CE - 010315000202301785001SENTENCIA20230504163446

Demandantes: María Francisca Salas Martinez y otros

Demandado: Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal Administrativo del Atlántico Radicado: 11001-03-15-000-2023-01785-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación n.º: 11001-03-15-000-2023-01785-00

Demandante: MARÍA FRANCISCA SALAS MARTINEZ Y OTROS

Demandado: SALA DE DECISIÓN ORAL “C” DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

Temas: Tutela contra providencia judicial – caducidad – acción de reparación directa

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por la señora María Francisca Salas Martínez, actuando en nombre propio y, en representación de su hija menor de edad, Licibet Mugno Salas; junto con el señor Jorge Eliecer Mugno Villar y las señoras Andrea Carolina Mugno Salas y Mary Paz Mugno Salas; en contra de la Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal Administrativo del Atlántico , en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

Mugno Salas; en contra de la Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal Administrativo del Atlántico , en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 12 de marzo de 2023 al buzón web del Consejo de Estado1, la señora María Francisca Salas Martínez y otros, instauraron una acción de tutela en contra de la Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal Administrativo del Atlántico, con el objetivo de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, la equidad, de acceso a la administración de justicia y el principio de seguridad jurídica.

2. La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 11 de octubre de 2022, proferida por la autoridad judicial accionada, que revocó la decisión de primera instancia que había accedido

1 La Secretaría General del Consejo de Estado asignó por reparto el expediente de la referencia el 13 de abril de 202 3. En la misma fecha, el expediente pasó al despacho para proveer sobre la admisión de la demanda de tutela.Demandantes: María Francisca Salas Martinez y otros

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parcialmente a las pretensi ones del medio de control de reparación directa que

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parcialmente a las pretensi ones del medio de control de reparación directa que aquellos habían ejercido en contra de la Registraduría General de la Nación y la Notaría Séptima del Círculo de Barranquilla, radicado 08-001-33-31-005-201500104-01. En su lugar, el Tribunal Administrati vo del Atlántico declaró probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por las entonces demandadas.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, los demandantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidieron lo siguiente:

En consecuencia, a esto señor juez de tutela ordene al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA DE DECISION ORAL “C”, MAGISTRADO PONENTE DR JAVIER EDUARDO BORNACELLY CAMPBELL, que rehaga la s entencia la emitida el 11 de octubre de 2022;

Radicación del proceso 08-001-33-31-005-2015-00104-01 Clase de proceso Ordinario Medio de Control Reparación directa Demandante María Francisca Salas Martinez y otros Demandado Registraduría General de la Nación y la Notaría Séptima de Barranquilla

Con las consideraciones del daño continuado que tanto ha decantado (la transcripción corresponde al texto original de la demanda de tutela, puede contener errores).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

Notaría Séptima de Barranquilla

Con las consideraciones del daño continuado que tanto ha decantado (la transcripción corresponde al texto original de la demanda de tutela, puede contener errores).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. El 28 de mayo de 2006, l a señora María Francisca Salas Martínez, identificada con cédula de ciudadanía n.° 57.303.445 expedida en Pivijay

(Magdalena), intentó ejercer el derecho al voto, pero en ese momento se enteró de que su documento de identidad había sido cancelado por “muerte”. Seguido, tuvo conocimiento de que esto fue a consecuencia de la anotación en el registro civil de defunción n.° 4768060 del 14 de diciembre de 2004 de la Notaría Séptima del Círculo de Barranquilla, que declaró su deceso.

5. El 24 de julio de 2009 la accionante formuló una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigara lo ocurrido y, al tiempo, instauró una acción de tutela en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Notaría Séptima del Círculo de Barranquilla, por la vulneración de sus derechos fundamentales.

6. Esta última actuación, fue decidida por el Tribunal Administrativo de Barranquilla que, en sentencia del 30 de noviembre de 2009, le ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil “extender el plazo de la vigencia de la contraseña que [le] fue expedida el día 01 de diciembre de 2006”.

7. La demandante afirmó que, el 18 de marzo de 2010, recibió una nueva cédula

Registraduría Nacional del Estado Civil “extender el plazo de la vigencia de la contraseña que [le] fue expedida el día 01 de diciembre de 2006”.

7. La demandante afirmó que, el 18 de marzo de 2010, recibió una nueva cédula de ciudadanía, como consecuencia de la resolución n.° 0775 del 5 de febrero deDemandantes: María Francisca Salas Martinez y otros

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2010, mediante la cual la Registraduría Nacional del Estado Civil restableció la vigencia de su documento de identidad.

8. Luego, con la resolución n.° 9320 de 2010 , la Dirección Nacional de Identificación le canceló nuevamente la cédula de ciudadanía por “muerte”, ya que el registro civil de defunción n.° 4768060 aún se encontraba vigente.

9. Por resolución del 17 de diciembre de 2012, la Fiscalía 43 delegada ante los jueces del circuito de Barranquilla le solicitó al Notario Séptimo de esa localidad que anulara el registro civil de defunción n.° 4768060. Esta orden se ejecutó el 14 de enero de 2013.

10. Mediante indicativo serial n.° 07285450 del 23 de enero de 2013, la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó el registro civil de de función de su homónima, la señora María Francisca Salas Martínez , identificada con cedula de

10. Mediante indicativo serial n.° 07285450 del 23 de enero de 2013, la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó el registro civil de de función de su homónima, la señora María Francisca Salas Martínez , identificada con cedula de ciudadanía n.° 26.809.800, expedida en Pedraza (Magdalena).

11. El 3 de septiembre de 2013, el apoderado de la parte actora radicó solicitud de conciliación extrajudicial, admitida por el procurador 14 Judicial II, la cual se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2013.

12. El 10 de noviembre de 2014 , los accionantes formularon la demanda de reparación directa contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Notaría Séptimo de Barranquilla, por la falla del servicio . Esto con el objetivo de obtener el resarcimiento de los daños materiales e inmateriales causados con la expedición errada del registro civiles de defunción y la anulación de la cédula de ciudadanía de la señora Salas Martínez.

13. En primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Barranquilla en fallo del 24 de septiembre de 2019 , declaró: (i) no probada la excepción de caducidad y (ii) “responsable a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la anulación de la cédula de ciudadanía de la demandante y la errada expedición de su certificado de defunción”. En consecuencia, ordenó la reparación del daño causado. Esta decisión fue apelada por las partes.

14. En segunda instancia, la Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal Administrativo

su certificado de defunción”. En consecuencia, ordenó la reparación del daño causado. Esta decisión fue apelada por las partes.

14. En segunda instancia, la Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal Administrativo de Atlántico en sentencia del 11 de octubre de 2022, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró la caducidad de la acción, bajo el argumento de que la señora Martinez Salas “tuvo conocimiento del hecho generador del daño el día 28 de mayo de 2006, y no existe duda ni controversia sobre dicha fecha, por lo tanto, los términos legales señalados para la presentación de la demanda fenecieron el día 29 de mayo de 2008”. Esta decisión fue notificada el día 25 siguiente.Demandantes: María Francisca Salas Martinez y otros

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1.4. Sustento de la vulneración

15. La parte actora expuso que el Tribunal Administrativo del Atlántico debió aplicarle el término de caducidad bajo el presupuesto de que se trató de un daño continuado, el cual cesó el 14 de enero de 2013, “fecha en la que se realizó el levantamiento o anulación del registro civil de defunción y , para el día 10 de noviembre de 2014, cuando se presentó la demanda, no habían transcurrido el término legalmente establecido”.

16. En criterio de los demandantes , el ad quem desconoció el precedente del

noviembre de 2014, cuando se presentó la demanda, no habían transcurrido el término legalmente establecido”.

16. En criterio de los demandantes , el ad quem desconoció el precedente del Consejo de Estado sobre el daño continuado. En este sentido, trajo a colación:

(i) La sentencia AG-00029 del 18 de octubre de 2007, rad. 224557 de la Sección Tercera; según la cual, el “daño continuado o de tracto sucesivo, se entiende por él, aquél que se prolonga en el tiempo, sea de manera continua o intermitente”.

(ii) El fallo del 19 de julio de 2007, exp. 31135 de la Sección Tercera, que frente al tema señaló que:

(…) los daños que se reclaman tienen la calidad de continuados como quiera que se producen de manera sucesiva en el tiempo, esto es, día a día sin que exista solución de continuidad. Al respecto, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sección, en el sentido de que cuando se demanda la reparación de un daño continuado en el tiempo, como sería el caso de la desaparición forzada, el término para intentar la acción, solo inicia su conteo a partir del momento en que se verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo.

Lo anterior permite de manera inhesitable colegir que el carácter continuado del daño no impide ac udir a la jurisdicción para reclamar su indemnización en acción de reparación directa, como quiera que el mismo no se ha consolidado, situación que de igual manera no da lugar a la configuración del fenómeno de la caducidad .

(iii) La sentencia del 16 de agosto de 2001, rad. 2035395 , de la Sección

igual manera no da lugar a la configuración del fenómeno de la caducidad .

(iii) La sentencia del 16 de agosto de 2001, rad. 2035395 , de la Sección Tercera, que sobre el daño continuado, señaló lo siguiente:

No obstante, cuando el perjuicio se produce o se manifiesta en un momento posterior o se trata de daños permanentes, de tracto sucesivo o que se agravan con el tiempo, surgen dificultades para su determinación. (…) [En distintos pronunciamientos del Consejo de Estado, se pueden deducir varias reglas] Una primera regla puede inferirse de [que] no es posible aislar las afirmaciones que en ellas se hace relacionadas con el fenómeno de la caducidad de la acción, para deducir criterios de aplicación general, pues deben tenerse en cuenta las circunstancias particulares del caso. Es decir, dichas afirmaciones deben ser entendidas dentro del contexto de la decisión. Una segunda regla que ha sido adoptada por la Sala en varias providencias es la de preferir en la interpretación de los casos complejos la aplicación del principio pro damato, lo cual implica un alivio de los rigores de la caducidad con respecto a las víctimas titulares del derecho al resarcimiento.

En síntesis, en un tema tan complejo como el de la cadu cidad, que involucra de una parte razones de justicia y de otra el interés de la seguridad jurídica, no es posible establecer criterios absolutos, pues todo depende de las circunstancias que rodean el caso concreto.” “Para la solución de los casos difícile s como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquéllos que se producen sucesivamente, o de los que sonDemandantes: María Francisca Salas Martinez y otros

Demandado: Sala de Decisión Oral “C”

agravan con el tiempo, o de aquéllos que se producen sucesivamente, o de los que sonDemandantes: María Francisca Salas Martinez y otros

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el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción, de tal manera qu e si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no se niegue la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales daños no concurra con su origen.

(iv) Auto del 15 de febrero de 1996, rad. 11239, de la Sección Tercera, según el cual:

En este momento del discurso judicial, la Sala reitera la pauta jurisprudencial en el sentido de que en casos como el presente, cuando los daños se van causando día a día, esto es, en forma de tracto sucesivo, EL TERMINO DE CADUCIDAD NO SE AGOTA MIENTRAS LOS DAÑOS SE SIGAN PRODUCIENDO. En esta materia la Sala hace suya la perspectiva doctrinaria que el Dr. Tomás Ramón Fernández maneja en su conferencia: ‘El contencioso administrativo y la responsabilidad del Estado’… ‘El dies aquo del cómputo es también, desde hace años, objeto de un análisis muy amplio estimándose que EL PLAZO NO EMPIEZA A CORRER EN TANTO LOS DAÑOS SE

quo del cómputo es también, desde hace años, objeto de un análisis muy amplio estimándose que EL PLAZO NO EMPIEZA A CORRER EN TANTO LOS DAÑOS SE

SIGAN PRODUCIENDO POR MUCHO QUE SEA EL TIEMPO TRANSCURRIDO

DESDE QUE TUVO LUGAR EL HECHO QUE LOS DESENCADENÓ.

17. Con base en lo anterior, concluyeron que al tribunal accionado le correspondía verificar las circunstancias del caso para analizar la caducidad bajo la hipótesis del daño continuado.

1.5. Admisión de la demanda

18. La magistrada ponente de la presente decisión, mediante auto del 13 de abril de 2023: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar a los integrantes de la Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal Administrativo del Atlántico, como autoridad judicial accionada y iii) vinculó, en c alidad de terceros con interés al Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la

Notaría Séptima del Círculo de Barranquilla.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico

19. El magistrado sustanciador de la providencia acusada solicitó que se declarara la improcedencia de la acción o, en su defecto, se negaran las pretensiones del amparo.

20. Según el funcionario, la providencia censurada fue clara en determinar que, en el caso concreto, operó la caducidad, “pues una vez la demandante, tuvo conocimiento del hecho generador del daño, por parte de las demandadas, se encontraba en la facultad para iniciar las acciones pertinentes ”, sin embargo, no lo

en el caso concreto, operó la caducidad, “pues una vez la demandante, tuvo conocimiento del hecho generador del daño, por parte de las demandadas, se encontraba en la facultad para iniciar las acciones pertinentes ”, sin embargo, no lo hizo y dejó precluir el plazo legal, por lo que la presentación del medio de control de reparación directa, fue extemporánea.Demandantes: María Francisca Salas Martinez y otros

Demandado: Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal Administrativo del Atlántico Radicado: 11001-03-15-000-2023-01785-00

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21. Finalmente, señaló que la demanda no cumple con la carga argumentativa mínima exigida en acciones de tutela contra providencias judiciales, toda vez que la actora no precisó ni identificó las razones en las que funda su reclamación, ya que se limitó a afirmar que se desconoció el precedente del Consejo de Estado sobre el término de caducidad cuando se trata de un daño continuado, pero ese argumento “no se corresponde, con lo dilucidado en la sentencia en cuestión, pues en ella, se advierte, un estudio juici oso, de los hechos que frente al tema bajo estudiocaducidadresultaron probados”.

22. En suma, el magistrado afirmó que la providencia acusada no adolece de ninguna causal que viabilice la presente acción de tutela.

1.6.2. Registraduría Nacional del Estado Civil

23. El jefe de la Oficina Jurídica afirmó que carece de legitimación en la causa

ninguna causal que viabilice la presente acción de tutela.

1.6.2. Registraduría Nacional del Estado Civil

23. El jefe de la Oficina Jurídica afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva porque lo pretendido en este recurso de amparo no puede ser satisfecho por la entidad, dadas sus competencias legales.

24. De otra parte, manifestó que , desde el 22 de septiembre de 2011, la Registraduría Nacional del Estado Civil subsanó los yerros que afectaron a la demandante, por lo que pidió que se desvinculara a la entidad del asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

25. Esta Sala es c ompetente para conocer de la demanda presentada por la señora María Francisca Salas Martínez, actuando en nombre propio y, en representación de su hija menor de edad, Licibet Mugno Salas; junto con el señor Jorge Eliecer Mugno Villar y las señoras Andrea Carolina Mugno Salas y Mary Paz Mugno Salas , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 d e 2017, el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

26. Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial contra la que se dirige la acción de tutela es el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en tal sentido, debe aplicarse el numeral 5.° del Decreto 333 de 2021.

26. Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial contra la que se dirige la acción de tutela es el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en tal sentido, debe aplicarse el numeral 5.° del Decreto 333 de 2021.

2.2. Problema jurídico

27. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las respectivas pretensiones elevadas y el material probatorio recaudado, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico:Demandantes: María Francisca Salas Martinez y otros

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• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial?

28. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente

problema:

• ¿La sentencia del 11 de octubre de 2022, proferida por la Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al declarar la caducidad del medio de control de reparación directa?

29. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) requisitos de procedibilidad adjetiva y iii) caso en concreto.

2.3 Cuestión previa

30. Previo a analizar la procedencia de la acción, la Sala observa que la

providencia judicial; ii) requisitos de procedibilidad adjetiva y iii) caso en concreto.

2.3 Cuestión previa

30. Previo a analizar la procedencia de la acción, la Sala observa que la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó la desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva. Esto lo pidió bajo el argumento de que no está dentro de sus funciones satisfacer lo pretendido en este recurso de amparo y, porque, en cualquier caso, desde el 22 de septiembre de 2011, esa institución subsanó los yerros que afectaron a la demandante.

31. Esta solicitud será negada, toda vez que entidad fue llamada a este trámite porque, eventualmente, podría verse afectada con la decisión que se llegare a adoptar en el presente caso, en la medida de que la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo las veces de demandada en la acción de reparación directa, cuya decisión de segunda instancia, se impugna vía tutela. En consecuencia, tiene interés en el asunto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20122 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 3 y declaró su procedencia.4

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

procedencia.4

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandantes: María Francisca Salas Martinez y otros

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33. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

34. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos

analice el fondo del asunto.

34. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

35. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

36. Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la decisión que declaró la improcedencia de la acción constitucional, dado que el asunto no satisface el requisito de relevancia constitucional, en tanto que no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 20225.

2.5.2. Sentencia SU -215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de criterios en materia de relevancia constitucional

37. A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro de una acción de tutela

37. A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.

38. La acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra las

5 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandantes: María Francisca Salas Martinez y otros

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liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados por RTI S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el impuesto sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.

39. En el proceso de tutela llevado a cabo por el Consejo de Estado, la Sección Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia por no encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó otros cargos de la acc ión constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera confirmó integralmente la decisión del a quo.

satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó otros cargos de la acc ión constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera confirmó integralmente la decisión del a quo.

40. Se resalta que, al momento de estudiar los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección Quinta se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad. En cuanto a la Sección Primera, estudió los 6 requisitos fijados por la Corte Constitucional. Pese a que los encontró satisfechos todos, salvo el de la subsidiariedad frente a uno de los cargos, sobre la relevancia constitucional determinó que “se invocaron los derechos fundamentales presuntamente vulnerados”.

41. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

42. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las provide ncias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:

“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accio nante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue

control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

43. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento d e los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución”.Demandantes: María Francisca Salas Martinez y otros

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