CE - 010315000202301425001SENTENCIA20230508095508

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01425-00

Accionante: JUSTINA MAGALI CASTAÑO OSSA

Accionado: CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B Y OTRO Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / nulidad y restablecimiento del derecho / reconocimiento de pensión gracia / defecto s fáctico, sustantivo y desconocimiento de precedente

Acción de tutela - sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Justina Magali Castaño Ossa en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado , de conformidad con el Decreto 333 del 2021.

I. ANTECEDENTES

La parte accionante, actuando por intermedio de apoderado judicial 1, invoca la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad social y acceso a la administración de justicia, con fundamento en los siguientes:

1 Oscar Gerardo Torres TrujilloACCI ÓN DE TUT E L A

invoca la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad social y acceso a la administración de justicia, con fundamento en los siguientes:

1 Oscar Gerardo Torres TrujilloACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

Accionante: Justina Magali Castaño Ossa

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1. HECHOS

1.1 El 20 de octubre de 2014 la señora Justina Magali Castaño Ossa solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia por haber laborado 20 años como docente territorial y estar vinculada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, petición que fue negada a través de las resoluciones RDP 006256 del 16 de febrero de 2015 y RDP 023415 del 10 de junio de 2015.

1.2 En ejercicio del medio de control de nulidad y restable cimiento del derecho demandó los actos administrativos en cita, razón por la que el proceso, por reparto, correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad judicial que, mediante sentencia del 13 de marzo de 2018, resolvió negar las súplicas de la demanda al considerar que no se acreditó el requisito de los 20 años de servicios como docente territorial y/o nacionalizada, pues no hubo solución de continuidad en el nombramiento como docente , realizado mediante Resolución n.°

que no se acreditó el requisito de los 20 años de servicios como docente territorial y/o nacionalizada, pues no hubo solución de continuidad en el nombramiento como docente , realizado mediante Resolución n.° 08535 del 3 de julio de 1990 el cual era carácter nacional.

1.3 La anterior decisión que fue confirmada por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado mediante la sentencia del 25 de agosto de 2022.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La accionante manifiesta que la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, porque hubo indebida valoración de l a prueba contenida en el decreto de nombramiento n.° 500 del 21 octubre de 2003 expedido por municipio de Cali que permitía inferir que era carácter nacionalizada y no nacional.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

Accionante: Justina Magali Castaño Ossa

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3 Así pues, insiste en que dentro del plenario no se demost ró que la vinculación efectuada mediante Decreto n.° 500 del 21 de octubre de 2003 por el municipio de Cali fue sin solución de continuidad, pues fue financiada con recursos del Sistema General de Participaciones.

Por otra parte, sos tiene que hubo desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación proferida por

2003 por el municipio de Cali fue sin solución de continuidad, pues fue financiada con recursos del Sistema General de Participaciones.

Por otra parte, sos tiene que hubo desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 21 de junio de 2018 que señala que los recursos del sistema general de participaciones son propios del ente territorial.

Finalmente, indicó que la decisión adolece del defecto sustantivo, puesto que se desconoció lo previsto en el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989, porque insiste en que su nombramiento a partir del 21 de octubre de 2003 fue de carácter nacionalizado; así como lo preceptuado en el artículo 715 de 2001 según el cual debe entenderse que los recursos girados por la Nación son propios de los entes territoriales.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«5.1 Se amparen los derechos fundamentales de Igualdad, Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia, Seguridad Social en concordancia con el mínimo vital, y demás derechos que los Honorables Consejeros consideren que en esta ocasión, se le están violando a mi mandante.

5.2 Que, en pro del restablecimiento de tales derechos fundamentales, se ordene a las accionadas, que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la Sentencia de Tutela, se revoque la Sentencia de fecha 13 de marzo de 2018, proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, y la Sentencia de fecha 25 de agosto de 2022 proferida por el CONSEJO DE ESTADO, mediante las cuales se negó el reconocimiento de la

proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, y la Sentencia de fecha 25 de agosto de 2022 proferida por el CONSEJO DE ESTADO, mediante las cuales se negó el reconocimiento de la Pensión Gracia a la Docente JUSTINA MAGALI CASTAÑO OSSA, y que en su lugar se profiera Sentencia mediante las cuales se acojan favorablemente lasACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

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4 pretensiones de la demanda, ordenando el reconocimiento y pago de la Pensión Gracia a mi representada.

5.3 Se ordene a las Corporaciones Judicial infractora que, una vez producida la decisión definitiva en el asunto en cuestión, remita, a su Estrado, copia de las respectivas providencias judiciales con las formalidades de Ley, so pena de las sanciones de Ley por desacato a lo ordenado mediante sentencia de tutela.»

4. INFORMES

Mediante auto del 24 de marzo de 2023, se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar como accionado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B como accionados y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP como tercero interesado en las resultas del

Segunda, Subsección B como accionados y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP como tercero interesado en las resultas del proceso.

4.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, solicitó se declare la improcedencia del presente mecanismo constitucional, porque en la decisión cuestionada no se incurrió en ninguno de los defectos alegados ; por el contrario, se ajustó al ordenamiento jurídico y al precedente jurisprudencial aplicable al asunto.

En ese contexto, hizo énfasis en que no es dable utilizar la acción de tutela como una tercera instancia a fin de revisar la decisión adoptada por el juez competente de la causa.

4.2. No se rindieron más informes.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:

Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B al proferir la sentencia del 25 de agosto de 2022 2 por medio de la cual confirmó la decisión de primer grado que negó las súplicas de la demanda encaminada a obtener el reconocimiento de la pensión gracia de la accionante incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento de precedente?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia; iii) el marco conceptual del defecto sustantivo; y iv) el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta

2 La Sala debe aclarar que aunque se cuestiona, también, la providencia proferida el 13 de marzo de 2018 , el análisis se centrará sobre la sentencia de segunda instancia por ser la que puso fin al proceso. 3 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

Accionante: Justina Magali Castaño Ossa

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Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

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6 corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cum plimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias qu e allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e

años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constituciona les fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio

4 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001 -03-15-000-2009-0132801(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

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7 sea de evidente relevancia cons titucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en

amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) q ue no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

2.1. En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

Accionante: Justina Magali Castaño Ossa

plenamente individualizados.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

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8 2.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

2.1.3. Igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado desde la fecha en que quedó ejecutoriada la providencia de segunda instancia (27 de septiembre de 2022) hasta la radicación de la acción de tutela (21 de marzo de 2013).

2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos sustantivos, fáctico y desconocimiento de precedente en que incurrieron las autoridades judiciales demandadas.

2.2. Del defecto sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional 5, e l defecto material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales6, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, “(i) una

judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales6, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) s u interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las

5 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras. 6 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

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9 sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder

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9 sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición”7.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisi ón del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un míni mo de argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución” 8. Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se d ebe demostrar que la decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente9.

2.3. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fá ctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fá ctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre

7 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 8 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 9 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

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10 el particular la Corte Constitucional 10 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa 11, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, compr ende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva12, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo

pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva12, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»13.

10 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 11 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía. 12 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 13 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

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11 En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

2.4. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma 14. En ese sentido, el precedente judicial15 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídic as de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho16.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido17. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no

constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido17. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al juez para res olver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en

14 Ver entre otras las sentencias C -836 de 2001, T -1130 de 2003, T -698 de 2004, T -731 de 2006, T -571 de 2007, T808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009. 15 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 16 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266. 17 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

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12 cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”18.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien sean estos verticales u horizontales19, siempre y cuando cumplan con (i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras de la misma Corte, se protege el carácter di námico del derecho y los principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor judicial20.

3. Caso concreto

En el presente asunto, la parte actora reprocha la sentencia del 25 de agosto de 2022 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por medio de la cual confirmó la decisión de primer

3. Caso concreto

En el presente asunto, la parte actora reprocha la sentencia del 25 de agosto de 2022 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por medio de la cual confirmó la decisión de primer grado que negó las s úplicas de la demanda, al considerar que no acreditó el requisito de los 20 años de servicios como docente territorial y/o nacionalizada.

18 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 19 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T - 589 de 2007. 20 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

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13 Sostiene, en síntesis, que en la decisión cuestionada se incurrió en defecto fáctico, porque hubo indebida valoración de la prueba contenida en el Decreto de nombramiento n.° 500 del 21 de 2003 expedido por el municipio de Cali que permitía inferir que era carácter

defecto fáctico, porque hubo indebida valoración de la prueba contenida en el Decreto de nombramiento n.° 500 del 21 de 2003 expedido por el municipio de Cali que permitía inferir que era carácter nacionalizada.

Igualmente que adolece de defecto sustantivo, toda vez que, desconoció lo previsto en el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989, porque insiste en que su nombramiento a partir del 21 de octubre de 2003 fue de carácter nacionalizado; así como lo preceptuado en el artículo 715 de 2001 según el cual debe entenderse que los recursos girados por la nación son propios de los entes territoriales.

Finalmente, que hubo desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación proferida el 21 de junio de 2018 por la Sección Segunda del Consejo de Estado que señala que los recursos del sistema general de participaciones son propios del ente territorial.

De conformidad con las piezas procesales que reposan en el expediente, se observa que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , al proferir la providencia del 25 de agosto de 2022, consideró lo siguiente:

«(…) 2.3. Hechos probados

(i) Edad

Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado por la demandante se requiere en primer lugar haber cumplido 50 años de edad.

Para el caso concreto, la señora Justina Magali Castaño Ossa nació el 14 de julio de 1949, como consta en la copia de la cédula de ciudadanía 21. Por tanto, el 14 de julio de 1999

Para el caso concreto, la señora Justina Magali Castaño Ossa nació el 14 de julio de 1949, como consta en la copia de la cédula de ciudadanía 21. Por tanto, el 14 de julio de 1999 cumplió 50 años de edad, exigidos por el legislador para acceder a la citada prestación.

21 Folio 3.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01425 -00

Accionante: Justina Magali Castaño Ossa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

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(ii) Vinculación de la demandante y tiempo de servicio

Departamento del Valle del Cauca

(i) Según certificado de tiempo de servicio del 3 de agosto de 2004, expedido por la Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca, la señora Justina Mag ali Castaño Ossa prestó sus servicios en el ente territorial en el nivel básica primaria con vinculación nacionalizada, así22:

• Posesión por nombramiento: SC Francisco José Ruiz – Cali – Decreto 1024 del 4 de diciembre de 1968 (Desde el 18 de noviembre de 1968 hasta el 4 de septiembre de 1978). - Retiro: Resolución 0013 del 16 de enero de 1979, con efectos desde el 4 de septiembre de

1978.

Municip