CE - 010315000202301332001SENTENCIA20230420105125

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. CARECE DE

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO.

SANCIÓN MORATORIA PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1 En adelante el Tribunal.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El señor MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ , actuando a

www.consejodeestado.gov.co

El señor MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ , actuando a través de apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Polític a, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social y a los principios de seguridad jurídica y de la perpetuatio jurisdictionis, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 2 de marzo de 2023 , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 63001-33-33-0062022-00219-02

I.2. Hechos

Manifestó que labora como docente oficial al servicio del Municipio de Armenia, por lo que goza del reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado.

Indicó que el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -en adelante FOMAG -, omitió consignar las cesantías que correspondía pagar por los servicios prestados en el año 2020, por lo que el 28 de julio de 2021 solicitó el reconocimiento y pago de las mismas ante dicha entidad y la3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Secretaría de Educación Departamental, las cuales guardaron silencio.

Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Municipio de Armenia, con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto o presunto y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, proceso al cual le fue asignado el número único de radicación 2022-00219-00.

Señaló que el proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira2 que, mediante sentencia de 22 de octubre de 2022, denegó las súplicas de la demanda al estimar que la sanción por el pago tardío de las cesantías solo opera para aquellos docentes no afiliados al FOMAG, comoquiera que estos poseen un régimen especial de cesantías.

Adujo que, inconforme con ello, interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 2 de marzo de 2023, confirmó la decisión del a quo.

2 En adelante el Juzgado.4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

2 En adelante el Juzgado.4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial dispuesto en las sentencias 3 del Consejo de Estado y la Corte Constitucional4, las cuales han concluido que la Ley 50 de 28 de diciembre de 19905 le es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, de tal forma que a las entidades accionadas les asistía la obligación de consignar antes del 15 de febrero de 2021 las cesantías causadas en el año anterior, so pena de incurrir en mora, lo cual ocurrió en el caso concreto.

Resaltó que las sentencias proferidas por el Consejo de Estado han generado la confianza legítima en los docentes oficiales vinculados con posterioridad al 1o. de enero de 1990, al haberse dictado gran

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación de 6 de agosto de 2020, C.P. Sandra Liseth Ibarra, expediente identificado con el número único de radicación 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16).

de 6 de agosto de 2020, C.P. Sandra Liseth Ibarra, expediente identificado con el número único de radicación 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16).

Sentencias de 24 de enero de 2019, expediente núm. 76001-23-31000200900867-01, 29 de julio de 2019, expediente núm. 11001 -0315000-201803499-01, 2 de diciembre de 2019, expediente núm. 08001 23 33 000 2014 00173 -01, 10 de junio de 2020, expediente núm . 08001-23-33000201400208-01, 22 de octubre de 2020, expediente núm. 08001-23-31000-201400254-01, 12 de noviembre de 2020 expediente núm. 08001 -23-33000-201400132-01, 17 de junio de 2021 expediente núm. 08001 23 31 000 2014 00815 01, 17 de junio de 2021 expediente núm. 08001-2333000-201500331-01, 4 de noviembre de 2021 expediente núm. 19001-23-33000-20150044502, 25 de noviembre de 2021 expediente núm. 08001-23-33000-201401127-01, 25 de noviembre de 2021 expediente núm. 40001-23-40000-201700134-01, 11 de noviembre de 2021 expediente

de 2021 expediente núm. 40001-23-40000-201700134-01, 11 de noviembre de 2021 expediente núm. 080001 -23-40000-2015-9000801, 11 de noviembre de 2021 080001 -23-40000-201490022-01, 20 de enero de 2022 expediente núm. 080001-23-33000-201700931-01, 3 de marzo de 2022 expedient e núm. 080001 -23-33000-201500075-01, 28 de abril de 2022 expediente núm.76001-23-33000-201300756-01, 9 de mayo de 2022 expediente núm. 080001 -23-40000201700795-01, 19 de mayo de 2022, 19 de mayo de 2022 expediente núm. 47 -001-23-33000201900359-01, 1o. de julio de 2022 expediente núm. 47 -001-23-33000-2019-0037601, 22 de agosto de 2022 expediente núm. 08001 -23-33000-201500509-01 y 22 de septiembre de 2022 expediente núm. 08001-23-33000-201590124-01.

4 SU 098 de 17 de octubre de 2018. 5 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

cantidad de sentencias entre los años 2021 y 2022, lo cual ha llevado a solicitar ante la jurisdicción contenciosa administrativa el pago de la sanción moratoria.

Arguyó que la decisión judicial cuestionada desconoció el principio de congruencia, toda vez que el TRIBUNAL en principio presentó una argumentación normativa y jurisprudencial que conducía a entender que la aplicación e interpretación integral de las Leyes 50 de 1990, 91 de 1989 y 344 de 1996, era favorable a sus intereses, no obstante, al momento de expedir la decisión, concluyó que no era posible acceder a las pretensiones.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

[…]”. (Negrilla pertenece al texto).6

ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

[…]”. (Negrilla pertenece al texto).6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL pese a ser notificado del presente trámite constitucional, guardó silencio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO, luego de hacer un recuento del trámite surtido dentro del proceso ordinario, aseveró que en el caso bajo estudio no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, comoquiera que lo discutido son derechos de carácter económico accesorio y no se trata de mínimos laborales, pues lo reclamado son sanciones e indemnizaciones moratorias, de tal forma que la controversia es de orden legal y no constitucional.

Sumado a lo anterior, refirió que no se acredita la configuración de defecto alguno que dé lugar a la vulneración al derecho al debido proceso, pues no existe precedente vinculante para el asunto, de tal forma que el hecho de que el actor no comparta los argumentos del juez natural no quiere decir que la decisión acusada no esté fundada en derecho, pues la misma se emitió con sustento en los medios de

forma que el hecho de que el actor no comparta los argumentos del juez natural no quiere decir que la decisión acusada no esté fundada en derecho, pues la misma se emitió con sustento en los medios de prueba allegados por las partes, con las normas y los pronunciamientos vigentes y vinculantes del Consejo de Estado y la7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Corte Constitucional.

Así las cosas, destacó que lo pretendido por el actor con esta acción constitucional es entrar a debatir una decisión que se encuent ra en firme y que fue adoptada por el juez natural de la causa y confirmada por su superior, desconociendo que la sentencia SU-573 de 2019 fue clara en señalar que en realidad la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un dere cho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional.

I.6.2.- La Secretaría de Educación Municipal de Armenia solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo por inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues no se configuran los requisitos generales y específicos que hagan procedente el estudio, máxime cuando no se evidencia la ocurrencia de una amenaza o perjuicio irremediable en el asunto.

I.6.3.- La Fiduprevisora S.A. advirtió que las autoridades judiciales

procedente el estudio, máxime cuando no se evidencia la ocurrencia de una amenaza o perjuicio irremediable en el asunto.

I.6.3.- La Fiduprevisora S.A. advirtió que las autoridades judiciales que conocieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho actuaron conforme a la normativa establecida sin que pueda aducirse desconocimiento de los precedentes judiciales relacionados co n el tema objeto de la demanda.8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Afirmó que no es dable inferir que se haya presentado transgresión alguna en contra de las garantías fundamentales, pues se ha respetado el debido proceso, de tal forma que las actuaciones fueron adelantadas en debida forma y atendiendo los procedimientos legales.

Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo y que se le desvincule del precedente trámite constitucional por no estar legitimada en la causa por pasiva para actuar en el presente asunto.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclama ción que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantía s procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta

procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del a ctor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su c onducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la Fiduprevisora S.A. fue vinculada como encargada de administrar los recursos del FOMAG dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2022-00219-02, objeto de cuestionamiento, en calidad de tercera, le asiste interés en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala denegará su solicitud

el número único de radicación 2022-00219-02, objeto de cuestionamiento, en calidad de tercera, le asiste interés en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en l a causa por pasiva , como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009 -01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia consti tucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela

constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia consti tucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sob re todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta

meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sob re todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales de rechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que l a acción de tutela llegue a rodearse de unas

hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que l a acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tu tela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra un a sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un

esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se deje sin efecto la providencia de 2 de marzo de 2023, proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual confirmó la decisión del JUZGADO que denegó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2022-002019-02.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social y a los principios de seguridad jurídica y de la perpetuatio jurisdictionis , habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en desc onocimiento del precedente judicial y, además,15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

emitió una decisión incongruente.

Los disensos del actor radican en que el TRIBUNAL desconoció los pronunciamientos emitidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional que han concluido que la Ley 50 de 1990 le es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, por lo que se le debió ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogi da por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

• De la relevancia constitucional16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

• De la relevancia constitucional16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01332-00

Actor: MIGUEL ÁNGEL IDARRAGA HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En este punto, la Sala advierte que la finalidad d el actor con la solicitud de amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2022-00219-02.

En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la procedencia de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, la Corte Consti tucional en la sentencia SU -573 de 27 de noviembre de 20196, sostuvo lo siguiente:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora l