CE - 010315000202301937001SENTENCIA20230525171746

Demandante: Óscar Javier Moreno García

Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Personal del Ejército Nacional Radicado: 11001-03-15-000-2023-01937-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01937-00

Demandante: ÓSCAR JAVIER MORENO GARCÍA

Demandados: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,

EJÉRCITO NACIONAL, DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL

EJÉRCITO NACIONAL

Tema: Tutela de fondo . Derecho de petición . Tutela contra acto administrativo. Improcedencia de la acción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela interpuesta por el señor Óscar Javier Moreno García en contra de la Na ción, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Personal del Ejército Nacional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito remitido el 20 de abril de 2023 al buzón web del Consejo de Estado1,

Dirección de Personal del Ejército Nacional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito remitido el 20 de abril de 2023 al buzón web del Consejo de Estado1, el señor Óscar Javier Moreno García, actuando en nombre propio, instauró una acción de tutela en contra de la Na ción, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Personal del Ejército Nacional , con el objetivo de obtener la protección de los derechos fundamentales de petición, a la igualdad de oportunidad laboral y a la presunción de inocencia.

1 La Secretaría General del Consejo de Estado asignó por reparto el expediente de la referencia el 20 de abril de 2023. En la misma fecha, el expediente pasó al despacho para proveer sobre la admisión de la demanda de tutela. Este asunto, inicialmente, fue tramitado ante el Juzgado Primero de Familia en Oralidad de Bogotá. Esa autoridad judicial tramitó la acción de tutela y emitió el fallo de primera instancia. El demandante impugnó ese proveído y, en segunda instancia, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, mediante auto del 18 de abril de 2023, declaró la nulidad de todo lo actuado (sin dejar a salvo las pruebas ni documentos recibidos en el proceso) y lo remitió a esta corporación por competencia, pues el magistrado sustanciador entendió que el reproche del accionante incluía las actuaciones del Gobierno Nacional cuando expidió el Decreto 2352 de 29 de novie mbre de 2022, por el cual se efectuaron ascensos a oficiales del Ejército Nacional y no se ascendió al grado de mayor al demandante.Demandante: Óscar Javier Moreno García

Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional,

ascensos a oficiales del Ejército Nacional y no se ascendió al grado de mayor al demandante.Demandante: Óscar Javier Moreno García

Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Personal del Ejército Nacional Radicado: 11001-03-15-000-2023-01937-00

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2. La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales porque la entidad no ha contestado la petición que radicó el 7 de diciembre de 2022, con el objetivo de que la Dirección de Personal reconsiderara la negativa de ascenderlo al grado de mayor del Ejército Nacional . Esto último, ocurrió en la ceremonia de ascenso de oficiales de esa fuerza, ordenada mediante el Decreto 2352 del 29 de noviembre de 2022 del Gobierno Nacional.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, el demandante solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió lo siguiente:

• Se restauren mis derechos al ascenso al grado inmediatamente superior, (MAYOR), tiempo, contemplado en la antigüedad del grado de mayor como los haberes que dejo de percibir este servidor desde el mes de diciembre del 2022, hasta la fecha que se resuelva m i situación.

• Como consecuencia, se ordene a la Dirección de personal del Ejército Nacional, que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia colombiana (la transcripción corresponde al texto original de la demanda de tutela, puede contener errores).

las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia colombiana (la transcripción corresponde al texto original de la demanda de tutela, puede contener errores).

1.2. Hechos probados y/o admitidos

4. El 7 de diciembre de 2022, el demandante elevó una petición ante la Dirección de Personal del Ejercito Nacional, con el objetivo de que la Dirección de Personal de esa institución reconsiderara la decisión adoptada en el Decreto 2352 del 29 de noviembre de 2022 del Gobierno Nacional , que como consecuencia de la no recomendación de ascenso de la Junta Calificadora del Ministerio de Defensa Nacional, no le otorgó el grado de mayor.

5. En el mismo escrito, el señor Moreno García solicitó que “se verifique (sic) mis razones de hecho y de derecho y se acepte por igualdad de derechos, emitido (sic) por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Y, finalmente, que se le entregara copia auténtica de la decisión que se adoptara como respuesta a su petitum.

6. En ese documento, el accionante puso de presente que no se ha actualizado la información que reposa en la entidad sobre los procesos disciplinarios y de la justicia penal militar que se adelantan en contra de los uniformados. En este punto, el señor Moreno García señaló que en su contra se adelantaban varias diligencias, por ejemplo: el proceso disciplinario 026/2019 , dentro del cual no se le había dictado pliego de cargos ni sanción. Agregó que otros dos trámites de igual naturaleza se adelantaron en su co ntra bajo los radicados 005/2011 y 018/2018, en el primero se ordenó el

cargos ni sanción. Agregó que otros dos trámites de igual naturaleza se adelantaron en su co ntra bajo los radicados 005/2011 y 018/2018, en el primero se ordenó el archivo de la actuación y en el segundo se decretó la cesación del procedimiento (sin aportar más información sobre el particular).Demandante: Óscar Javier Moreno García

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7. A juicio del demandante, la Junta Evaluadora del Ministerio de Defensa Nacional no recomendó su ascenso con base en la información descrita en el párrafo anterior, por lo que considera se le juzgó ‘subjetivamente’ porque ya hab ía demostrado su inocencia, con lo cual dejó “de un lado mis probabilidades dentro del derecho al trabajo, el poder ascender jerárquicamente, perdiendo remuneración económica, ocasionando daños y perjuicios, solicito se den mis derechos a la igualdad en cuestión que otros oficiales presentaron investigaciones y ascendieron al grado de mayor”2.

8. Para finalizar, afirmó lo siguiente:

“Soy acreedor de mas de 60 puntos positivos y los puntos negativos que menciona el comité se desvirtuaron algunos, dentro en la petición con radicado 2022301002227312 del siete (07) de diciembre del 2022, ante la dirección de personal del Ejercito Nacional, más allá de no estar conforme, ya que dentro de los últimos 5 lapsos evaluables fui calificado dentro de los

diciembre del 2022, ante la dirección de personal del Ejercito Nacional, más allá de no estar conforme, ya que dentro de los últimos 5 lapsos evaluables fui calificado dentro de los requerimientos de la Ley 1790 del 2000 articulo 52, el cual debo estar dentro de los listados 1, 2, 3, y dentro de los mismos me encuentro yo capitán Oscar Javier Moreno García. Dejando entre dicho la calificación por el ponente evaluador señor TC. DIEGO FERNANDO DÍAZ ESTRADA, y que, dentro de la misma Ley, se me debió notificar antes de la p ublicación del Decreto de ascensos, que no podría ser contemplado al mismo”3.

1.3. Fundamentos de la solicitud

9. El señor Moreno García aludió al derecho de petición establecido en el artículo 23 de la Constitución y regulado por la Ley Estatutaria 1755 de 2015, según el cual, las solicitudes deben resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción.

Además, trajo a colación la sentencia T -332 de 2015 que reiteró el alcance de esta garantía constitucional y los requisitos que debe contener la respuesta para satisfacer el núcleo esencial de esta garantía superior. Para finalizar, el demandante transcribió los artículos 13 y 29 de la Carta Política.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

10. Mediante auto del 5 de mayo de 2023, la magistrada sustanciadora admitió la presente acción de tutela y dispuso notificar del inicio de la actuación las autoridades demandadas: la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional y la Dirección de Personal del Ejército Nacional. Además, vinculó como tercero interesado al presidente de la república4.

demandadas: la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional y la Dirección de Personal del Ejército Nacional. Además, vinculó como tercero interesado al presidente de la república4.

2 El texto citado corresponde al original de la demanda, por lo que puede tener errores. 3 Ibidem. 4 Se reitera que esta demanda fue radicada ante el Juzgado Primero de Familia en Oralidad de Bogotá. Esa autoridad judicial tramitó la acción de tutela y emitió el fallo de primera instancia. El demandante impugnó ese proveído y, en segunda instancia, la Sa la de Familia del Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que admitió el amparo porque no tienen competencia para conocer de asuntos en los que se cuestionan actuaciones del presidente de la república.Demandante: Óscar Javier Moreno García

Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Personal del Ejército Nacional Radicado: 11001-03-15-000-2023-01937-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5. Intervenciones

11. La apoderada del primer mandatario y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se opuso a las pretensiones del amparo. En primer lugar, afirmó que no se ha recibido ninguna petición del demandante por lo que no se le puede acusar de omisión o vulneración alguna. Al efecto, adjuntó una certificación del Grupo de Correspondencia de la entidad donde consta que, revisadas las bases de datos, no se encontró registros del señor Óscar Javier Moreno García ni información

puede acusar de omisión o vulneración alguna. Al efecto, adjuntó una certificación del Grupo de Correspondencia de la entidad donde consta que, revisadas las bases de datos, no se encontró registros del señor Óscar Javier Moreno García ni información de que hubiere radicado documentos o solicitudes. Añadió que las pretensiones de la tutela tampoco se dirigen contra su poderdante ni contra la Presidencia de la República.

12. En segundo lugar, solicitó que se declare la improcedencia de la acción porque no está dentro de las competencias de esa autoridad otorgar ascensos a los suboficiales

(sic) como en este caso. Señaló que tal función es del Ministerio de Defensa Nacional.

13. En tercer lugar, argumentó que existe falta de legitimación en la causa por pasiva porque acceder a lo pedido a través de este mecanismo constituiría una extralimitación de las funciones del primer mandatario. Agregó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tampoco debió ser llamado a este trámite.

14. Pese a que las demás autoridades accionadas fueron notificadas de este trámite, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

15. Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela de la referencia , de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Alcance de la decisión

el Decreto 333 de 2021 así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Alcance de la decisión

16. De la lectura del escrito de tutela se observa que la presente acción persigue, esencialmente, dos objetivos, el primero, está encaminado a obtener la respuesta de la petición radicada el 7 de diciembre de 2022 en la Dirección de Personal del Ejército Nacional. Esto porque según el demandante, a la fecha no ha recibido ninguna

contestación.Demandante: Óscar Javier Moreno García

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17. El segundo, la Sala entiende que este dispositivo constitucional también apunta a cuestionar el Decreto 2352 del 29 de noviembre de 2022 del Gobierno Nacional, que no recomendó el ascenso del señor Óscar Javier Moreno García al grado de mayor de la institución castrense.

18. Teniendo en cuenta lo descrito, esta Sección aludirá, en primer lugar, al derecho de petición, y verificará si esta garantía se encuentra satisfecha. En segundo lugar, analizará la viabilidad del estudio de fondo de las pretensiones dirigidas contra la actuación administrativa de ascensos que adelantaron el presidente de la república y el ministro de defensa nacional.

2.2.2 La solicitud de desvinculación del presidente de la república

actuación administrativa de ascensos que adelantaron el presidente de la república y el ministro de defensa nacional.

2.2.2 La solicitud de desvinculación del presidente de la república

19. En el escrito de contestación de esta acción, la apoderada del presidente de la república y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República le solicitó a esta corporación que desvincule a esa autoridad de l trámite porque no está llamada a satisfacer las pretensiones del demandante, ya que la función de otorgar ascensos le fue encomendada al ministro de defensa nacional.

20. La Sala negará lo pedido por la representante del primer mandatario, toda vez tiene interés en este asunto, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la medida que el presidente de la república y el ministro de defensa nacional, en representación del Gobierno nacional expidieron el Decreto 2352 del 29 de noviembre de 2022 , que dispuso el ascenso de oficiales del Ejército Nacional y no recomendó hacerlo respecto del señor Óscar Javier Moreno García al grado de mayor de esa institución.

21. Lo anterior, quiere decir que el presidente de la república tiene interés en el asunto, no solo porque suscribió el acto administrativo que se cuestiona en el presente amparo, sino porque, eventualmente, podría verse afectado con las decisiones que se adopten en este trámite.

2.3. Problemas jurídicos

22. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las pretensiones formuladas y el material probatorio recaudado, le corresponde a esta Sala establecer, en primer lugar, si ¿las autoridades accionadas vulneraron el derecho

22. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las pretensiones formuladas y el material probatorio recaudado, le corresponde a esta Sala establecer, en primer lugar, si ¿las autoridades accionadas vulneraron el derecho de petición del señor Óscar Javier Moreno García al no haber atendido la petición que formuló el 7 de diciembre de 2022 en la Dirección de Personal del Ejército Nacional?

23. En segundo lugar, esta corporación determinará si en el presente caso ¿es procedente la acción de tutela para controvertir el Decreto 2352 de 2022, por el cual el Gobierno nacional recomendó decidió no ascender al grado de mayor del Ejército Nacional al señor Óscar Javier Moreno García?Demandante: Óscar Javier Moreno García

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24. En tercer lugar y, solo en el evento de que la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, la Sección analizará si ¿las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de l accionante al no llamarlo a ascenso al grado de mayor

del Ejército Nacional?

25. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i) las generalidades de la acción de tutela; ii) el derecho de petición; iii) la vulneración del derecho de petición en el caso concreto; iv) la excepcionalísima procedencia de l amparo frente a actos administrativos pasibles de control ante el juez contencioso

1. las generalidades de la acción de tutela; ii) el derecho de petición; iii) la vulneración del derecho de petición en el caso concreto; iv) la excepcionalísima procedencia de l amparo frente a actos administrativos pasibles de control ante el juez contencioso administrativo; y v) la improcedencia del presente recurso de amparo para cuestionar el Decreto 2352 de 2022 del Gobierno nacional.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

26. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

27. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.

28. Por tanto, la tutela requiere qu e se cumplan determinados presupuestos procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede decidir sobre la controversia propuesta. Esto b usca evitar que esta acción constitucional se use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin

decidir sobre la controversia propuesta. Esto b usca evitar que esta acción constitucional se use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el constituyente.

2.5. El derecho de petición

29. El derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas para obtener información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las autoridades correspondientes o a los particulares y obtener una pronta y completa respuesta a sus inquietudes.

30. La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991, como de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos inherentes aDemandante: Óscar Javier Moreno García

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como para asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual que los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros derechos fundamentales.

31. Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los presupuestos esenciales del derecho de petición de la siguiente forma: i) en la posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés general o particular y ii) en la obtención

31. Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los presupuestos esenciales del derecho de petición de la siguiente forma: i) en la posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés general o particular y ii) en la obtención de una pronta resolución del asunto puesto en consideración. Esos componentes del derecho de petición son inescindibles, esto es, que el goce y satisfacción del mismo se realiza una vez ambos se verifiquen; por lo tanto, el derecho se concreta en la formulación de una petición, pero se efectiviza con la resolución pronta y material, independientemente de si la respuesta resulta o no favorable al sentido de la misma.

32. De igual forma, para que se configure su cumplimiento n o basta la resolución efectiva, sino que, es necesario que esta se dé a conocer al interesado. Al respecto,

el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado:

“Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente”

33. Lo anterior, no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que esta trasciende considerablemente al nivel social, pues es este el mecanismo de interacción entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería con sigo inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

34. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia

entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería con sigo inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

34. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia C-818 de 1.º de noviembre de 2011, declaró inexequible los artículos 3 a 33 de la Ley 1437 de 2011, referentes al derecho de petición, es del caso precisar que los efectos de dicha sentencia fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, con el fin de que el Congreso expedida la Ley Estatutaria correspondiente.

35. Sobre el particular, a través de la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015, se reguló el derecho constitucional de petición y se sustituyó un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad que entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

36. Por otra parte, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y

congruente con lo solicitado. Ello significa que:

“(…) la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasi vas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que laDemandante: Óscar Javier Moreno García

Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional,

Ejército Nacional, Dirección de Personal del Ejército Nacional

solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que laDemandante: Óscar Javier Moreno García

Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Personal del Ejército Nacional Radicado: 11001-03-15-000-2023-01937-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co autoridad suministre información a dicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada (…)”.

37. Así las cosas , se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “(…) los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante

(…)”.

38. Así pues, la contestación requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la obligación de ponerl a en conocimiento del peticionario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

39. De otra parte, es preciso mencionar que el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 prevé que en el evento en que la petición esté dirigida contra el fu ncionario que no tiene competencia para atenderla, debe informársele “de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si

prevé que en el evento en que la petición esté dirigida contra el fu ncionario que no tiene competencia para atenderla, debe informársele “de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito”. Además, dentro del término señalado, la autoridad deberá remitir “la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará”.

2.6. La Dirección de Personal del Ejército Nacional vulneró el derecho de petición del demandante

40. El 7 de diciembre de 2022, bajo el radicado n.º 2022301002227312 , el señor Óscar Javier Moreno García radicó en la Dirección de Personal del Ejército Nacional , una petición denominada “reconsideración de ascenso” contra el Decreto 2352 de 29

de noviembre de 2022, en los siguientes términos:

1. Solicito se verifique mis razones de hecho y de derecho y se acepte, por igualdad de derechos emitido por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

2. Solicitó se reconsidere mi ascenso al grado inmediatamente superior por cumplir con todos los requisitos de Ley, antes del 20 de diciembre de 2022.

“Invoco dentro del CPCA (Solicito Revocación directa de los actos administrativos Decreto 2352 de 29 de noviembre de 2022, por el cual se asciende a un personal de las Fuerzas Militares).

Artículo 93: causales de revocación (Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores

Fuerzas Militares).

Artículo 93: causales de revocación (Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: - Cuando con ellos se cause un grave agravio injustificado a una persona).

3. De la decisión que se tome respecto del presente documento, solicito se me expida copia auténtica al momento de la notificación personal (arts. 44, inciso 5.º y 61 C.C.A.),Demandante: Óscar Javier Moreno García

Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Personal del Ejército Nacional Radicado: 11001-03-15-000-2023-01937-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co si es de manera negativa copias legibles de las actas del comité o junta evaluadora por el cual no me contemplaron para ascenso.

4. Solicito ACOMPAÑAMIENTO idóneo ante solicitud expuesta el 4 de noviembre de 2022, abril de 2022.

5. Espero una RESOLUCIÓN pronta, oportuna y eficaz (el texto transcrito corresponde al contenido original del derecho de petición, por lo que puede tener errores).

41. De acuerdo con la información que obra en el expediente, no hay prueba que demuestre que la entidad atendió la petición radicada por el demandante el 7 de diciembre de 2022, bajo el radicado n.º 2022301002227312. Esto porque ni la dirección

demuestre que la entidad atendió la petición radicada por el demandante el 7 de diciembre de 2022, bajo el radicado n.º 2022301002227312. Esto porque ni la dirección de Personal, ni el Ejército Nacional, ni el Ministerio de Defensa Nacional contestaron la acción de tutela. En consecuencia, la Sala dará aplicación al principio de veracidad previsto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 19915.

42. Lo anterior significa que se entenderá no atendida la solicitud formulada por el señor Moreno García . En consecuencia, se dispondrá la protección del derecho fundamental de petición y se le ordenará a la Dirección de Personal del Ejército Nacional que, si no lo hubiere hecho todavía, dé respuesta a lo solicitado, en un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación de este proveído. E l cumplimiento de esta orden, tendrá que hacerse e n los términos descritos en esta sentencia.

2.7. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos pasibles de control ante el juez contencioso administrativo

43. El inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito d e subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuand