CE - 010315000202301383001SENTENCIA20230602155104

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01383-00

Demandante: Germán López Guerrero

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-01383-00

Demandante: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN CUARTA-SUBSECCIÓN BTemas: Tutela contra decisiones proferidas en el marco de un incidente de desacato. Requisitos generales de procedencia de la acción. Procedencia excepcional de la acción de tutela. Defecto fáctico. Solicitud de levantamiento de sanción por desacato a fallo de tu tela.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Germán López Guerrero contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Cuarta ,

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Germán López Guerrero contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Cuarta , Subsección B, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Germán López Guerrero ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Cuarta , Subsección B , por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre y al mínimo vital. En consecuencia, formul ó las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Tutelar los DERECHOS a la IGUALDAD, BUEN NOMBRE, HONRA, MÍNIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, los cuales han sido vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN CUARTA SUBSECCIÓN “B”., por negación de inaplicación de sanciones judiciales, en el marco de la acción de tutela bajo radicado No. 25000234100020170096400, con orden de tutela cumplida.

SEGUNDA: En consecuencia, solicito que el CONSEJO DE ESTADO ordené al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN CUARTA SUBSECCIÓN “B”., dejar sin efecto el auto de dos (02) de marzo de 2023, donde se negó la solicitud de levantamiento de la sanción por desacato y se ordene proferir decisión de reemplazo, en la que se resuelva nuevamente sobre la solicitud de levantamiento de la sanción de acuerdo al precedente judicial vinculante y vigente en la

negó la solicitud de levantamiento de la sanción por desacato y se ordene proferir decisión de reemplazo, en la que se resuelva nuevamente sobre la solicitud de levantamiento de la sanción de acuerdo al precedente judicial vinculante y vigente en la sentencia SU -034 de 2018 asimismo, que ese despacho informe y oficie sobre la decisión judicial impartida a las autoridades encargadas de la ejecución de cobro, para que estas den por terminado el proceso de cobro coactivo que actualmente se adelanta en mi contra.”Radicado: 11001-03-15-000-2023-01383-00

Demandante: Germán López Guerrero

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2. Hechos:

Del expediente de tutela, se destacan como hechos relevantes los siguientes:

El señor Luis Albeiro Beltrán Agudelo interpuso a cción de tutela contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad , por estimar que vulneraron o amenazaron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la salud, con la finalidad de que le fuera definida su situación médico laboral con ocasión a su retiro del servicio.

El proceso en primera instancia fue tramitado bajo el radicado 2017-01125-00 y conocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección

ocasión a su retiro del servicio.

El proceso en primera instancia fue tramitado bajo el radicado 2017-01125-00 y conocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que, por sentencia del 14 de agosto de 2017 decidió: “PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor LUIS

ALBEIRO BELTRÁN AGUDELO.

SEGUNDO: ORDENAR al director de Sanidad del Ejército Nacional, o a quien haga sus veces. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia se inicien las gestiones pertinentes para la realización del examen médico de retiro en el cual se re alice una valoración al señor LUIS ALBEIRO BELTRAN AGUDELO que determine su actual estado de salud física y mental, así como las afecciones que padece, con el fin de recalificar la pérdida de capacidad laboral y aplicar las consecuencias jurídicas que se d eriven de dicho resultado en cuanto a indemnizaciones o pensión de invalidez, conforme así lo determine la Junta Médico Laboral. (…)” La anterior decisión no fue impugnada y quedó ejecutoriada el 22 de agosto de 2017.

El 29 de septiembre de 2017, el señor Beltrán Agudelo presentó incidente de desacato por estimar incumplida la sentencia del 14 de agosto de 2017.

Por auto del 30 de octubre de 2017 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, declaró que el señor Germán López Guerrero, director de Sanidad del Ejército Nacional , incurrió en desacato del fallo de tutela del 14 de

Sección Cuarta, Subsección B, declaró que el señor Germán López Guerrero, director de Sanidad del Ejército Nacional , incurrió en desacato del fallo de tutela del 14 de agosto de 2017 y, en consecuencia, l o sancionó con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En sede de consulta, por auto del 4 de diciembre de 2017 , el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A confirmó la sanción y exhortó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional para que diera cumplimiento inmediato a la orden de tutela. El actor indicó que mientras se realizaron los exámenes de retiro por las distintas especialidades, finalmente , se convocó y practic ó la Junta Medico Laboral al señor Beltrán Agudelo el 21 de agosto de 2018 a las 9:45 a.m., mediante acta núm. 102744. Por lo anterior, el Ejercitó Nacional, por intermedio de sus distintas dependencias , radicó varios escritos con la finalidad de obtener la inaplicación e inejecución de cobro de la sanción impuesta al Mayor General Germán López Guerrero presentada por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional insistiendo en el hecho de que el cumplimiento del fallo de tutela se dio desde agosto de 2018, época en la que se llevó a cabo la junta médico laboral.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01383-00

Demandante: Germán López Guerrero

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Las distintas solicitudes de inaplicación de la sanción han sido resu eltas de manera negativa mediante providencias del 26 de julio de 2021, 24 de enero de 2022, 4 de abril de 2022, luego de considerar que la sanción fue objeto de consulta y que, en ese entendido, hizo tránsito a cosa juzgada. La última solicitud de inaplic ación de la sanción fue presentada el pasado el 22 de noviembre de 2022 y el Tribunal demandado , mediante auto del 2 de marzo de 2023, la negó por estimar que no hay lugar porque fue confirmada por el Consejo de Estado.

3. Argumentos de la tutela

El demandante explicó que, para el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2015 y el 16 de enero de 2019, fue director de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, y que el 17 de enero de 2019, fue trasladado al Comando de la Sexta División. Indicó que, durante su gestión, existió un incremento inesperado de acciones de tutela en contra de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, lo que a su vez desbordó la capacidad de respuesta administrativa de la institución. Explicó que, durante los 3 años de su gestión, recibió 684 sanciones en su contra por distintos incidentes de

en contra de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, lo que a su vez desbordó la capacidad de respuesta administrativa de la institución. Explicó que, durante los 3 años de su gestión, recibió 684 sanciones en su contra por distintos incidentes de desacato, en varios despachos judiciales a nivel nacional. Además, manifestó que existen 417 procesos de cobro coactivo en su contra, razón por la que en diciembre de 2018, en el marco del plan de relevos, de conformidad con las necesidades del Ejército Nacional de Colombia, culminó su gestión como Director de Sanidad del Ejército Nacional, dejando en estado de solicitud de inaplicación de sanción ante los diferentes despa chos judiciales 267 casos y 114 solicitudes de terminación de cobro coactivo, los cuales se encontraban en estados: persuasivo, con mandamiento de pago y búsqueda de bienes. Señaló que, en el caso objeto de estudio, ya existe cumplimiento a lo ordenado y , por ende, con la decisión del 2 de marzo de 2023, el Tribunal demandado incurre en una clara violación de los derechos fundamentales invocados y genera un desequilibrio de las cargas públicas al negar la solicitud de levantamiento de la sanción , pues, se incurre en desconocimiento del precedente judicial, puntualmente, de la sentencia SU034 de 2018 en la que se indicó que no son suficientes para negar el levantamiento que la sanción haya sido confirmada o el cumplimiento fue tardío. Insistió en el hecho de que la Corte Constitucional ha sido clara en afirmar que, si bien el desacato puede ser un instrumento para propiciar el cumplimiento de un fallo de tutela, no es posible asumir que sea el único o el más relevante. Es evidente que “todo

el desacato puede ser un instrumento para propiciar el cumplimiento de un fallo de tutela, no es posible asumir que sea el único o el más relevante. Es evidente que “todo desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato”. Por lo expuesto, solicitó que sea revocada la providencia atacada y , en su lugar , se levante la sanción impuesta en el trámite de desacato.

4. Trámite previo Mediante auto del 1 7 de abril de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a las partes, al señor Luis Albeiro Beltrán Agudelo y a la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad, como terceros interesados a quienes se les remitió copia de la demanda.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01383-00

Demandante: Germán López Guerrero

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5. Oposiciones El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Cuarta, Subsección B, indicó que el auto que negó la solicitud de inaplicación de sanción tuvo como fundamento que la sanción por desacato interpuesta al Brigadier General Germán López Guerrero fue confirmada por el Consejo de Estado y no era posible dejarla sin efecto cuando dicha sanción fue confirmada por el superior.

fundamento que la sanción por desacato interpuesta al Brigadier General Germán López Guerrero fue confirmada por el Consejo de Estado y no era posible dejarla sin efecto cuando dicha sanción fue confirmada por el superior. En tal medida, expuso que no es cierto, como lo afirma el actor, que haya quebrantado el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que no se accedió a la pretensión de inaplicación de la sanción por desacato, teniendo en cuenta que la providencia que confirmó la sanción por desacato se encuentra en firme. Afirmó que los argumentos del actor lo que evidencian es la oposición a la interpretación y análisis jurídico realizado por el juez natural del proceso, con la finalidad de revivir discusiones plenamente definidas en el trámite procesal , que se apoyaron en doctrina, normativa aplicable, jurisprudencia vigente y análisis probatorio. Además, resaltó que, contra la última decisión objeto de la presente solicitud de amparo el actor no interpuso recurso alguno.

6. Intervenciones La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional hizo un recuento de los trámites realizados en el caso del Luis Albeiro Beltrán Agudelo e informó que el pasado 21 de agosto de 2018 se dio cumplimiento de la orden de tutela en el sentido de realizar la junta médico laboral ordenada.

Indicó que, tanto el Brigadier General López Guerrero como la Dirección de Sanidad, han insistido para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Cuarta , Subsección B, inaplique la sanción judicial impuesta el pasado 30 de octubre de 2017. Precisó que la última vez que solicitó dicha inaplicación fue mediante memorial del 1º

Subsección B, inaplique la sanción judicial impuesta el pasado 30 de octubre de 2017. Precisó que la última vez que solicitó dicha inaplicación fue mediante memorial del 1º de octubre de 2022, en el que indicó que , en obediencia y aplicación a lo estipulado en la sentencia SU-034 de 2018, pedía que se reconsiderara la decisión de negar la inaplicación de la sanción. Sin embargo, explicó que, mediante auto del 2 de marzo de 2023, el tribunal decidió mantener la negativa de inaplicar la sanción bajo el entendido que la misma fue confirmada por el superior en consulta y, por ende, no había lugar a dejarla sin efecto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cua ndo quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».Radicado: 11001-03-15-000-2023-01383-00

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Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso co ncreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En el presente caso, le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela procede excepcionalmente para cuestionar el auto del 2 de marzo de 2023 , proferido en el trámite del incidente de desacato por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Cuarta, Subsección B, en el que decidió negar el levantamiento de la sanción

trámite del incidente de desacato por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Cuarta, Subsección B, en el que decidió negar el levantamiento de la sanción interpuesta al actor.

Una vez resuelto lo anterior, la Sala deberá est udiar si con la referida decisión la autoridad judicial demandada vulneró o no los derechos fundamentales invocados por el actor.

De la procedencia de la acción de tutela contra el tr ámite de un incidente de desacato

Previo a hacer el estudio de la presunta vulneración de los derechos invocados, la Sala estudiará la procedencia de la presente acción de tutela.

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinario s y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de

todos los medios ordinario s y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregular idad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los dere chos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente const itucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01383-00

Demandante: Germán López Guerrero

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Al respecto, se advierte que de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional4, es improcedente estudiar providencias que se profieran dentro de trámites de tutela, pues ello constituye un requisito general que debe superarse.

No obstante, mediante sentencia SU – 627 de 2015, la Corte Constitucional definió los casos en los que resultaría procedente la acción de tutela para amparar la presunta vulneración de derechos fundamentales en el marco de otra acción de tutela, de la siguiente manera:

“4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tut ela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus Omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

4 La no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela se fijó en la Sentencia SU-1219 de 2001 y se reiteró, entre otras, en las Sentencias T021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T502 y T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2013.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01383-00

Demandante: Germán López Guerrero

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.” (Negrita y subrayado fuera de texto)

La Corte Constitucional en la SU -034 de 2018 estipuló:

“(ii) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales que ponen fin al trámite incidental de desacato

La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha indicado que la acción de tutela no procede contra sentencias de tutela, pues “el mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional” 5 . En este sentido, los errores de los jueces de instancia son susceptibles de ser conocidos y corregidos por este alto Tribunal Constitucional en sede de revisión.

La importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda recurrirse mediante una nueva tutela radica en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido conculcados, con el propósito de que el conflicto no se prolongue indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad

nueva tutela radica en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido conculcados, con el propósito de que el conflicto no se prolongue indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de las garantías constitucionales 6 .

Ahora bien: tratándose de solicitudes de amparo en contra decisiones proferidas en el trámite de un incidente de desacato, el análisis parte del reconocimiento de que el legislador no previó otros medios de impugnación destinados a controvertir lo decidido por el juez de conocimiento, en relación con la conducta desplegada por el obligado por el fallo de tutela para la satisfacción de las órdenes allí impartidas. En ese sentido, esta Corte ha recalcado que el auto que pone fin al incidente de desacato no es susceptible de apelación 7 –recurso que en nuestro ordenamiento es numerus clausus– . Sin embargo, en caso de que la decisión consista en sancionar al conminado, forzosamente el superior funcional del juez evaluará en grado jurisdiccional de consulta la determinación adoptada por el a quo y, si no existe reparo alguno, aquella quedará en firme

8 .

En este contexto, previo a ventilar mediante acción de tutela cualquier eventual vulneración acaecida en la instrucción de un desacato, es condición sine qua non que el auto que pone fin al trámite esté debidamente ejecutoriado: “Tal exigencia tiene que ver tanto con las amplias facultades con que cuenta la autoridad judicial para materializar las órdenes de protección impartidas y garantizar los derechos fundamentales de quienes intervienen en el trámite incidental como con el hecho de

ver tanto con las amplias facultades con que cuenta la autoridad judicial para materializar las órdenes de protección impartidas y garantizar los derechos fundamentales de quienes intervienen en el trámite incidental como con el hecho de que las partes puedan hacer valer sus argumentos y reclamar la práctica de las pruebas que correspondan en ese escenario. Para esta Corporación, tales aspectos

5 Sentencia SU-1219 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa 6 Ibídem 7 Puntualmente sobre este aspecto, la sentencia C -243 de 1996, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa, estableció: “[L] a correcta interpretación y alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de inexequibilidad, no puede ser otro que el que se deduce de su tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es decir, consagra un trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de apelación, pero que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado consulta, cuyo objeto consiste en que el superior jerárquico revise si está correctamente impuesta la sanción, pero que en sí mismo no se erige como un medio de impugnación. Y ello es así por cuanto el trámite de la acción de tutela es un trámite especial, preferente y sumario que busca la protección inmediata de los dere chos fundamentales, lo cual implica una especial relevancia del principio de celeridad.” La improcedencia del recurso de apelación contra la decisión que resuelve un incidente de desacato es también descrita con amplitud en la sentencia T-533 de 2003, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra

apelación contra la decisión que resuelve un incidente de desacato es también descrita con amplitud en la sentencia T-533 de 2003, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra 8 Cons. sentencia T-766 de 1998, M.P.: José Gregorio Hernández GalindoRadicado: 11001-03-15-000-2023-01383-00

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