CE - 010315000202301377001SENTENCIA20230512124842

Radicado: .11001-03-15-000-2023-01377-00

Demandante: Carlos Andrés Vela Cruz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01377-00

Demandante: CARLOS ANDRÉS VELA CRUZ

Demandado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Petición de información.

Núcleo esencial del derecho fundamental de petición . Deber de remisión al competente cuando se cumplen los supuestos del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Carlos Andrés Vela Cruz , quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales de petición, a la honra, al buen nombre, a la personalidad jurídica y a las liber tades de prensa, de información y de opinión , los cuales considera vulnerado s por la falta de

República, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales de petición, a la honra, al buen nombre, a la personalidad jurídica y a las liber tades de prensa, de información y de opinión , los cuales considera vulnerado s por la falta de respuesta de fondo a la petición de información presentada el 5 de marzo de 2023.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante sostuvo que el 5 de marzo de 2023 elev ó una solicitud ante la Presidencia de la República con el asunto “ Queja y denuncia contra Winner Group S.A.”, a la cual se le asignó el radicado No. EXT23-00040075.

Indicó que el 13 de marzo de 2023, la entidad demandada emitió el Oficio No. OFI23-00046985 / GFPU 13150000, mediante el cual atendió su solicitud. Sin embargo, manifestó que la misma no resuelve de fondo la petición, en particular el punto 7 de la misma.

2. Fundamentos de la acción

El actor presentó acción de tutela contra el Departa mento Administrativo de la Presidencia de la República con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales de petición, a la honra, al buen nombre, a la personalidad jurídica y a las libertades de prensa, de información y de opinión , por lo que solicit a al juez constitucional que se ordene proferir respuesta de fondo a la solicitud formulada el 5 de marzo de 2023 (radicado No. EXT23-00040075).Radicado: .11001-03-15-000-2023-01377-00

Demandante: Carlos Andrés Vela Cruz

5 de marzo de 2023 (radicado No. EXT23-00040075).Radicado: .11001-03-15-000-2023-01377-00

Demandante: Carlos Andrés Vela Cruz

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3. Pretensiones

En el escrito de tutela el demandante formuló la siguiente:

“Que el Señor Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego identificado con la cédula de ciudadanía número (…) me responda el Derecho de Petición de fondo dando debida observancia a mis derechos humanos y a la Constitución Política de Colombia radicado el 5 de Marzo de 2023”.

4. Pruebas relevantes

Con la solicitud de amparo, el actor aportó los siguientes documentos:

• Copia de la petición de 5 de marzo de 2023, radicada con el No. EXT2300040075. • Copia del oficio de respuesta No. EXT23 -00040075 de 13 de marzo de 2023, susc rito por el jefe (E) de la Oficina de Relacionamiento con el

Ciudadano.

5. Trámite procesal

El 13 de marzo de 2023, la acción de tutela se repartió al Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C., qu e en atención a las reglas de reparto contenidas en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 1, resolvió, por auto de 14 de marzo de 2023, remitir la solicitud de amparo al Consejo de Estado para lo de su cargo.

reglas de reparto contenidas en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 1, resolvió, por auto de 14 de marzo de 2023, remitir la solicitud de amparo al Consejo de Estado para lo de su cargo.

Por auto de 24 de marzo de 2023 , la Magistrada Sustanciadora dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la entidad demandada, a quienes se les remitió copia de la solicitud de amparo.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas No. 27188 a 27190 de 27 de marzo de 2023 , con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión2.

6. Oposición

Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Mediante escrito de 31 de marzo de 2023, la apoderada judicial del Departa mento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó que se declare improcedente la acción de t utela, al considerar que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva. De forma subsidiaria, pidió que se nieguen las pretensiones del actor pues no se vulneró ningún derecho fundamental.

1 La citada disposición normativa establece lo siguiente: “12. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaci ones del Presidente d e la República , incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacion adas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia , al Consejo de Estado”.

Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacion adas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia , al Consejo de Estado”. 2 Las partes demandante y demandada, así como fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico: induvela@gmail.com; notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co.Radicado: .11001-03-15-000-2023-01377-00

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3 Manifestó que mediante oficio de 13 de marzo de 20 23 se dio respuesta de fondo a la petición presentada por el actor, en el sentido de señalarle que no está en la capacidad de tomar acciones por los p resuntos actos de discriminación de los que fue víctima y le indicó cuáles eran los canales mediante los c uales podía interponer las respectivas denuncias penales, por lo que considera que no ha vulnerado ningún derecho fundamental. Es más, sostuvo que cua lquier pronunciamiento al respecto resultaría inocuo p orque con la respuesta las pretensiones de la acción de tutela se encuentran satisfechas.

Por otro lado , aseguró que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que las inconform idades del solicitante se relacionan con la infracción de normas por parte de los casinos pertenecientes a Winner Group S.A y el abuso de su derecho a reservarse la admisión de determinadas personas,

pasiva, dado que las inconform idades del solicitante se relacionan con la infracción de normas por parte de los casinos pertenecientes a Winner Group S.A y el abuso de su derecho a reservarse la admisión de determinadas personas, cuestión que no es del resorte de la entidad sino de Col juegos y de la Fiscalía General de la Nación.

En primer lugar, para hacer referencia a la competencia que asiste a COLJUEGOS, señaló que de acuerdo con el Decreto 4142 del 2011 y el Decreto 1451 del 2015, esta es la institución encargada de autorizar y vi gilar el funcionamiento de las empresas o personas que explotan económicamente los juegos de azar como los casinos.

Refirió que cualquier persona que considere que alguna de las empresas que explotan los casinos ha incumplido con las normas de funcionami ento de COLJUEGOS, puede acceder a la página web e interponer una queja, para que esta sea analizada y tra mitada por dicha entidad, qu e de encontrar responsable a la denunciada podrá imponer multas e incluso tomar correctivos para que dicha situación no se vuelva a repetir. Este mecanismo puede ser verificado en el siguiente enlace: https://pqrsd.coljuegos.gov.co:8081/pqr/radicar.php.

Por último, destacó que s i los actos de discriminación a los que se refiere el actor en la petición se encuentran proba dos pueden incluso a ser constitutivos del delito contemplado en el artículo 134A del Código Penal 3, para lo cual deberá acudir a la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal, siendo dicha entidad quien podrá iniciar las investigaciones solicitadas y , de ser el caso, imponer las sanciones correspondientes.

Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal, siendo dicha entidad quien podrá iniciar las investigaciones solicitadas y , de ser el caso, imponer las sanciones correspondientes.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

3 “Artículo 134A. Actos de discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los dere chos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.Radicado: .11001-03-15-000-2023-01377-00

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2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República vulneró los derechos fundamentales de petición, a la honra, al buen nombre, a la person alidad jurídica y a las libertades de prensa, de información y de opinión del accionante al no emitir respuesta de fondo a la

Presidencia de la República vulneró los derechos fundamentales de petición, a la honra, al buen nombre, a la person alidad jurídica y a las libertades de prensa, de información y de opinión del accionante al no emitir respuesta de fondo a la solicitud de información radicada el 5 de marzo de 2023, en particular al punto No. 7 dirigido a dicha entidad.

3. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las a utoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

La Corte Constitucional ha definido las reglas bá sicas que orientan el derecho de petición y los criterios que se deben tener en cuenta al aplicarse esta g arantía fundamental. En la sentencia T-1160A de 20014, esa corporación judicial señaló:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos re quisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicit ado 3. Ser puesta en

resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos re quisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicit ado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. f) La Cor te ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular prest a un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamen tal, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actú an como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla gen eral, se acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el par ticular deberá

artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el par ticular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del t érmino será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de l a solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho ( 48) horas siguientes. h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, p ues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.

4 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.Radicado: .11001-03-15-000-2023-01377-00

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5 i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T -294 de 1997 y T-457 de 1994. ”5 .

5 i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T -294 de 1997 y T-457 de 1994. ”5 . Mediante la sentencia T -1006 de 2001,6 la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales más: j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder”;7 k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado8”.

Ahora bien, en lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte

Constitucional precisó que:

“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibil idad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades , sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de t ramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material , que supone que la autoridad competente se pronu ncie sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente , es decir sin evasivas, res pecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario, independiente de que la respuesta s ea f avorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido.

uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario, independiente de que la respuesta s ea f avorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido.

Respecto del último punto, la Cort e ha sido enfática en señalar que la satisfacción de este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o material dentro del término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momen tos sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámit e de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio, examinará su soli citud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

Por lo ant erior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el derecho de petición se concre ta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la respuesta adoptada por la entidad”9. (destacado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sus tituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las peticiones, incluyendo una posibilidad excep cional de resolver por fuera del

la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las peticiones, incluyendo una posibilidad excep cional de resolver por fuera del mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autorida d, antes

5 Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero. 6 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 7 Corte Constitucional, Sentencia T -219 de 2001, MP. Fabio Morón Díaz. En sentenc ia T -476 de 2001, MP. Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “ Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el tras lado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la cual se eleva la petición, es un elemento del núcleo es encial del derecho de petición, toda vez, que la simple respuesta de incompetencia, constituye una evasiva a la solicitud y de acuer do a lo expresado por la Corte: “…[ las respuestas simplemente formales o evasivas]… no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución…”. 8 Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, MP. José Gregorio Hernández Galindo. 9 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.Radicado: .11001-03-15-000-2023-01377-00

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6 del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta , que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

“Artículo 14 . Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguiente s a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los ef ectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los tr einta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la l ey expresando los motivos de la demora y

aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la l ey expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o d ará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

Esta Corporación también se ha referido al derecho de petición, al indicar que “se garantiza cuando la administración responde de fondo, de manera clara y precisa y dentro de un pla zo razonable a la solicitud presentada, lo que supone que las situaciones contrarias (…), son susceptibles de protección por el juez constitucional mediante fallo de tutela que ordene a la autoridad peticionada emitir una respuesta conforme a los lineamientos trazados”10.

Con fundamento en lo anterior, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber constitucional y legal ineludible de dar respuesta a las peticiones, de fondo, en forma clara y precisa, dentro de los términos establecidos p or la ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez constitucional, a través de la acción de la tutela.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. E l accionante presentó acción de tutela porque considera que la autorid ad administrativa accionada vulneró los derechos fundamentales de petición, a la honra, al buen nombre, a la personalidad jurídica y a las libertades de prensa, de información y de opinión, al considerar que a pesar de que la entidad demandada respondió su petición de 5 de marzo de 2023, pasó por alto referirse al punto No. 7 de la misma.

información y de opinión, al considerar que a pesar de que la entidad demandada respondió su petición de 5 de marzo de 2023, pasó por alto referirse al punto No. 7 de la misma.

4.2. Al respecto, la Sala de conformidad con las pruebas que re posan en el expediente de tutela, inicia por señalar que el señor Carlos Andrés Vela Cruz, mediante apoderado, formuló petición dirigida a varias entidades , entre las cuales se encontraba la Presidencia de la República, en los siguientes términos:

“[sic a toda la cita] RV: Derecho de Petición: Queja y Denuncia contra Winner Gruop S.A

Remitente:

CARLOS ANDRES VELA CRUZ

10 Sentencia del 10 de octubre de 2016. C. P. Gabriel Valbuena Hernández (exp. 2016-03681-01).Radicado: .11001-03-15-000-2023-01377-00

Demandante: Carlos Andrés Vela Cruz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Destinatarios: Con copia a: Fecha de Recibido: 06/03/2023 09:12:51 AM

Correo Peticionario: Contacto(contacto@presidencia.gov.co)

De (Remitente): CARLOS ANDRES VELA CRUZ

(hseq.integrada@gmail.com;induvela@gmail.com) Enviado el: 6/03/2023 9:12:51 a.m.

Para: contactoocho@presidencia.gov.co Asunto: RV: Derecho de Petición: Queja y Denuncia contra Winner Gruop S.A

De: Carlos Andrés Vela Cruz

Enviado el: 6/03/2023 9:12:51 a.m.

Para: contactoocho@presidencia.gov.co Asunto: RV: Derecho de Petición: Queja y Denuncia contra Winner Gruop S.A

De: Carlos Andrés Vela Cruz

Enviado el: domingo, 5 de marzo de 2023 4:12 p. m.

Para: Servicio al Cliente (CO) Servicio al Cliente ICONTEC

procurador@procuraduria.gov.co; ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co; Contáctenos Coljuegos; lnortizm@winnergro elup.com; (carlos.vela -c@ mail.escuelaing.edu.co) QHSE; relacionciudadano@minhacienda.gov.co; david.racero@camara.gov.co; roy.barreras.montealegre@senado.gov.co; Contacto

Asunto: Derecho de Petición: Queja y Denuncia contra Winner Gruop S.A

Bogotá, 05 de Marzo de 2023 Señores John Jairo Flórez Vargas Gerente de Casino - Winner Group S.A. - CIRSA Colombia Doctor Gustavo Petro Urrego Presidente de la Republica Roberto Enrique Montoya Villa Yo Carlos Andrés Vela Cruz identificado con C.C 80094579 de Bogotá amparado en el Ar t 23 de Constitución Política de Colombia y Ley 1755 de 2015, elevó queja y denuncia penal contra todos lo s colaboradores y Gerente General de los Casinos Cirsa Winner Group con número de contrato N° C1817 en las siguientes ubicaciones BROADWAY 1 CASINO PL AZA DE LAS

AMERICAS TV 71 D NO. 6 - 94 SUR LC 1801 -1803.BROADWAY 2 PLAZA DE LAS

AMERICAS TV 71 D NO. 6 - 94 SUR LC 1919, 1921, 1923.

AMERICAS TV 71 D NO. 6 - 94 SUR LC 1801 -1803.BROADWAY 2 PLAZA DE LAS

AMERICAS TV 71 D NO. 6 - 94 SUR LC 1919, 1921, 1923.

Toda vez que me fue negado el acceso el día 05 de Marzo de 2023 aproximadamente sobre la franja horaria de 11 am a 12: 4 5 pm en los dos casinos lo cual están en su derecho de reserva de admisión sin embargo, mi queja y denunci a puntual está en la forma como realizaron la inadmisión, primero discriminándome por mi aspecto personal y mi personalidad la cual busca la excelenci a en las empresas que se certifiquen en NTC-ISO 9001:2015 con groserías con reacciones de temeridad, sin d ar mayores explicaciones esta misma reacción la tuvieron el pasado 13 de Enero de 2023 yo les reitere la respuesta de Servicio al Cliente lo cual no e ra congruente con la realidad la cual puede ser verificada por el CCTV de los casinos anteriormente referenciados, el cual es de conocimiento por el Proceso de Servicio al Cliente. En vista de lo sucedido solicit é acompañamiento policivo el cual se gestion ó por parte de Mi Policía Nacional llegando a sitio BROADWAY 1 CASINO PLAZA DE LAS

AMERICAS TV 71 D NO. 6 - 94 SUR LC 1801-1803.

Los Patrulleros entendieron que se trataba de un caso particular de discriminación por parte de los colaboradores del Casino lo cual me indicaron elevar la denuncia penal y si lo consideraba necesario la demanda civil por los daños y perjuicios ya que el daño emocional generado por los colaboradores vulneran evidentemente, mis derechos humanos

Artículo 6

si lo consideraba necesario la demanda civil por los daños y perjuicios ya que el daño emocional generado por los colaboradores vulneran evidentemente, mis derechos humanos

Artículo 6

Todo ser humano tien e de recho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que in frinjaRadicado: .11001-03-15-000-2023-01377-00

Demandante: Carlos Andrés Vela Cruz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación Y por lo visto es aprobado por el S eñor John Jairo Flórez Vargas - Gerente de Casino - Winner Group S.A. - CIRSA Colombia ese trato tan desobligante contra mi persona.

Por lo anterior solicito comedidamente

1. Abrir Denuncia Penal ante la Fiscalía General de la Nación contra John Jairo F lórez Vargas - Gerente de Casino - Winner Group S.A. y sus colaboradores de los casinos

BROADWAY 1 CASINO PLAZA DE LAS AMERICAS TV 71 D NO. 6 - 94 SU R LC

1801-1803 BROADWAY 2 PLAZA DE LAS AMERICAS TV 71 D NO. 6 - 94 SUR LC 1919, 1921, 1923.

Para la fecha y hora de los hechos 03 de Marzo de 2023; aproximadamente sobre la franja horaria de 11 am a 12: 45 pm, por Discriminación y por realizar afirmacione s

1919, 1921, 1923.

Para la fecha y hora de los hechos 03 de Marzo de 2023; aproximadamente sobre la franja horaria de 11 am a 12: 45 pm, por Discriminación y por realizar afirmacione s nocivas contra mi Honra y mi Buen Nombre. 1ª. Solicito con efecto inmediato la suspensión del certifica do de calidad NTC -ISO 9001:2015 por parte de ICONTEC ya que si una empresa no cumple la Declaración Universal de derechos Humanos no amerita mantener el c ertificado de Calidad de Tercera parte.

2. Solito comedidamente a la Procuraduría se apertura invest igación por la no respuesta de mi derecho de petición del 21 de enero de 2023 a Icontec y la ONAC de la suspensión del Certificado de Tercera Parte po r parte de ICONTEC del Sistema de Gestión de Calidad NTC -ISO 9001:2015, la cual a la fecha de hoy está en estado vigente a la fecha del 05 de Marzo de 2023 toda vez que no me ha sido contestado y se presume un silencio positivo a mi favor por parte de ONAC e I CONTEC. Se invocará el Art 86 de la Constitución Política de Colombia.

3. Se solicita comedidamente a Coljuegos y al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico una respuesta de fondo de sus posiciones frente a este hecho de vulneración de Derechos Humanos por parte de Afiliados a Coljuegos y que este último no realice la inspección, control y vigilancia fr ente a los Afiliados y más cuando en mi caso particular he manifestado hallazgos relevantes frente a Winner Group S.A el cumplimiento de los Derechos