CE - 010315000202301638001SENTENCIA20230508162910

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202301638-00

Actor: Benjamín Salas Guaitoto

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proces o, ii) vida, iii) seguridad social, iv) salud y v) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.25

Núm. único de radicación: 110010315000202301638-00

Actor: Benjamín Salas Guaitoto

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 28 de febrero de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de

1. El actor, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 28 de febrero de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número ú nico de radicación 761093333002202100091 -01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones núm.

GNR 142414 de 28 de mayo de 2015, núm. GNR 308367 de 8 de octubre de 2015, núm. VPB 4236 de 28 de enero de 2016, núm. GNR 308315 de 18 de octubre de 2016, núm. SUB 300051 de 30 de octubre de 2019, núm. SUB 340 24 de 6 de febrero de 2020 y núm. DPE 4121 de 11de marzo de 2020. Precisó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) ordenar la reliquidación de su pensión con el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios, de conformidad con el artículo 6.° del Decreto 546 de 27 de marzo de 19712; ii) ordenar la reliquidación de su pensión sumando los factores salariales

año de servicios, de conformidad con el artículo 6.° del Decreto 546 de 27 de marzo de 19712; ii) ordenar la reliquidación de su pensión sumando los factores salariales que fueron objeto de descuentos para la pensión (primas), conforme con lo dispuesto en la Ley 62 de 16 de septiembre de 19853; y iii) ordenar el reconocimiento y pago de intereses e indexación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA ctua 2”. Archivo aportado en forma digital. 2 “Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”. 3 "Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985".25

Núm. único de radicación: 110010315000202301638-00

Actor: Benjamín Salas Guaitoto

4. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura , mediante sentencia de 2 de marzo de 2022 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , mediante sentencia de 28 de

febrero de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO. REVOCASE la sentencia No. 010 del 2 de marzo de 2022, mediante la cual, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, acorde con lo explicado el parte motiva de esta providencia. En su lugar:

la cual, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, acorde con lo explicado el parte motiva de esta providencia. En su lugar:

SEGUNDO. NIEGANSE las pretensiones de la demanda […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] De otra parte, con relación al régimen especial de jubilación de la Rama Judicial y del Ministerio Público, para los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Consejo de Estrado mediante Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de fecha 11 de junio de 2020, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, unificó su jurispr udencia en los siguientes términos […] De manera que, actualmente el ordenamiento jurídico sólo admite una interpretación válida y es que el IBL y los factores salariales no son un aspecto de la transición. Por lo tanto, las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición deberán ser liquidadas con base en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y sobre los factores que haya cotizado.

Dicho con otras palabras, a los servidores vinculados a la Rama Judicial y al Ministerio Público, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se les aplica el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, en punto a edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo. En torno el período para liquidar la pensión, será el promedio de lo devengado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión

tasa de reemplazo. En torno el período para liquidar la pensión, será el promedio de lo devengado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión y, los factores son los previstos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 199420 y, sobre los cuales se efectuaron cotizaciones […]”.

[…]

“[…] La Sala Jurisdiccional de Decisión, acoge plenamente la tesi s del apelante, habida consideración que el Consejo de Estado, al igual que la Corte Constitucional, coinciden en que las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición serán liquidadas con base en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y sobre los factores que haya cotizado.

[…]

Pues bien, quedó dilucidado por el juez a-quo que el señor Benjamín Salas Guaitoto, es beneficiario del régimen de transición. Empero, como antes se explicó para efectos de liquidar su pensión de jubilación, el IBL será el promedio de lo devengado en los diez (10) últimos años de servicios y los factores salariales a incluirse son aquel los25

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Actor: Benjamín Salas Guaitoto

sobre los cuales cotizó.

Y como los actos que ordenan la reliquidación pensional21 expedidos por la Administradora Colombiana de Pensiones, muestran que al momento de liquidar la pensión de jubilación del señor Benjamín Salas Guaitoto, la entidad oficial efectuó la operación aritmética tomando como base el 75% de la asignación mensual más alta del último año de servicios, e incluyendo tan sólo los factores salariales sobre los

pensión de jubilación del señor Benjamín Salas Guaitoto, la entidad oficial efectuó la operación aritmética tomando como base el 75% de la asignación mensual más alta del último año de servicios, e incluyendo tan sólo los factores salariales sobre los cuales efectivamente realizó aportes; no resulta jurídicamente viable anularlos […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1.- Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito TUTELAR los derechos constitucionales de mi mandante BENJAMIN SALAS GUAITOTO, vulnerados por la entidad accionada.

2.- En consecuencia REVOCAR el contenido de la Sentencia de Segunda Instancia de febrero 28 de 2.023, emitida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.

3.- Ordenar en su lugar, acoger los argumentos esgrimidos y lo ordenado en la Sentencia de Primera Instancia No. 010 de marzo 02 de 2.022, emitida por el

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA

[...]”.

7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló lo siguiente:

“[…] Dentro del trámite del estudio de la sentencia de segunda instancia, el Magistrado de Sala Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME, realizo salvamento de voto, bajo el argumento de la aplicación del principio de consonancia , indicando que en manera alguna la entidad demandad en su apelación se refirió a la orden impartida en primera instancia, de tener en cuenta para la liquidación de la pensión del demandante lo contenido en las normas Decreto 2460 de 2006 y la bonificación

que en manera alguna la entidad demandad en su apelación se refirió a la orden impartida en primera instancia, de tener en cuenta para la liquidación de la pensión del demandante lo contenido en las normas Decreto 2460 de 2006 y la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013, razón por la cual estaba vedado en segunda instancia referirse a lo anterior y menos revocarlo […]”.

[…]

“[…] Además de la vulneración del principio de consonancia, tal como lo índico el Magistrado Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME, en su salvamento de voto, la accionada no acogió lo contemplado en la Sentencia de Unificación CE -SUJS2-021-20 del 11 de junio del 2.020 , emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se unifico la jurisprudencia respecto de los derechos pensional de los servidores judiciales, indicando en la misma la inclusión para la liquidación del IBL lo consagrado en las normas Decreto 2460 de 2006 y Decreto 383 de 2013 […]”. (Resaltado por las Sala)25

Núm. único de radicación: 110010315000202301638-00

Actor: Benjamín Salas Guaitoto

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de abril de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ; y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, concediéndoles el término de tres (3)

Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, concediéndoles el término de tres (3) días para rendir informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que “[…] no se ha materializado ninguna vía de hecho o vulneración de derechos fundamentales por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, además debido a que el fallo proferido por la jurisdicción contenciosa, no es una orden contraria a derecho, y se pasaría por alto el carácter vinculante de los precedentes fijados por la Corte Constitucional y ahora del Consejo de Estado […]”. Para tal efecto, señaló

lo siguiente:

“[…] Es importante manifestar que la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se aviene al precedente legal y constitucional sobre la materia comoquiera que La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que determinó que los factores salariales que se deben incluir en el Ingreso Base de Liquidación (IBL) para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición (inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993) son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

Con este pronunciamiento, la Sala Plena rectifica la tesis sostenida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 que ordenaba la inclusión en el IBL de todos los factores devengados por el

Con este pronunciamiento, la Sala Plena rectifica la tesis sostenida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 que ordenaba la inclusión en el IBL de todos los factores devengados por el servidor así sobre los mismos no se hubieran realizado aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones […]”.

[…]

“[…] Estudiados los hechos y pretensiones, así c omo las pruebas allegadas con el escrito tutelar, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable, que haga necesaria la intervención del juez de tutela […]”.

10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura allegaron la copia digital del25

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Actor: Benjamín Salas Guaitoto

expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 761093333002202100091-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 4, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186

Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utili ce como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

13. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.25

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.25

Núm. único de radicación: 110010315000202301638-00

Actor: Benjamín Salas Guaitoto

concretamente si se cumpli eron con los requisitos generales de relevancia constitucional y de subsidiariedad.

14. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii ) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la vida; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la salud; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; procediendo posteriormente a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

15. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia

Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

16. Esta Sección adoptó 9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 10, proferida por la Corte Constitucional, sin

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.25

Núm. único de radicación: 110010315000202301638-00

Actor: Benjamín Salas Guaitoto

perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

17. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición

Actor: Benjamín Salas Guaitoto

perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

17. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objet o de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo térmi no, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidado sa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido

presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.

11 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.25

Núm. único de radicación: 110010315000202301638-00

Actor: Benjamín Salas Guaitoto

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

21. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de los requisitos generales de relevancia constitucional y de subsidiariedad.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

22. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

22. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 2014 13, al referirse al requisito general de relevancia c onstitucional,

consideró lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 14]; por otro, evita q ue la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [15].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [16].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus

elementos necesarios [16].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos

13 Ut supra página 6. [14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”25

Núm. único de radicación: 110010315000202301638-00

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fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su de cisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [17].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión d el actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a

tutela se derive que esa es la pretensión d el actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina

reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [19].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esencia les son el derecho al juez natural [ 20]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica -; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las r eglas procesales o principio de legalidad; el

[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.” [19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.” [20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”25

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Actor: Benjamín Salas Guaitoto

derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado por la Sala).

23. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró21:

tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado por la Sala).

23. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró21:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘ que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a cons