CE - 010315000202301727001SENTENCIA20230524165309

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00

Demandante: Karen Violette Cure Corcione Demandado: Consejo de Estado - Sección Quinta Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - tercera instancia - la parte actora pretende reabrir el debate al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo constitucional formulado por Karen Violette Cure Corcione contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 10 de abril de 2023 , Karen Violette Cure Corcione, a través de apoderado judicial, presentó demanda de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 17 de noviembre de 2022, proferida en el marco del proceso de nulidad electoral 2, que promovió contra los

con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 17 de noviembre de 2022, proferida en el marco del proceso de nulidad electoral 2, que promovió contra los representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar, periodo 2022-20263.

2.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y de las pruebas allegadas se tiene, que:

3.- El 13 de diciembre de 2021, la «Coalición Pacto Histórico» inscribió a Francisco Javier Marrugo Zambrano, Colombia Sofía Villamil Quiroz, Carlos Efraín Vargas Mestra, Sandra Elena Villadiego Villadiego, Edén de Jesús Elles Vergara y Reineer Rodríguez Vargas, como candidatos a la Cámara de Representantes (2022 -2026),

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Identificado con número de radicado: 11001-03-28-000-2022-00037-00. 3 Los señores Silvio José Torres Carrasquilla, Yamil Hernando Arana Padaui, Juliana Aray Franco, Andrés Guillermo Montes Celedón, Fernando David Niño Mendoza y Dorina Hernández Palomino.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00

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de conformidad con el acuerdo programático suscrito por los partidos Polo Democrático Alternativo, Alianza Verde, MAIS, A.D.A., Unión Patriótica y Colombia Humana.

4.- Indicó que lo s candidatos de dicha coalición realizaron el procedimiento de registro biométrico y diligenciaron los formatos correspondientes ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, aceptando su inscripción en la lista abierta. No obstante, el 15 de diciembre de 2021, la señora Villamil Quiroz, mediante registro biométrico ante la misma institución, aceptó la postulación sin que su decisión fuera objeto de rechazo. Dicha manifestación se hizo dentro de los 5 días subsiguientes a la fecha límite de inscripción de las candidaturas.

5.- El 23 de diciembre de 2021, el señor David Ricardo Racero Mayorca solicitó ante el CNE la revocatoria de la inscripción de los candidatos pertenecientes a la lista del Pacto Histórico - Alianza Verde por el departamento de Bolívar (2022 -2026), al considerar que la lista no cumplía con el valor porcentual establecido por el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 respecto de la cuota de género.

6.- Mediante la Resolución 1132 de 2022, el CNE reso lvió revocar las listas de candidatos a la Cámara de Representantes de las coaliciones denominadas Pacto Histórico, Alianza Verde y Coalición Pacto Histórico en los departamentos de Bolívar y Norte de Santander, por incumplimiento de la cuota de género. Esto, al considerar

candidatos a la Cámara de Representantes de las coaliciones denominadas Pacto Histórico, Alianza Verde y Coalición Pacto Histórico en los departamentos de Bolívar y Norte de Santander, por incumplimiento de la cuota de género. Esto, al considerar que, en el caso de Bolívar, el porcentaje de participación femenina fue del 20%, de manera que se incumplieron las normas que fundamentan el derecho a la igualdad para elegir y ser elegidas como minorías, debido a que la señora Colombia V illamil presentó extemporáneamente, el 15 de diciembre de 2021, su carta de aceptación a la inscripción, la cual tenía como fecha límite el 13 de diciembre del mismo año.

7.- A través del documento E -7CT, la Registraduría Nacional del Estado Civil modificó la lista inscrita, incluyendo a tres candidatas nuevas: Dorina Hernández Palomino, María Alejandra Benites Hurtado y Rosana Cristina Lombana Ochoa.

8.- A través de la Resolución No. 1456 de 2022 el CNE declaró la validez de la modificación de la lista de candid atos y candidatas a la Cámara de Representantes de la coalición del Pacto Histórico, por lo que de acuerdo con el formulario E-26 CAM de 23 de marzo de 2022, expedido por la comisión escrutadora de Bolívar, se declaró la elección de Silvio José Carrasquilla Torres, Yamil Hernando Arana Padaui, Juliana Aray Franco, Andrés Guillermo Montes Celedón, Fernando David Niño Mendoza y Dorina Hernández Palomino, esta última perteneciente al Pacto Histórico.

9.- En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, la accionante instauró demanda en contra el acto de elección de la Cámara de Representantes

Dorina Hernández Palomino, esta última perteneciente al Pacto Histórico.

9.- En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, la accionante instauró demanda en contra el acto de elección de la Cámara de Representantes Circunscripción Territorial de Bolívar, contenido en el documento E-26 CAM de fechaRadicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00

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23 de marzo de 2022. En la referida demanda, solicitó la exclusión la lista del Pacto Histórico del cómputo general de votos contenidos en el formulario E -26, al considerar que el acto electoral de bía ser anulado porque: (i) el documento de inscripción y modificación de la lista Pacto Histórico contenía datos falsos o contrarios a la verdad, razón por la que se configuraba la causal 3 del artíc ulo 275 del CPACA, (ii) incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse y, (iii) se expidió en forma irregular. Por lo anterior, adujo que se configuraron las causales de nulidad del artículo 137 del CPACA.

10.- En el marco del proceso de nulidad el ectoral, la accionante alegó que el CNE desconoció las candidaturas inscritas inicial y debidamente aceptadas por los candidatos designados a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico – Alianza Verde. Como efectivamente sucedió con 6 nombres inscr itos y el de la ciudadana Colombia Villamil, quien aceptó su candidatura dentro del término legal y señaló que la lista inicialmente presentada no fue objetada de manera alguna por

Alianza Verde. Como efectivamente sucedió con 6 nombres inscr itos y el de la ciudadana Colombia Villamil, quien aceptó su candidatura dentro del término legal y señaló que la lista inicialmente presentada no fue objetada de manera alguna por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que, de haber advertido alguna irregularidad en la integración de la lista, debió rechazarla. No obstante, afirmó que la autoridad electoral desconoció dichas postulaciones a través de la Resolución 1132 de 2022, acto mediante el cual resolvió revocar la lista inicial p ara después aceptar su modificación con una lista nueva, aún sin tener en cuenta que los delegados del registrador del Estado Civil del departamento de Bolívar, confirmaron que no hubo solicitud de cambio de aquella dentro del plazo establecido. De igual f orma, adujo que pese a la ausencia de la solicitud de modificación de la lista inicial el CNE autorizó la reestructuración total de la misma permitiendo que pasará de ser una lista abierta a una cerrada se transformó la abierta a cerrada.

11.- El 17 de noviembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Quinta en providencia de única instancia, negó las pretensiones de la demanda.

12.- En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales a p articipar en la conformación, ejercicio y control del poder político, igualdad y debido proceso , al no valorar el contenido del correo electrónico del 14 de febrero de 2022, en el que los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en el departamento de Bolívar confirmaron al CNE, que no hubo una solicitud de modificación de la lista

contenido del correo electrónico del 14 de febrero de 2022, en el que los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en el departamento de Bolívar confirmaron al CNE, que no hubo una solicitud de modificación de la lista inscrita por el Pacto Histórico, por lo que la sentencia se profirió en abierta contradicción con lo que demostraba el acervo probatorio, incurriendo en los siguientes defectos:

13.- Sustantivo, pues al no valorar la referida prueba no se tuvo en cuenta el carácter fraudulento y doloso de la modificación realizada a la lista inicialmente inscrita por el Pacto Histórico, ya que inicialmente esta era de voto preferente y luego de la modificación se presentó como una lista cerrada incluyendo a tres nuevasRadicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00

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candidatas, dentro de las que se encontraba la a ctual Representante Dorina Hernández Palomino.

14.- Fáctico, al negarse a decretar la prueba testimonial de los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en el departamento de Bolívar, a partir de la cual la demandante pretendía demostrar la existencia y el conocimiento del correo electrónico del 14 de febrero de 2022.

15.- Y violación directa del artículo 108 de la CP , deb ido a que la autoridad accionada no valoró “la realidad del documento de fecha 14 de febrero de 2022, enviado a las 5:50 p.m, por los Delegados Departamentales del Registrador Nacional

15.- Y violación directa del artículo 108 de la CP , deb ido a que la autoridad accionada no valoró “la realidad del documento de fecha 14 de febrero de 2022, enviado a las 5:50 p.m, por los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en el departamento de Bolívar al CNE, en donde confirm aron QUE

NO HUBO UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LISTA”.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

16.- Mediante auto de 12 de abril de 2023, se resolvió admitir la solicitud de amparo, notificar a la autoridad judicial demandada y vincul ar como terceros interesados en el proceso a Silvio José Torres Carrasquilla, Yamil Hernando Arana Padaui, Juliana Aray Franco, Andrés Guillermo Montes Celedón, Fernando David Niño Mendoza y Dorina Hernández Palomino, en su condición de representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar, periodo 2022 -2026; así como a Jhonatan Ferro Mesa, Emmanuel Gallego Roncancio, Juan Francisco Saldarriaga Hernández 4, Andrés Julián Henao Gómez, Stefany Bedoya Galeano, Mar cela Lozano Sánchez 5 , al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil6.

17.- Además, se requirió a la Sección Quinta del Consejo de Estado para que remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado número 11001-03-28-000-2022-00037-00.

(i) Oficina de Asesoría Jurídica y Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral7

18.- El 19 de abril de 2023, el Consejo Nacional Electoral solicitó que se declare la

(i) Oficina de Asesoría Jurídica y Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral7

18.- El 19 de abril de 2023, el Consejo Nacional Electoral solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad al considerar que de parte de esta no se presenta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, pues no tuvo participación directa ni indirecta en la config uración de los hechos materia de la acción y no tiene incidencia en las medidas que adoptó la Sección

4 Estos tres últimos ostentaron la calidad de impugnadores en el asunto cuestionado. 5 Estos tres últimos actuaron como coadyuvantes en el proceso de nulidad electoral que se reprocha en sede de tutela 6 Estas dos últimas fungieron como terceros con interés en el proceso contencioso administrativo ya referido. 7 Respuesta contenida en 4 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00

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Quinta, dentro del proceso de Nulidad Electoral Rad. 11001-03-28-000-2022-0003700.

(ii) Consejo de Estado – Sección Quinta8

19.- El 21 de abril de 2022, la Sección Quinta de esta Corporación solicitó que el recurso de amparo se declare improcedente . Para ello, señaló que la demanda no cumple con el requisito de relevancia constitucional toda vez que lo que pretende la accionante es traer nuevamente, ahora en sede constitucional, los mismos argumentos que no prosperaron dentro del proceso de nulidad electoral iniciado por

cumple con el requisito de relevancia constitucional toda vez que lo que pretende la accionante es traer nuevamente, ahora en sede constitucional, los mismos argumentos que no prosperaron dentro del proceso de nulidad electoral iniciado por ella. Además, indicó que los defectos alegados no se configuraron en la medida en que la Sección Quinta del Consej o de Estado realizó una valoración probatoria integral de los documentos aportados en el proceso y encontró que el Consejo Nacional Electoral valoró otros elementos que le permitieron advertir que, contrario a lo afirmado en el correo electrónico al cual se refiere la accionante, la modificación en comento se habría solicitado oportunamente el 13 de febrero de 2022.

(iii) Doria Hernández Palomino9

20.- El 24 de abril de 2023, Doria Hernández Palacio solicitó que nieguen las pretensiones expuestas en el escrito de tutela, al considerar que, el debate propuesto no tiene relevancia ni trascendencia jurídica pues a partir de este no es posible modificar la decisión adoptada por la Sección Quinta, debido a que (i) la modificación realizada a la lista no obedeció a una solicitud sino a que se ordenó tal corrección para garantizar la paridad de género que tiene su base constitucional, entre otros, en el artículo 13 de la C.P; (ii) En la página 22 del “Informe Final Unión Europea Misión De Observación Electoral. Elecciones legislativas 13 de marzo de 2022 ”, la entidad se refirió a la inscripción de candidatos y dejó claro que se contaba con 5 días para las modificaciones de las li stas y en la página 39 señaló que la modificación de la lista obedeció a la inclusión de las mujeres en estas; (iii) fue el Consejo Nacional

las modificaciones de las li stas y en la página 39 señaló que la modificación de la lista obedeció a la inclusión de las mujeres en estas; (iii) fue el Consejo Nacional Electoral, quien ordenó la corrección de la lista; y , (iv) de conformidad con el salvamento de voto proferido por la Consejera Rocío Araujo Oñate, la falsedad propuesta por el accionante contra el acto de inscripción de la lista de la coalición del “Pacto Histórico” no estaba llamada a prosperar, al corresponder a un motivo de anulación que no podía ser planteado respecto de actos preelectorales, como lo era el registro de candidaturas.

(iv) Registraduría Nacional del Estado Civil10

21.- El 24 de abril de 2023, Indicó que esa entidad no tiene competencia para

8 Respuesta contenida en 9 folios. 9 Respuesta contenida en 6 folios. 10 Respuesta contenida en 7 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00

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pronunciarse sobre lo pretendido por el tutelante, pues la providencia que motivó la presente solicitud de amparo constitucional fue proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, -juez natural de la causa-, dentro de su autonomía e independencia judicial y en ejercicio de sus competencias.

22.- Pese a haber sido notificados en debida forma l os demás vinculados al proceso guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

22.- Pese a haber sido notificados en debida forma l os demás vinculados al proceso guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

23.- El Consejo de Estado ha enunciado de manera consistente y reiterada, los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales11. Así, tales requisitos se refieren, a: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

24.- La relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no

que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional12.

25.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

26.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). 12 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00

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examinar dos elementos 13: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya

dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.

D. Análisis del caso concreto

27.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el medio de control de nulidad electoral y lo alegado por el accionante en el recurso de amparo , esta Sala no encuentra que la autoridad judicial accionada haya quebrantado las prerrogativas superiores alegadas por la parte accionante. Una revisión de los planteamientos aducidos en la demanda de tutela, permite advertir que los alegatos propuestos pretenden convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido.

28.- Para comenzar, la Sala estima pertinente precisar que, aunque la actora manifestó de manera independiente los defectos: sustantivo, fáctico y violación directa de la constitución, los alegatos propuestos en cada uno de los cargos contenidos en el recurso d e amparo están orientados a cuestionar la presunta omisión en la que incurrió la autoridad judicial accionada al no valorar el correo enviado por los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, el 14 de febrero de 2022, en el que a su parecer se daba cuenta de la supuesta inexistencia de una solicitud de modificación de la lista presentada por el Pacto Histórico para la elección

enviado por los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, el 14 de febrero de 2022, en el que a su parecer se daba cuenta de la supuesta inexistencia de una solicitud de modificación de la lista presentada por el Pacto Histórico para la elección de Cámara de Representantes en Bolívar.

29.- Al respecto, debe señalarse que dicho reproche fue analizado por la autoridad accionada en el fallo de 17 de noviembre de 2022, de la siguiente manera:

“5.2. Límites a la modificación de listas presentadas para la elección de corporaciones públicas

99. Por otra parte, la demandante señala que, con la inscripción de la lista de candidatos que fue presentada por la coalición del Pacto Histórico, se transgredió el límite temporal establecido legalmente para la modificación de la lista presentada. En relación con dicho aspecto, el artículo 31 de la Ley 147 5 de 2011, dispone lo que

sigue:

13 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00

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ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES. La inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes

candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones.

Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterio ridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación. (…)

100. Los apartes citados prevén dos circunstancias diferentes, a saber:

La posibilidad de modificar una candidatura, en aq uellos eventos en los que un candidato o uno o más integrantes de la lista presentada se hayan abstenido de aceptar su postulación o hayan renunciado a ella, caso en el cual dicho cambio deberá producirse dentro de los cinco días siguientes al último día habilitado para el proceso de inscripción de candidaturas.

La viabilidad de modificar la candidatura o la lista de candidatos inicialmente presentada, dentro del mes anterior a la fecha en que se llevará a cabo la elección, en aquellos casos en los que el cambio deba realizarse por la revocatoria de la inscripción o como consecuencia de la existencia de una inhabilidad sobreviniente o que no fue advertida antes de efectuarse esta.

101. En el caso bajo estudio, la modificación de la lista presentada por la coalición del Pacto Histórico no se produjo como consecuencia de la no aceptación oportuna de la postulación de Colombia Villamil, sino de la revocatoria de la inscripción que efectuó el CNE en la Resolución nro. 1132 de 2022, que obedeci ó a que, dada la ausencia

postulación de Colombia Villamil, sino de la revocatoria de la inscripción que efectuó el CNE en la Resolución nro. 1132 de 2022, que obedeci ó a que, dada la ausencia de la señora Villamil en la lista definitiva, no se cumplía con una integración de, por lo menos, un 30% de candidatas mujeres, que ordena el artículo 28 de la Ley 1475 de 2022.

102. En dicho acto administrativo, conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la misma ley, se dispuso que el nuevo listado de candidatos debería ser presentado por la coalición del Pacto Histórico, a más tardar el 13 de febrero de 2022.

103. Así las cosas, la presentación de la lista con que se modificó aquella revocada por el Consejo Nacional Electoral, se produjo de manera oportuna, tal y como se señala en la Resolución nro. 1456 del 18 de febrero de 2022, emitida por la misma entidad, en la que se sostuvo que la modificación de la lista de la referida coalición fue presentada el 13 de febrero de 20223, en lo siguientes términos:Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00

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105. Finalmente, la accionante cuestiona que, al momento de modificarse la lista en mención, se hubiese admitido la incorporación de tres nuevas candidatas que no formaban parte del listado inicial y que se hubiese modificado la modalidad de esta, pasando de ser una lista con voto preferente a una lista cerrada.

mención, se hubiese admitido la incorporación de tres nuevas candidatas que no formaban parte del listado inicial y que se hubiese modificado la modalidad de esta, pasando de ser una lista con voto preferente a una lista cerrada.

106. Al respecto, debe advertirse que el acto mediante el cual se revocó la inscripción inicial de la lista prese ntada por la coalición del Pacto Histórico tenía por objeto, justamente, la incorporación de una mayor proporción de participantes mujeres, por lo que, en todo caso, debía modificarse el listado de candidatos que aceptaron inicialmente la postulación. De o tra forma, la nueva lista tendría que ser obligatoriamente idéntica a aquella presentada originalmente, lo que carecería totalmente de sentido.

107. Así mismo, es pertinente señalar que, conforme lo señalado en los incisos primero y segundo del artículo 2 62 de la Constitución Política, la selección de los candidatos que integrarán las listas presentadas por las organizaciones política corresponde a su libre juicio, sin más límites que los impuestos por la Constitución y la ley, fuentes que de ninguna manera han limitado la posibilidad de variar la identidadRadicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00

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de los integrantes de las listas en mención tras haberse producido una revocatoria de la presentada inicialmente.

108. En similar sentido, el inciso tercero de la misma norma superior señala que la decisión de optar o no por el voto preferente como modalidad de distribución de curules al interior de la lista de una misma fuerza política, corresponde a los partidos,

108. En similar sentido, el inciso tercero de la misma norma superior señala que la decisión de optar o no por el voto preferente como modalidad de distribución de curules al interior de la lista de una misma fuerza política, corresponde a los partidos, sin que exista ninguna limitación que impida variar dicha opción en el evento señalado en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011”.

30.- Bajo este escenario, no hay duda de que los argumentos expuestos por la accionante fueron resueltos en su totalidad por el Consejo de Estado - Sección Quinta; pues si bien la parte demandante indica que se omitió valorar el escrito allegado a el 14 de febrero de 2022 al CNE y de manera arbitraria se negó el decreto de la prueba testimonial de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tendiente a dar cuenta del conocimiento que tenían respecto de la mencionada comunicación lo cierto es que el despacho sustanciador encontró que en el expediente existían elementos probatorios que daban cuenta sobre el particular y sobre la valoración que del mismo realizó el Consejo Nacional Electoral.

31.- Así mismo, contrario a lo afirmado por l a accionante, se puede observar, sin lugar a dubitaciones, que la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos alegados, pues, por el contrario, se advierte un análisis completo, serio, racional y coherente de todas las pruebas arrimadas al proceso, hasta de las que los actores consideran de