CE - 010315000202301679001SENTENCIA20230602143746

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01679-00

Actor: ARMANDO SALAZAR TAMAYO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01679-00

Demandante: ARMANDO SALAZAR TAMAYO

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN “B” Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

HUILA

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Reconocimiento y pago de la pensión de vejez por exposición a alto riesgo de e x detective del DAS.

Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Es tado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Armando Salazar Tamayo , quien actúa mediante apoderada judicial, contra la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Huila , en la que pide el amp aro

promovida por el señor Armando Salazar Tamayo , quien actúa mediante apoderada judicial, contra la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Huila , en la que pide el amp aro constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y mínimo vital, supuestamente vulnerados con las sentencias de 1 de septiembre de 2022 y 3 de noviembre de 2020, en su orden, mediante las cuales se negaron las pretensiones encaminadas a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez por exposición a alto riesgo en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 41001-23-33-000-2015-0055301.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante relató que nació el 29 de enero de 1967 y prestó sus servicios al Estado en actividades de alto riesgo para el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (en adelante DAS) durante 21 años, 4 meses y 22 días.

Afirmó que radicó ante la Admini stradora Colombiana de Pensiones , Colpensiones, una solicitud con el fin de que se reconociera la pensión de vejez por exposición a alto riesgo como detective del DAS . S in embargo, mediante Resolución No. GNR 296732 de 8 de noviembre de 2013, la petición f ue negada. Esa decisión fue confirmada por medio de las Resoluciones Nos. GNR 73773 de 5 de marzo de 2014 y VPB 15802 de 20 de febrero de 2015.

Sostuvo que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

Esa decisión fue confirmada por medio de las Resoluciones Nos. GNR 73773 de 5 de marzo de 2014 y VPB 15802 de 20 de febrero de 2015.

Sostuvo que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda cont ra Colpensiones, con el fin de que se anularanRadicado: 11001-03-15-000-2023-01679-00

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las Resoluciones Nos. GNR 296732 de 8 de noviembre de 2013, GNR 73773 de 5 de marzo de 2014 y VPB de 20 de febrero de 2015 y, en consecuencia, se reconociera y pagara la pensión de vejez por exposición a alto riesgo.

Indico que el Tribunal Administrativo del Huila en sentencia de 3 de noviembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que “está probado que el demandante nació el 29 de enero de 1967, que prestó el servicio militar obligatorio entre el 10 de enero y el 30 de diciembre de 1986 y que se vinculó al DAS el 3 de febrero de 1992, como detective. En tal virtud, no existe duda que en los términos del parágrafo 5° de la ley 860 de 2003, es beneficiario del régimen de transición consagrado en el Decreto 1835 de 1994: primero, porque se vinculó con anterioridad al 3 de agosto de 1994; y

de la ley 860 de 2003, es beneficiario del régimen de transición consagrado en el Decreto 1835 de 1994: primero, porque se vinculó con anterioridad al 3 de agosto de 1994; y segundo, porque al 29 de diciembre de 2003 acreditaba 618 semanas de cotización (11 años, 10 meses y 26 días de servicio). Así las cosas, en principio el r égimen que gobierna su situación pensional es el consagrado en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989: sin embrago, no conservó los beneficios especiales de los funcionarios que desempeñan actividades de alto riesgo, porque consolidó el estatus pensional el 14 de febrero de 2011 (20 años de servicio como detective del DAS), es decir con posterioridad al 31 de julio de 2010; fecha a partir de la cual dicho régimen expiró (parágrafo transitorio 2° del Acto Legislativo 01 de 2005) ”. Adicionalmente, condeno e n costas a la parte actora.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por l a Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en fallo de 1 de septiembre de 2022, en el que confirmó parcialmente la decisión, p or cuanto revocó la condena en costas . En lo demás, confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamenta les al debido proceso, seguridad social y mínimo vital , supuestamente vulnerados con las sentencias de 1 de septiembre de 2022 y 3 de

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamenta les al debido proceso, seguridad social y mínimo vital , supuestamente vulnerados con las sentencias de 1 de septiembre de 2022 y 3 de noviembre de 202 0, respectivamente, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecim iento de derecho cuyo objeto era la declaratoria de nulidad de la s Resoluciones Nos. GNR 296732 de 8 de noviembre de 2013, GNR 73773 de 5 de marzo de 2014 y VPB de 20 de febrero de 2015, que negaron el reconocimiento y pago de la pensión de vejez por exposición a alto riesgo.

En primer lugar, se refirió a algunos de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, sin hacer mención a la relevancia constitucional.

De otra parte, sostuvo que las autoridades judi ciales accionadas incurrieron en “error de interpretación (…) al abordar el estudio del parágrafo transitorio 2°del Acto Legislativo 01 de 2005, y concluir que los beneficios especiales de los funcionarios que desempeñaban actividades de alto riesgo habían expirado después del 31 de julio de 2010”.

Afirmó que no es cierto que el Acto Legislativo 01 de 2005 eliminara las normas que regulan las pensiones por actividades de alto riesgo y que estas hubieran desaparecido el 31 de julio de 2010.

Indicó que “el propósito del Acto Legislativo 01 de 2005, era la estabilidad fiscal en materia de pensiones, por lo que no es lógico suponer que dicha norma constitucional

desaparecido el 31 de julio de 2010.

Indicó que “el propósito del Acto Legislativo 01 de 2005, era la estabilidad fiscal en materia de pensiones, por lo que no es lógico suponer que dicha norma constitucional pretendiera eliminar el régimen de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, si se tiene en cuenta que quienes desempeñan actividades de alto riesgo tienen un ingreso base de cotización superior en 10 puntos al del resto del universo de cotizantes, razón porRadicado: 11001-03-15-000-2023-01679-00

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la cual se logra un equilibrio en las finanzas del sistema y no sería necesario excluirlo del orden constitucional, a contrario sensu, son adversos al Acto Legislativo 01 de 2005 los regímenes pensionales que no respeten las reglas de cotización y ahorro contempladas en la reforma constitucional”.

Señaló que el artículo 5 del Decreto 691 de 1 994 incluyó a los servidores públicos que cumplen funciones de alto riesgo al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, cuya fecha de incorporación fue el 1 de abril de 1994, según el artículo 2 de la misma normativa, es decir, que entraron a ser parte de la Ley 100 de 1993.

Sostuvo que “del enunciado de la ley 860 de 2003, se puede concluir que las disposiciones allí incluidas pasaron a formar parte de la ley 100 de 1993, Es decir,

Sostuvo que “del enunciado de la ley 860 de 2003, se puede concluir que las disposiciones allí incluidas pasaron a formar parte de la ley 100 de 1993, Es decir, son parte integral del Sistema General de Pensiones. Así entendido , nos remitimos entonces al parágrafo 5° del artículo 2° de la citada ley”.

Afirmó que la Ley 860 de 2003 incluyó un régimen de transición del cual es beneficiario el señor Armando Salazar Tamayo, pues para la fecha de entrada en vigor la citada ley tenía cotizadas 618 semanas, lo que sin lugar a dudas representa un derecho adquirido obtenido.

Resaltó que las normas que integran el Sistema General de Pensiones no han sido derogadas por el Acto Legislativo 01 de 2005, lo que incluye el parágrafo 2 transitorio; po r el contrario , mantiene vigente ese marco normativo. Agregó que dicho parágrafo señala que los regímenes especiales, exceptuados, así como cualquier otro al establecido de manera permanente en las leyes del sistema general de pensiones, expirarían el 31 de julio de 2010.

Por último, manifestó que “las normas que versan sobre pensiones por actividades de alto riesgo se encuentran inmersas en el Sistema General De Pensiones, es decir la norma las exceptúa, al extinguir, a los regímenes especiales y e xceptuados y a los que sean distintos a los establecidos en el sistema general de pensiones y como ya dijimos las normas que regulan las actividades de alto riesgo las de los particulares como las de los servidores públicos se encuentran vigentes pues hace n Parte del sistema General de

sean distintos a los establecidos en el sistema general de pensiones y como ya dijimos las normas que regulan las actividades de alto riesgo las de los particulares como las de los servidores públicos se encuentran vigentes pues hace n Parte del sistema General de Seguridad Social. Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia C-651 de 2015, (…) donde se analizaba la exequibilidad de la ley 2090 y se abordaba el tema si el acto legislativo 01 de 2005 lo había derogado”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“1. Solicito al señor Juez de Tutela, declarar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital y aquellos que considere fueron quebrantados.

2. Se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 296732 de 8 de noviembre de 2013, GNR 73773 de 5 de marzo de 2014 y VPB 15802 de 20 de febrero de 2015, a través de las cuales Colpensiones le negó al actor el reconocimiento de una pensión de jubilación.

3. A título de restablecim iento del derecho Constitucional, se ordene a la accionada reconocer la mencionada prestación «[…] en los términos del Decreto 1047 de 1978, y 1835 de 1994 […] tomando como base de liquidación de la mesada pensional el salario más alto devengado en el últi mo año laborado, incluyendo la totalidad de los factores salariales que devengaba como detective del […] (DAS) y La Fiscalía General De la Nación […]»; junto con la indexación y los intereses moratorios; y condenarla en costas

salariales que devengaba como detective del […] (DAS) y La Fiscalía General De la Nación […]»; junto con la indexación y los intereses moratorios; y condenarla en costas procesales”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01679-00

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4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 17 de abril de 2023, la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió el enlace de acceso a l expediente digital que contiene las actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ade lantó el señor Armando Salazar Tamayo contra Colpensiones (radicado No. 41001-23-33-000-2015-00553-01).

5. Trámite procesal

Por auto de 12 de abril de 2023, la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la s autoridades judiciales demandadas, así como a Colpensiones y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 32957 a 32962 de 17 de abril de 2023 1 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado

En escrito de 18 de abril de 2023, el titular del despacho manifestó que se atiene a

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado

En escrito de 18 de abril de 2023, el titular del despacho manifestó que se atiene a lo que se demuestre durante el trámite “ y en cuanto dice relación con los motivos de inconformidad con la providencia de 1° de septiembre de 2022 proferida dentro del referido asunto, somos del criterio que las razones que le sirvieron de fundamento están consignadas en sus motivaciones, las que deben dar suficientemente cuenta de aquellas”.

6.2. El Tribunal Administrativo del Huila y Colpensiones, a pesar de que se les notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículo s 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Huila , con las sentencias de 1 de septiembre de 2022 y 3 de noviembre de 202 0, en su orden, mediante las cuales se negó la nulidad de las Resoluciones Nos. GNR 296732 de 8 de noviembre de 2013, GNR 73773 de 5 de marzo de 2014 y VPB de 20 de febrero

cuales se negó la nulidad de las Resoluciones Nos. GNR 296732 de 8 de noviembre de 2013, GNR 73773 de 5 de marzo de 2014 y VPB de 20 de febrero de 2015, que negaron el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por actividad de alto riesgo, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso,

1 La parte accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: augustooisorio61@yahoo.com, notifcpalomino@consejodeestado.gov.co; javilas@consejodeestado.gov.co; daniangap0128@gmail.com; cetutelaspaolazuluaga@outlook.com; kossaa@consejodeestado.gov.co; abespiher@gmail.com; notifjbedoya@consejodeestado.gov.co; lyxim.rojas@gmail.com; notifcperdomo@consejodeestado.gov.co; fulana06@gmail.com, notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, ces2secr@consejoestado.ramajudicial.gov.co, sectriadmhui@cendoj.ramajudicial.gov.co y sgtadminhla@notificacionesrj.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01679-00

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seguridad social y mínimo vital , por la errónea interpretación del Acto Legislativo 01 de 2005 en lo relativo a las pensiones de alto riesgo para integrantes del extinto DAS.

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seguridad social y mínimo vital , por la errónea interpretación del Acto Legislativo 01 de 2005 en lo relativo a las pensiones de alto riesgo para integrantes del extinto DAS.

De manera previa, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional, en razón a la similitud con el debate planteado en el proceso ordinario.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advier ta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005

improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, qu e «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

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fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

2 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01679-00

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1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fu ndamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fue ron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está

expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fue ron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el inter esado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El accionante manifiesta que la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Huila con las sentencias de 1 de

autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El accionante manifiesta que la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Huila con las sentencias de 1 de septiembre de 2022 y 3 de noviembre de 2020, en ese orden, mediante las cuales se negó la nulidad de las Resoluciones Nos. GNR 296732 de 8 de noviembre de 2013, GNR 73773 de 5 de marzo de 2014 y VPB de 20 de febrero de 2015, que no accedieron al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por actividad de alto riesgo, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y mínimo vital , por la errónea interpretación del Acto Legislativo 01 de 2005 en lo que atañe con las pensiones de alto riesgo para integrantes del DAS.

4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con la intención de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en dos instancias.

Con el fin de respaldar esa determinación , se realizará un breve recuento de algunas actuaciones que se surtieron en el curso del proceso ordinario, así:

El señor Armando Salazar Tamayo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el fin de que se anularan las Resoluciones Nos. GNR 296732 de 8 de noviembre de 2013, GNR 73773 de 5 de marzo de 2014 y VPB de 20 de febrero de 2015 , por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de alto riesgo como ex detective del

de marzo de 2014 y VPB de 20 de febrero de 2015 , por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de alto riesgo como ex detective del DAS, con sustento en el régimen de transición previsto en el parágrafo 5 de la Ley 860 de 2003, por lo que su situación pensional se encuentra regulada por el Decreto 1835 de 1994.

El Tribunal Administrativo del Huila en fallo de 3 de noviem bre de 2020, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante , con sustento en que, si bien de acuerdo con el parágrafo 5 de la Ley 860 de 2003 , el accionante era beneficiario del régimen de transición con tenido en el DecretoRadicado: 11001-03-15-000-2023-01679-00

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1835 de 1994, lo cierto es que “no conservó los beneficios especiales de los funcionarios que desempeñan actividades de alto riesgo, porque consolidó el estatus pensional el 14 de febrero de 2011 (20 años de servicio como detective del DAS), es decir, con p osterioridad al 31 de julio de 2010; fecha a partir de la cual dicho régimen expiró (parágrafo transitorio 2º del Acto Legislativo 01 de 2005)”.

Por consiguiente, sostuvo, el marco normativo del actor es el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en el que se establece que para obtener el reconocimiento de la

Por consiguiente, sostuvo, el marco normativo del actor es el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en el que se establece que para obtener el reconocimiento de la pensión se deben acreditar 62 años y 1300 semanas de cotización, requisitos que no cumplió el demandante porque contaba con 53 años y 1120 semanas de cotización.

El accionante interpuso recurso de apelación con sustento en que “no es cierto que el acto legislativo 01 de 2005 que reformó el artículo 48 de la Constitución, hubiera extinguido las normas que regulan las pensiones por actividades de alto riesgo y que estas hubieran desaparecido el 31 de julio d e 2010 ”. Adicionalmente, resaltó que el propósito de esa reforma constitucional era la estabilidad fiscal en materia de pensiones, no eliminar el régimen de pensión de ve jez de alto riesgo. Agregó que las disposiciones de la Ley 860 de 2003 pasaron a forma r parte de la Ley 100 de 1993, del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado por medio de sentencia de 1 de septiembre de 2022, confirmó la decisión en lo relativo al análisis del reconocimiento de la pensión de vejez y revocó la condena en costas impuesta a la parte actora.

En relación con e l reconocimiento y pago de la pensión de vejez como ex detective del DAS , precisó que “la Ley 860 de 2003 regula la «pensión de vejez por exposición a alto riesgo» para los empleados del desaparecido DAS, relacionados en los

detective del DAS , precisó que “la Ley 860 de 2003 regula la «pensión de vejez por exposición a alto riesgo» para los empleados del desaparecido DAS, relacionados en los artículos 1º y 2º del Decreto 2646 de 1994, quienes deberán acreditar 55 años de edad y cotizaciones por el número mínimo de semanas establecido para el sistema general de seguridad social en pensiones consagrado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. No obstante, tal normativa advirtió que no les son aplicables dichos requisitos a aquellos que se vincularon a esa institución con anterioridad al 3 de agosto de 1994, sino que son beneficiarios del precitado régimen de transición del artículo 4 del Decreto 1835 de 1994”.

Luego, al resolver los cargos del recurso de apelación y establecer el marco normativo y los hechos probados, consideró que el actor no e ra beneficiario de la pensión de vejez por exposición de alto riesgo, con sustento en lo siguiente:

“Ahora bien, con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa en torno a la aplicación de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, ha de advertirse que comoquiera que el régimen de tran sición previsto en el artículo 2º de la Ley 860 de 2003 remite al artículo 4º del Decreto 1835 de 1994, se observa que el actor cumple el requisito allí exigido, como es haber estado vinculado al DAS al momento de entrar en vigor el citado Decreto, toda ve z que al 4 de agosto de 1994 laboraba para esa entidad, por ende, en principio, su situación se halla regida por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993.

que al 4 de agosto de 1994 laboraba para esa entidad, por ende, en principio, su situación se halla regida por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993.

No obstante, vale destacar que el Acto legislativo 1 de 2005 (parágrafo transitorio 4º) estableció que el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 «y demás normas que desarrollen dicho régimen», dentro de las cuales se encuentran las de actividades de alto riesgo (contenidas en los Decretos 1835 de 1994 y 2090 de 2003 y la Ley 860 del mismo año), no puede extenderse más allá del 31 de julio de 2010, pero previó una excepción y lo mantuvo hasta el 2014 para quienes gozaran del régimen y tuvieran cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigor de este, sin hacer alguna otra excepción.

Así las cosas, evidencia la Sala que para el 25 de julio de 2005 el actor contaba con 14 años, 5 meses y 12 días de servicio (741,33 semanas), puesto que el año en materia pensional tiene 360 días (el mes es de 30 días), tal co mo lo ha sostenido la jurisprudencia de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia en variosRadicado: 11001-03-15-000-2023-01679-00

Actor: ARMANDO SALAZAR TAMAYO

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pronunciamientos, en los que se ha reiterado el criterio que esta Corporación sostuvo en

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pronunciamientos, en los que se ha reiterado el criterio que esta Corporación sostuvo en fallo de 4 de marzo de 1994 (…).

En ese orden de ideas, en atención a que el demandante no conservó el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 «y demás normas que desarrollen dicho régimen», tampoco le asiste el derecho a la pensión de jubilación contenida en el Decreto 1047 de 1978 como lo pretende, por lo que su situ ación se rige por el artículo 2º (parágrafos 1º y 2º) de la Ley 860 de 2003, que previó la pensión de vejez por exposición a alto riesgo, entre otros, para los detectives del DAS.

Sin embargo, al no haber acreditado los 55 años de edad más el número de se manas preceptuado para el sistema general de seguridad social en pensiones al q