CE - 010315000202301258001SENTENCIA20230608172739

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202301258-00

Actor: Julio Manuel Puentes Rivero Demandado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.2

Núm. único de radicación: 110010315000202301258-00

Actor: Julio Manuel Puentes Rivero

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado 1, presentó acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 9 de septiembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación 700012331000200900167 -01, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

proferir la sentencia de 9 de septiembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación 700012331000200900167 -01, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, el actor junto con Julia Teresa Rivero Pérez, Julia Teresa Puentes Rivero, Dairo Puentes Rivero, Alfonso Luis Taboada Rivero y Elsy María Taboada Rivero presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación , con el fin de que fuera declarada administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios derivados de la presunta privación injusta de la libertad a la que fue sometido Julio Manuel Puentes Rivero, entre el 22 de julio de 2007 al 28 de octubre del 2008 por el delito de rebelión.

4. Indicó que, el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. Sostuvo que, la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de

Estado en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, así:

Estado en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, así:

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_PODERES_28_2_20234(.pdf) Nr oActua 2 ”. Archivo aportado en forma digital.3

Núm. único de radicación: 110010315000202301258-00

Actor: Julio Manuel Puentes Rivero

<<PRIMERO: DECLÁRESE No probada la excepción de hecho de un tercero propuesto por la Nación - Fiscalía General de la Nación, conforme lo expuesto en la parte emotiva de la providencia.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General de la Nación a reparar el daño causado por la privación de la libertad del demandante Julio Manuel Puentes

Rivero.

TERCERO: CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General de la Nación al pago de los siguientes perjuicios morales, los cuales se tasarán en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la presente providencia:

DEMANDANTE CALIDAD CUANTÍA

Julio Manuel Puentes Rivero Víctima directa 30,17 SMLMV Julia Teresa Rivero Pérez Madre de la víctima directa 10,56 SMLMV

CUARTO: ORDÉNASE al Fiscal General de la Nación emitir un comunicado en el cual pida excusas al demandante Julio Manuel Puentes Rivero por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los

CUARTO: ORDÉNASE al Fiscal General de la Nación emitir un comunicado en el cual pida excusas al demandante Julio Manuel Puentes Rivero por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia.

QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda […]”.

5.1 Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] La existencia de medios de prueba que permitieran deducir que la medida era necesaria <<para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria>> (art. 355) […]”.

“[…] 17.- En este caso no se cumplieron dichos requisitos porque:

17.1.- La Fiscalía no contaba con dos indicios graves de responsabilidad contra el demandante Julio Manuel Puentes Rivero.

17.2.- La Fiscalía no justificó la necesidad de la medida de aseguramiento […]”.

“[…] Finalmente, en concepto de la Sala, las decl araciones de los denunciantes no podían ser tenidas como indicios porque: (i) eran vagas y genéricas, y en ellas no se indicaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el demandante desarrolló sus labores dentro del grupo al margen de la ley ; (ii) existían dudas sobre la credibilidad de los declarantes porque conocieron de las actividades ilícitas en el año 2000 y sólo se denunciaron varios años después […]”.

[…]

desarrolló sus labores dentro del grupo al margen de la ley ; (ii) existían dudas sobre la credibilidad de los declarantes porque conocieron de las actividades ilícitas en el año 2000 y sólo se denunciaron varios años después […]”.

[…]

“[…] 22.- La Fiscalía no expuso las razones particulares que permitían determinar la necesidad de la medida de aseguramiento respecto del demandante Julio Manuel Puentes Rivero, ni los motivos concretos por los cuales se cumplían los propósitos legales de la detención preventiva. El análisis de este aspecto es lo que le permite al juez administrativo determinar si la detención de la víctima directa del daño fue una4

Núm. único de radicación: 110010315000202301258-00

Actor: Julio Manuel Puentes Rivero

decisión no solo legal sino adecuada, proporcional y razonable. No se trata de saber simplemente s i existían indicios de responsabilidad que pudieran justificar la imposición de una sanción en contra del demandante Julio Manuel Puentes Rivero; se trata de determinar si existían razones que justificaran detenerlo y mantenerlo privado de la libertad dura nte el proceso. Entonces, en la resolución en la que se dispuso la detención del demandante Julio Manuel Puentes Rivero era necesario determinar, de manera particular y concreta, si se cumplían los propósitos legales de esta medida y el Fiscal debió pronun ciarse sobre ellos. Debía pronunciarse expresamente sobre el riesgo de fuga, el riesgo de reiteración o el riesgo de obstaculización de la justicia que constituía que el entonces sindicado continuara gozando de su libertad, y no lo hizo […]”.

[…]

expresamente sobre el riesgo de fuga, el riesgo de reiteración o el riesgo de obstaculización de la justicia que constituía que el entonces sindicado continuara gozando de su libertad, y no lo hizo […]”.

[…]

“[…] En relación con los demandantes Julia Teresa Puentes Rivero, Dairo Puentes Rivero, Alfonso Luis Taboada Rivero y Elcy María Taboada Rivero, quienes comparecieron al proceso en calidad de hermanos de la víctima directa, la Sala negará la reparación de los perjuicios morales porque: (i) de acuerdo con la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 202136 no se pueden presumir los perjuicios morales a partir de la sola acreditación de su parentesco con la víctima directa; (ii) la parte actora no allegó ni so licitó pruebas para acreditar los perjuicios morales que sufrieron con ocasión de la detención del demandante Julio Manuel Puentes Rivero […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Con fundamento en los hechos relacionados, la jurisprudencia y la normatividad aplicable, muy respetuosamente solicito al (la) señor(a) Juez tutelar el derecho fundamental del debido proceso.

SEGUNDO: Ordenar a la accionada a que realice una adi ción a la sentencia en el sentido de condenar los perjuicios materiales, enunciados en los hechos de la presente acción de tutela.

TERCERO: Ordenar a la accionada a que realice una adición a la sentencia, en el sentido de subir los salarios a todos los actores, de acuerdo a lo ordenado en el fallo de primera instancia. […]”.

presente acción de tutela.

TERCERO: Ordenar a la accionada a que realice una adición a la sentencia, en el sentido de subir los salarios a todos los actores, de acuerdo a lo ordenado en el fallo de primera instancia. […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló lo siguiente:

“[…] La parte actora solicitó la indemnización de los gastos por concepto de honorarios profesionales en los que incurrió la víctima directa para su defensa dentro del proceso penal. La Sala NEGARÁ la reparación de este perjuicio porque los demandantes NO APORTARON LA FACTURA O EL DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA ACREDITAR LOS GASTOS DE DEFENSA JUDICIAL, de conformidad con los parámetros señalados en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2019.5

Núm. único de radicación: 110010315000202301258-00

Actor: Julio Manuel Puentes Rivero

Ahora bien. Honorable Juez Constitucional, tal como lo dijo el Tribunal de Sucre, que si observo el recibo o paz y salvo, y que la Sala del Consejo de Estado no lo vio, me permito anexarle el folio 33 como lo dice el Tribunal de sucre, que si se aportó y que no fuera tachado […]”.

[…]

“[…] Para el suscrito a este enunciado proceso, no se le debe de aplicar la sentencia del 29 de noviembre de 2021 proferida en el expediente 46.681 la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó la tasación de perjuicios morales en los casos de privación injusta de la libertad, en virtud a que los hechos del proceso penal

del 29 de noviembre de 2021 proferida en el expediente 46.681 la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó la tasación de perjuicios morales en los casos de privación injusta de la libertad, en virtud a que los hechos del proceso penal acaecidos en el año 2007 y 2008, y en el año 2009, se presentó la demanda de reparación directa, y la sentencia unificada es del 2021.

Honorable Juez Constitucional, le solicito se digne en observa r los argumentos, de la ACLARACION DE VOTO. Del Magistrado FREDY IBARRA MARTINEZ, que dice:

Aunque comparto la decisión de fondo proferida el 9 de septiembre de 2022 aclaro mi voto porque considero que: i) la indemnización por perjuicios morales debe ser mayor. […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de marzo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado ; y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, al Tribunal Administrativo d e Sucre, a la Fiscalía General de la Nación, a Julia Teresa Rivero Pérez, a Julia Teresa Puentes Rivero, a Dairo Puentes Rivero y a Alfonso Luis Taboada Rivero, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

9. El abogado David Mejía Castillo, quien actúa como apoderado de Julia Teresa Puentes Rivero y Dairo Puentes Rivero2, por un lado, solicitó “[…] TENER

(3) días para que rindieran informe sobre el particular.

9. El abogado David Mejía Castillo, quien actúa como apoderado de Julia Teresa Puentes Rivero y Dairo Puentes Rivero2, por un lado, solicitó “[…] TENER COMO VINCULADOS A LOS SEÑORES: JULIA TERESA PUENTES RIVERO Y DAIRO EMIRO PUENTES RIVERO. […]”; y, por el otro, informó que […]” LOS

SEÑORES: JULIA TERESA RIVERO PÉREZ Y ALFONSO LUIS TABOADA

RIVERO. ESTAN FALLECIDOS […]”3.

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 17 de abril de 2023, requirió al abogado David Mejía Castillo, para que informara los nombres de los herederos de

2 Cfr. índice núm. 10 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CORREO_CAROLINAGUZ(.pdf ) NroActua 10”. Archivo aportado en forma digital. 3 Mediante escrito recibido el 17 de marzo de 2023 en la Secretaría General de esta Corporación.6

Núm. único de radicación: 110010315000202301258-00

Actor: Julio Manuel Puentes Rivero

Julia Teresa Rivero Pérez y Alfonso Luis Taboada Rivero, y los respectivos canales digitales para su notificación, con el fin de vincularlos como terceros con interés legítimo, concediéndole el término de tres (3) días contados a partir de la notificación de esta providencia.

11. El abogado David Mejía Castillo informó quienes eran las personas herederas de Julia Teresa Rivero Pérez y Alfonso Luis Taboada Rivero4.

de esta providencia.

11. El abogado David Mejía Castillo informó quienes eran las personas herederas de Julia Teresa Rivero Pérez y Alfonso Luis Taboada Rivero4.

12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 8 de mayo de 2023: i) vinculó a Luis Alfonso Taboada Barraza y a Elsy María Taboada Rivero, en calidad de terceros con interés legítimo; y ii) ordenó notificarlos, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

13. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado rindió informe

en los siguientes términos:

“[…] Con todo respeto me permito manifestar que no participaré en la acción de tutela de la referencia como parte ni como tercero y acataré estrictamente las disposiciones que se adopten en ella […]”.

14. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar la impro cedencia de la

acción de tutela, por las siguientes razones:

“[…] Para empezar, es necesario señalar que en el caso sub examine, la presente acción de tutela resulta improcedente por cuanto (i) el apoderado del accionante no da cuenta de por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso del mismo, (ii) no sus tentó las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente, (iii) pretende retrotraer actuaciones procesales y reconocimiento económico […]”.

[…]

“[…] Por lo anterior, para esta Dirección de Asuntos Jurídicos es claro q ue el

causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente, (iii) pretende retrotraer actuaciones procesales y reconocimiento económico […]”.

[…]

“[…] Por lo anterior, para esta Dirección de Asuntos Jurídicos es claro q ue el requisito de subsidiariedad que exigen la Ley y la jurisprudencia para que proceda el amparo constitucional cuando medie una decisión judicial no se cumple en el caso objeto de estudio, en atención a que el apoderado del accionante no justificó por qué los otros mecanismos, no resultaban idóneos para amparar sus derechos fundamentales.

4 Mediante escrito recibido el 24 de abril de 2023 en la Secretaría General de esta Corporación7

Núm. único de radicación: 110010315000202301258-00

Actor: Julio Manuel Puentes Rivero

Por otro lado, se considera necesario precisar que, dado que a través de la acción de reparación directa se solicita la responsabilidad patrimonial, en el escrito de tutela presentado por la parte accionante, no se verifica la materialización de un perjuicio que vulnere de manera flagrante sus derechos fundamentales […]”.

[…]

“[…] En el caso concreto, a juicio de esta Dirección, la parte actora no logra identificar el tipo de error en el que presuntamente incurrió la providencia controvertida, razón por la cual, el juez constitucional no puede entrar a estudiar la totalidad de las sentencias para identificar dichos defectos.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación concluye que el juez de tutela debe declarar la improcedencia de la presente acción, por cuanto la parte actora no sustentó la configuración del presunto defecto en el que habría incurrido la autoridad

Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación concluye que el juez de tutela debe declarar la improcedencia de la presente acción, por cuanto la parte actora no sustentó la configuración del presunto defecto en el que habría incurrido la autoridad judicial accionada, a pesar de que tenía la carga de la prueba […]”.

[…]

“[…] Pretende la parte accionante retrotraer, a través del amparo etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, para establecer confusión y proyectar que se transgreden derechos fundamentales, lo cual es inconcebible por el carácter subsidiario que acompaña tan especial mecanismo constitucional y por cuanto en ningún momento en el escrito de tutela se demuestra vulneración a dere cho fundamental alguno […]”.

15. Julia Teresa Puentes Rivero y Dairo Puentes Rivero solicitaron ser tenidos en cuenta como terceros con interés, en la medida que en que integraron la parte demandante del proceso de la acción de reparación directa objeto de debate.

16. El Tribunal Administrativo de Sucre alleg ó copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación 700012331000200900167-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de

cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''8

Núm. único de radicación: 110010315000202301258-00

Actor: Julio Manuel Puentes Rivero

6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defens a judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

19. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

20. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala anali zará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)

concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

20. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala anali zará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del d erecho fundamental al debido proceso; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

21. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala

6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

Núm. único de radicación: 110010315000202301258-00

Actor: Julio Manuel Puentes Rivero

Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraPlena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

22. Esta Sección adoptó 10 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 11, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objet o de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

tutela contra tutela.

24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo térmi no, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.10

Núm. único de radicación: 110010315000202301258-00

Actor: Julio Manuel Puentes Rivero

“dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.

25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidado sa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

28. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 201414, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo

lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

12 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

12 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de ag osto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 14 Ut supra página 6.11

Núm. único de radicación: 110010315000202301258-00

Actor: Julio Manuel Puentes Rivero

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 15]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [16].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [17].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cum ple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [18].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera leg alidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lu gar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos

discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lu gar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales deb e fundarse en un asunto de evidente relevancia

[15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [18] “En España por ejemplo, de t