CE - 010315000202301225001SENTENCIA20230424164105

CONSEJO DE EST ADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MART A NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., a b r i l v e i n t i c u a t r o ( 2 4 ) d e d o s m i l v e i n t i t r é s ( 2 0 2 3 ) .

Radicación número: 1 10010315000202301225 00

Accionante: MARLON NEGRÓN AGUILAR

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRA TIVO DE SANT ANDER Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INST ANCIA) T e m a s : A C C I Ó N D E T U T E L A C O N T R A P R O V I D E N C I A J U D I C I A L – I m p r o c e d e n c i a p o r i n e x i s t e n c i a d e c a r g a a r g u m e n t a t i v a / R E L E V A N C I A C O N S T I T U C I O N A L – N o s e c o n f i g u r a e n e s t e c a s o / T E R C E R A I N S T A N C I A – L a p a r t e d e m a n d a n t e p r e t e n d e r e a b r i r e l d e b a t e p o r n o e s t a r d e a c u e r d o c o n l o d e c i d i d o p o r e l j u e z n a t u r a l .

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada por el señor Marlon Negrón Aguilar 1

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada por el señor Marlon Negrón Aguilar 1 , de conformidad con el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda El 8 de marzo de 2023, el señor Marlon Negrón Aguilar , por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el T ribunal Administrativo de

1 Q u e i n g r e s ó p a r a f a l l o e l 2 3 d e m a r z o d e 2 0 2 3 .Radicaciónnúmero:11001031500020230122500Accionante:MarlonNegrónAguilarAccionado:TribunalAdministrativodeSantanderReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) Santander , con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Hechos relevantes En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Marlon Negrón Aguilar demandó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable de las lesiones padecidas mientras prestaba su servicio militar obligatorio y que le generaron una disminución de su capacidad laboral del 9.0%.

Mediante sentencia anticipada del 7 de febrero de 2022, el Juzgado 3° Administrativo de San Gil declaró probada la excepción de caducidad. Contra esa decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación ante el T ribunal Administrativo de Santander , el que, por medio de proveído del 23 de febrero de 2023, la confirmó.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

Contra esa decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación ante el T ribunal Administrativo de Santander , el que, por medio de proveído del 23 de febrero de 2023, la confirmó.

3. Fundamentos de la demanda de tutela El accionante señaló que en sentencia del 29 de noviembre de 2018 (exp. 74.308) el Consejo de Estado estableció que en los casos en los que el daño se conoce de forma certera y concreta con posterioridad al hecho generador , el juez debe decidir si contabiliza la caducidad desde el momento de su origen o desde que el afectado tuvo conocimiento del daño, por lo que los jueces de conocimiento debieron efectuar la valoración “eneltrascurrirdejuiciomasnoconlaadmisiónoel rechazode la demandapueses muyprematura,dichaetapaparapoderdilucidarsienefectoexisteonoelfenómenodelacaducidadcomoeselcasoquenosocupa…”.

2Radicaciónnúmero:11001031500020230122500Accionante:MarlonNegrónAguilarAccionado:TribunalAdministrativodeSantanderReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) Refirió que el juez tiene la potestad de “flexibilizarelmomentodeldaño”y que ello debe hacerse “conformealmaterialprobatorioqueseintroduzcaenelproceso,masnoauncriteriopersonalysubjetivo”. Agregó que la Corte se ha pronunciado respecto a la “granimportanciadelajuntamédicolaboraldelasfuerzasmilitares”, para lo cual trascribió apartes de las sentencias T -009/20 y T -301/19.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela 4.1. Mediante providencia del 13 de marzo de 2023, se admitió la demanda de tutela, se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y se vinculó, como tercero con interés, al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. 4.2. El T ribunal Administrativo de Santander indicó que no se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, porque el tutelante invoca la protección de sus derechos fundamentales sin exponer las razones por las que considera que se incurrió en algún defecto.

Con todo, aclaró que la decisión cuestionada se fundamentó en la valoración de las pruebas obrantes en el expediente - informemédico,losconceptosmédicosporortopedia,lahistoriaclínica,lasincapacidadesconcedidasaltutelantey lajuntamédicolaboraldel19deseptiembrede2016-y que fue dicha valoración lo que le permitió concluir que el señor Negrón Aguilar tuvo conocimiento del daño desde el mismo momento en que ocurrió. Agregó que también se tuvo en cuenta la postura del Consejo de Estado según la cual el cómputo de la caducidad en los casos de lesiones lo determina el 3Radicaciónnúmero:11001031500020230122500Accionante:MarlonNegrónAguilarAccionado:TribunalAdministrativodeSantanderReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) conocimiento del daño, pero que ello puede variar cuando no existe certeza de su causación, no se sabe en qué consiste la lesión o esta se manifiesta después del accidente; que, en todo caso, el afectado es quien debe acreditar los motivos por los cuales no conoció del daño en la fecha de su ocurrencia.

Explicó que, en este caso, no es viable considerar que el acta de la junta médico laboral determinó el daño porque con antelación a ello adquirió notoriedad el dolor lumbar generado por la caída que tuvo el tutelante el 15 de octubre de 2010 y desde el primer diagnóstico dado por Sanidad Militar el 20 de abril de 2012 supo que padecía de “lumbosacroy radiculopatía”, condición que lo llevó a estar incapacitado en 3 oportunidades y que fue reiterado en el examen del 15 de diciembre de 2012 y en el acta de junta médico laboral del 19 de septiembre de 2016 . Afirmó que no es cierto que la Corte Constitucional estime que las calificaciones médicas posteriores al daño son las que dan certeza respecto de la lesión, tan es así que en sentencia T -347 de 2020 se advirtió que esa Corporación no ha afirmado que “tratándosedeconscriptos,el términodecaducidadtuvieraquecontabilizarsedesdeladeterminacióndelajuntamédicalaboral”. Por lo expuesto, la corporación judicial accionada solicitó que se negara el amparo reclamado, tras considerar que no se le vulneraron los derechos fundamentales al señor Marlon Negrón Aguilar ni se incurrió en algún defecto. 4.3. El Ministerio de Defensa Nacional sostuvo que la acción de tutela de la referencia es improcedente, porque el accionante no identificó con claridad los defectos en los que habrían incurrido las autoridades judiciales accionadas al declarar probada la excepción del medio de control de reparación directa, sino que se limitó a señalar que continúa con problemas de salud y que se desconocieron

4Radicaciónnúmero:11001031500020230122500Accionante:MarlonNegrónAguilarAccionado:TribunalAdministrativodeSantanderReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) pronunciamientos del Consejo de Estado respecto del término para presentar la demanda ordinaria. Agregó que lo que pretende el tutelante es reabrir discusiones probatorias que ya fueron resueltas dentro del proceso de reparación directa, lo que desdibuja el amparo constitucional y desconoce que no puede convertirse en una tercera instancia “…sinverdaderamentesustentarel porquéconsideravulneradosuderechoaldebidoproceso”. Sin perjuicio de lo anterior , precisó que tanto el Juzgado 3 Administrativo de San Gil como el T ribunal Administrativo de Santander basaron sus decisiones en las pruebas allegadas al expediente, incluso en el acta de la junta médico laboral del 26 de junio de 2019 en la que se consignó que el paciente presentaba un dolor lumbar “desieteañosdeevolución”y en la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2018. En ese sentido, adujo que no se vulneraron los derechos fundamentales del señor Negrón Aguilar , dado que las decisiones cuestionadas se adoptaron de conformidad con la verdad procesal, pues las pruebas fueron debidamente valoradas “escudriñandocadadetalle,fechadeocurrencia,conceptosmédicosdeespecialistas,acta de juntamédicalaboral,agotamientodel requisitodeprocedibilidadylafechadeinterposicióndelmediodecontrol”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional.

II. C O N S I D E R A C I O N E S La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional.

5Radicaciónnúmero:11001031500020230122500Accionante:MarlonNegrónAguilarAccionado:TribunalAdministrativodeSantanderReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces 2 . Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario examinar dos elementos, a saber 3 : i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

En primer lugar , la Sala advierte que la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa exigida para promover la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que sería razón suficiente para declarar improcedente la demanda de tutela. En efecto, revisada la demanda de tutela, se observa que no se edificó ni se desarrolló una argumentación dirigida a establecer , de un lado, una causal 3 S e n t e n c i a d e l 5 d e a g o s t o d e 2 0 1 4 p r o f e r i d a p o r l a S a l a P l e n a d e l C o n s e j o d e E s t a d o . R a d i c a d o n ú m e r o : 1 1 0 0 1 0 3 1 5 0 0 0 2 0 1 2 0 2 2 0 1 0 1 ( I J ) . A c t o r : A l p i n a P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s S . A . C o n s e j e r o P o n e n t e : J o r g e O c t a v i o R a m í r e z R a m í r e z . 2 S e n t e n c i a T – 4 2 2 d e 2 0 1 8 .

6Radicaciónnúmero:11001031500020230122500Accionante:MarlonNegrónAguilarAccionado:TribunalAdministrativodeSantanderReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) específica de procedibilidad y , del otro, las razones que sustentan la supuesta violación de derechos fundamentales, sino que la parte actora se limitó a trascribir algunos pronunciamientos - sentenciadeunificacióndel29denoviembrede2018(Exp.74308)y sentenciasT-009/20y T-301/19-, en los cuales, a su juicio, debía tenerse como inicio del conteo del término de caducidad la fecha de suscripción del acta de la junta médico laboral, sin tener en cuenta que esta Corporación ha establecido que “…nobastaconmanifestarinconformidadodesacuerdoconlasdecisionestomadasporlosjuecesdeinstancia,sinoqueesnecesarioqueelinteresadodemuestrequela providenciacuestionadahaincurridoenalgunadelas causalesespecíficasparala procedenciade la acciónde tutelacontraprovidenciasjudiciales.De lo contrario,la tutelacareceríade relevanciaconstitucional” 4 . En ese sentido, considera la Subsección que la parte accionante acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir , en su integridad, el debate jurídico sobre la declaratoria de la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa promovido contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una instancia adicional del proceso ordinario.

T an evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez natural de la causa que – comoseindicó– no se plantea la configuración de algún defecto que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, sino que se alega, de manera lisa y llana, la vulneración de sus derechos fundamentales porque “notuvoenconsideraciónlasreiteradassentenciasquehabientrataneltema…” e incluso se reiteran los argumentos del recurso de apelación interpuesto contra el fallo del 7 de febrero de 2022, en el que 4 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n T e r c e r a , S u b s e c c i ó n A , s e n t e n c i a d e 1 2 d e a g o s t o d e 2 0 1 9 , r a d i c a c i ó n n ú m e r o : 1 1 0 0 1 0 3 1 5 0 0 0 2 0 1 9 0 3 2 0 5 0 0 , M . P . M a r í a A d r i a n a M a r í n . 7Radicaciónnúmero:11001031500020230122500Accionante:MarlonNegrónAguilarAccionado:TribunalAdministrativodeSantanderReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia)

el Juzgado 3 Administrativo de San Gil declaró probada la excepción de caducidad. Lo anterior , si se tiene en cuenta que en esa oportunidad también se expuso que “aunqueel Consejode Estadohasostenidoquehayeventosenlosqueesevidenteel dañoal momentoen queocurreel hechogenerador, la CorteConstitucionalharebatidoesatesisporconsiderarlaexcesivamentegravosaparalasvíctimasy aseveraquelascalificacionesmédicasposterioressonlasqueotorgancertezasobrela lesión,de tal maneraqueparadeterminarsi unademandade reparacióndirectaporlesionespersonalesfue oportuna,debeanalizarsetodoelmaterialprobatorioaportado,entreellaslasactasdecalificacióndepérdidadecapacidadlaboral”. Aspectos que fueron analizados y definidos, de manera razonada, por el T ribunal Administrativo de Santander , en fallo de 23 de febrero de 2023, en el que se confirmó la decisión de primera instancia, bajo los siguientes argumentos (transcripción de forma literal): En el presente asunto, la responsabilidad patrimonial la hacen recaer losdemandantes en la lesión que sufrió el señor MARLONNEGRÓNAGUILARcuandoprestabasuserviciomilitarobligatorio,concretamenteel 15deoctubrede2010enlazonarural del municipiodeSanGil, yaquecayóysegolpeólacolumnamientrasseencontrabalavandosuuniformecercadeunaquebrada.

Agrega que en varias ocasiones solicitó de forma verbal la elaboración delcorrespondiente informe administrativo por lesiones, peronuncafueatendidasu petición y que, solo tiempo después y en cumplimiento de una orden detutela,selerealizóJuntaMédicoLaboral. Así lascosas, conel finderesolverel problemajurídicoplanteado,setendránen cuenta los parámetros establecidos por el H. Consejo de Estado, queindican que el cómputodelacaducidadenloscasosdelesionescorporales,lo determina el conocimiento del daño, el cual puede variar cuando, porejemplo, el mismo día del suceso no existacertezadel daño, nosesepaenquéconsistelalesiónoestasemanifiesteodeterminedespuésdel accidentesufridopor el afectado. Entodocaso,lapartedeberáacreditarlosmotivosporloscualeslefueimposibleconocerel dañoenlafechadesuocurrencia. 8Radicaciónnúmero:11001031500020230122500Accionante:MarlonNegrónAguilarAccionado:TribunalAdministrativodeSantanderReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) Enesteestudio,sedebetenerpresentequelafechadeconocimientosobrelamagnitud del daño a través de la notificación del dictamenproferidopor unaJuntadeCalificacióndeInvalideznopuedeconstituirse,enningúncaso,comoparámetroparacontabilizarel términodecaducidad,porcuanto:

●El dictamenproferidopor unaJuntadeCalificacióndeInvalideznocomportaun diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida por unapersona,pueslamismaselimitaacalificarunasituaciónpreexistenteconbaseenlaspruebas aportadas, entre las cuales se destaca la historia clínica delinteresado. Además, la Junta puede ordenar la práctica de exámenescomplementarios para determinar aspectos necesarios que inciden en lavaloracióndecadacasoconcreto.●Su función es la de calificar la pérdida de capacidad laboral, el estado deinvalidez y determinar su origen, es decir, establecer la magnitud de unalesión respecto de la cual el afectado directo tiene conocimientoprevio, enfuncióndelacapacidadlaboral delavíctima,portanto,noconstituyecriterioque determine el conocimiento del daño, elemento que importa para elcómputo del términodelacaducidad, puesseresalta, debediferenciarseeldaño de sumagnitud, porquelacaducidadtienerelaciónypuntodepartidaconel conocimientodel daño.●Al hacersedepender el cómputodel términodecaducidaddelanotificacióndel dictamen practicado por laJuntadeCalificacióndeInvalidez, sedejaríaenmanosdelavíctimadirectadel dañolafacultaddedecidir el momentoapartir del cual iniciasuconteo,puespodríadiferirenel tiemposunotificacióno, incluso, no realizar el trámite para la calificación de la pérdida decapacidadlaboral, loquedejaríaenel limbolafechadeinicioparacontarapartir decuándopodríainiciarseel

cómputodel términodelacaducidaddelmediodecontrol dereparacióndirecta.●Adicionalmente, la calificación de invalidez no constituye un requisito deprocedibilidad para demandar y, por ello, el afectado puede acudir ante lajurisdicción de lo contencioso administrativo en sede de reparacióndirecta,aunque no se le hubiere valorado la magnitud de la lesión, por cuanto laexigencia de tal requisito, para el cómputo de la caducidad, implicaría lacreacióndeunrequerimientoquelaleynocontempla.

Por otra parte, es oportuno poner de presente quenoesciertoquelaCorteConstitucional haya fijado un criteriosegúnel cual lascalificacionesmedicasposterioresal dañosonlasqueotorgancertezasobrelalesión, al puntoque,ensentenciaT-347de2020negóqueeseórganodecierrehubiesesostenidoque, tratándose de conscriptos, el término de caducidad tuviera quecontabilizarse desde la determinación de la junta médica laboral. En formaenfáticaexpuso: Contrarioalosostenidopor los peticionarios, estaCortenohaseñaladoqueelconteo deba iniciar, necesariamente, después deladeterminacióndelacitadaJunta. Dehecho,enlaSentenciaSU-659de2015,laSalaPlenaestablecióquelas ambigüedadesyvacíoslegalesdebeninterpretarseenconcordanciaconlos 9Radicaciónnúmero:11001031500020230122500Accionante:MarlonNegrónAguilarAccionado:TribunalAdministrativodeSantanderReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) principios superiores del ordenamiento. Además, indicóqueel operadorjudicialdebe tener en cuenta que, en ocasiones, el conocimientodel dañosedaconposterioridadalaocurrenciadel hecho. En lo que sí hace énfasis el órgano de cierre constitucional es que no esconvenientecalcular lacaducidaddemanerarígida, dadaslasambigüedadesy vacíos legales, cuales deben interpretarse en concordancia con losprincipios superiores del ordenamiento jurídico, para así determinar, encadacaso,cuandoesquelavíctimaadquiereel conocimientodel daño.

Aplicado lo anterior al caso concreto y de la valoración integral del materialprobatorio aportado al expediente se puede concluir que, desde el 15 deoctubre de 2010, el actor conocía las lesiones sufridas en su humanidad,puesto que: i) desde el primer informe que se elevó por parte de laComandante del tercer pelotón, se expuso que en sus palabrasque‘el SLRNEGRONAGUILARMARLONibaconsuscosasensusmanosyal pisarunapiedra se resbaló y se golpeó en la espalda, dejándole un dolor que con eltiempo empeoro’, y ii) para la fecha en que se realizó la consulta con elmédicoespecialistaenOrtopediael 26demarzode2019refirió‘dolorlumbarcrónicode7añosdeevolución’. Loqueseobservaademás,delanarracióndeloshechosylosargumentosdederechotraídosacolaciónpor el demandante, esqueél mismoconfundelosconceptos de daño con las secuelas que del mismo devienen. En otraspalabras, para el actor, el daño se corresponde con las secuelas que seevidenciaron en el acta de Junta Médico Laboral o incluso, en el conceptomédico definitivo de fecha 26 de marzo de 2019 quien reportó ‘lumbalgiamecánica’, siendo cierto que, en el presente caso, el daño corresponde alaccidente o la caída que él tuvo el día 15 de octubre de 2010 mientras seencontraba lavando su uniforme cerca de un río en inmediaciones delMunicipiodeSanGil.

Por lo tanto, no se puede aceptar el argumento del demandantereferenteaque no ha operado el término de caducidad porque el daño ya estáconsolidado y lo que ocurre es que se están confundiendo dos conceptosasaber: el dañocomo fenómeno fácticoy su magnitud -la extensión de laafectaciónpasando por alto los referentes jurisprudenciales y la diferenciaque existe entre el daño en sí mismo y su agravación, así como laconsecuentetasacióndelosperjuicios. En el caso concreto, el diagnóstico inserto en el concepto médico delortopedista en el Acta de Junta Médico Laboral no determina el daño, enprimer lugar, porque la función de este documento no es determinar elconocimientodel dañosino, precisamente, calificar lapérdidadelacapacidadlaboral y, en segundo lugar, porque el daño cuya reparación se reclama seconsolidó con antelación, se conoció y adquirió notoriedad una vez el señorMARLONNEGRÓNAGUILARseresbalóycayógolpeándosesuespalda,yaquecomoel mismoloacotayconstaenlahistoriaclínica,el dolorlumbardata

10Radicaciónnúmero:11001031500020230122500Accionante:MarlonNegrónAguilarAccionado:TribunalAdministrativodeSantanderReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) dehacemásde7años-contadosdesdeel año2019-. Por lo anterior, para la Sala surge evidente que el demandante tuvoconocimientodel dañoquelepretendeatribuiralapartedemandadadesdeelmismo momento en que ocurrió y en todo caso, desdeel primer diagnósticoqueseleimpartiópor partedesanidadmilitar el día20deabril de2012enelqueseleindicó‘lumbosacroyradiculopatía’,condiciónqueloconllevóaestarincapacitado en 3 oportunidades, diagnósticoqueserepitióenel examendeevacuación del 15dediciembrede2012yenel actadejuntamédicolaboraldel 19deseptiembrede2016. Así las cosas, el demandante al conocer el daño no tenía que esperar laevaluación de la Junta Médico Laboral para acudir a la JurisdicciónContenciosa Administrativa, yaquelacalificacióndelapérdidadecapacidadlaboral no constituye requisito ni condición para presentar lademanda, puescomo se anotó en precedencia, la caducidad inicia a contarse a partir de laocurrencia del hecho dañoso o cuandosetuvoconocimientodel mismo; ylamagnitud o cuantificación del daño puede ser probada por cualquier otromediodepruebaválidodentrodel procesojudicial.

En ese orden de ideas, debe concluir laSala, que, enel presenteasunto, elpunto departidaparacontabilizar el fenómenodelacaducidadacaecióel 21deabril de2012, fechaenlacual fuedadoel conceptomédicodeespecialistaen ortopedia y traumatología en el Hospital Regional Militar, lo que permiteconcluir que el medio de control de reparación directa no fue oportuno,atendiendoquelosdosañosparademandar vencíanel 9defebrerode2014,y solohastael 16deoctubrede2019sepresentólasolicituddeconciliaciónprejudicial ylademanda,el 27deenerode2020. En definitiva, la Sala concluye que, además de no cumplir con la carga argumentativa exigida para promover la acción de tutela contra providencias judiciales, tampoco se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, porque el objeto de la demanda es que se realice un nuevo estudio respecto de la caducidad del medio de control de reparación directa promovido por las lesiones que padeció el ahora tutelante mientras prestaba el servicio militar obligatorio, lo que desdibuja las finalidades de esta acción constitucional 5 . 5 S e c c i ó n C u a r t a d e l C o n s e j o d e E s t a d o , M . P . J o r g e O c t a v i o R a m í r e z R a m í r e z , s e n t e n c i a d e 1 5 d e n o v i e m b r e d e 2 0 1 8 ( e x p . 1 1 0 0 1 - 0 3 - 1 5 - 0 0 0 - 2 0 1 8 - 0 3 4 0 0 - 0 0 ) .

1 1Radicaciónnúmero:11001031500020230122500Accionante:MarlonNegrónAguilarAccionado:TribunalAdministrativodeSantanderReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) De conformidad con lo anterior , la Subsección declarará la improcedencia del amparo solicitado por el señor Marlon Negrón Aguilar . En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección T ercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley , R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADOELECTRÓNICAMENTE FIRMADOELECTRÓNICAMENTE M A R Í A A D R I A N A M A R Í N J O S É R O B E R T O S Á C H I C A M É N D E Z FIRMADOELECTRÓNICAMENTE M A R T A N U B I A V E L Á S Q U E Z R I C O N o t a : esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, demanera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad yautenticidad del presente documento en ellink https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmentepuede acceder al aplicativodevalidaciónescaneandoconsuteléfonocelularel códigoQRqueaparecealaderecha. V F 12