CE - 010315000202301603001SENTENCIA20230526164614

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01603-00

Demandante: HM Asociados y CIA. S.A.S.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-01603-00

Demandante: HM ASOCIADOS Y CIA S.A.S.

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Contra providencia judicial . Nuli dad y restablecimiento del derecho. Desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial, por la representante legal de HM Asociados y Cía. S.A.S. contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Sandra Bolena Colonia Castrillón, en condición de representante legal

333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Sandra Bolena Colonia Castrillón, en condición de representante legal de HM Asociados y Cía. S.A.S. interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formul ó las siguientes pretensiones:

«PRIMERO: Que se declare vulnerado por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en cabeza de la magistrada Zoranny Castillo Otálora, el derecho fundamental al debido proceso, con ocasión a la sentencia de segunda instancia del veintiocho (28) de septiembre del 2022 y notificado por correo electrónico el veintinueve (29) de septiembre de 2022.

SEGUNDO: Se ordene proferir una decisión conforme con los precedentes judiciales y se condene en abstracto para que sea posible adelantar el trámite incidental de liquidación, con la finalidad de hacer efectivo restablecimiento del derecho en razón de la nulidad declarada de los decretos».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se resaltan como hechos relevantes los siguientes:

El alcalde municipal de Cali profirió el Decreto 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014, para el mejoramiento del tránsito de vehículos particulares y de servicio público colectivo urbano de pasajeros en vías públicas del municipio de Cali para el año 2015, el acto administr ativo implement ó el sistema pico y placa en el perímetro urbano de Santiago de Cali para restringir la circulación de vehículos particulares y estableció una restricción de pico y placa a la circulación de los

el año 2015, el acto administr ativo implement ó el sistema pico y placa en el perímetro urbano de Santiago de Cali para restringir la circulación de vehículos particulares y estableció una restricción de pico y placa a la circulación de los vehículos tipo bus, buseta, microbús y camper os destinados a la prestación del servicio de transporte público colectivo urbano de pasajeros, por la incursión del transporte público tradicional y el Sistema de Transporte Masivo –MIO-.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01603-00

Demandante: HM Asociados y CIA. S.A.S.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Posteriormente, el alcalde expidió el Decreto 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015 que modific ó el Decreto 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014 y tom ó medidas para el mejor ordenamiento de tránsito de vehículos de servicio público colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del municipio de Santiago de Cali para el año 2015.

La señora Sandra Bolena Colonia Castrillón, representante legal de HM Asociados y Cía. S.A.S., el 22 de julio de 2015 , ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto

y Cía. S.A.S., el 22 de julio de 2015 , ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014 1 y la Resolución 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015 2 y que, en consecuencia, se ordenara pagar $ 79 555.000 más el valor de los honorarios de abogado.

El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali3, luego de avocar el conocimiento del asunto y continuar con el trámite procesal, en sentencia del 22 de julio de 2020, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que el alcalde de Cali tenía competencia para decretar la medida del pico y placa en virt ud del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996 y el artículo 6 parágrafo 3 de la Ley 769 de 2002 y precisó que no era necesario adelantar estudios técnicos para implementar el pico y placa, pues estos son necesarios solo “para adelantar el respectivo proceso de licitación y posterior adjudicación” de nuevas rutas.

La parte demandante presentó recurso de apelación en el que se refirió a dos sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sobre el mismo asunto y, en lo demás, reiteró idénticos argumentos a los que expuso en la demanda ordinaria.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 28 de septiembre de 2022, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad

demanda ordinaria.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 28 de septiembre de 2022, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de los Decretos 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014 y el Decreto 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015, que lo modific ó, con fundamento en que el alcalde municipal de Cali, cuando emitió los act os administrativos acusados , mediante los cuales restringió la circulación y movilidad de vehículos en el área urbana de Cali , carecía de soportes técnicos que justificaran su contenido y alcance.

En punto al restablecimiento del derecho, negó las preten siones porque, a pesar de que con la demanda se solicitó la indemnización del lucro cesante por los días que el vehículo de la parte demandante estuvo bajo la medida de pico y placa, en cuantía de $ 15120,000, no obr ó prueba en el expediente que dem ostrara ese perjuicio, como tampoco el perjuicio moral solicitado en cuantía de 100 smlmv.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró el derecho fundamental al debido proceso porque en el fallo únicamente resolvió declarar la nulidad de los actos administrativos y negar las demás pretensiones, sin tener en cuenta los perjuicios que se ocasionaron a la parte demandante, a su juicio,

1 “Por medio del cual se toman medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos particulares y de servicio público colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del Municipio de Santiago de Cali, para el año 2015”.

1 “Por medio del cual se toman medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos particulares y de servicio público colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del Municipio de Santiago de Cali, para el año 2015”. 2 “Por medio de la cual se modifica el Decreto 4110.20928 del 31 de diciembre de 2014 y se toman medidas para el mejor ordenamiento de tránsito de vehículos de servicio público colectivo urbano de pasa jeros en las vías públicas del Municipio de Santiago de Cali, para el año 2015”. 3 El Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali, admitió la demanda, sin embargo, la titular del despacho posteriormente presentó manifestación de impedimento y el proceso paso al Juzgado Trece Administrativo Oral de Cali, quien después de avocar conocimiento también manifestó impedimento, el cual fue declarado fundado por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Cali, quien ordenó remitir al proceso a la Oficina de Apoyo Judici al a Juzgados Administrativos.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01603-00

Demandante: HM Asociados y CIA. S.A.S.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

el tribunal demandado debió condenar en abstracto frente a los daños materiales sufridos.

Indicó que, se probó la relación entre la parte demandante , como propietaria del

el tribunal demandado debió condenar en abstracto frente a los daños materiales sufridos.

Indicó que, se probó la relación entre la parte demandante , como propietaria del vehículo y la Cooperativa Especializada de Transporte y Servicios la Ermita LTDA., por medio de los contratos de vinculación, los cuales presentaban la característica de ser onerosos, para señalar que, con la expedición de los actos administrativos declarados se limitó la actividad que podían realizar los vehículos vinculados con la empresa de transporte, lo que afectó de manera directa a las personas que dependían de estos ingresos económicos.

Mencionó que los ingresos económicos se discriminaron en la liquidación incluida con la demanda, donde era posible evidenciar que se generó un daño efectivo a la parte demandante, a su juicio, se allegaron medios de prueba que permit ían evidenciar la utilidad que dejó de percibir el demandante, producto de la restricción en la movilidad del vehículo del que es propietario.

En general, insistió en que debió proferirse una condena en abstracto , para que la parte demandante presentara la liquidación de perjuicios y probara vía incidente de regulación los daños generados por la administración, de acuerdo con el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011. Igualmente, se refirió al artículo 283 de la Ley 1564 de 2012.

Adujó la parte actora que la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente judicial, para lo cual, se refirió a las sentencias: (i)

18 de febrero de 2016, expediente radicado número: 13001 -23-31-000-200100362-01, en relación con la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y a la condena en abstracto y, (ii ) 16 de agosto de 2012, expediente radicado número: 25000 -23-26-000-1994-00427-01 (19216), respecto a la cuantificación del perjuicio en el equivalente al monto de la garantía de seriedad del ofrecimiento.

4. Trámite Previo

El despacho sustanciador , en auto del 30 de marzo de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, los magistrados que conforman el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al titular del Juzgado Quinto Administrativo de Cali y al municipio de Santiago de Ca li, como terceros interesados en el resultado del proceso . Asimismo, publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no se pronunció sobre los hechos que dieron origen a la presente acción .

6. Intervención de los terceros interesados

La Juzgado Quinto Administrativo de Cali y el municipio de Santiago de Cali guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 .º establece: “Toda

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 .º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,Radicado: 11001-03-15-000-2023-01603-00

Demandante: HM Asociados y CIA. S.A.S.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnera dos o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto ”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanis mo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la proceden cia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la proceden cia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 4 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 5 y específicas 6 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Sandra Bolena Colonia Castrillón, en condición de representante legal de HM Asocia dos Y Cía. S.A.S., invoca la protección del derecho fundamental al debido proceso, por considerar que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca debió proferir una condena en abstracto, para que la parte demandante presentara la liquidación de perjuicios y probara, vía incidente de regulación, los daños generados por la administración, mismos argumentos con base en los que alegó el defecto por desconocimiento del precedente judicial.

En ese sentido, la Sala estudiará si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente judicial 7 y con

4 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

En ese sentido, la Sala estudiará si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente judicial 7 y con

4 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe ac ometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca) 5 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta deb e tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredi eron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

vulneración como los derechos que se transgredi eron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 6 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 7 Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resue lto en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los

el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar yRadicado: 11001-03-15-000-2023-01603-00

Demandante: HM Asociados y CIA. S.A.S.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

fundamento en dicho análisis resolverá los demás argumentos de inconformidad, en los siguientes términos.

Del defecto por desconocimiento del prec edente judicial en el caso objeto de estudio

En concreto, la inconformidad de la parte actora radica en el desconocimiento de las sentencias del (i) 18 de febrero de 2016, expediente radicado número: 1300123-31-000-2001-00362-01, en relación con la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y a la condena en abstracto

23-31-000-2001-00362-01, en relación con la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y a la condena en abstracto y, (ii) 16 de agosto de 2012, exped iente radicado número: 25000 -23-26-000-199400427-01 (19216), respecto a la cuantificación del perjuicio en el equivalente al monto de la garantía de seriedad del ofrecimiento.

Sin embargo, la Sala anticipa que no se encuentra desconocido el precedente judicial invocado por la parte actora, por las razones que se pasan a explicar.

(i) Sentencia del 18 de febrero de 2016, expediente radicado número: 1300123-31-000-2001-00362-01: no existe identidad de presupuestos fáticos, porque, en ese caso, se cuestionaron los actos mediante los que la DIAN canceló el certificado de autorización para ejercer la actividad de intermediación aduanera que le fue otorgado a la sociedad y, si bien, el Consejo de Estado en el recurso de apelación resolvió si se podía negar el resa rcimiento de perjuicios en su modalidad de daño emergente y el perjuicio al buen nombre o good will, resulta evidente que, en esa oportunidad, la Corporación contó con elementos probatorios aportados por la parte demandante, a efecto de acreditar los perjuicios alegados.

Tal es el caso del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, para lo cual, la allí demandante aportó, entre otros, los estudios contables, el avalúo del inmueble y la presentación de la póliza de garantía, que acreditaban los requisitos exigidos para obtener la autorización para ejercer la actividad de

cual, la allí demandante aportó, entre otros, los estudios contables, el avalúo del inmueble y la presentación de la póliza de garantía, que acreditaban los requisitos exigidos para obtener la autorización para ejercer la actividad de intermediación aduanera, asimismo, aportó la liquidación final de prestaciones sociales e indemnización por terminación unilateral de los contratos de trabajos de la planta de personal, sin embargo, con esos elementos probatorios no fue posible establecer a ciencia cierta el monto total del daño emergente derivado del perjuicio inmediato ocasionado por los actos administrativos anulados, por lo que la Corporación dispuso que la condena al pago de los mismos se haría en abstracto y su liquidación se adelantaría mediante el trámite incidental, en el que incluso, indicó “(…) la falencia probatoria del dictamen pericial no impide la tasación del daño conforme al principio de equidad cua ndo se ha demostrado la existencia del daño pero no ha sido posible cuantificar su monto”.

(ii) Sentencia del 16 de agosto de 2012, expediente radicado número: 2500023-26-000-1994-00427-01 (19216): tampoco es un asunto que cumple con el presupuesto de la identidad fáctica, porque en ese caso se demandó por la reparación de los perjuicios materiales causados en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, por no adjudicar una licitación pública nacional FFDS-SSG-002-94, en la que, si bien, se ordenó la condena en abstracto, ello obedeció a que “(…) no es procedente acudir a la equidad y fijar la indemnización del perjuicio

FFDS-SSG-002-94, en la que, si bien, se ordenó la condena en abstracto, ello obedeció a que “(…) no es procedente acudir a la equidad y fijar la indemnización del perjuicio en el monto de la garantía de seriedad del ofrecimiento, porque la dificu ltad no estriba en la segregación del precio del contrato y del porcentaje o del monto de la utilidad que esperaba recibir el demandante con su ejecución, sino en la ausencia de los elementos de juicio necesarios para cuantificar el perjuicio material irro gado, de modo que, como la Sala desconoce si la oferta presentada por la parte actora señalaba expresamente el monto de la utilidad esperada, el fallador no puede fijar la indemnización acudiendo a la equidad, porque pueden existir parámetros ciertos

salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que exp lique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la se paración del caso resuelto con anterioridad.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01603-00

Demandante: HM Asociados y CIA. S.A.S.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer

www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

de los cuales se pueda deducir tal extremo, a pesar de que esa precisa información no repose en el expediente. (…)”.

Las sentencias que se citaron como precedente desconocido difiere n del que es asunto objeto de estudio, si se tiene en cuenta que, a diferencia los antecedentes judiciales citados, la parte aquí demandante no aportó un solo medio probatorio que acreditara la existencia de los perjuicios causados con los actos administrativos declarados nulos, luego, fue debido a la ausencia de pruebas sobre la existencia de los referidos perjuicios es que la autoridad judicial demandada los negó .

Por las mismas razones, no le asiste razón a la parte actora cuando señala que se vulneró el derecho al debido proceso porque no se condenó en abstracto, pues, como se dijo, la decisión de negar los perjuicios obedeció a la falta de prueba respecto de estos y no porque no fuera posible liquidarlos en la sentencia.

Lo anterior, si se tiene en cuenta, que, en los términos del artículo 193 del CPACA, “las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso , se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil”. (se destaca)

forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil”. (se destaca)

No se desconoce la obligación que le asiste a los jueces en apreciar las prueba s en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin embargo, como se vio, el caso objeto de estudio se trató de la ausencia total de pruebas que impidió realizar pronunciamiento sobre los perjuicios reclamados a título de restablecimiento del derecho.

Por el contrario, esta Sala de decisión , en casos con identidad de contornos fácticos, pues también se demandó la nulidad del Decreto 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014 8 y la Resolución 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015 9, ya se ha pronunciado sobre similares inconformidades -aunque a partir de los defectos fáctico y procedimental-. Concretamente en los expedientes número 11001-03-15000-2022-00490-0010 y 11001-03-15-000-2022-05012-0011, sentencias reiteradas en expediente número 11001-03-15-000-2022-06652-0012, con fundamento en las consideraciones que, en lo pertinente, indicaron:

«(…)

4.4. Así, para la Sala no se evidencia defecto fáctico, pues es cierto que la parte actora no acreditó el daño derivado del lucro cesante por la pérdida de oportunidad en el aprovechamiento económico de los vehículos que manifestó eran de su propiedad y que, de manera razonable, el tribunal demandado

daño derivado del lucro cesante por la pérdida de oportunidad en el aprovechamiento económico de los vehículos que manifestó eran de su propiedad y que, de manera razonable, el tribunal demandado consideró que la estimación de la cuantía no resulta suficiente para tener por demostrado el lucro cesante, pues en este aspecto lo que debe evidenciarse es la existencia de un aprovechamiento económico previo y la existencia de una pérdida derivada de la aplicación de la medida de pico y placa.

Como bien lo explicó el tribunal demandado, la parte actora alegó que el vehículo de propiedad del demandante, al día reportaba la suma de $330.000, pero precisó que esto no tenía soporte probatorio alguno en el plenario y que, la parte demandante no había cumplido con la carga probatoria que le imponía la ley de aportar al proceso los medios de prueba necesarios para determinar la existencia del perjuicio reclamado y cuya indemnización pretendía.

4.5. Además, la prueba del lucro cesante no puede sustentarse en un mero cálculo del demandante, sino que debe estar apoyada en documentos o pruebas indiciarias que evidencien la afectación económica concreta derivada de la ejecución del a cto administrativo que fijó el pico y placa en el

8 “Por medio del cual se toman medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos particulares y de servicio público colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del Municipio de Santiago de Cali, para el año 2015”. 9 “Por medio de la cual se modifica el Decreto 4110.20928 del 31 de diciembre de 2 014 y se toman medidas para el mejor ordenamiento de tránsito de vehículos de servicio público colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del Municipio

9 “Por medio de la cual se modifica el Decreto 4110.20928 del 31 de diciembre de 2 014 y se toman medidas para el mejor ordenamiento de tránsito de vehículos de servicio público colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del Municipio de Santiago de Cali, para el año 2015”. 10 Sentencia del 24 de febrero de 2022. Actor: Jeffrey Alfonso Ledesma Bolaños. Ponencia del doctor Julio Roberto Piza Rodrígue