CE - 010315000202301562001SENTENCIAFALLO20230427170002

Demandante: Gustavo Adolfo Castro Capera Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-01562-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01562-00

Demandante: GUSTAVO ADOLFO CASTRO CAPERA

Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Tema: Tutela contra acto administrativo – convocatoria 27 – Concurso de méritos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por el señor Gustavo Adolfo Castro Capera contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Uni versidad Nacional de Colombia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. La parte actora, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra las autoridades referenciadas porque considera que le han vulnerado sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, de petición,

1.1. Solicitud de demanda

1. La parte actora, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra las autoridades referenciadas porque considera que le han vulnerado sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, de petición, «buena fe, confianza legítima, mérito y el acceso al ejercicio y desempeño de cargos y funciones públicas».

2. En criterio de l accionante tales garantías constitucionales resultaron quebrantadas con ocasión de la Resolución CJR23-0110 de 21 de marzo de 2023, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el tutelante contra la Resolución CJR2 3-00061 de 8 de febrero de 2023, mediante la cual se decidió acerca de la admisión de aspirantes al cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial o quien haga sus veces de la Rama Judicial.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:Demandante: Gustavo Adolfo Castro Capera Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-01562-00

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1. Tutelar mis derechos constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO, TRABAJO, AL EJERCICIO DE FUNCIONE SPÚBLICAS, acorde con los hechos referidos en el acápite pertinente de ésta acción, por cuanto están siendo vulnerados por la entidad accionada

PROCESO, TRABAJO, AL EJERCICIO DE FUNCIONE SPÚBLICAS, acorde con los hechos referidos en el acápite pertinente de ésta acción, por cuanto están siendo vulnerados por la entidad accionada al tratar de hacer efectivo unos actos administrativos que comportan una vía de hecho y afectan el cumplimiento pronto y oportuno del PRINCIPIO DE IGUALDAD y DEL MÉRITO, como aspirante inscrito a la Convocatoria 027 de 2018 y quien superó la FASE I de la misma.

2. ORDENAR a la entidad accionada la protección de mis derechos fundamentales vulnerados y que proceda REVOCAR el rechazo como aspirante, para en su lugar el suscrito sea admitido a la FASE III del Concurso de Méritos 027 de 2018, destinado a la conform ación de los Registros Nacionales de Elegibles para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18 -11077 de 16 de agosto de 2018, en los términos de mi inscripción. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. Mediante Acuerdo PCSJA18 -11077 del 16 de agosto de 2018, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de

méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de carrera de la Rama Judicial, Convocatoria No. 27.

6. El actor se inscribió al concurso en cita para el cargo de magistrado de la

méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de carrera de la Rama Judicial, Convocatoria No. 27.

6. El actor se inscribió al concurso en cita para el cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Di sciplinaria Seccional , por lo que , el 24 de julio de 2022 presentó las pruebas constitutivas del concurso: aptitudes, conocimientos generales, conocimientos específicos y psicotécnicos.

7. Finalizada la primera etapa concerniente a la prueba de aptitudes y conocimientos, se dio paso a la siguiente fase, consistente en la verificación de requisitos mínimos de quienes superaron la prueba. En consecuencia, e l 8 de febrero de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Ca rrera Judicialexpidió la Resolución CJR23-0061, mediante la cual decidió acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

8. En lo que respecta al actor, fue rechazado por no cumplir con el requisito de aportar declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el cargo (causal 3.5.).

9. Inconforme con lo resuelto y dentro del término de los 3 días siguientes a la notificación de la resolución en comento, el actor presentó solicitud de verificación de la documentación, etapa dispuesta para los concursantes que hubiesen sido rechazados por no acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo.Demandante: Gustavo Adolfo Castro Capera Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-01562-00

cargo.Demandante: Gustavo Adolfo Castro Capera Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-01562-00

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10. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicialexpidió la Resolución CJR23-0110 de 21 de marzo de 20231, mediante la cual resolvió de manera colectiva las solicitudes de verificación de la documentación aportada por los concursantes en la inscripción, contra l os resultados señalados en la Resolución CJR23-0061.

11. En el acto administrativo en comento, se revocó la decisión de inadmisión contenida en el artículo 2 de la Resolución CJR23-0061, para en su lugar admitir a determinados participantes al concurso de méritos destinado a la conformación de los Registros Nacionales de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

12. En lo que atañe al señor Castro Capera, se confirmó la decisión de rechazo.

Situación que fue puesta de presente al actor de manera particular mediante oficio CJO23-1407 del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial - de 17 de marzo, notificado el 22 marzo de 2023. En dicho documento se precisó , que una vez revisada la documentación cargada por el actor en el sistema «KACTUS» durante el término de inscripción, se verificó que no aportó en formato PDF la declaración juramentada de ausencia de

documento se precisó , que una vez revisada la documentación cargada por el actor en el sistema «KACTUS» durante el término de inscripción, se verificó que no aportó en formato PDF la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, como fue señalado en el acuerdo de convocatoria.

1.4. Fundamentos de la solicitud

13. El accionante consideró que las entidades demandadas le vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, igualdad, petición, acceso al ejercicio y desempeño de cargos y funciones públicas, « buena fe, confianza legítima, mérito».

14. Esto, porque mediante la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 fue rechazado como aspirante al concurso de méritos por no acreditar las calidades señaladas en el Acuerdo PCJSA-11077 de 2018.

15. Sostuvo que, la postura de la Unidad de Administración de Carrera Judicial constituye una violación a las reglas propias del concurso, por extralimitación en la interpretación de las causales de rechazo e incurrir en un defecto material que afecta el debido proceso reglado en la convocatoria.

16. Consideró que la forma en la cual fue interpretada la causal de rechazo constituye un formalismo, en el entendido que finalmente cumplió con el requisito manifestando a través del mismo aplicativo , afirmando bajo juramento que no se encontraba en curso de inhabilidades e incompatibilidades. En ese sentido, arguyó que la exigencia concerniente a que debía hacerse en un documento PDF constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

encontraba en curso de inhabilidades e incompatibilidades. En ese sentido, arguyó que la exigencia concerniente a que debía hacerse en un documento PDF constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

1 «Por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23 -0061 de 8 de febrero de 2023, para efectos de incluir los aspirantes que resultaron admitidos con base en las solicitudes por ellos presentadas»Demandante: Gustavo Adolfo Castro Capera Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-01562-00

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17. Indicó que la tutela era el mecanismo idóneo para la protección de sus derechos fundamentales, toda vez que se observa la necesidad de proceder con una orden de protección inmediata, en el sentido de revocar la decisión de rechazo para en su lugar ser admitido, máxime cuando una demanda ante la jurisdicción dado el alto flujo de procesos, podría tardarse en resolver ocasionándose un perjuicio irremediable consistente en la exclusión del concurso de méritos pese haber superado la etapa más difícil.

1.5. Trámite de la acción de tutela

18. Mediante auto del 29 de marzo de 2023, el magistrado sustanciador en esta instancia admitió la presente acción de tutela. En consecuencia, ordenó notificar como entidades accionadas al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de

Administración de Carrera Judicialy a la Universidad Nacional de Colombia.

instancia admitió la presente acción de tutela. En consecuencia, ordenó notificar como entidades accionadas al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de Carrera Judicialy a la Universidad Nacional de Colombia.

19. Asimismo, con el fin de que todos los sujetos a quienes les asiste interés en este proceso se enteraran del mismo, se le s ordenó a las autoridades accionadas que informaran, a quienes participaron en el concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, sobre la existencia de esta acción de tutela. Lo anterior, para que si lo consideraran pertinente intervinieran en el p roceso o aportaran las pruebas que pretendieran hacer valer. Es importante resaltar que esta orden fue atendida y la constancia de su cumplimiento fue allegada al expediente de este proceso.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Universidad Nacional de Colombia

20. Luego de realizar un recuento exhaustivo de los principales hechos y actuaciones que se han surtido en el trámite de la Convocatoria 27, la institución universitaria señaló en primer término que todos los reparos del actor han sido contestados; a través de la Resolución CSJ23 -0110 del 21 de marzo de 2023 mediante la cual se modificó la decisión adoptada en la Resolución CSJ23.0061 del 8 de febrero de 2023 , y mediante el oficio CSJ023 -1407 del 17 de marzo de 2023 en el cual le explicaron las razones concretas de su exclusión.

21. En segundo lugar, señaló que la tutela no es el mecanismo idóneo para atacar actos administrativos, toda vez que se encuentran cobij ados por la presunción de legalidad y para ello el accionante debe acudir a los medios

21. En segundo lugar, señaló que la tutela no es el mecanismo idóneo para atacar actos administrativos, toda vez que se encuentran cobij ados por la presunción de legalidad y para ello el accionante debe acudir a los medios jurídicos propios dispuestos para dicho fin, pues tampoco se advierte un perjuicio irremediable.

22. Finalmente, expuso que la Universidad Nacional de Colombia, no h a vulnerado los derechos fundamentales del actor, comoquiera que ha atendido todos sus requerimientos, le ha extendido la posibilidad de formular reparo s, su participación en el concurso de méritos constituye una mera expectativa de derechos subjetivos, y en últ imas, el debate que plantea se centra en la legalidad de actos administrativos.Demandante: Gustavo Adolfo Castro Capera Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-01562-00

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1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial

23. Por intermedio de la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial manifestó que, en el caso en concreto, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza se encuentran amparados por el principio de legalidad . En ese orden de ideas, para desvirtuar dicha presunción se debe acudir a los medios jurídicos propios, pues el control judicial corresponde a la jurisdicción de lo contencioso

se encuentran amparados por el principio de legalidad . En ese orden de ideas, para desvirtuar dicha presunción se debe acudir a los medios jurídicos propios, pues el control judicial corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual deberá revisar si el acto administrativo se apartó sin justificación alguna del ordenamiento que regula su expedición.

24. Mencionó que, como la inconformidad del accionante es con la condición establecida en el Acuerdo PCSJA18 -11077 de 2018 que sirvió de soporte jurídico a la Resolución CSJ23 -0061 de 8 de febrero de 2023, por tratarse de un acto administrativo de carácter general, lo procedente es el medio de control de nulidad, toda vez que la tutela no es el escenario para controvertir actos que se presumen legalmente emitidos por ser expedidos en desarrollo de funciones legales y reglamentarias.

25. Aunado a ello, precisó que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 estableció todos los requisitos generales y específicos para participar en el concurso, y su incumplimiento da lugar al rechazo o exclusión del mismo. En ese sentido, precisó que los aspirantes con su inscripción manifestaban estar conforme con las normas del acuerdo de convocatoria.

26. Por ello , recalcó que en los artículos 3° numeral 1.1., y 2.4 del Acuerdo , establecieron la obligación de anexar la de claración de inhabilidad e incompatibilidad en formato PDF. Aunado a ello, el artículo 3 numeral 3, sub numeral 3.5. señaló como causal de rechazo, no presentar lo referido. Igualmente, en el instructivo de inscripción que también tiene carácter de obligat orio, se reiteró

numeral 3.5. señaló como causal de rechazo, no presentar lo referido. Igualmente, en el instructivo de inscripción que también tiene carácter de obligat orio, se reiteró la necesidad de aportar tal manifestación.

27. Por lo anterior, señala ron que siempre estuvo claramente establecido que uno de los documentos que se debía aportar al momento de la inscripción al concurso era la declaración juramentada de no encontrarse incurso en inhabilidades o incompatibilidades para ejercer el cargo, en formato PDF. Carga con la que cumplieron más de 3.3 89 aspirantes que pasaron la prueba de aptitudes y conocimientos. En ese sentido, no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, toda vez que las condiciones fueron señaladas y los participantes manifestaron su conformidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1. CompetenciaDemandante: Gustavo Adolfo Castro Capera Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-01562-00

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28. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Gustavo Adolfo Castro Capera . Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

30. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el tutelante es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que fue quien presentó la solicitud de verificación de la d ocumentación aportada en la inscripción al concurso de méritos, tras haber sido rechazado como aspirante al mismo.

31. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad

de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia se encuentran legitimadas en la causa por pasiva en atención a que a su cargo se encuentra la elaboración y coordinación del concurso de méritos conforme al contrato N . º096 de 2018 y la expedición de los actos administrativos objeto de controversia.

2.3. Problema jurídico

32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a

resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿Se vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, al acceso a cargos

material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿Se vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, al acceso a cargos públicos, al debido proceso, de petición e igualdad del señor Gustavo Adolfo Castro Capera, en virtud de la expedición de la s Resoluciones CSJ23-0061 del 8 de febrero de 2023 y CJR23 -0110 del 21 de marzo de 2023, así como, el Oficio CJO-1407 del 17 de marzo de 2023, por medio de los cuales fue rechazado del concurso de méritos “convocatoria 27”?

33. Para resolver los problemas jur ídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de tutela ; (ii) el carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces; y (iii) caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

34. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción uDemandante: Gustavo Adolfo Castro Capera Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-01562-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

www.consejodeestado.gov.co 7 omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

35. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicia l idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.5. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

36. El inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.2.

37. La jurisprudencia estableció que en razón del principio de subsidiariedad, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativa s, de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible recurrir a esta acción constitucional.

38. De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la

resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible recurrir a esta acción constitucional.

38. De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo3.

39. El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los proc edimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras la autoridad

2 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no

procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales , salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evita r un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.»

como mecanismo transitorio para evita r un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.» 3Al respecto ver, entre otras , las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad . 11001-03-15-000-2021-04731-00.Demandante: Gustavo Adolfo Castro Capera Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-01562-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 judicial competente decide de fondo la acción correspondiente»4.

2.6. Caso en concreto

40. Según lo expuesto en los antecedentes de esta sentencia, mediante Resolución CJ23 -0061 de 2023 se rechazó al señor Gustavo Adolfo Castro Cabrera del concurso de méritos, por no cumplir con el requisito de aportar declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el cargo (causal 3.5), razón por la cual allegó solicitud de verificación de requisitos mínimos dentro del término correspondiente.

declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el cargo (causal 3.5), razón por la cual allegó solicitud de verificación de requisitos mínimos dentro del término correspondiente.

41. En virtud de ello, el 21 de marzo de 2023 el Consejo Superior de la Judicatura profiri ó la Resolución CJR23 -0110, a través de la cual modificó la Resolución CJ23-0061 de 2023 a efectos de incluir a los aspirantes que resultaron admitidos una vez efectuada la respectiva verificación de requisitos, sin que en la misma se refiriera de manera i ndividual a la solicitud elevada por cada uno de los aspirantes rechazados.

42. No obstante, mediante oficio CJO23 -1407 notificado el 22 de marzo de 2023, le fue resuelto de manera particular al accionante su solicitud . En dicho documento s e precisó que la declaración de inhabilidades e incompatibilidades debía ser aportada mediante un documento PDF conforme a los parámetros establecidos en el Acuerdo PCSJA18 -11077 y la cartilla de inscripción en la plataforma «Kactus», pues ese requisito fue convalid ado con la declaración prevista en el cuadernillo de la prueba de aptitudes y conocimientos suscrita por los aspirantes al momento de la presentación de la misma.

43. Ahora bien, del escrito tutelar la Sala advierte que la pretensión de la parte actora consiste en revocar la decisión de rechazo como aspirante, para en su lugar, ser admitido a la fase III del concurso de méritos 27 de 201 8, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 para la provisión de cargos en la Rama Judicial.

lugar, ser admitido a la fase III del concurso de méritos 27 de 201 8, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 para la provisión de cargos en la Rama Judicial.

44. Lo anterior, tras considerar que los motivos que llevaron a las autoridades accionadas a rechazar su aspiración , obedecen a formalismos que conllevan a un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en contravía de sus garantías constitucionales.

45. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala advierte que no se cumple con el

requisito de subsidiariedad5, como se explicará:

46. En relación con las Resoluciones CJ23-0061 de 2023 de 8 de febrero de 2023 y CJR23-0110 de 21 de marzo de 2023 , constituyen actos particulares y

4 Ver, Corte Constitucional, sentencia T -336 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao, T -130 del 23.02.2010, M.P. Juan Carlos Henao, T-318 del 12.05. 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo, entre otras. 5 Ver al respecto Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 22 de mayo de 2019. Rad. 11001-03-15-000-2019-01237-00 y Sentencia del 2 de marzo de 2023. Rad. 11001-03-15-0002023-00326-00.Demandante: Gustavo Adolfo Castro Capera Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-01562-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 concretos, que pueden ser controvertidos a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 6, en el que el actor podrá plantear los argumentos que trae en sede tutela y poner en tela de juicio su legalidad.

47. Sobre el particular, esta colegiatura en ocasiones previas ha señalado «[e]n los concursos de méritos la jurisprudencia ha sido del criterio que los actos administrativos que se expiden durante el trascurrir del proceso son preparatorios y de trámite y que solo la lista de elegibles es el acto definitivo susceptible de ser enjuiciado. Sin embargo, también se ha dicho que cuando el acto de trámite le impide al aspirante continuar su participación se convierte en el acto definitivo que definió su situación jurídica y, en consecuencia, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo»7 (Subrayas propias)

48. Así es claro, entonces, que el señor Gustavo Adolfo Castro Capera cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, idóneo y eficaz, para discutir el acto que cuestiona y lograr la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados mediante la presente acción.

49. Con todo, no sobra mencionar que el juez ordinario cuenta con la posibilidad de decretar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y

vulnerados mediante la presente acción.

49. Con todo, no sobra mencionar que el juez ordinario cuenta con la posibilidad de decretar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011 8, las cuales representan un medio idóneo y efectivo

6 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad pro cederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto ge neral, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.» 7 Consejo de Estado, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad: 25000-23-41-000-2012-0068001(3562-15). 8«Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada,