CE - 010315000202301870001SENTENCIAFALLOTUTE20230616094651

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2023-01870-00

Demandante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Demandado: SALA SEGUNDA DECISIÓN DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

CARGA DE LA PRUEBA . VALORACIÓN RAZONABLE DE

LA PRUEBA . SE ALEGÓ UN PRESUNTO

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE SOBRE

RECONOCIMIENTO DE LUCRO CESANTE A MENORES Y

SE INCLUYERON ARGUMENTOS QUE NO SE

PLANTEARON EN EL PROCESO ORDINARIO,

HABIÉNDOSE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE HACERLO.

Síntesis del caso: se cuestionó la providencia de segunda instancia proferida en el marco de un proceso de reparación directa que condenó al ICBF al pago de los perjuicios causados a los demandantes, por motivo de la caída que sufrió una menor mientras se encontraba en uno de sus centros de aprendizaje. La Sala negará la acción de tutela, tras evidenciar que no se configuraron lo s defectos sustantivo y desconocimiento del precedent e y declarará la improcedencia del amparo por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad frente al fáctico porque se trata de argumentos nuevos que, habiendo

desconocimiento del precedent e y declarará la improcedencia del amparo por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad frente al fáctico porque se trata de argumentos nuevos que, habiendo tenido la oportunidad, no se plantea ron en el proceso ordinario y la accionada no tuvo la oportunidad de resolver.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Caquetá para la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 17 de abril de 2023 , la par te demandante promovió proceso de acción de tutela por motivo de la sentencia de 10 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante de la cual confirmó la2

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Actor: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Acción de tutela

decisión que declaró la responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – en adelante ICBF– por los perjuicios causados a la menor xx1.

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el ICBF señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. El 7 de mayo de año 2014, la menor xx se encontraba matriculada al Centro de Desarrollo Infantil (en adelante CDI) “Manitas Creativas” del ICBF ubicado en el Municipio de Puerto Rico (Caquetá) y aproximadamente a las 12:05 pm sufrió una caída porque se

Desarrollo Infantil (en adelante CDI) “Manitas Creativas” del ICBF ubicado en el Municipio de Puerto Rico (Caquetá) y aproximadamente a las 12:05 pm sufrió una caída porque se subió a unas llantas que estaban enterradas en la parte trasera de l centro educativo, lo cual le produjo una lesión en el brazo izquierdo y, posteriormente, unas complicaciones en la herida.

1. Los familiares de la menor demandaron en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de l ICBF para que se decla rara la responsabilidad patrimonial del Estado por los hechos antes mencionados.

1. Mediante sentencia del 30 de junio de 2020, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia declaró administrativa y patrimonialmente responsable al ICBF y, en consecuencia, lo condenó al pago de los perjuicios causados a los demandantes.

1. El ICBF apeló con fundamento en que el daño se produjo porque: i) la menor fue llevada a donde un sobandero que no tenía la idoneidad científica para tratar la lesión, ii) se realizó una mala praxis en la inserción de los clavos por parte de la Clínica Medilaser y iii) la parte demandante en lugar de realizar de inmediato la radiografía, lo hizo dos días después de ordenada y prefirió acudir a un sobandero.

1. A través de sentencia de 10 de noviembre de 2022 , el Tribunal Administrativo del Caquetá modificó el ordinal tercero de la sentencia de primer grado para excluir del reconocimiento de los perjuicios morales al señor Arcesio Arias Losada2 y, en lo demás; confirmó la decisión.

Caquetá modificó el ordinal tercero de la sentencia de primer grado para excluir del reconocimiento de los perjuicios morales al señor Arcesio Arias Losada2 y, en lo demás; confirmó la decisión.

1 Se suprime el nombre de la menor para proteger su derecho a la intimidad. 2 Bisabuelo de la menor.3

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1. La decisión se sustentó, por un lado, en que la manipulación del sobandero no fue lo que configuró el daño, sino la lesión sufrida dentro del CDI cuando la menor estaba bajo la guarda y cuidado del ICBF ; si la parte demandante consideraba que ello tuvo alguna incidencia debió probarlo con un dictamen pericial, pero no lo hizo.

1. Por otra parte, también descartó que el daño se concretó porque la Clínica Medilaser no colocó correctamente los clavos ”con base en que si bien esto desarrolló una infección que implicó el tratamiento con antibiótico, lo cierto es que no existe ningún elemento que señale alguna falla en la prestación del servicio médico”.

Fundamento de la vulneración

El ICBF cuestionó la providencia del 10 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá porque, en su criterio, incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, con base en los siguientes argumentos:

El defecto sustantivo se configuró en la medida que el tribunal interpretó de manera irrazonable que tenía la carga de aportar un dictamen pericial para demostrar que el daño alegado fue producto de la manipulación indebida que hizo el sobandero sobre el brazo

El defecto sustantivo se configuró en la medida que el tribunal interpretó de manera irrazonable que tenía la carga de aportar un dictamen pericial para demostrar que el daño alegado fue producto de la manipulación indebida que hizo el sobandero sobre el brazo de la menor y no un efecto del accidente.

Con tal interpretación se desconoció el artículo 167 del Código General del Proceso que dispone que corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Por su parte, el defecto por desconocimiento del precedente se configuró en la medida en que se desatendieron i) dos sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, en las cuales se dispuso reconocer el incremento del 25% por prestaciones sociales únicamente a víctimas que son dependientes, es decir, que son trabajadores para el momento de la ocurrencia de los hechos dañosos 3, más n o para los menores

3 Consejo de Estado , Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2015, rad. 15-001-23-31-000-200003838-01 (19.146) CP Stella Conto Díaz del Castillo y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de julio de 2019 , exp. 44572, CP Carlos Alberto Zambrano Barrera. frente a esta providencia sostuvo que, si bien este precedente se profirió en el marco de un caso de privación injusta última de la libertad, de la lectura de la parte resolutiva de la providencia se deduce que las reglas de unificación son aplicables a otros casos de responsabilidad extracontractual del Estado en los cuales haya lugar a reconocer y liquidar dicho perjuicio material.4

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otros casos de responsabilidad extracontractual del Estado en los cuales haya lugar a reconocer y liquidar dicho perjuicio material.4

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como ocurrió en el caso en concreto y ii) seis sentencias en las cuales esta Corporación solo reconoce el incremento del 25% a trabajadores dependientes4.

En resumen, en cuanto a este reproche, sostuvo que, contrario a los precedentes antes referidos, el tribunal en la providencia cuestionada reconoció y liquidó el lucro cesante en favor de la menor en un incremento equivalente al 25% por prestaciones sociales, sin que la parte demandante acreditara de manera suficiente la existencia de una relación laboral o que la menor al cumplir la mayoría de edad ingresaría al mundo laboral como trabajadora dependiente.

Por último, e l defecto fáctico se configuró porque el tribunal, por una parte, valoró de manera indebida las historias clínicas que daban cuenta que el daño sufrido por la menor concurrió causalmen te por el actuar del sobandero y la Clínica Medilaser, por consiguiente, se desvirtuaba su responsabilidad y, por otra, dedujo circunstancias que no constaban en el dictamen de la junta de calificación, como es el caso de la duración de la invalidez, pues dicho dictamen no expresaba si la incapacidad era permanente o transitoria, por lo que no podía el tribunal asumir dicha situación y ordenar la reparación del daño de forma vitalicia.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicit ó que se acceda a las siguientes súplicas:

“6.1. Se AMPAREN los derechos fundamentales y constitucionales a la

del daño de forma vitalicia.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicit ó que se acceda a las siguientes súplicas:

“6.1. Se AMPAREN los derechos fundamentales y constitucionales a la IGUALDAD, (art. 13), DEBIDO PROCESO (art. 29) y al ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (art. 229).

6.2. Se AMPARE cualquier otro derecho fu ndamental constitucional que se estime vulnerado o amenazado de la lectura de los hechos y las pruebas con base en la facultad oficiosa del juez constitucional de tutela y el principio iura novit curia.

6.3. Como consecuencia de lo anterior, sírvase REVOCAR la sentencia del 10 de noviembre de 2022, notificada el 25 de noviembre de 2022, y proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se confirmó parcialmente la sentencia proferida el 30 de junio de 2020 por el Juzgado Primero Admi nistrativo de Florencia y en su lugar, ORDENE al despacho accionado proferir una nueva sentencia de segunda instancia de conformidad

4 Las sentencias supuestamente desconocidas fueron proferidas por esta Corporación en los procesos con radicaciones interna: 16058 y 21112 (acumulados); 44572; 47203; 53610 y 51151.5

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con los derechos fundamentales evocados en el numeral anterior ”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Actor: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Acción de tutela

con los derechos fundamentales evocados en el numeral anterior ”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto de 8 de marzo de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación al presidente y magistrados integrantes d el Tribunal Administrativo del Caquetá y al titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia y a los señores Norbery Barrios Arias, Laura Kamila Puentes Barrios, Celestina Arias Mosquera y Arcesio Arias Losada, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Caquetá solicitó que se declare improcedente el mecanismo porque no cumplió con el presupuesto general de relevancia constitucional o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la acción de tutela debido a que no incurrió en los defectos alegados

Sobre el alegado defecto fáctico, manifestó que sí se tuvo en cuenta las historias clínicas que contenían las anotaciones relacionadas con que la menor fue llevada a donde un sobandero, no obstante, concluyó que si el ICBF consideraba que esa circunstancia era determinante para exonerarl o de responsabilidad, también debía adelantar todas las gestiones probatorias para sustentar su defensa.

En cuanto al defecto sustan tivo, sostuvo que el artículo 167 del CGP no discrimina ni especifica que el único obligado a probar es la parte demandante , por ende , al ICBF también le asistía la carga de demostrar las afirmaciones realizadas en el curso del

En cuanto al defecto sustan tivo, sostuvo que el artículo 167 del CGP no discrimina ni especifica que el único obligado a probar es la parte demandante , por ende , al ICBF también le asistía la carga de demostrar las afirmaciones realizadas en el curso del proceso de reparación directa.

Por último, respecto al desconocimiento del precedente , argumentó que las sentencias citadas por la parte actora no son fácticamente similares al caso, por lo que no constituyen un precedente vinculante.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el6

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siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela , 2) el caso concreto , 2.1) análisis de los requisitos de procedibilidad , 2.2) defecto sustantivo; 2.3) defecto fáctico y 2. 4) defecto por desconocimiento del precedente.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir

constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimien tos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a l Tribunal Administrativo del Caquetá con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022, por medio de la cual se confirmó la decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por los familiares de una menor de edad que sufrió un accidente en un centro de aprendizaje para infantes del ICBF.

El magistrado del tribunal demandado, en resumen, solicitó que se declare improcedente el mecanismo porque no cumplió con el presupuesto general de relevancia constitucional o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la acción de tutela debido a que no incurrió en los defectos alegados.

2.1. Análisis de los requisitos de procedibilidad

Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad en cuanto al defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y fáctico en lo relacionado7

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cuanto al defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y fáctico en lo relacionado7

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con la indebida valoración de la historia clínica , por cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de la parte afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez 5; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que estimó transgredidos.

Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute sí resulta de relevancia constitucional, en tanto lo que se reprocha es que el juez de segunda instancia del proceso de rep aración directa desconoció una norma aplicable al asunto, valoró de manera indebida unas pruebas determinantes para la decisión y desconoció unas sentencias supuestamente vinculantes sobre el reconocimiento del lucro cesante, asunto que no se pudo discutir ante el juez de la especialidad, pues dicho raciocinio, se reitera, se planteó fue por parte del ad quem.

Así las cosas, e n los términos en los que se propuso la controversia la Sala negará los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y fáctico, con excepción del reproche este último defecto relacionado con la valoración indebida del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila , por cuanto se declarará improcedente por falta de subsidiariedad por las razones que procederá a exponer:

2.2. Defecto sustantivo

Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila , por cuanto se declarará improcedente por falta de subsidiariedad por las razones que procederá a exponer:

2.2. Defecto sustantivo

1. Pues bien, previo a analizar si en el caso en concreto la autoridad demandada incurrió en un defecto sustantivo o no, es del caso precisar que una de las principales cargas procesales cuando se acude a la administrac ión de justicia es la concerniente a probar los hechos que se alegan, lo cual se conoce como “onus probandi”; este principio indica que por regla general corresponde a cada parte acreditar los hechos que invoca, tanto los que sirven de base para la demanda como los que sustentan las excepciones, de tal manera que deben asumir las consecuencias negativas en caso de no hacerlo.

1. En el ordenamiento jurídico colombiano el postulado del “ onus probandi ” fue consagrado en el Código Civil y se mantuvo en el artícul o 177 del Código de Procedimiento Civil de 1970 con la regla según la cual “ incumbe a las partes probar el

5 La providencia se notificó el 25 de noviembre de 2022 y la tutela se presentó el 17 de abril de 2023, esto es, en un plazo no superior a los seis meses.8

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supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen ”, con excepción expresa de los hechos notorios y las afirmacione s o negaciones indefinidas.

1. Posteriormente, con la expedición del Código General del Proceso , específicamente

con excepción expresa de los hechos notorios y las afirmacione s o negaciones indefinidas.

1. Posteriormente, con la expedición del Código General del Proceso , específicamente en el artículo 167, el legislador reafirmó tal principio, pero incluyó de manera expresa lo concerniente a la carga dinámica de la prueba que había sido desarrollada únicamente

jurisprudencialmente, veamos:

“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el ob jeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares”. (Se resalta)

1. Pues bien, en la tutela el ICBF atribuyó un defecto sustantivo debido a que el tribunal en la providencia cuestionada manifestó que debió aportar un dictamen pericial para demostrar que el daño alegado fue producto de la manipulación indebida que hizo el sobandero sobre el brazo de la menor y no un efecto del accidente6.

en la providencia cuestionada manifestó que debió aportar un dictamen pericial para demostrar que el daño alegado fue producto de la manipulación indebida que hizo el sobandero sobre el brazo de la menor y no un efecto del accidente6.

1. A su juicio, al habérsele trasladado la carga que tenía la parte demandante de probar que la c ausa del daño no fue la manipula ción del sobandero, el tribunal demandad o realizó una interpretación irrazonable, arbitraria y caprichosa que desconoció lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso.

6 “La demandada sostiene que no se demostró el nexo causal entre el daño y la conducta de la entidad, toda vez que la menor fue llevada a donde un sobandero, lo que modificó los sucesos posteriores, e implica que el daño alegado no fue un efecto del accidente, sino que fue producto de una indebida manipulación del brazo por una persona que no tenía la idoneidad científica. Para la Sala este argumento no tiene vocación de prosperidad, pues esto no fue lo que configuró el daño; este se concretó en la lesión sufrida dentro del CDI cuando estaba bajo la guarda y cuidado del ICBF, y si bien en la historia clínica se indicó que la menor había sido llevada a donde un sobandero, era necesario que se allegara un dictamen”.9

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1. Contrario a lo afirmado por la parte actora , el Tribunal Administrativo del Caquetá no inaplicó la referida norma ni realizó una interpretación irrazonable , pues precisamente

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1. Contrario a lo afirmado por la parte actora , el Tribunal Administrativo del Caquetá no inaplicó la referida norma ni realizó una interpretación irrazonable , pues precisamente conforme a ese postulado, concluyó que era su carga probar que el daño se concretó por la manipulación del sobandero y no por la caída de la menor en las instalaciones del CDI Manitos Crea tivas, pues fue quien alegó tal situación en su defensa , y por ende , le correspondía incorporar al p roceso un dictamen pericial para que se analizara esa prueba.

1. Así las cosas, se negará el reproche en cuestión, debido a que el análisis del tribunal no fue irrazonable y mucho menos desconoció la norma antes enunciada, por el contrario, se acompasó de manera armónica con la misma, al habérsele impuesto al ICBF la carga de probar que el daño se concretó por una causa ajena a la alegada por los demandantes.

2.3. Defecto fáctico

1. Para el ICBF, el defecto fáctico se configuró por dos motivos, a saber: 1) se valoraron de manera indebida las historias clínicas que daban cuenta que el daño sufrido por la menor concurrió causalmente por el actuar del sobandero y la Clínica Medilaser, lo cual desvirtuaba su responsabilidad y 2) dedujo circunstancias que no constaban en el dictamen de la junta de calificación, como es el caso de la duración de la invalidez, pues dicho dictamen no expresaba si la incapacidad era permanente o transitoria.

1. En ese orden, es necesario exponer las consideraciones de la providencia cuestionada

dictamen de la junta de calificación, como es el caso de la duración de la invalidez, pues dicho dictamen no expresaba si la incapacidad era permanente o transitoria.

1. En ese orden, es necesario exponer las consideraciones de la providencia cuestionada frente a la alegada concurrencia de culpa s del sobandero y la Clínica Medilaser , para efectos de verificar si hubo o no una valoración irrazonable frente a ese aspecto, veamos:

“La demandada sostiene que no se demostró el nexo causal entre el daño y la conducta de la entidad, toda vez que la menor fue llevada a donde un sobandero, lo que modificó los sucesos posteriores, e implica que el daño alegado no fue un efecto del accidente sino que fue producto de una indebida manipulación del brazo por una persona que no tenía la idoneidad científica.

Para la Sala este argumento no tiene vocación de prosperidad, pues esto no fue lo que configuró el daño; e ste se concretó en la lesión sufrida dentro del CDI cuando estaba bajo la guarda y cuidado del ICBF, y si bien en la historia clínica se indicó que la menor había sido llevada a donde un sobandero, era necesario que se allegara un dictamen pericial para demostrar que esto sí influyó en las secuelas de la menor.

A más de lo anterior, desde el mismo día del accidente se diagnosticó que la menor había sufrido una fractura de la epífisis distal del humero izquierdo y por10

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esto fue remitida al servicio de ortopedia; igualmente, se anotó que la caída

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01870-00

Actor: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Acción de tutela

esto fue remitida al servicio de ortopedia; igualmente, se anotó que la caída había ocurrido en el colegio, de manera que no se encuentra ninguna ruptura del nexo causal que arguye el extremo pasivo de la litis.

Tampoco puede predicarse que el daño se haya concretado porque no se «pusieron correctamente los clavos»; si bien esto desarrolló una infección que implicó el tratamiento con antibiótico, lo cierto es que no existe ningún elemento que señale alguna falla en la prestación del servicio médico y, aunque así fuera, lo cierto es que e sto es ajeno a la litis, comoquiera que no se trata de la posterior infección, sino de la caída en el CID, se insiste”.

1. De acuerdo con lo expuesto, s e observa que la autoridad demandada consideró que hubo una intervención tanto del sobandero como de la Cl ínica Medilaser en el brazo de la menor, ya que esto quedó registrado en las historias clínicas , sin embargo, concluyó que no se presentaron pruebas que demostraran que dichas intervenciones tuvieron un impacto en la causa del daño.

1. Adicionalmente, advirtió, que en todo caso, l a responsabilidad atribuida fue por la omisión por parte del ICBF para evitar que la menor sufriera la lesión mientras estaba en el centro de aprendizaje y no por los hechos posteriores.

1. En ese orden, no se advierte una valor ación probatoria indebida de las historias clínicas, por el contrario, se observa un análisis que corresponde con los hechos

el centro de aprendizaje y no por los hechos posteriores.

1. En ese orden, no se advierte una valor ación probatoria indebida de las historias clínicas, por el contrario, se observa un análisis que corresponde con los hechos atribuidos en la demanda y con lo probado en el proceso . No bastaba con que el ICBF alegara con base en esas pruebas que hubo una intervención del sobandero, pues debía probarlo. En consecuencia, para la Sala este reparo no tiene vocación de prosperidad.

1. Por otra parte, el ICB F alegó que el tribunal incurrió en un defecto fáctico en su dimensión negativa “frente al dictamen pericial de la junta de calificación que valoró a la víctima directa en cuanto dedujo circunstancias que no constaban en dicha prueba, como es el caso de la duración de la invalidez, pues dicho dictamen no expresaba si la incapacidad era permanente o transitoria ”. A su juicio, dicha prueba no indicaba en ninguna parte que la incapacidad era permanente, por lo que no podía asumirlo y ordenar la reparación del daño de forma vitalicia.

1. Pues bien, r evisado el expediente ordinario, se advierte que , en primer lugar, no s e advierte en el fallo cuestionado que se haya afirmado de manera expresa que la incapacidad fue permanente, como pretende demostrarlo la autoridad demandante, sin embargo, lo cierto es que el tribunal sí condenó reconoció perjuicios en la modalidad de11

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lucro cesante “hasta la vida probable” por lo que podría entenderse que tácitamente tuvo

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01870-00

Actor: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Acción de tutela

lucro cesante “hasta la vida probable” por lo que podría entenderse que tácitamente tuvo en cuenta que la incapacidad era permanente.

1. Sin embargo, una vez revisado el expediente la Sala advierte que desde la sentencia de primera instancia el a quo condenó al ICBF, entre otras cosas, al pago d el lucro cesante desde que la menor cumpliera 18 años hasta la edad de vida probable7.

1. Aunque el ICBF apeló esa decisión , lo cierto es que no manifestó inconformidad alguna con el tiempo de reconocimiento de ese perjuicio -hasta la vida probable-, es decir, no reparó en que desde la sentencia de primer grado se entendió de manera tácita que la incapacidad fue permanente y que, por ende, se reconocieron perjuicios por concepto de lucro cesante por todo el tiempo de vida probable, pese a que esa determinación la adoptó el juzgado de primera instancia, de ahí que si consideraba que dicha orden resultaba desacertada debió impugnarla oportunamente, pero no lo hizo.

1. En ese orden, se tiene que se trata de un argumento nuevo que no fue planteado proceso en la oportunidad procesal legalmente prevista para ello y, por consiguiente, el tribunal ad quem no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ello precisamente porque no fue un cargo de la apelación, por lo que ahora no puede la parte recurrente reprochar una supuesta valoración indebida del dictamen de la Junta de Calificación Regional, cuando lo cierto es que no lo alegó en el recurso de apelación, razón sufici