CE - 010315000202301202011SENTENCIA20231213221233

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01202-01

Demandantes: Carolina Sanabria Ayala y Carlos Fernando Cortés

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01202-01

Demandantes: CAROLINA SANABRIA AYALA Y CARLOS FERNANDO

CORTÉS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN “C”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Declara de oficio la excepción de inepta demanda . Defectos por desconocimiento del precedente judicial sustantivo y violación directa de la Constitución

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por los accionantes, quien es actúan mediante apoderado judicial , contra la sentencia de 17 de abril de 202 3, dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

contra la sentencia de 17 de abril de 202 3, dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes relataron que el 1 de abril de 2003, la señora Carolina Sanabria Ayala fue nombrada en el cargo de asesora, grado 19, en la regional Casanare de la Procuraduría General de la Nación.

Afirmaron que durante el ejercicio de sus funciones sufr ió acoso laboral por parte de su jefe inmediato, al punto que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá el 25 de julio de 2007, le diagnosticó una enfermedad profesional de trastorno mixto de ansiedad y depresión que le generó una pérdida de la capacidad laboral de 19,20%, la cual con posterioridad fue revaluada en 21.30%.

Sostuvieron que la ARL realizó varias recomendaciones, que nunca fueron atendidas y, en consecuencia, su estado de salud empeor ó, viendo afectada su relación de pareja, así como el vínculo materno-filial con su hijo menor.

Indicaron que presentaron demanda de reparación directa 1 contra la Procuraduría General de la Nación, con la intención de que se resarcieran los perjuicios causados por la omisión en adoptar medidas tend ientes a prevenir la enfermedad de la señora Carolina Sanabria Ayala.

1 En vigencia del Decreto 01 de 1984.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01202-01

Demandantes: Carolina Sanabria Ayala y Carlos Fernando Cortés

1 En vigencia del Decreto 01 de 1984.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01202-01

Demandantes: Carolina Sanabria Ayala y Carlos Fernando Cortés

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2 Señalaron que el Tribunal Administrativo de Casanare en fallo de 23 de mayo de 2013, declar ó responsable a la Procuraduría General de la Nación por los perjuicios materiales, morales y el daño a la salud causados a la señora Carolina Sanabria Ayala, así como por los perjuicios morales causados al núcleo familiar de la demandante, con ocasión de la omisión en ordenar medidas necesarias para la disminución de las situaciones de estrés y el mejoramiento del ambiente laboral.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación. La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado en sentencia de 19 de julio de 2022, la revocó y declaró de oficio la inepti tud sustantiva de la demanda , pues “ i) no era procedente la acción de reparación directa cuando la omisión de la entidad ocurría en el marco de una relación laboral, legal o reglamentaria y ii) que, atendiendo ello, era deber del empleado (demandante) acud ir, previamente, a la administración y solicitar la reclamación por los perjuicios derivados de las presuntas conductas constitutivas de acoso laboral, para posteriormente, formular la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto o actos administrativos producto de la respuesta de la

por los perjuicios derivados de las presuntas conductas constitutivas de acoso laboral, para posteriormente, formular la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto o actos administrativos producto de la respuesta de la Administración, estableciendo que la fuente del daño reclamado derivaba de dicho acto administrativo”.

2. Fundamentos de la acción

Los demandantes presentaron acción de tutela con el objeto de que se ampare n los derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación e indemnización integral , supuestamente vulnerados por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado con l a sentencia de 19 de julio de 20 22, proferida en el proceso de reparación directa con radicado No. 85001-23-31-003-2009-00024-01.

En pri mer lugar , se refiri eron al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.

De otra parte, a firmaron que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto sustantivo, toda vez que “ de manera desacertada profirió sentencia inhibitoria, al considerar que para la demanda de reparación directa era requisito tener que indicar las normas violadas y explicar el concepto de violación, máxime cuando el artículo 137.4 CCA –hoy art. 162.4 CPACA - ha establecido que esto se requiere para la impugnación de un acto administrativo, siendo improcedente en un escenario de reparación directa”.

De otro lado, sostuvieron que en la sentencia objetada se incurrió en desconocimiento del precedente judicial , pues en un caso similar la Sección

para la impugnación de un acto administrativo, siendo improcedente en un escenario de reparación directa”.

De otro lado, sostuvieron que en la sentencia objetada se incurrió en desconocimiento del precedente judicial , pues en un caso similar la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado en sentencia de 7 de febrero de 20182, consideró que la acción de reparación directa e ra procedente para solicitar el pago de perjuicios causados como consecuencia de la omisión del Estado como empleador cuando ocurre un accidente laboral o una enfermedad profesional.

Finalmente, manifestaron que se incurrió en violación directa de la Constitución, en razón a que se desconoce el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pues se le s “impuso a los accionantes la obligación de acudir a la administración y reclamar perjuicios para que a partir de un acto administrativo se promo viera la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, desconociéndose abiertamente las pretensiones de los actores y el precedente judicial que ha desarrollado la tesis de la procedencia de la acción de reparación directa para la indemnización de daño s derivados de la enfermedad laboral

2 Radicado No. 73001-23-31-000-2008-00100-01, C.P.: Danilo Rojas Betancourth.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01202-01

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3 adquirida por la señora Carolina Sanabria desde la omisión de la Procuraduría

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3 adquirida por la señora Carolina Sanabria desde la omisión de la Procuraduría General de la Nación en adoptar mecanismos para evitar y/o mitigar el acoso laboral del que fue víctima”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“PRIMERO: Se TUTELEN a favor de la señora CAROLINA SANABRIA AYALA y CARLOS FERNANDO CORTES, quien actúa a nombre propio y de su menor hijo, los derechos fundamentales, AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA A DMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN INTEGRAL, los cuales fueron vulnerados con la Sentencia emitida el día diecinueve (19) de julio de 2022 y notificada mediante edicto electrónico el día 28 de octubre de 2022, por la Subsección C, S ección Tercera, Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Se ORDENE a la Subsección C, Sección Tercera, Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dejar sin efectos la sentencia emitida el día diecinueve (19) de julio de 2 022 y notificada mediante edicto electrónico el día 28 de octubre de 2022.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Subsección C, Sección Tercera, Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que profiera decisión que en derecho corresponda en concordancia con los precedentes existentes en la resolución de casos con

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Subsección C, Sección Tercera, Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que profiera decisión que en derecho corresponda en concordancia con los precedentes existentes en la resolución de casos con identidad fáctica al presente y limitando su competencia frente al contenido material de los recursos de apelación formulados por las partes y en virtud de los cuales conoció del asunto”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 13 de marzo de 202 3, el Tribunal Administrativo de Casanare remitió link de acceso al expediente digital No. 85001-23-31-003-200900024-01, que contiene las actuaciones de l proceso de re paración directa que adelantó la señora Carolina Sanabria Ayala y el señor Carlos Fernando Cort és contra la Procuraduría General de la Nación.

5. Trámite procesal

Por auto de 9 de marzo de 2023, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado admitió la acción de tutela , razón por la cual ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad judicial accionada , así como al Tribunal Administrativo de Casanare y a la Procuraduría General de la Nación.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado

En escrit o de 15 de marzo de 202 3, el consejero ponente manifestó que las consideraciones desarrolladas en la sentencia de 19 de julio de 2022, son suficientes para explicar la improcedencia de la acción de tutela.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Casanare

consideraciones desarrolladas en la sentencia de 19 de julio de 2022, son suficientes para explicar la improcedencia de la acción de tutela.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Casanare

En escrito de 22 de marzo de 202 3, la magistrada ponente de la decisión de primera instancia informó que los demandantes no probaron el defecto sustantivo y no pueden a través de este mecanismo constitucional, reabrir el debate en el referido proceso, como si se tratara de una tercera instancia, por lo que , sostuvo, se atiene a la decisión que se adopte.

6.3. La Procuraduría General de la Nación , guardó silencio a un cuando se le notificó en debida forma del auto admisorio de la acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01202-01

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7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “ B” del Consejo de Estado por sentencia de 17 de abril de 202 3, negó las pretensiones de solicitud de amparo constitucional porque no encontró configurados los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución alegados.

Afirmó que la autoridad judicial accionada, en ejercicio de su autonomía e independencia, consideró que frente a la recla mación de perjuicios, el medio de control invocado por los demandantes fue inadecuado, por lo que debieron

Afirmó que la autoridad judicial accionada, en ejercicio de su autonomía e independencia, consideró que frente a la recla mación de perjuicios, el medio de control invocado por los demandantes fue inadecuado, por lo que debieron instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C ódigo Contencioso Administrativo, actual 138 de la Ley 1437 de 2011CPACA-, lo que conllevaba que se expusiera de manera clara y suficiente las normas violadas y explicar el concepto de la violación.

Agregó que la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado no incurrió en el defecto sustantivo aleg ado, pues el alcance que se dio a las normas revisadas, en el ejercicio de la labor judicial, resultó razonable y ajustad o a la normativa procesal, pues el criterio para calificar de errónea una determinada interpretación normativa, está dada en términos de razonabilidad.

Indicó que no se demostró la configuración del desconocimiento del precedente judicial, pues la sentencia mencionada por la parte actora no corresponde a una providencia que defina reglas jurisprudenciales respecto del asunto planteado p or los accionantes, por lo que no se puede deducir un a desatención de esa decisión judicial, dado que no se le podía exigir a la autoridad accionada su aplicación.

Por último, manifestó que la providencia de 19 de julio de 2022 no vulneró los derechos fun damentales invocados por la parte accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de

derechos fun damentales invocados por la parte accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por violación directa a la Constitución, que amerite la intervención del juez de tutela.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó su revocatoria y, en su lugar, que se acceda al amparo constitucional solicitado.

Afirmaron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues prevalecieron aspectos procesales sobre la relevancia sustancial, además que se les impuso una carga que les impide obtener una decisión de fondo.

Agregó que no resulta razonable que desde el año 2009 -momento en que se presentó la demanda -, y solo hasta el 2022 se dicte una decisión en la que se indique que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por lo demás , los accionantes reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. CompetenciaRadicado: 11001-03-15-000-2023-01202-01

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De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constituc ión Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Cuestión previa

En escritos de 5 y 24 de octubre de 2023, l a consejera sustanciadora manifestó estar impedida para conocer de la presente acción 3, el cual fue declarado infundado mediante auto de 10 de noviembre de 20234.

Una vez se agotaron todos los trámites de notificación por parte de la Secretaría General de esta Corporación, el expediente ingresó al despacho para fallo el 16 de noviembre de 2023.

3. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

3.1. Los accionantes en el escrito de impugnación invocaron el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, frente al cual la Sala se abstendrá de realizar algún análisis , toda vez que no fue propuesto en el escrito de tutela, y cualquier pronunciamiento sobre tal aspecto, podría vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de la autoridad judicial accionada.

3.2. Precisado lo anterior, l e corresponde a la Sala establecer, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar el fallo de 17 de abril de 2023, dictado por

3.2. Precisado lo anterior, l e corresponde a la Sala establecer, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar el fallo de 17 de abril de 2023, dictado por el juez de tutela de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y , en su lugar, acceder a la protección constitucional solicitada.

Lo anterior, por cuanto la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado con la sentencia de 19 de julio de 2022, incurrió supuestamente en los defectos de: i) desconocimiento del precedente judicial, toda vez que en un caso similar la Sección Tercera, Subsección “B” , de la misma corporación, en sentencia de 7 de febrero de 2018, consideró que la acción de reparación directa era procedente para solicitar el pago de los perjuicios causados como consecuencia de la omisión del Estado como empleador , cuando ocurre un accidente laboral o una enfermedad profesional , ii) sustantivo, al considerar que para formular la demanda de reparación directa era req uisito indicar las normas violadas y explicar el concepto de violación , o que se debió ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y iii) violación directa de la Constitución , en razón a que se les impuso la obligación de acudir a la Admini stración y reclamar los perjuicios a partir de un acto administrativo y así promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que desconoce abiertamente las pretensiones de la demanda.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela cont ra provid encias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de

la demanda.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela cont ra provid encias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten v ulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención

3 Índices 5 y 11 de Samai 4 Índice 14 de samaiRadicado: 11001-03-15-000-2023-01202-01

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6 Americana sobre Derechos Humanos 5 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos6, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20127, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agost o de 20148, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias

cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agost o de 20148, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada ; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar c laro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración c omo los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la

derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico 10; (ii) Defecto procedimental absoluto 11; (iii) Defecto fáctico 12; (iv) Defecto material o sustantivo 13; (v) Error inducido 14; (vi) Decisión sin motivación15; (vii) Desconocimiento del precedente16 y (viii) Violación directa de la Constitución17.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos

5 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 6 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 7 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 8 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 9 M. P. Jaime Córdoba Triviño. 10 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió l a providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 11 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 12 Que surge cuando el juez carece del apoy o probatorio que permita la aplicación del supue sto legal en el que se sustenta la decisión.

para ello. 11 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 12 Que surge cuando el juez carece del apoy o probatorio que permita la aplicación del supue sto legal en el que se sustenta la decisión. 13 Como son los casos en que se decide con base en normas i nexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 14 Que se presenta cuando el ju ez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 15 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales d e dar cuenta de los fundamentos fácticos y juríd icos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 16 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamen tal y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecani smo para garantizar la efic acia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 17 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Consti tucional en las recientes sentencias SU -114 de 2023 y SU -061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01202-01

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7 arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el

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7 arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Con tencioso Administrativo18 y de la Corte Constitucional19.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucion ales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. La parte accionante present ó acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación e indemnización integral , supuestamente vulnerados por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado con la sentencia de 19 de julio de 2022 que, a su juicio, incurrió en los defectos: i) sustantivo, al considerar que para formular la demanda de reparación directa era requisito indicar las normas violadas y explicar el concepto de violación o que se debió ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ii) desconocimiento del precedente judicial , toda vez que en un caso similar la Sección Tercera, Subsección “B” de la misma corporación, en sentencia de 7 de

o que se debió ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ii) desconocimiento del precedente judicial , toda vez que en un caso similar la Sección Tercera, Subsección “B” de la misma corporación, en sentencia de 7 de febrero de 2018, consideró que la acción de reparación directa era procedente para solicitar el pago de los perjuicios causados como consecuencia de la omisión del Estado como empleador , cuando ocurre un accidente laboral o una enfermedad profesional y iii) violac ión direc ta de la Constitución , en razón a que se les impuso la obligación de acudir a la Administración y reclamar perjuicios a partir de un acto administrativo y así promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que desconoce abiertame nte las pretensiones de la demanda.

En primera instancia, p or medio de sentencia de 17 de abril de 2023, la Sección Segunda, Subsección “ B”, del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la providencia objetada se sustentó de manera razonable, sin que se evidencie alguna contradicción con el ordenamiento jurídico.

Al efecto, indicó que la decisión que invoca como procedente judicial no obligaba a la autoridad judicial accionada por cuanto no fija una regla jurisprudencial, y no se demostró la violación directa de la Constitución.

En el escrito de impugnación, la parte actora reiteró los argumentos expuestos en el es crito de tutela , relacionados con la supuesta configuración de los defectos sustantivo, desconocimien to del pr ecedente judicial y violación directa de la Constitución, a partir de los cuales se efectuará el estudio del asunto bajo examen.

el es crito de tutela , relacionados con la supuesta configuración de los defectos sustantivo, desconocimien to del pr ecedente judicial y violación directa de la Constitución, a partir de los cuales se efectuará el estudio del asunto bajo examen.

5.2. En torno al defecto por desconocimiento del precedente judicial, es necesario precisar que l a Corte Constitucion al ha dic ho que la aplicación del precedente judicial implica que 20: « un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que

18 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos E nrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016 -02213-01), Sentencia del 24 de noviembre d e 2016, C. P. L ucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 19 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Glo ria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. 20 Sentencia T-158 de 2006, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01202-01

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. 20 Sentencia T-158 de 2006, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01202-01

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8 definen el caso pendiente de fallo son semejantes a l os supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una di stinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas21:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció15.

2. El juez