CE - 010315000202301279001SENTENCIA20230424085911

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (E): RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001 03 15 000 2023 01279 00

Demandantes: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de reparación directa / Delitos de lesa humanidad / El término de caducidad conforme al precedente contenido en la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 – Tercera regla

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

Las señoras Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga, Yeisi Mayerly Ceballos Quiceno, Flor de Lys Ceballos Aristizábal , a través de apoderado, promueven acción de tutela contra el Juzgado 23 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad , por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicitan:

Con el debido respeto solicito a los honorables Consejeros declare la existencia de la violación de los derechos fundamentales (artículo 1°, 13, 29, 123 228 y 209 de la2

Con el debido respeto solicito a los honorables Consejeros declare la existencia de la violación de los derechos fundamentales (artículo 1°, 13, 29, 123 228 y 209 de la2

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01279 00

Demandante: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constitución política), y en segundo lugar con base en anterior declaración, que la misma jurisdicción proceda a amparar los derechos vulnerados ordenando dejar sin efecto la providencias de primera instancia proferida por el Juzgad o 23 Administrativo de Medellín del 27 de octubre de 2020 y segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia, que confirmó fallo de primera instancia M.P. Liliana Navarro Giraldo del 13 de febrero de 2023, dentro del radicado número 05001 33 33 0 23 2018 00052 01, y que el accionado Juzgado 23 Administrativo de Medellín proceda a dictar sentencia de primera instancia que en derecho corresponda, teniendo en cuenta que en dicho despacho se decretaron y practicaron las pruebas correspondientes y se pr esentaron los correspondientes alegatos de conclusión.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, los accionantes señalaron los siguientes:

1. El señor Jhon Jairo Ceballos Aristizábal para el año de 2002 tenía 27 años de edad, residía en una finca de propiedad de su padre ubicada en la vereda Mina Rica

1. El señor Jhon Jairo Ceballos Aristizábal para el año de 2002 tenía 27 años de edad, residía en una finca de propiedad de su padre ubicada en la vereda Mina Rica del municipio de San Luis Antioquia en compañía de su esposa la señora Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y su hija Yeisy Mayerly Ceballos Quiceno, de 8 meses de edad.

1. El 12 de noviembre de 2002 el señor Jhon Jairo Ceballos Aristizábal fue secuestrado en horas de la mañana momentos después de salir de su casa a trabajar.

1. La señora Nidia Quiceno esposa del señor Jhon Jair o Ceballos Aristizábal se entera por habitantes del Municipio que su esposo había sido asesinado.

1. En razón de lo ocurrido, la señora Quiceno Zuluaga huye en diciembre de 2002 hacia la ciudad de Barranquilla a la casa de sus padres en busca de refugio y protección.

1. El 23 de enero de 2006 la señora Nidia Quiceno Zuluaga regresa al municipio de Puerto Triunfo a reclamar los restos de su esposo asesinado y narra lo ocurrido el 12 de noviembre al Fiscal 24 Seccional radicado en ese municipio.

1. En el mes de noviembre del año 2016, la familia de l señor Jhon Jairo Ceballos Aristizábal es informada por el Fiscal 50 Especializado de la Dirección Nacional de3

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01279 00

Demandante: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros

Aristizábal es informada por el Fiscal 50 Especializado de la Dirección Nacional de3

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01279 00

Demandante: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Fiscalías Especializadas Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín de la investigación que adelanta ese despacho por el homicidio de Jhon Jairo Ceballos Aristizá bal bajo el radicado número 7608 y en los que se sindica a miembros del Batallón de Artillería No 4 «Jorge Enrique Sánchez», perteneciente a la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, como posible v íctima de una ejecución extrajudicial (falso positivo), pres entado como un delincuente integrante de las FARC, abatido en combate, en el municipio de San Luis Antioquia, vereda Mina Rica, el día 12 de noviembre de 2002.

1. El 8 de febrero de 2018 , a través de apoderado la señora Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y s u grupo familia r interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que se declarara la responsabilidad patrimonial por la ejecución extrajudicial del señor Jhon Jairo Ceballos Aristizábal su ser querido, víctima de una ejecución extrajudicial (falso positivo).

responsabilidad patrimonial por la ejecución extrajudicial del señor Jhon Jairo Ceballos Aristizábal su ser querido, víctima de una ejecución extrajudicial (falso positivo).

1. El 27 de octubre de 2020, el Juzgado 23 Administrativo de Medellín profirió sentencia desestimatoria de las pretensiones, tras estimar configurada la excepción de caducidad del medio de control a la luz de los postulados de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020.

1. El 13 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, confirmó el fallo proferido por el juez a quo.

1.3. Fundamentos jurídicos de los accionantes

Centraron su reparo en tres defectos:

1.3.1. Desconocimiento del precedente

1. Los a utoridades judiciales en las providencias objeto de reproche al aplicar a su caso el criterio de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, expediente radicado número 85001 33 33 002 2014 00144 01, desconocieron que la4

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01279 00

Demandante: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co posición dominante de esa corporación para la fecha de presentación de la demanda, esto eso el 8 de febrero de 2018, sostenía que en los casos de delitos

www.consejodeestado.gov.co posición dominante de esa corporación para la fecha de presentación de la demanda, esto eso el 8 de febrero de 2018, sostenía que en los casos de delitos cometidos por la fuerz a pública contra civiles, específicamente los casos de homicidios en persona protegida o ejecuciones extrajudiciales, al tratarse de conductas que se enmarcan dentro de la definición de crímenes de lesa humanidad, el estudio de la caducidad no p odía otorgarse el mismo tratamiento de otras conductas que se configura ran por fuera del conflicto armado interno. Las pruebas aportadas al plenario eran demostrativas de que el combate en el que se pretendía «legalizar» a las víctimas no existió, pues los dos NN. presentados por el ejército, fueron ejecutados por la espalda y luego fueron escenificados con armas no aptas para el denominado «combate».

1. Se descon oció el el precedente vinculante de la Corte Constitucional , específicamente la sentencia de unificación SU-406 de 2016.

1.3.2. Defecto fáctico

El Juzgado 23 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia no efectuaron un estudio minucioso de las pruebas aportadas y de los argumentos expuestos en el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia frente a la imposibilidad de los demandantes de acceder a la administración de justicia antes del mes de noviembre d el año 2016, cuando el Fiscal 50 Especializado de la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, informa de manera detallada el estado de la investigación sobre la

mes de noviembre d el año 2016, cuando el Fiscal 50 Especializado de la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, informa de manera detallada el estado de la investigación sobre la muerte del señor Jhon Jairo Ceballos Aristizábal y la vinculación de los militares que participaron en el supuesto operativo que de hecho derivó en una ejecución extrajudicial (falso positivo).

1.3.3. Defecto sustantivo

Las providencias proferidas en el medio de control de reparación directa, desconocieron la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia vinculante para todos los Estados par te, en especial el caso Almonacid Arellano5

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01279 00

Demandante: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contra Chile donde se establece la regla obligatoria para Chile y los demás Estados parte que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, contenida en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los crímenes de Lesa Humanidad de 1968 por tratarse de norma ius cogens , así como el caso Órdenes Guerra y otros vs Chile de 29 de noviembre de 2018 , donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manife stó que las acciones judiciales de reparación del daño causado por crímenes internacionales no deben estar sujetas a prescripción , razón por la cual , a su juicio es un precedente de

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manife stó que las acciones judiciales de reparación del daño causado por crímenes internacionales no deben estar sujetas a prescripción , razón por la cual , a su juicio es un precedente de obligatorio acatamiento.

1.4. Actuación procesal

La tutela de la referencia, admitida por auto del 16 de marzo de 2023 ordenó notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad y al juez titular del Juzgado 23 Administrativo de Medellín y, como terceros interesados a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y a la s señoras Blanca Hercilia Aristizábal y María Yolanda Ceballos Aristizábal, al actuar como demandantes en el medio de control de reparación directa que se tramitó con el radicado 05001 33 33 023 2018 00052 00 [01] , para que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa -Ejército Nacional,1 Diana Marcela Cañón Parada, resaltó que la acción de tutela no es una tercera instancia para controvertir una decisión adversa a los intereses de los accionantes, de igual forma aclaró que no cumplió con la carga argumentativa de la procedencia de este mecanismo de amparo contra providencias judiciales.

En tal virtud, solicitó negar el amparo reclamado.

1Expediente digital de tutela.6

argumentativa de la procedencia de este mecanismo de amparo contra providencias judiciales.

En tal virtud, solicitó negar el amparo reclamado.

1Expediente digital de tutela.6

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01279 00

Demandante: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5.2. La señora Blanca Hercilia Aristizábal de Ceballos [madre del señor Jhon Jairo Ceballos Aristizábal] y vinculada como tercero con interés ,2 el apoderado de las accionantes allegó memorial informando que la señora Blanca falleció el 1.° de junio de 2022.

1.5.3. Los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad,3 pesar de haber sido notificados para que rindieran el respectivo informe en el trámite de la acción de tutela de la referencia, guardaron silencio.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el presente asunto, de acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 333 de 2021, según el cual « [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Cuestión previa

Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Cuestión previa

Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el municipio accionante, la Sala aclara que solo realizará el análisis de la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, órgano de cierre en el presente asunto.

2.3. Problema jurídico

Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, quebrantó los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de las accionantes, al proferi r la sentencia del 1 3 de febrero de 2023 , dictada dentro del proceso de reparación directa con

2 Expediente digital de tutela. 3 Expediente digital de tutela.7

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01279 00

Demandante: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co radicado 05001 33 33 023 2018 00052 01 , que confirmó la decisión tomada por el Juzgado 2 3 Administrativo de Medellín, que declaró configurada la excepción de caducidad.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

caducidad.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un me canismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamen tales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40 , estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad , de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utiliz ar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la

Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la S entencia C-590 de 2005, 4 en la que se hace distinción entre causales

4 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.8

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01279 00

Demandante: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo, una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregula ridad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un

inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregula ridad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derec hos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial siempre que haya sido posible ; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,5 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014, 6 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejer ce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.

concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 6 Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencioso Administrativo , expediente radicado núm. 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).9

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01279 00

Demandante: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

La Sala considera que el presente asunto satisface el requisito de subsidiariedad, pues se dirige contra la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad que resolvió la apelación propuesta contra la decisión adoptada en providencia del 2 7 de octubre de 2020 por el Juzgado 2 3 Administrativo de Medellín; por lo que la parte accionante agotó todos los medios ordinarios de defensa, es decir que acudió al juez constitucional de forma subsidiaria.

De igual modo , se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, debido a que la providencia acusada fue proferida el 13 de febrero de 2023 , mientras que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 13 de marzo de igual anualidad ,7 es decir,

providencia acusada fue proferida el 13 de febrero de 2023 , mientras que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 13 de marzo de igual anualidad ,7 es decir, dentro de los 6 meses que han sido acogidos por esta corporación como término prudencial para recurrir al medio de amparo constitucional.

El asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que se invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en el fallo enjuiciado.

El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de reparación directa.

2.3.3. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020

En la sentencia del 29 de enero de 2020, 8 la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda sol icitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado.

7https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002023012790 01100103 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020. Expediente radicado núm. 85001 33 33 002 2014 00144 01.10

01100103 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020. Expediente radicado núm. 85001 33 33 002 2014 00144 01.10

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01279 00

Demandante: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la Sala de decisión de la Sección Tercera procedió a determinar si la imprescriptibilidad que opera en materia penal frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra , daba lugar a interferir en el cómputo del término de caducidad para demandar en reparación directa frente a tales conductas.

Así, luego de citar la legislación y jurisprudencia interna, en materia de imprescriptibilidad penal y aplicación de la caducidad en los procesos de reparación directa, advirtió que la imprescriptibilidad penal opera mientras no haya sujetos individualizados y se mantiene hasta que se les identifique y se les vincule a las diligencias, y que, en materia de reparación directa, el términ o de caducidad no corre hasta tanto se cuente con elementos para deducir la participación del Estado en los hechos antijurídicos y se advierta la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.

Por tanto, concluyó que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al

patrimonial.

Por tanto, concluyó que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y , en virtud de lo cual, el término de caducidad sí debe exigirse en estos event os, pero a partir de que se observe que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser d emandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

De esta forma, señaló dicha Sección i) que, en lo referente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado , resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) que el plazo, salvo el caso de la desaparición forzada que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocie ron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; y iii) que el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.11

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01279 00

Demandante: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Pues bien, se advierte que en la providencia objeto de censura, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, para analizar el ejercicio oportuno de la acción trajo a colación la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, expediente 61.033, en la que la corporación concluyó que la caducidad en este tipo de eventos sí operaba, y si el interesado estaba en condiciones de inferir el hec ho dañoso y no acudió a esta jurisdicción, el juez debe declarar que el derecho de acción no se ejerció en tiempo, bien sea al analizar la admisión de la demanda, al resolver las excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia.

2.4. Hechos probados

De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. A través de auto del 13 de noviembre de 2002 , l a Inspectora Municipal de Policía de Granada ordenó lo siguiente:9

Siendo las cuatro de la tarde tiene conocimiento el suscrito inspector en la zona urbana de est e municipio por parte del señor SARGENTO ARTEAGA GÓMEZ MILTON , que en la morgue del cementerio local se encuentra los cuerpos de SEIS cadáver (sic) de seco femenino y masculino que fueron trasladados de sitios diferentes dado de baja en enfrentamientos con miembros del BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO . 4, en consecuencia, el suscrito inspector judicial dada la hora, deja para llevar a cabo la diligencia de

femenino y masculino que fueron trasladados de sitios diferentes dado de baja en enfrentamientos con miembros del BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO . 4, en consecuencia, el suscrito inspector judicial dada la hora, deja para llevar a cabo la diligencia de inspección judi cial de los cadáveres para el día siguiente, solicítese al médico la necropsia de rigor y dense los avisos de ley.

2.4.2. El 14 de noviembre de 2002 , l a Inspectora de Policía de Granada en cumplimiento del auto anterior se dirigió a la morgue, en la que evidenció:10

DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL A SEIS CADÁVERES

INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA, Granada, noviembre 14 de dos mil dos. En la fecha y siendo las s iete de la mañana e l inspector da comienzo a la in spección judicial de los cadáveres enumerándose del uno al seis, Dándose inicio con el No, UNO

[…]

OCCISO NO. CUATRO cuerpo con rigidez cadavérica de un medio sesenta y siete de estatura entre los 20 a 25 años contextura delgada, piel blanca, cabello castaño corto, cara ovalada, cejas normales separadas, ojos cafés, dentadura natural buen estado,

9 Folio 136 expediente digital original de reparación directa. 10 Folios 136 a 138 expediente digital original de reparación directa.12

Radicado: 11001 03 15 000 2022 01279 00

Demandante: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co bozo normal, barba incipiente, orejas grandes y separadas, vestía sudadera verde azul, buso negro, interi ores blancos y beis, medias azules, botas venus No 39 presenta las siguientes heridas herida de rodilla derecha de entrada, con salida en la parte superior de la misma, herida cara externa de la pierna con salida en la cara externa de la misma, herida hipocond rio lado derecho tres heridas antebrazo derechos herida codo derecho herida arte anterior del brazo izquierdo herida brazo izquierdo, herida cuello lado izquierdo, herida salida parte media de la nuca lado derecho, se le incautó el siguiente material PISTOLA WALTER PPK 7.65 MM 555777 (1) PROVEEDOR PISTOLA (1) MUNICIÓN CAL 7.65 (5) GRANADA M 26 (1) MINAS ANTIPERSONALES (2) CABLE DETONANTE

MIS (20) DOCUMENTACIÓN FARC ELN

[…]

2.4.3. El 26 de enero de 2007 , la señora Nidia Sorelly Quiceno Zuluaga rindió declaración en el Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar de Medellín. Según relato, señaló :11

PREGUNTADO: Diga al despacho por qué razón usted viene al Juzgado. CONTESTÓ: Porque quiero reconocer a mi esposo el que esta muerto. PREGUNTADO: Informe al Despacho, en qué fecha, dónde murió su esposo y cuál era su nombre completo.

Porque quiero reconocer a mi esposo el que esta muerto. PREGUNTADO: Informe al Despacho, en qué fecha, dónde murió su esposo y cuál era su nombre completo.

CONTESTÓ: Murió en la Vereda Mina rica el 12 de noviembre de 2002, él se llamaba JHON JAIRO CEBALLOS ARISTIZÁBAL. PREGUNTADO: Informe al Despacho quién o quiénes le dijeron que viniera aquí y si viene intimidada o pagado por alguien, en caso afirmativo, quien y en que calidad. CONTESTÓ: No, yo hice la denuncia por la muerte de él en Puerto Triunfo eso fu e en enero del año pasado, luego llam é allá para ver como iba la investigación y me dijeron que eso lo habían mandado para acá. […] PREGUNTADO: Informe al Despacho que documentos tiene usted para probar la identidad de su esposo, ya que en el plenario no aparece identificado. CONTESTÓ: El registro civil nacimiento