CE - 010315000202301408001SENTENCIA20230425115656

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01408-00

Accionante: REINEL ALBERTO ROSERO MORENO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA

PRIMERA DE ORALIDAD Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de procedibiidad de la relevancia constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Reinel Alberto Rosero Moreno, a través de apoderada judicial y en contra de la sentencia de 12 de octubre de 2022, proferida por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Reinel Alberto Rosero Moreno, a través de apoderada judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyó a la sentencia de 12 de octubre de 2022, proferida por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de

fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyó a la sentencia de 12 de octubre de 2022, proferida por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 05001-33-33-008-2015-00733-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje, en adelante SENA, con el propósito de que se declararan nulos los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, se reconociera la existencia de un contrato realidad y se ordenara el pago de las prestaciones sociales.

2.2. Comentó que el conocimiento del aludido proceso le correspondió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín, despacho judicial que, mediante2

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sentencia de 3 de septiembre de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, luego de considerar que dentro del proceso se demostró que en la relación estaban configurados los elementos esenciales del contrato de trabajo.

2.3. Refirió que la decisión anterior fue revocada por el Tribunal accionado,

la demanda, luego de considerar que dentro del proceso se demostró que en la relación estaban configurados los elementos esenciales del contrato de trabajo.

2.3. Refirió que la decisión anterior fue revocada por el Tribunal accionado, mediante sentencia de 12 de octubre de 2022.

2.4. Manifestó que en la referida sentencia se incu rrió en la vulneración de sus derechos fundamentales, al haberse incurrido en las siguientes causales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial:

1. Defecto fáctico, por cuanto se desconoció el contenido de los contratos de prestación de s ervicios aportados al proceso contencioso y los demás medios de convicción recaudados en la actuación judicial.

1. Decisión sin motivación, en la medida que la providencia enjuiciada «[…] carece por completo de normatividad y jurisprudencia que le [dé] piso jurídico […]».

1. Desconocimiento del precedente jurisprudencial co ntenido en la sentencia de unificación CE-SUJ2 de 2016, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

1. Violación directa de la Constitución porque la s entencia enjuiciada «[…] es una decisión ilegítima que afecta los derechos fundamentales del debido proceso, contradicción de la prueba, defensa, acceso a la administración de justicia, e igualdad […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERA: Tutelar o amparar los derechos fundamentales del debido proceso, defensa, contradicción de las pruebas, acceso a la administración de justicia e igualdad que le han sido conculcados al señor REINEL ALBERTO

[…] PRIMERA: Tutelar o amparar los derechos fundamentales del debido proceso, defensa, contradicción de las pruebas, acceso a la administración de justicia e igualdad que le han sido conculcados al señor REINEL ALBERTO ROSERO MORENO, por la SALA PRIMERA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA […] al proferir la sentencia de segunda instancia en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral, radicado con el número 05 001 33 33 008 2015 00733 01, referido en el hecho PRIMERO de la presente acción constitucional.

SEGUNDA: En consecuencia, dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia SPO 147 proferida el 12 de octubre de 2022 por la SALA PRIMERA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA […] en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral, radicado con el número 05 001 33 33 008 2015 00733 01 y ordenar que la SALA PRIMERA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA […] debe proferir una nueva sentencia confirmando la sentencia Nro. 282 del 3 de septiembre de 2018 emitida por el JUZGADO

OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, que3

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además, revoque lo atinente a la negativa de este despacho judicial de reconocer y pagar la indemnizaci ón moratoria que consagra la Ley 244 de

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además, revoque lo atinente a la negativa de este despacho judicial de reconocer y pagar la indemnizaci ón moratoria que consagra la Ley 244 de 1995 y la indemnización por despido injusto, en acatamiento y cumplimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, respecto de la prevalencia del principio de realidad sobre las formas en materia laboral.

TERCERA: O en subsidio, con todo respeto, les solicit o, H. consejeros, adoptar la decisión o decisiones que en derecho correspondan, para garantizar el amparo solicitado, y/o las siguientes:

• Ordenar que la SALA PRIMERA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA […] debe proferir una nueva sentencia de conformidad con los argumentos y directrices que señalen, Uds., Honorables Consejeros, en la sentencia que resuelva la presente acción constitucional.

• O en forma subsidiaria, con todo respe to, les solicito, H. Consejeros, decretar nulidad de toda la actuación surtida a partir de la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de octubre de 2022 por la SALA PRIMERA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA […] y que, en consecuencia dicha dependencia judicial debe proferir una nueva sentencia de segunda instancia de conformidad con los argumentos y directrices que señalen, Uds., Honorables Consejeros, en la sentencia que resuelva la presente acción constitucional.

Las demás decis iones que Uds., Honorables Consejeros, consideren necesarias para restablecer el resquebrajamiento del orden jurídico, y,

sentencia que resuelva la presente acción constitucional.

Las demás decis iones que Uds., Honorables Consejeros, consideren necesarias para restablecer el resquebrajamiento del orden jurídico, y, garanticen el ejercicio pleno de los derechos constitucionales fundamentales conculcados al señor REINEL ALBERTO ROSERO MORENO por la autoridad judicial accionada […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 22 de marzo de 2023 , el magistrado a cargo de la sustanciación del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma providencia se vincul aron como terce ros con interés directo en los resultados del proceso al SENA y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín. También se dispuso notificar al Ministerio Público , para lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a la autoridad judicial accionada y a la s

vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Juez Octavo Administrativo del Circuito de Medellín rindió informe en el que señaló que: «[…] estará sujeto a la decisión que se adopte en la acción de tutela de la referencia […]», en atención a que la providencia objeto de cuestionamiento por esta vía constitucional es la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.4

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5.2. El SENA, por conducto de l director encargado de la sede regional Antioquia ,

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5.2. El SENA, por conducto de l director encargado de la sede regional Antioquia , rindió informe en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de amparo, luego de considerar que no existe la vulneración de derechos fundamentales alegada por el actor.

5.3. Al respecto, explicó que lo pretendido por el actor es que se efectúe una nueva valoración de las pruebas obrantes dentro del proceso contencioso, «[…] lo cual no es de recibo por cuanto ya se cuenta con una sentencia que cerró el asunto […].

5.4. Adicionalmente, aseguró que : «[…] los argumentos jurídicos aducidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia, son razonables, persuasivos y convincentes, se enmarcan en la órbita y autonomía de que gozan los jueces para justificar sus decisiones judiciales […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es co mpetente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20213.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada la Sala debe establecer lo

siguiente:

333 de 6 de abril de 20213. VI.2. Problemas jurídicos

7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada la Sala debe establecer lo siguiente: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá determinar: b) Si la sentencia de 12 de octubre de 2022, proferida por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 05001-33-33-008-2015-00733-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor, al haber incurrido, presuntamente, en defecto fáctico, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial y en violación directa de la Constitución.

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.5

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8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de

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8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20124, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación

judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la

Constitución6.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 5 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 6 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto

jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.6

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13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»7 que se encaje en dichos parámetros.

análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»7 que se encaje en dichos parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. El ciudadano Reinel Alberto Rosero Moreno, a través de apoderada judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyó a la sentencia de 12 de octubre de 2022, proferida por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 05001-33-33-008-2015-00733-01.

VI.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

17. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita

VI.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

17. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho

Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 7 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.7

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fundamental8 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones9.

18. Ahora bien, en las acci ones de tutela contra providencias judiciales10, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces11.

19. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de

fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces11.

19. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación12, lo siguiente:

«[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal a tributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]». (destaca la Sala de Decisión)

20. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 13 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,

cuáles eran los deberes del juez constitucional:

20. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 13 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,

cuáles eran los deberes del juez constitucional:

«[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectaci ón desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una

8 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 9 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 10 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 11 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

11 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 12 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012 -02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.8

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providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) a. El caso n o tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o des arrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

(…) b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una me jor interpretación de una norma de naturaleza legal

violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una me jor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario. (…) c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictame nte privado o particular . Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económ icas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…) d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales. […]». [negrillas de la Sala]

ordinarios. (…) d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales. […]». [negrillas de la Sala]

21. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales , y ii) que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad9

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respecto de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales14.

22. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la pro tección que la Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

23. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso de la referencia, la parte actora alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales i nvocados, al haber incurrido presuntamente en defecto fáctico, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. Como sustento de lo anterior, desarrolló, en síntesis , los siguientes

argumentos:

decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. Como sustento de lo anterior, desarrolló, en síntesis , los siguientes argumentos:

1. Defecto fác tico, por cuanto se desconoció el contenido de los contratos de prestación de servicios aportados al proceso contencioso y los demás medios de convicción recaudados en la actuación judicial.

1. Decisión sin motivación, en la medida que la providencia enjuiciada «[…] carece por completo de normatividad y jurisprudencia que le [dé] piso jurídico […]».

1. Desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación CE-SUJ2 de 2016, proferida por la Sala Plena de la Sección Segun da del Consejo de Estado.

1. Violación directa de la Constitución porque la sentencia enjuiciada «[…] es una decisión ilegítima que afecta los derechos fundamentales del debido proceso, contradicción de la prueba, defensa, acceso a la administración de j usticia, e igualdad […]».

24. Una vez expuestos los motivos de inconformidad, la Sala advierte , en primer lugar, que la argumentación que e sgrimió la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales en que incurrió la autorida d judicial accionada contiene serias deficiencias justificativas que hacen imposible que el juez constitucional aborde el estudio de fondo de su solicitud de amparo.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Se ntencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.

Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015 -00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016 -002244-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016 -01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016 -02862-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. núm.: 2016-03249-00).10

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Accionante: Reinel Alberto Rosero Moreno

25. Ello en razón a que la apoderada judicial del actor ,