CE - 010315000202301247001SENTENCIA20230526165330

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01247-00

Demandante: Luz Mery Charris Escorcia y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-01247-00

Demandante: LUZ MERY CHARRIS ESCORCIA Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial, contra acción de reparación directa. Falta de cumplimiento de requisitos generales .

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial, por los señores Luz Mery Charris Escorcia, Daniela Guarín Charris, Luis Alfonso Guarín Villegas, Alveiro De Jesús Guarín Villegas, María Emilsen Guarín Villegas, Nubia Rosa Guarín Villegas, Luz Estela Guarín Villegas, Amanda Rosa Guarín Villegas,

Villegas, Alveiro De Jesús Guarín Villegas, María Emilsen Guarín Villegas, Nubia Rosa Guarín Villegas, Luz Estela Guarín Villegas, Amanda Rosa Guarín Villegas, Nelly Orfilia Guarín Villegas y María Yolanda Guarín Villegas contra el Juzgado Segundo Administrativo Mixto de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 º del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Luz Mery Charris Escorcia y otros interpuso acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo Mixto de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira, por estimar vulnerado s los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia . En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

«1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso y la debida administración de justicia, y al principio de legalidad, por cuanto las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, el 24 de mayo de 2021, y el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, el 08 de septiembre de 2022 ; incurrieron por lo menos en 3 defectos, situación que habilita la procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, a saber: 1. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria, y por incurrir en un exceso ritual manifiesto, 2. Desconocimiento del precedente judicial, y 3. Violación directa de la constitución.

2. DEJAR sin valor, ni efecto las sentencias del 24 de mayo de 2021 y 08 de septiembre de 2022, y

Desconocimiento del precedente judicial, y 3. Violación directa de la constitución.

2. DEJAR sin valor, ni efecto las sentencias del 24 de mayo de 2021 y 08 de septiembre de 2022, y en su lugar, ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, que en el término que el juez de tutela considere prudente, profiera una nueva sentencia, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la jurisprudencia, y los propios del fallo de la presente acción de tutela.

3. CONMINAR a la Sala del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, para que aplique las sentencias proferidas por el Honorable Consejo de Estado, toda vez que las mismas son obligatorias para las autoridades, pues así lo dispone el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se resaltan como hechos relevantes los siguientes:

El 24 de agosto de 2014, el señor Evelio de Jesús Guarín Villegas colision ó con un camión de propiedad del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, que era conducido por el soldado Miler Alexander Yepes Ramírez .Radicado: 11001-03-15-000-2023-01247-00

Demandante: Luz Mery Charris Escorcia y otros

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Como consecuencia del choque , el señor Guarín Villegas fue llevado al área de urgencias del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del municipio de Uribia, debido a la gravedad de las lesiones el mismo día fue trasladado a la E.S.E. Hospital San José de Maicao, el 12 de septiembre de 2014 fue remitido a la Disama Medic S.A.S – clínica La Misericordia de la ciudad de Barranquilla, sin embargo, el 17 de octubre de 2014, esta última entidad hospitalaria declaró fallecido el señor Evelio Guarín.

La señora Luz Mery Charris Escorcia y otros ejercieron demanda de reparación directa con el fin de que se declarara patrimon ialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y al municipio de Uribia, por los perjuicios causados como consecuencia de la falla en el servicio que con dujo a la muerte del señor Evelio de Jesús Guarín Villegas, por un miembro de la fuerza pública, quién conducía un camión de propiedad del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

El Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha , en sentencia del 24 de mayo de 2021, declaró la falta de legitimación en la causa por activa, respecto de algunos de los demandantes porque al proceso no se allegó el registro civil del señor Evelio de Jesús Guarín Villegas y, por lo tanto, no fue posible establecer el parentesco de la víctima con los demandantes, igualmente, respecto de quienes se presentaron

de los demandantes porque al proceso no se allegó el registro civil del señor Evelio de Jesús Guarín Villegas y, por lo tanto, no fue posible establecer el parentesco de la víctima con los demandantes, igualmente, respecto de quienes se presentaron como “hijastras”, consideró que no existió medio de prueba alguno que permitiera otorgar certeza respecto de dicho vínculo, ni la cercanía que existía entre estas y el fallecido.

Frente a las demás demandantes , concluyó que no obr ó en el expediente alguna prueba que acreditara el exceso de velocidad del vehículo oficial y, en ese sentido, no era posible afirmar que la muerte del señor Evelio Guarín Villegas obedeció a una acción desplegada por el Ejército Nacional y , en cuanto a la responsabilidad del municipio de Uribia, indicó que no se logró acreditar el nexo causal entre las lesiones que posteriormente condujeron a la muerte al señor Evelio Guarín y la omisión que las partes le atribuyen al municipio de Urib ia con relación a su d eber de señalización de las vías.

La parte actora presentó recurso de apelación en el que solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda, por considerar que se acreditó el parentesco con los registros civiles aportados e insistió en que la responsabilidad debía ser declarada respecto de las demandadas por el exceso de velocidad del vehículo del ejército y por la falta de señalización de la vía.

Al tiempo que, puso de presente que no existía policía de tránsito en el municipio de Uribia en la época de los hechos, no obstante, que, en aras de acreditar el daño obraba en el expediente el registro civil del señor Evelio De Jesús Guarín Villegas,

de Uribia en la época de los hechos, no obstante, que, en aras de acreditar el daño obraba en el expediente el registro civil del señor Evelio De Jesús Guarín Villegas, así como las inspecciones técnicas practicadas a folios del 81 a 120, que obraba igualmente el informe rendido por la policía judicial, en el número de caso 01133 y la epicrisis de fecha 24 de agosto de 2014, los registros civiles de los hermanos de la víctima y, en general, cuestionó la valoración probatoria realizada por el juez de instancia.

El Tribunal Administrativo de La Guajira , en sentencia del 8 de septiembre de 2022, confirmó la decisión de primera instancia , porque no se logró acreditar, en grado de certeza, la responsabilidad de las demandadas , pues, concluyó que no fue factible estructurar la responsabilidad patrimonial de las demandadas, ni aun bajo la premisa de la concurrencia de culpas, porque tampoco f ue posible determinar cuál fue el grado de incidencia en la producción del daño de cada una de las hipótesis planteadas como causas probables del accidente.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01247-00

Demandante: Luz Mery Charris Escorcia y otros

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Igualmente, confirmó la falta de legitimación en la causa por activa de Luis Alfonso Guarín Villegas, Alveiro de Jesús Guarín Villegas, María Emilsen Guarín Villegas, Nubia Rosa Guarín Villegas, Luz Estella Guarín Villegas, Amanda Rosa Guarín Villegas, Nelly Orfilia Guarín Villegas y María Yolanda Guarín Villegas y la misma conclusión respecto a las demandantes Mariana de Jesús Escorcia Charris y Mery Luz Escorcia Charris, pues no acreditaron el vínculo como hijas de crianza de la víctima. Frente a las demandantes Luz Mery Charris Escorcia, en condición de cónyuge y la menor Daniela Guarín Charris, hija de la víctima, declar ó acreditada la legitimación en la causa por activa .

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora las autoridades judiciales demandadas incurrieron en los defectos fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto, por desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, con fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.

En cuanto al defecto fáctico indicó que se configuró porque el Juzgado Segundo Administrativo Mixto de Riohacha y el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira: (i) desconocieron el material probatorio, y (ii) tuvieron por no probadas las causas del accidente de tránsito contenidas en el informe policial rendido por el PT

Administrativo Mixto de Riohacha y el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira: (i) desconocieron el material probatorio, y (ii) tuvieron por no probadas las causas del accidente de tránsito contenidas en el informe policial rendido por el PT Ángel Macea López del 24 de agosto de 2014, día de la ocurrencia del siniestro.

Al efecto, sostuvo que se desconoció y dejo de valorar el informe de accidente de tránsito, SPOA - 44-430-60-01882-2014-01133, del 24 de agosto de 2014 , a su juicio, el documento demostró las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente de tránsito, sin que el mismo haya sido tachado de falso por la demandada en el proceso ordinario, considera que , el tribuna l demandado debió enfocarse en analizar cuál había sido el factor determinante para la causación del daño “y esto, solo podía hacerse valorando el informe de accidente de tránsito visible en folio 81 en el expediente (2015-00205)”.

Igualmente, sostuvo que no se le otorgó el valor probatorio que tienen los informes de la reconstrucción de accidente de tránsito, la inspección judicial y el dictamen mecánico, los cuales fueron recaudados “en la investigación penal que se adelantó en contra del soldado que conducía el vehículo que ocasionó el accidente”.

Señaló que, de haber valorado el informe de accidente de tránsito, que contenía las causas probables del accidente, “los accionados, probablemente habrían arribado a dos conclusiones: 1. Habría determinado la responsabilidad por parte del Ministerio de Defensa - Ejército

causas probables del accidente, “los accionados, probablemente habrían arribado a dos conclusiones: 1. Habría determinado la responsabilidad por parte del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por no haberse desvirtuado el exceso de velocidad en el que incurrió el vehículo marca REO. 2. Habría resuelto la concurrencia de culpas, y habría condenado al Ministerio de DefensaEjército Nacional, al pago de las indemnizaciones de acuerdo con las concausas de la culpa”.

Sin embargo, manifestó “ahora si los operadores judiciales le dieron valor probatorio al informe del 11 de noviembre de 2014, suscrito por el PT Luis Fernando Arrieta Tovar, integrante del laboratorio móvil de criminalística de la seccional de tránsito y transporte de La Guajira; el Tribunal de alzada, también incurrió en defecto fáctico en razón a que no le dio el alcance que merecía dicha prueba, (…)” agregó que, de dicho informe era posible advertir que "(…) en la intersección no hay señales de tránsito que regulen la circulación de vehículos (…)".

Indicó que, en el referido doc umento, el investigador señaló tres factores que pudieron tener incidencia en la ocurrencia del accidente, estas son: «1. Factor determinante: "Falta de señalización en la intersección." 2. Factor humano: No detener el vehículo y colocarlo en neutro para verificar que existiera peligro al momento de cruzar (Aplicable a ambos participantes) y no poner en práctica las normas de tránsito. 3. Factor contribuyente: Falta de señalización y precaución por parte de los participantes», con fundamento en lo cual afirm ó

participantes) y no poner en práctica las normas de tránsito. 3. Factor contribuyente: Falta de señalización y precaución por parte de los participantes», con fundamento en lo cual afirm ó que, si la causa determinante fue la "Falta de señalización en la intersección", se debíaRadicado: 11001-03-15-000-2023-01247-00

Demandante: Luz Mery Charris Escorcia y otros

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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declarar la responsabilidad del municipio de Uribia por la falta de señalización de la vía.

En relación con e l defecto procedimental por exceso ritual manifiesto lo sustentó en , primer lugar, en que las autoridades judiciales demandadas no decretaron de oficio la copia del registro civil de nacimiento que diera cuenta del parentesco de las víctimas indirectas, lo que, a su juicio, condujo a declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.

En segundo lugar, por declarar de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa, por no haberse acreditado el parentesco entre los señores Luis Alfonso Guarín Villegas, Alveiro de Jesús Guarín Villegas, María Emilsen Guarín Villegas, Nubia Rosa Guarín Villegas , Luz Estela Guarín Villegas, Amanda Rosa Guarín

Guarín Villegas, Alveiro de Jesús Guarín Villegas, María Emilsen Guarín Villegas, Nubia Rosa Guarín Villegas , Luz Estela Guarín Villegas, Amanda Rosa Guarín Villegas, Nelly Orfilia Guarín Villegas y María Yolanda Guarín Villegas con el señor Evelio De Jesús Guarín Villegas, por falta del registro civil de este último, a lo que agregó que, las autoridades judiciales demandadas debieron requerir al demandante para que allegara el registro civil de nacimiento o, en su lugar, acudir a sus facultades y decretar pruebas de oficio, en consideración a que los apellidos de los demandantes coincidían con los de la víctima.

Sobre el defecto por desconocimiento del precedente judicial , dijo que el Consejo de Estado “ha determinado los presupuestos aplicables a los casos de similares supuestos fácticos y jurídicos como el que nos concierne” , para lo cual citó los siguientes pronunciamientos judiciales:

1. Sección Tercera, Subsección C, radicado: 25000-23-26-000-1997-1477301(27091), del 06 de marzo de 2013, Consejero Ponente: Olga Mélida Valle De La Hoz;

2. Sección Tercera, Subsección C, radicado No.: 05001-23-31-000-1996-0072201(31364), del 10 de septiembre de 2014, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, sobre la autenticidad de documentos públicos, conforme la cual: “(...) se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anteri or, toda vez

de documentos públicos, conforme la cual: “(...) se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anteri or, toda vez que los artículos 243 al 245 del C.G.P., se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o terceros, en original o copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originar á que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar -si lo conoce - el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias”.

3. Sección Tercera, Subsección C, radicado: 68001-23-31-000-2007-0035801(50154), del 29 de julio de 2015, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa: según la cual, "no siendo suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, es necesario realizar el correspondiente juicio de imputación, que permita determinar si cabe atribuirlo fáctica u jurídicamente a las entidades demandadas, o si opera alguna de las causales exonerativas de responsabilidad, o se produce un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño".

imputación, que permita determinar si cabe atribuirlo fáctica u jurídicamente a las entidades demandadas, o si opera alguna de las causales exonerativas de responsabilidad, o se produce un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño".

4. Sección Tercera, Subsección B, radicado: 19001-23-31-000-2005-0103501(41836), del 30 de marzo de 2017, Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero, según la cual: “en aras de fijar la imputación del daño en estos supuestos, no resulta relevante determinar el volumen, peso o potencia de los vehículos automotores, así como tampoco el grado de subjetividad con que obr ó cada uno de los sujetos participantes en el proceso causal, sino, precisamente, cuál de l as dos actividades riesgosas que estaban en ejercicio fue la que materialmente concret ó el riesgo y, por lo tanto, el daño antijurídico”.

5. Sección Tercera, Subsección A, radicado: 68001-23-31-000-2008-0059301(41920), del 19 de julio de 2018, Consejero Ponente: María Adriana Marín;

6. Sección Tercera, Subsección B, radicado: 11001-03-15-000-2018-00616-01(AC), del 16 de agosto de 2018, Consejero Ponente: William Hernández Gómez, sobre el defecto procedimental, en la que la Corporación indico: “el juez con fundamento en formalismos, deniega la administración de justicia y, en esa medida, omite dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, en detrimento de los derechos de las partes, el cual ocurre en los siguientes casos: 1. Aplica un precepto procesal

administración de justicia y, en esa medida, omite dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, en detrimento de los derechos de las partes, el cual ocurre en los siguientes casos: 1. Aplica un precepto procesal que restringe derechos sustanciales o se opone a la vigencia de los derechos constitucionales en un caso concreto y/o 2. Incurre en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas que implique desconocer la justicia material”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01247-00

Demandante: Luz Mery Charris Escorcia y otros

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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7. Sección Tercera, Subsección A, radicado: 05001-23-31-000-2001-0089001(43878), del 14 de junio de 2019, Consejero Ponente: María Adriana Marín;

8. Sección Tercera, Subsección A, radicado: 66001-23-31-000-2010-0005301(44758), del 14 de junio de 2019, Consejero Ponente: María Adriana Marín;

9. Sección Tercera, Subsección A, radicado: 11001-03-15-000-2018-01697-01(AC), del 03 de junio de 2021, Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas: que indica “Ahora, en

9. Sección Tercera, Subsección A, radicado: 11001-03-15-000-2018-01697-01(AC), del 03 de junio de 2021, Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas: que indica “Ahora, en el caso de concurrencia de causa, es posible que dos o más eventos tengan la entidad de desencadena r el daño, o que solo uno pueda ser considerado como la causa eficiente, verdadera, en la producción del evento desafortunado. (...)Pronunciamiento que guarda perfecta coherencia con la teoría de la concausa en la producción del daño, que ha manifestado el Consejo de Estado no exime al demandado de su responsabilidad, aunque si pueda generar una rebaja en el monto de la reparación en proporción a la participación de la víctima”.

10. Sección Tercera, Subsección C, radicado: 15001 -23-31-000-1998-0094701(38853), del 22 de septiembre de 2021, Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque: según la cual, “En los eventos en los que se presenta una colisión de vehículos, como el riesgo fue creado recíprocamente por el conductor del vehículo oficial y el conductor del vehículo particular, no hay lugar a estudiar la controversia bajo el régimen de riesgo excepcional. Surge, entonces, la necesidad de establecer cuál fue la causa que dio lugar al accidente para dete rminar si se presentó por la actividad que ejerció́ la administración o por la ejercida por el particular (…) Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza

particular (…) Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esta presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad”.

Frente a esa última sentencia, indicó que, pese a dicho antecedente jurisprudencial, la autoridad judicial demandada, al momento de analizar cuál fue la causa determinante del accidente, concluyó que no existió alguna prueba que acredit ara un exceso de velocidad, a lo que agregó que el informe de accidente de tránsito se presume un documento auténtico del que no se desvirtuó la presunción de autenticidad, con fundamento en lo cual afirm ó que no debió ser desechado en la valoración probatoria.

Agrego que, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para exonerarse de la responsabilidad, debió demostrar que el accidente de tránsito se produjo por una "causa extraña, un hecho exclusivo de la víctima, un hecho exclusivo o determinante de un tercero, o por fuerza mayor", de acuerdo con la sentencia del 23 de junio del 2010, expediente: 19007, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero . No obstante, la entidad no alleg ó prueba alguna que diera cuenta de la existencia de alguna de las causales de exoneración de re sponsabilidad y n o demostró que el factor determinante del accidente obedeció a una causal de exoneración de responsabilidad.

En relación con la sentencia citada como precedente desconocido del 29 de julio

exoneración de re sponsabilidad y n o demostró que el factor determinante del accidente obedeció a una causal de exoneración de responsabilidad.

En relación con la sentencia citada como precedente desconocido del 29 de julio de 2015 (50154), insistió en que, de haberse valorado las causales del accidente y el informe policial de accidente tránsito -IPATdel 24 de agosto de 2014, en conjunto con los pronunciamientos del Consejo de Estado, se habría llegado a otra conclusión.

De manera general, dijo que las providencias impugnadas mutaron el título de imputación a uno de naturaleza subjetiva, cuando el análisis del asunto se debió hacerse bajo el título objetivo del riesgo excepcional por tratarse de una "concurrencia de actividades peligrosas".

Al efecto, adujo que, en la sentencia del 30 de marzo de 2017, radicado número 19001-23-31-000-2005-01035-01 (41836), Sección tercera del Consejo de Estado precisó que la concurrencia del particular y del agente en el ejercicio de la actividad peligrosa no implica, per se, una mutación automática hacía el régimen de falla en el servicio, pues en cada caso deberán valorarse las circunstancias particulares que rodearon los hechos y, sobre todo, deberá analizarse cuál de las dos actividades riesgosas fue la que, en términos causales o fácticos, concret ó el riesgo y desencadenó el daño, pues solo así podrá fijarse la imputación.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01247-00

Demandante: Luz Mery Charris Escorcia y otros

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desencadenó el daño, pues solo así podrá fijarse la imputación.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01247-00

Demandante: Luz Mery Charris Escorcia y otros

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Que, igualmente, las sentencias del 30 de marzo de 2017, del 10 de septiembre de 2014 y del 19 de julio de 20181, el Consejo de Estado ha señalado que. aunque se trate de un accidente de tránsito con concurrencia actividades peligrosas, el título de imputación sigue siendo "riesgo excepcional" y no "falla en el servicio" como lo concluyó el Tribunal Administrativo de La Guajira, con lo cual se colige que dicha corporación si mutó a un título de imputación distinto al establecido por el Consejo de Estado, lo cual, de contera resulta ser una vía de hecho por desconocimiento de precedente judicial.

En punto al defecto por violación directa de la Constitución mencionó el preámbulo de la Constitución, se refirió a los derechos a la dignidad y al debido proceso y se limitó a decir que “las autoridades Estatales deben orientar sus actuaciones para lograr el debido respeto de uno de los valores constitucionales más importantes, “la justicia”. Pero, además, es el entorno jurídico, en el que dicho valor se debe desarrollar para garantizar a todos los

lograr el debido respeto de uno de los valores constitucionales más importantes, “la justicia”. Pero, además, es el entorno jurídico, en el que dicho valor se debe desarrollar para garantizar a todos los ciudadanos sus derechos, siendo este el medio apropiado por el cual se debe administrar justicia, garantizando por esta vía, la efectividad de los principios, derechos y deberes consti tucionales conforme al artículo 2 superior”, sin explicar de qué manera las autoridades judiciales demandadas incurrieron en el defecto invocado.

4. Trámite Previo

El despacho sustanciador , en auto del 13 de marzo de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante, al Tribunal Administrativo de La Guajira, al Juzgado Segundo Administrativo Mixto de Riohacha y al municipio de Uribia, a las señoras Mariana Escorcia Charris y Meryluz Escorcia Charris y la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, como terceros interesados en el resultado del proceso. Asimismo, publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de La Guajira allegó informe en el que hizo relación de las actuaciones surtidas en el proceso de reparación directa cuestionado y de la motivación de la sentencia cuestionada, con fundamento en la cual se concluyó que no era posible estructurar la responsabilidad patrimonial de las demandadas, ni aun bajo la premisa de la concurrencia de culpas, pues no fue posible determinar cuál fue el grado de incidencia en la producción del daño de cada una de las hipótesis

no era posible estructurar la responsabilidad patrimonial de las demandadas, ni aun bajo la premisa de la concurrencia de culpas, pues no fue posible determinar cuál fue el grado de incidencia en la producción del daño de cada una de las hipótesis planteadas como causas probables del accidente.

En cuando a la solicitud de amparo, sostuvo que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, porque se trata de disensos que son propios de la dinámica del litigio y surgidos en curso de un debate en el que no se afectaron garantías fundamentales, sino que se aplicaron de manera fundada claros principios constitucionales.

Sobre los defectos invocados, consideró que se trata de un argumento sin sustento alguno y en el cual la parte accionante pretende, por la vía excepcional de la acción de tutela, que se reemplacen las cargas probatorias que incumben a las par