 a 50 smmlv para los «hermanos», con excepción de l señor Juan Carlos Duarte Rodríguez, cuya indemnización quedó igual porque el a quo ya le había reconocido 50 smmlv.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00

Demandante: Seguros del Estado S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

5 que en la controversia planteada por l a señora María Inés Rodríguez Ortega y otros debía aplicarse la prescripción extraordinari a en lugar de la prescripción ordinaria.

Explicó que e l artículo 1080 del Código de Comercio consagra dos clases de prescripción: ordinaria y extraordinaria , las cuales no pueden ser aplicadas «a gusto del fallador» . La ordinaria es por el término de dos años, que se cuenta a partir del conocimiento que tenga el interesado del hecho base de la acción ; y la

prescripción: ordinaria y extraordinaria , las cuales no pueden ser aplicadas «a gusto del fallador» . La ordinaria es por el término de dos años, que se cuenta a partir del conocimiento que tenga el interesado del hecho base de la acción ; y la extraordinaria de cinco años, para quien no pudo conocer el hecho.

En tal sentido, sostuvo que en el caso que dio lugar a la sentencia objeto de amparo, el asegurado , Hospital Santa Clara ESE (hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE) , quien tenía la posibilidad de ejercer la acción derivada del contrato de seguro, conoció del hecho base desde el momento en que fue citado a la conciliación extrajudicial —24 de octubre de 2014 —. De ahí que cuando presentó el llamamiento en garantía —4 de noviembre de 2016 —, ya se había superado el plazo de dos años previsto en el Código de Comercio , para la configuración de la prescripción ordinaria. Además, Seguros del Estado S.A. no fue citado a la audiencia de conciliación extrajudicial.

En su lugar, afirmó la parte actora, el Tribunal aplicó inadecuadamente el artículo 1081 del Código de Comercio, pues «resolvió arbitrariamente » aplicar la prescripción extraordinaria , a pesar de que sus propias consideraciones apuntaban a lo contrario: aplicar la prescripción ordinaria.

Insistió en que quedó acreditado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE conoció del siniestro —la reclamación de la víctima en los términos del artículo 1131 del Código de Comerc io— y, en consecuencia, el fallador debió aplicar la prescripción ordinari a, ya que la extraordinaria, según lo

términos del artículo 1131 del Código de Comerc io— y, en consecuencia, el fallador debió aplicar la prescripción ordinari a, ya que la extraordinaria, según lo señala el Consejo de Estado, en providencia citada en el fallo objeto de tutela , es aplicable para la propia víctima , quien, en este caso, ni siquiera ejerció la acción directa.

Alegó que tanto la jurisprudencia como la doctrina especializada han señalado de manera armónica que la correcta interpretación de los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio conduce a la conclusión —desconocida por el Tribunal— de que la prescripción de la acción directa de la víctima es de cinco años e inicia suRadicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00

Demandante: Seguros del Estado S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

6 cómputo desde el momento en que ocurre el hecho externo imputable al asegurado, mientras que la prescripción respecto del asegurado es la de dos años, es decir, la ordinaria, e inicia su cómputo desde cuando la víctima le formula una petición judicial o extrajudicial de reparación.

Dijo que la sentencia enjuiciada aplicó los artículos 1081, 1131 y 1072 del Código de Comercio de «manera manifiestamente errada», en tanto que «sacó del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable su decisión judicial », por lo que no se trata de una diferencia interpretativa de las disposiciones, sino de una

de Comercio de «manera manifiestamente errada», en tanto que «sacó del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable su decisión judicial », por lo que no se trata de una diferencia interpretativa de las disposiciones, sino de una decisión carente de fundamento jurídico, que «parece dictada caprichosamente, con desconocimiento de la ley, y que por tanto compromete el derecho fundamental al debido proceso a la tutela judicial efectiva y a la recta administración de justicia de Seguros del Estado S.A.».

Igualmente, acusó al Tribunal de «efectuar una interpretación y aplicación [ir]razonable de los artículos 1036, 1046, 1047, 1056, 1081 y 1131 del Código de Comercio y el artículo 1602 del Código Civil» , en el sentido de que omitió pronunciarse respecto del alcance del contrato de seguro en el caso concreto y de si el asegurador debía asumir las consecuencias económicas de los hechos reclamados por los demandantes.

Concluyó con que no se examinaron las circunstancia s particulares de la póliza, en especial, la exclusión por l as reclamacio nes derivadas de organismos patógenos.

1.3.2 Defecto fáctico, puesto que el Tribunal, al descartar la prescripción ordinaria y aplicar la extraordinaria, desconoció las siguientes pruebas aportadas al proceso:

• La conciliación extrajudicial radicada el 24 de octubre de 201 4 por los demandantes en el proceso de reparación directa.

• La presentación del llamamiento en garantía a Seguros del Estado S.A. efectuado el 4 de noviembre de 2016.

demandantes en el proceso de reparación directa.

• La presentación del llamamiento en garantía a Seguros del Estado S.A. efectuado el 4 de noviembre de 2016.

Adujo que el Tribunal, a pesar de contar con los elementos fácticos y probatorios, resolvió la controversia de forma arbitraria , al punto de que sus propiasRadicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00

Demandante: Seguros del Estado S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

7 consideraciones apuntaban a lo contrario : aplicar la prescripción ordinaria en vez de la extraordinaria, pues estaban acreditados los supuestos de la primera.

De otra p arte, señaló que también se configuró un defecto fáctico por que, aun cuando quedó demostrado que se presentó una infección hospitalaria que afectó al paciente y de que esta constituía una exclusión pactada en el contrato de seguro, el Tribunal desconoció ese hecho , afectó la póliza y conden ó a la aseguradora.

Explicó que la carátula y los numerales 23, 24 y 29 de las condiciones generales de la póliza prevén como eventos exceptuad os las «reclamaciones por organismos patogénicos », y que la misma sentencia reconoció que el paciente sufrió una infección intrahospitalaria y, sin embargo, no estudió las exclusiones de la póliza para establecer su aplicación en el caso objeto de examen.

2. Trámite impartido e intervenciones

En auto del 24 de marzo de 2023, pre vio requerimiento 4 a l a accionante, el

la póliza para establecer su aplicación en el caso objeto de examen.

2. Trámite impartido e intervenciones

En auto del 24 de marzo de 2023, pre vio requerimiento 4 a l a accionante, el despacho sustanciador admitió la demanda y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , como parte demandada , y a los terceros con interés 5. Asimismo, dispuso notificar la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, a través de la magistrada encargada del Despacho ponente, señaló que se remitía a las consideraciones expuestas en la sentencia reprochada, toda vez que el ponente de la decisión fungió como magistrado hasta el 22 de noviembre de 2022.

2.2. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá pidió que se declarara improcedente la tutela, porque no se incurrió en vulneración de los derechos fundamentales reclamados.

4 Mediante providencia del 13 de marzo de 2023, el Despacho sustanciador requirió al apoderad o judicial de Seguros del Estado S.A. para que aportara los documentos que acreditaran la representación legal y las facultades conferi das al poderdante . Una vez cumplió con el requerimiento se admitió la demanda. 5 En consecuencia, se dispuso vincular a quienes fueron parte en el proceso ordinario, esto es, los señores María Inés Rodríguez Ortega, Luz Dary Rodríguez, Hernestor Daney Duar te Rodríguez,

requerimiento se admitió la demanda. 5 En consecuencia, se dispuso vincular a quienes fueron parte en el proceso ordinario, esto es, los señores María Inés Rodríguez Ortega, Luz Dary Rodríguez, Hernestor Daney Duar te Rodríguez, Yency Enith Duarte Rodríguez, Juan Carlos Duarte Rodríguez, Ma ría Lyceth Duarte Rodríguez y Javier Antonio Duarte Rodríguez, así como a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. (antes Hospital Santa Clara E.S.E.).Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00

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Igualmente, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva con fundamento en que dicha entidad «no es la competente para resolver la pretensión expuesta en la presente acc ión», por no ser el superior de las autoridades judiciales accionadas.

2.3. El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó que se declar ara improcedente la acción de tutela , dado que dicha entidad no es competente para resolver la solicitud de la accionante.

2.4. El apoderado de los demandantes en el proceso de reparación directa se opuso a las pretensiones de la tutela, sin embargo, no aportó el poder especial que lo habilitara para intervenir en este proceso, razón por la cual la Sala se abstiene de considerar su intervención.

opuso a las pretensiones de la tutela, sin embargo, no aportó el poder especial que lo habilitara para intervenir en este proceso, razón por la cual la Sala se abstiene de considerar su intervención.

2.5. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial. Solo en caso de que se cumplan, se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer si se configuraron o no los defectos sustantivo y fáctico atribuidos a l a sentencia del 17 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-36-0342015-00664-01, y si, como consecuencia de ello, se deben conceder el amparo solicitado por Seguros del Estado S.A.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia con la que culminó el proceso de reparación directa data del 17 de noviembre de 2022 y fue objeto de aclaración y corrección en providencia del 9Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00

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9 de febrero de 2023, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 7 marzo siguiente, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la decisión cuestionada y de su corrección . Este término resulta razo nable, sin necesidad de considerar la fecha de notificación de las providencias.

2.1.2. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos disponibles en el proceso ordinario y, en todo caso, los hechos que se discuten por vía de tutela no se ajustan a ninguno de los recursos extraordinarios previstos en la Ley 1437 de 2011.

2.1.3. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.1.4. De la relevancia constituciona l. Previo al estudio del cumplimiento de este presupuesto en el caso concreto, la Sala estima necesario referirse brevemente al alcance de la relevancia constitucional.

La jurisprudencia constitucional y el mismo Consejo de E stado han sido enfáticos en afirmar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota por el hecho de señalar los derechos fundamentales vulnerados y de que se identifiquen los defectos contra la providencia. No. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y coherente y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y coherente y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

Esta premisa se ajusta al precedente 6 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad, s alvo que la decisión desborde el alcance de los derechos fundamentales de una parte.

6 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00

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10 • Análisis de relevancia constitucional en el caso concreto

En lo referente a la prescripción del contrato de seguro , la cuestión que aquí se discute tiene relevancia con stitucional, toda vez que los argumentos de la parte demandante se dirigen a cuestionar la razonabilidad del examen realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , en la

discute tiene relevancia con stitucional, toda vez que los argumentos de la parte demandante se dirigen a cuestionar la razonabilidad del examen realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , en la providencia del 17 de noviembre de 2022, puesto que se le enrostra la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso , a la tutela judicial efectiva y a la «recta administración de justicia».

La conclusión de la Sala no se cimienta en el simple hecho de que en la demanda se enuncia una serie de derechos como conculcados, sino porque la parte actora cumplió con el requisito de carga argumentativa en la sustentación de los defectos sustantivo y fáctico atribuidos a la providencia , en clave d el debate sobre la prescripción; además, las razone s señaladas dan cuenta de que no se est á utilizando este mecanismo de protección constitucional como una instancia adicional al proceso ordinario . De un lado, porque en la primera instancia no se resolvieron los argumentos de la prescripción pro puestos en el llamamiento en garantía; en segundo lugar, si bien el Tribunal se refirió al asunto, en la tutela se ataca constitucionalmente la juridicidad, interpretación y aplicación que se hizo de las normas del contrato de seguro, con lo cual , en crite rio de la p arte actora, se habría desbordado el margen de la autonomía judicial.

Ciertamente, la solicitud de amparo sostiene que el Tribunal aplicó a su antojo y con desconocimiento de las pruebas sobre el conocimiento del siniestro , un término de prescripción que no estaba llamado a gobernar el asunto, toda vez que, en sentir de la aseguradora, debió aplicar la prescripción ordinaria , pero de

con desconocimiento de las pruebas sobre el conocimiento del siniestro , un término de prescripción que no estaba llamado a gobernar el asunto, toda vez que, en sentir de la aseguradora, debió aplicar la prescripción ordinaria , pero de manera incoherente y sin una justificación de respaldo eligió la extraordinaria.

A juicio de la Sala, dichas ra zones le im primen al asunto una importancia iusfundamental propia de la relevancia constitucional, pues supone examinar si la decisión del Tribunal se ajusta a una correcta interpretación y aplicación de las disposiciones aplicables al caso , pues de haberse equivocado en la selección de la prescripción se afectarían los derechos fundamentales invocados como al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00

Demandante: Seguros del Estado S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

11 No ocurre lo mismo con el defecto sustantivo, en lo atinente a que la se ntencia omitió pronunciarse sobre el alcance del contrato de seguro a partir de la aplicación de los artículos 1036, 1046, 1047, 1056, 1081 y 1131 del Código de Comercio y 1602 del Código Civil , porque en sentir de la demandante no hizo un examen de la pól iza y de la exclusión de las reclamaciones . Tampoco se llega a esa conclusión del defecto fáctico , en cuanto se afirma que se acreditó una exclusión de los riesgos contenidos en la póliza —infección hospitalaria—, que fue

esa conclusión del defecto fáctico , en cuanto se afirma que se acreditó una exclusión de los riesgos contenidos en la póliza —infección hospitalaria—, que fue reconocida por el Tribunal y, sin embargo, condenó a la aseguradora a asumir el pago de la obligación.

Esta Subsección encuentra que estos últimos reparos se orientan a reabrir el deb