CE - 010315000202301792001SENTENCIAFALLO20230504155845

Demandantes: Osnaider Albeiro Vásquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Rad: 11001-03-15-000-2023-01792-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01792-00

Demandantes: OSNAIDER ALBEIRO VÁSQUEZ Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA PRIMERA

DE ORALIDAD

Tema: Tutela contra providencia judicial – defecto sustantivo y desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por intermedio de apoderado judicial por los señores Osnaider Albeiro Vásquez Arenas, Cecilia Rosa Arenas Salazar, María Camila Arenas Salazar, Carlos Mario Vásquez Arenas y Claudia Elena Vásquez Arenas contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. La parte actora, actuando mediante apoderado judicial, interpuso acción de

Vásquez Arenas y Claudia Elena Vásquez Arenas contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. La parte actora, actuando mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial referenciada porque considera que le han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad.

2. En criterio de los accionantes tales garantías constitucionales resultaron quebrantadas con ocasión de la sentencia del 6 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Primera de Oralidad. En esta providencia se revocó la decisión de pri mera instancia adoptada por el Juzgado Veintiocho (28) Administrativo de Medell ín el 13 de febrero de 2019 al interior del medio de control de reparación directa, promovido por los actores contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional– Ejército Nacional, designado con el radicado N.º 05001-33-33-028-2016-00177-00/01, en orden a negar las pretensiones1.

1 Mediante escrito radicado el 12 de abril de 2023 a través de la ventanilla virtual y posteriormente remitido al buzón tutelaenlinea1@deaj.ramajudicial.gov.co .Demandantes: Osnaider Albeiro Vásquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Rad: 11001-03-15-000-2023-01792-00

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1.2. Pretensiones

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1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha 6 de diciembre de 2022, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia siendo magistrado ponente el doctor ALVARO CRUZ RIAÑO dentro del radicado 05001333302820160017701.

SEGUNDO: En consecuencia y al encontrarse sin efecto jurídico la sentencia revocada, se proceda a proferir sentencia mediante la cual se CONFIRME la responsabilidad administrativa de la entidad accionada y se acceda a la totalidad de las pretensiones concedidas en primera instancia imponiendo la obligación de reparación en favor de los intereses de OSNAIDER VASQUEZ ARENAS y los demás integrantes del núcleo familiar demandante.

TERCERO: Las demás disposiciones que el alto tribunal considere prudentes y necesarias para garantizar lo s derechos fundamentales de mi mandante. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El señor Osnaider Alberto Vásquez Arenas prestó el servicio militar obligatorio como soldado regular para el Grupo Mecanizado de Caballería número 4 Juan del Corral, con sede en el municipio de Rionegro Antioquia, luego de ser considerado apto física y psicológicamente. Ello por el periodo comprendido entre

obligatorio como soldado regular para el Grupo Mecanizado de Caballería número 4 Juan del Corral, con sede en el municipio de Rionegro Antioquia, luego de ser considerado apto física y psicológicamente. Ello por el periodo comprendido entre el 29 de enero de 2013 y el 25 de octubre de 2014.

6. El 18 de agosto de 2013, estando en su unidad militar, el señor Osnaider Alberto sufrió un episodio psiquiátrico que requirió manejo intrahospitalario en el hospital mental de Antioquia. De conformidad con su historia clínica, ello habría sido producto del estrés generado por amenazas que recibió en su contra.

7. El 24 de septiembre de 201 4 el joven fue descuartelado del servicio militar por tiempo cumplido, y fue declarado pendiente por sanidad debido a su afección psiquiátrica.

8. De conformidad con valoración psiquiátrica realizada por sanidad militar en junta médico laboral N. º75486 del 12 de febrer o de 2015 se le diagnosticó enfermedad como rasgos disóciales de personalidad.

9. Con posterioridad , el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, mediante acta Nº M15 -143 del 2 de junio de 2015, determinó que las afecciones que padecía el señor Vásquez Arenas, para la fecha, le ocasionabanDemandantes: Osnaider Albeiro Vásquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Rad: 11001-03-15-000-2023-01792-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 una disminución de capacidad laboral del 11.5%, por cuadro de trastorno depresivo.

10. En atención a lo a nterior, la parte accionante ejerció el medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. Esto con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por la lesión padecida por Osnaider Albeiro Vásquez Arenas durante la prestación del servicio militar obligatorio.

11. Mediante sentencia del 13 de febrero de 2019, el Juzgado Veintiocho (28) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín accedió a las pretensiones de la demanda luego de aplicar el régimen objetivo de responsabilidad. Lo anterior, bajo la consideración de que el daño sufrido por el soldado conscripto ocurrió durante la prestación del servicio militar obligatorio.

12. Inconforme con lo anterior, el extremo demandado interpuso recurso de apelación contra la referida decisión. En su concepto, la patología del señor Vásquez Arenas no guarda nexo de causalidad con el servicio militar obligatorio.

Consideró que el hecho de prestar servicio militar no era suficiente para establecer responsabilidad estatal, en la medida en que no se advierte la presencia de alguna falla o riesgo creado por parte del Estado.

13. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, con providencia del 17 de noviembre de 2022, revocó la decisión proferida en primer

falla o riesgo creado por parte del Estado.

13. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, con providencia del 17 de noviembre de 2022, revocó la decisión proferida en primer grado. Por tanto, dispuso denegar las pretensiones del medio de control promovido.

14. Como fundamento de su resolutiva, el juez de la alzada manifestó que, si bien era cierto que el padecimiento de Osnaider Albeiro fue detectado durante la prestación del servicio militar, también lo es que se trata de una enfermedad que no se originó en el servicio. En ese sentido, consideró que no obraba prueba de que el da ño antijurídico alegado tenía una relación de causalidad sino, por el contrario, con problemas que presentaba con su propia familia y amenazas realizadas por terceros. Por ello, concluyó que el padecimiento del joven no devenía de una sobreexposición al riesgo frente al de sus compañeros, por lo cual, no era procedente condenar a la demanda.

1.4. Fundamentos de la solicitud

15. En primer lugar, la parte accionante afirmó que en el sub judice concurren los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. De otro lado, con relación a los cargos específicos, arguyó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, al proferir la sentencia del 6 de diciembre de 2022, incurrió en una errática aplicación del régimen de responsabilidad objetivo en los casos de lesiones de conscriptos que, a su vez, aparejó una indebida interpretación del precedente judicial.Demandantes: Osnaider Albeiro Vásquez y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

en los casos de lesiones de conscriptos que, a su vez, aparejó una indebida interpretación del precedente judicial.Demandantes: Osnaider Albeiro Vásquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Rad: 11001-03-15-000-2023-01792-00

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16. Al efecto, precisó que se encontraba plenamente acredita do el daño sufrido

(historia clínica), el nexo con el servicio (informe de lesiones) y su calidad de soldado conscripto.

17. Indicó que, contrario a lo afirmado por el tribunal accionado, en virtud del régimen objetivo de responsabilidad aplicable a las pers onas que sufren un daño durante la prestación del servicio militar obligatorio, la carga que en principio debía soportar el ciudadano se ve desbordada cuando en vigencia de su vinculación con las fuerzas de seguridad del Estado, empieza a recibir amenazas.

18. Consideró como cierto y probado que los padecimientos de salud mental, angustia y estrés del demandante Osnaider Albeiro Vásquez, si bien no podían ser ligados a un evento específico del servicio militar, derivaban de su vinculación a la entidad, la cual, por lo demás, se formalizó de manera obligatoria, y las amenazas de las que fue víctima surgieron del relacionamiento necesario del ciudadano con la institución militar y las condiciones de su contexto social previo a la incorporación.

19. Al margen de ello, expuso que estando en servicio sus síntomas se modificaron porque su diagnóstico inicial fue trastorno de personalidad, sin

la institución militar y las condiciones de su contexto social previo a la incorporación.

19. Al margen de ello, expuso que estando en servicio sus síntomas se modificaron porque su diagnóstico inicial fue trastorno de personalidad, sin embargo, con posterioridad mutó y se agravó a cuadro depresivo, tan así, que el Tribunal Médico Laboral varió la calificación de disminución de capacidad laboral que inicialmente reportó en 0%.

20. En esta orientación, señaló que los miembros activos de las fuerzas militares se ven expuestos a factores de riesgo por parte de integrantes de grupos ilegales por medio de amenazas a su humanidad o que ponen en peligro la vida y la integridad de sus familiares, situación que genera estrés para quien las padece, máxime cuando el ciudadano está vinculado temporalmente a la institución con ocasión de la prestación del servicio militar.

21. Finalmente, citó in extenso una decisión de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado del 19 de abril de 2012 en el expediente con radicado N.°21515, en la cual aplicaron el régimen objetivo de daño especial.

1.5. Trámite de la acción de tutela

22. Mediante auto del 14 de abril de 2023, el magistrado ponente de esta providencia admitió la tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, como autoridad judicial accionada. A su vez, se ordenó la vinculación como terceros con interés de (i) la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional 2, (ii) el Juzgado Veintiocho (28)

se ordenó la vinculación como terceros con interés de (i) la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional 2, (ii) el Juzgado Veintiocho (28) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá 3, y de la (iii) Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

2 Parte demandada en el proceso ordinario de reparación directa. 3 El cual fungió como juez de primera instancia dentro del proceso.Demandantes: Osnaider Albeiro Vásquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Rad: 11001-03-15-000-2023-01792-00

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1.6.1. Juzgado veintiocho (28) Administrativo oral de Medellín

23. Por intermedio de la titular del juzgado, la autoridad judicial vinculada señaló que efectivamente mediante providencia del 13 de febrero 2019 concedió las pretensiones de la demanda. Señaló que la decisión se sustentó en los precedentes jurisprudenciales de unificación en la materia.

24. Resaltó que se acogerá a la posición asumida en el presente fallo de tutela, no sin antes dej ar de presente que no vulneró derecho fundamental alguno de los accionantes.

1.6.2. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional

25. Por intermedio de la coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de dicha autoridad manifestó que, en el caso en concreto, la parte actora omitió su

accionantes.

1.6.2. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional

25. Por intermedio de la coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de dicha autoridad manifestó que, en el caso en concreto, la parte actora omitió su deber de señalar con claridad los defectos en los que incurrió la accionada al momento de proferir la providencia objeto de reproche. Aunado a ello, señaló que el escrito petitorio trae a colación discusiones probatorias ya dilucidadas dentro del medio de control respectivo.

26. Precisó que, este mecanismo constitucional no puede ser una tercera instancia en la que se controvierta una decisión adversa , pues el reproche versa sobre la interpretación de una norma.

27. Consideró que los factores que detonaron los padecimientos de Osanider Albeiro Arenas, son externos a su vinculación con el Estado , pues el accionante inició el ejercicio del servicio militar obligatorio con ideas sui cidas por las amenazas que estaba recibiendo de terceros. En ese sentido, mencionó que, si bien las afecciones se detectaron durante su vínculo con el Estado, no son atribuibles al Ejército Nacional.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

28. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la parte actora. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artícul o 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

numeral 8° del artícul o 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

29. En primer lugar, la Sala advierte que la parte accionante está legitimada en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991. En efecto, integraron la parte demandante en el proceso de reparación directa iniciado contraDemandantes: Osnaider Albeiro Vásquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Rad: 11001-03-15-000-2023-01792-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en el que se dictó la providencia controvertida en esta acción de tutela.

30. En consecuencia, la parte accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superar se permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

31. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de oralidad está legitimado en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que profirió el fallo que puso fin al proceso de reparación directa y que se censura por medio de esta acción constitucional.

2.3. Problema jurídico

ser la autoridad judicial que profirió el fallo que puso fin al proceso de reparación directa y que se censura por medio de esta acción constitucional.

2.3. Problema jurídico

32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos

a resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos gener ales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se resolverá:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sección Primera de Oralidad vulneró los derechos fundamentales invocados por presuntamente incurrir en desconocimiento del precedente judicial al proferir la sentencia del 6 de diciembre de 2022, a través de la cual revocó la decisión de acceder a las pretensiones formuladas?

33. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el estudio de los requisi tos generales de procedibilidad, y de superarse; (iii) las generalidades de los defectos alegados y, (iv) análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 4. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes

criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 4. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 5. En la referida sentencia se estableció que la tutela

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.Demandantes: Osnaider Albeiro Vásquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Rad: 11001-03-15-000-2023-01792-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales6.

35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 7. En esta decisión se establecieron seis requisitos generales de procedencia 8 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.

36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala estudiará si se superan los siguientes requisitos

generales de procedencia:

especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.

36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala estudiará si se superan los siguientes requisitos

generales de procedencia:

1. que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho vi) cuando proceda, efecto decisivo de la irregularidad procesal

37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de

6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela con tra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 8 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental

hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 9 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación d el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta

fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumpli miento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis qu e se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.Demandantes: Osnaider Albeiro Vásquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Rad: 11001-03-15-000-2023-01792-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada

de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Tutela contra tutela

39. En el caso objeto de estudio, resulta claro para la Sala que no existe reparo alguno frente al cumplimiento de esta exigencia, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza. Ello, pues la providencia que se censura fue proferida dentro del medio de control de reparación directa reseñado en líneas precedentes.

2.6.2. Inmediatez

40. En relación con esta exigencia no se advierte ningún reproche, si se tiene en cuenta que la decisión bajo cuestionamiento fue dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sección Primera de Oralidad el 6 diciembre de 2022, mientras que la acción constitucional fue incoada el 12 de abril de 2023.

41. Así las cosas, sin necesidad de determinar la fecha en que adquirió ejecutoria, se observa que se interpuso dentro del término que esta Sala ha considerado razonable para el uso del mecanismo excepcional.

42. Lo anterior, de conformidad con la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo

considerado razonable para el uso del mecanismo excepcional.

42. Lo anterior, de conformidad con la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C590 de 2005 11, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.6.3. Subsidiariedad

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez. 11 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere int erpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.Demandantes: Osnaider Albeiro Vásquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Rad: 11001-03-15-000-2023-01792-00

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Rad: 11001-03-15-000-2023-01792-00

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43. Respecto de este requisito, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera causarle a sus derechos fundamentales; esto, toda vez que contra la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia no procede ningún recurso ordinario.

44. De otra parte, de los argumentos expuestos en el libelo tampoco se advierte que respecto de los mismos sean procedentes lo s recursos extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia contenidos en los artículos 248 y 256 de la Ley 1437 de 2011.

2.6.4. Relevancia constitucional

45. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término «relevancia constitucional » en la sentencia C -590 de 2005 12. En esta providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se c umplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,

en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó , el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó , el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tu tela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes 13. (Subrayado fuera de texto).

46. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU -215 de 202214, el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto

12 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 200 5 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal Constitucional si bien aún no contemplaba como r