CE - 010315000202301949001SENTENCIA20231026105332

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01949-00

Demandantes: Cámara de Comercio de Bogotá y otros

Recurso Extraordinario de Revisión

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CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-15-000-2023-01949-00

Demandantes: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Y OTROS Providencia objeto de

revisión:

SENTENCIA DEL 17 DE MARZO DE 2022, PROFERIDA POR

EL CONSEJO DE ESTADO, SECCION PRIMERA

Asunto: Resuelve sobre un recurso extraordinario de revisión

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

1. La Sala Especial de Decisión número cuatro de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión interpuesta por la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comer cio de Barranquilla, la Cámara de Comerci o de Bucaramanga, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Cámara de

Bogotá, la Cámara de Comer cio de Barranquilla, la Cámara de Comerci o de Bucaramanga, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Cámara de Comercio de Cali contra la sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

2. En la referida providencia se puso fin al proceso de nulidad con radicado 1100103-24-000-2009-00630-00, instaurado por el señor Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal para que se declarase la nulidad de los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 4 de marzo de 2002 «por el cual se modifican parcialmente los Decretos 856 de 1994 y 92 de 1998, por medio de los cuales se reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en las Cámaras de Comercio y se fijan las relativas a los registros de proponentes y mercantil».Radicado: 11001-03-15-000-2023-01949-00

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II. ANTECEDENTES

3. El 19 de abril de 2023, la Cámara de Comercio de Bogotá, y otros, interpusieron recurso extraordinario de revisión, por medio del cual pretenden que se anule o infirme la sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Primera. En su criterio, se configura la causal de revisión contemplada en

recurso extraordinario de revisión, por medio del cual pretenden que se anule o infirme la sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Primera. En su criterio, se configura la causal de revisión contemplada en el ordinal 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).

4. Lo anterior, en tanto, consideraron que existió «agresión grave al debido proceso, al haber omitido injustificadamente la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa de las Cámaras de Comercio del país dentro de los términos legales y constitucionales, en relación con las tasas creadas a su favor por la Ley 6a de 1992 (…)».

2.1 . Trámite en el proceso ordinario

5. El 5 de noviembre de 2009, el señor Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal ejerció el medio de control de nulidad con el fin de que se declarase la nulidad de los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 4 de marzo de 2002 «por el cual se modifican parcialmente los Decretos 856 de 1994 y 92 de 1998, por medio de los cuales se reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en las Cámaras de Comercio y se fijan las relativas a los registros de proponentes y mercantil».

6. Mediante sentencia del 16 de ag osto de 2018, el Consejo de Estado, Sección Primera negó las pretensiones de la demanda al encontrar que las disposiciones demandadas no vulneraron el preámbulo ni los artículos 1°, 13, 25, 83, 88, 333 y

Primera negó las pretensiones de la demanda al encontrar que las disposiciones demandadas no vulneraron el preámbulo ni los artículos 1°, 13, 25, 83, 88, 333 y 338 de la Constitución Política. Esto, en la medida en que las tarifas fueron fijadas por la autoridad competente y no resultaron discriminativas sino, al contrario, equitativas entre sus pares.

7. Asimismo, en la sentencia explic ó que las normas censuradas no hab ían afectado el derecho al trabajo, a la l ibre competencia y a la libertad económic a porque respetaron el principio de buena fe, «dado que la renovación anual tuvo como sustento la necesidad de respaldar el servicio ofrecido y la obligación estatal de otorgar publicidad y acceso a información verídica y actualizada».

8. Inconforme con lo anterior, el 16 d e agosto de 2019, el señor Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal interpuso recurso extraordinario de revisión contra la referida sentencia. Para fundamentar su inconformidad , sostuvo que la decisión censurada habría incurrido en la causal de revisión relacionada en el numeral 5. ° del artículo 250 del CPACA.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01949-00

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9. A juicio del recurrente, se configuró la citada causal por violación al debido proceso por ausencia de motivación de la decisión judicial, comoquiera que en

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9. A juicio del recurrente, se configuró la citada causal por violación al debido proceso por ausencia de motivación de la decisión judicial, comoquiera que en esta se omitió analizar la violación del derecho a la igualdad y de los artículos 333 y 338 superiores, de acuerdo con la información que reposa en la demanda. Esta, relativa a la tarifa que pagaba cada una de las sociedades por concepto de registro o renovación de matrícula, así como el comparat ivo que reflejaba el impacto económico que implicaba para las pequeñas y grandes empresas.

10. El 14 de octubre de 2021, la Sala Novena de Decisión del Consejo de Estado declaró fundado el recurso extraordinario de revisión promovido por el señor Caicedo Gardeazabal1. Esa Sala de Decisión determinó que la Sección Primera del Consejo de Estado no efectuó el test que debía realizarse para determinar cuándo existe una vulneración del derecho a la igualdad. Lo anterior, pese a que el demandante indicó -expresamentelos sujetos que debían ser comparados frente al tratamiento establecido en el listado de tarifas señaladas en los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 2002.

11. En consecuencia, la referida Sala ordenó a la Sección Primera de esta corporación dictar un nuevo fallo en el que fuesen analizados , en debida forma , los cargos formulados en el recurso extraordinario de revisión.

12. En este orden, en sentencia de reemplazo del 17 de marzo de 2022, se declaró la nulidad de los artículos 23 y 24 del decreto 393 de 4 de marzo de 2002 2. Lo

12. En este orden, en sentencia de reemplazo del 17 de marzo de 2022, se declaró la nulidad de los artículos 23 y 24 del decreto 393 de 4 de marzo de 2002 2. Lo anterior, debido a que las tarifas previstas en los referidos artículos im pusieron una mayor carga a los pequeños comerciantes o establecimientos con menores activos o patrimonio, lo que conllevó a una carga que romp ió con la proporcionalidad de este tipo de tributos.

13. El 20 de abril de 2022, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Cámara de Comercio de Cal i presentaron incidente de nulidad de todo lo actuado porque, en su criterio, les fue negada la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa al omitir la notificación personal del auto admisorio del medio de control de nulidad.

14. Frente a lo anterior, la Sala se permite precisar que e l referido incidente de nulidad, a la fecha de expedición de esta sentencia, no ha sido resuelto.

1 Radicado 1101 03 15 000 2019 03823 00 2 Decisión contra la que se adelanta el estudio del presente recurso extraordinario de revisión.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01949-00

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4 2.2. La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Cámara de Comercio y otros

15. El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la sentencia proferida el 17

de marzo de 2022, en única instancia, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 4 de marzo de 2002, expedido por el Gobierno Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación.

16. Para fundamentar su decisión, consideró que los artículos del Decreto 393 de 2002, «al establecer esa desproporcionalidad e inequidad en las tasas fijadas a los pequeños comerciantes o establecimientos, violaron el principio de igualdad», toda vez que las tarifas previstas en los artículos 23 y 24 d el referido decreto, relativas a la matrícula mercantil o su renovación en el registro público a los pequeños y grandes comerciantes o establecimientos, sucursales o agencias impusieron una mayor carga o tributo a los pequeños comerciantes o establecimientos con menores activos o patrimonio, lo que conllev ó a una carga que rompió con la proporcionalidad de este tipo de tributos.

17. Refirió, además, que se trasgredió el principio de progresividad, «el cual hace referencia al reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados a su pago,

que rompió con la proporcionalidad de este tipo de tributos.

17. Refirió, además, que se trasgredió el principio de progresividad, «el cual hace referencia al reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados a su pago, según la capacidad contributiva de la que disponen», en el sentido de afectar el principio de equidad, que vela por los tratamientos proporcionados en la imposición de la carga tributaria de cara a la capacidad eco nómica de quienes deban asumirla.

18. Señaló que, en consecuencia, hubo una distribución desigual de las tasas impuestas en las disposiciones demandadas, con las cuales se ven más afectados los empresarios o establecimientos pequeños, «a quienes dichos tributos impactan de forma más fuerte sobre sus activos o patrimonio, en tanto deben pagar unas tarifas más altas en relación con sus activos o patrimonio». Lo anterior, dado que no existió una mayor carga contributiva para las personas con mayor capacidad económica.

19. Esto, en atención a que las tasas cuestionadas debieron ser graduadas de conformidad con la capacidad de los sujetos, medida objetivamente a partir de sus activos o patrimonios, en el entendido de que se tuviese en cuenta el sistema de escalas diferenciales, mediante el cual fuese posible gravar con tarifas superiores a los empresarios o establecimientos con mayores activos o patrimonio.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01949-00

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20. Agregó que, a la luz de la sentencia C-277 de 5 de abril de 2006:

Se desconocieron los artículos 333 y 338 de la Constitución Política e impidieron el libre desarrollo de las pequeñas empresas o establecimientos, habida cuenta que si bien es cierto que la libertad de empresa puede ser limitada, mediante la intervención en la economía que se lleva a cabo por mandato de la ley para el cumplimiento de los fines de interés general, también lo es que n o es posible restringirla arbitrariamente ni es factible impedir su ejercicio, desconociendo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional.

21. Finalmente, advirtió que, ante la prosperidad del cargo de nulidad, relativo a la violación del principio de igualdad, se relevaba de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, de acuerdo con el criterio adoptado por esta corporación en otras ocasiones.

III. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

3.1. La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión

22. La Cámara de Comercio de Bogotá (y otros 3) interpusieron recurso extraordinario de revisión, por medio del cual pretenden que se anule o infirme la sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Primera. En su criterio, se configura la causal de revisión contemplada en el ordinal 5 del artículo 250 del CPACA.

sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Primera. En su criterio, se configura la causal de revisión contemplada en el ordinal 5 del artículo 250 del CPACA.

3.2. Pretensiones del recurso extraordinario de revisión

23. La parte accionante presentó las siguientes pretensiones:

PRIMERA. DECLARAR fundado el recurso extraordinario especial de revisión interpuesto por las cámaras de comercio mediante este escrito, contra la sentencia del 17 de marzo de 2022, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, expediente dentro del proceso de nulidad No. 11001-03-24-000-2009-00630-00, al

Actor: Carlos A. Caicedo Gardeazabal.

SEGUNDO: En consecuencia INVALIDAR dicha providencia y, de todo lo actuado, con posterioridad a la notificación del auto que admitió la demanda, incluida la que resuelve el recurso de revisión del 14 de diciembre de 2021 y la sentencia que pone fin al proceso proferida el 17 de marzo de 2022 , e integrar el contradictorio, incluyendo a las Cámaras de Comercio del país para que ejerzan su derecho a la defensa dentro del proceso. (sic a toda la cita).

3 La Cámara de Comer cio de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Cámara de Comercio de Cali.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01949-00

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24. Para sustentar la demand a, la parte recurrente invocó la causal de revisión contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, toda vez que, en su criterio, la providencia está viciada de nulidad con ocasión a la transgresión de su derecho al debido proceso por omitir «la oportunidad de ejercer el derec ho de contradicción y defensa de las Cámaras de Comer cio del país dentro de los términos legales y constitucionales».

25. En este sentido, señaló que las Cámaras de Comercio tuvieron conocimiento de la demanda contra los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 2022 solo hasta el momento en que se profirió la sentencia, puesto que no fueron notificadas ni convocadas en ninguna etapa procesal, pese al interés directo que les asiste.

Esto, en tanto, los referidos artículos fijan las tarifas de las tasas contrib utivas de la Cámara de Comercio.

26. Adujo que, se habría incumplido «con lo establecido en los artículos 206 y 207 del CCA y, 171 y 253 del CPACA, configurándose (…), la causal del numeral 8° del artículo 133 del CGP, y con ello la nulidad de toda actuac ión posterior a la notificación del auto que admitió la demanda y, conforme lo establecido en el inciso 5° del artículo 134 del CGP se deberá anular todas las providencias proferidas ,

del artículo 133 del CGP, y con ello la nulidad de toda actuac ión posterior a la notificación del auto que admitió la demanda y, conforme lo establecido en el inciso 5° del artículo 134 del CGP se deberá anular todas las providencias proferidas , incluida la que resuelve el recurso de revisión del 14 de diciembre de 2021 y la sentencia que pone fin al proceso proferida el 17 de marzo de 2022 (…) ». (sic a toda la cita).

27. Agregó que, en vista del interés legítimo que les asiste, su vinculación y notificación no era potestativa sino obligatoria, «según lo señalado por el Consejo de Estado frente al numeral 3 del artículo 171 del CPACA », en el sentido de precisar que la ausencia de notificación personal a «los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso» podría acarrear una nulidad que retrotraiga todo el procedimiento.

28. Mencionó que «las Cámaras de Comercio son personas jurídicas de derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro » en cabeza de quienes, entre otras, se encuentr a la función registral, la cual, constituye la prestación de un servicio público que conlleva, según lo dispuesto por el Código de Comercio, al pago de una tasa contributiva por parte del comerciante.

29. Asimismo, indicó que el antecedente normativo más remoto, frente a la fijación de las tarifas de las tasas contributivas de la Cámara de Comercio, es el Decreto 242 de 1970. No obstante, en este no se previó una fórmula de actualización para

de las tarifas de las tasas contributivas de la Cámara de Comercio, es el Decreto 242 de 1970. No obstante, en este no se previó una fórmula de actualización para dichas tarifas, razón por la cual «con ocasión de la expedición del Código de Comercio y de la Ley 6 de 1992, se expidió el Decreto 658 de 1993». Agregó que, de manera posterior, el Decreto 393 de 2002 redujo el número de rangos a 30 y fijó como patrón de base tarifaria el salario mínimo legal vigente.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01949-00

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30. En ese orden de ideas, indicó que, teniendo en cuenta que el proceso ordinario alude a los derechos de registro y renovación de la matrícula mercantil y los derechos por registro de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, los cuales, «en virtud del artíc ulo 124 de la Ley 6ª de 1992 se fijan a favor de las Cámaras de Comercio para sufragar conceptos como matrículas, renovaciones e inscripciones de los actos, libros y documentos que la ley determine efectuar en el registro mercantil» es claro el interés qu e les asiste en las resultas del medio de control de nulidad contra los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 2002.

31. En relación con el Decreto 393 de 2022, en particular frente a los artículos que

control de nulidad contra los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 2002.

31. En relación con el Decreto 393 de 2022, en particular frente a los artículos que regulaban las tarifas de registro mercantil, los cuale s fueron declarados nulos mediante la sentencia que se controvierte en este recurso, refirió que:

En este fueron señaladas “diferentes tarifas en un porcentaje de salarios mínimos legales según rangos diferenciales de activos de los comerciantes o de sus establecimientos de comercio, (grupos de comerciantes formado con el criterio del monto de sus activos) con una estructura de carácter progresivo en los grados en los que se incrementaba más que proporcionalmente el valor fijo a pagar según aumentaba el rango de activos reportados, hasta llegar a un límite que se relaciona con el principio de beneficio recibido por los servicios, propio de las tasas y contribuciones.

32. En este sentido, aludió que la tasa de inscripción y renovación del registro mercantil fue instituida como tasa contributiva, según lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley 1607 de 2012 y que, tal circunstancia, permite financiar la función pública registral asignada a las Cámaras de Comercio. Fuente de financiación que se encontraría en menoscabo ante la nulidad de los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 2022.

33. Finalmente, advirtió que, pese a que los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 2022 son de carácter general, estos también pueden ser considerados mixtos, en atención a que pued en generar efectos de carácter particular a ciertos sujetos,

33. Finalmente, advirtió que, pese a que los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 2022 son de carácter general, estos también pueden ser considerados mixtos, en atención a que pued en generar efectos de carácter particular a ciertos sujetos, como, en el caso en concreto, a las Cámaras de Comercio del país. Así las cosas, estas se convertirían en un sujeto procesal en el medio de control de nulidad, el cual debió ser vinculado y notif icado de manera personal al emitirse el auto admisorio de la demanda.

3.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

34. Mediante auto del 8 de mayo de 20234, el Despacho inadmitió la demanda, al no encontrar acreditado el lleno de requisitos establecidos en el artículo 252 del

CPACA. Lo anterior porque:

4 Índice nro. 11 SAMAIRadicado: 11001-03-15-000-2023-01949-00

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8 i) no se cumplió con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 252 del CPACA, toda vez que no se aportó el poder conferido a la abogada Lucy Cruz de Quiñones por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá.

1. no se acreditó el envío de la demanda y sus anexos a través de canales digitales o, en su defecto, por medio físico a la entidad

Lucy Cruz de Quiñones por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá.

1. no se acreditó el envío de la demanda y sus anexos a través de canales digitales o, en su defecto, por medio físico a la entidad demandada, y a la parte demandante, según lo señalado en el ordinal 8 del artículo 162 del CPACA.

35. En este sentido , se concedió a la parte demandante el término de cinco (5) días hábiles para subsanar los defectos advertidos (artículo 253 del CPACA).

Escrito que fue presentado oportunamente, junto con los respectivos documentos anexos5. Por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión fue admitido por auto del 7 de junio de 20236.

3.4. Contestación al recurso extraordinario de revisión

3.4.1. Concepto del señor Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal

36. Por intermedio de apoderado judicial, señaló que no se estructura la causal de nulidad invocada, en tanto, el acto administrativo que se controvierte e s de contenido general y en él se regulan las tarifas de las tasas por las matrículas, renovación e inscripción de los demás documentos ante las cámaras de comercio, lo cual, per se, no afecta o influye de manera directa a determinadas personas.

37. Además, manifestó que no es de recibo que los demandantes impriman naturaleza mixta a las normas demandadas y, con ello, quieran justificar las razones que soportan su obligatoriedad en la conformación del extremo pasivo del medio de control de nulidad en la cual se ventiló la legalidad de los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 2002.

razones que soportan su obligatoriedad en la conformación del extremo pasivo del medio de control de nulidad en la cual se ventiló la legalidad de los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 2002.

38. Agregó que no resultaba necesario vincular a las cámaras de comercio, toda vez que en la acción de nulidad se «persigue, como lo ha sentado el Honorable Consejo de Estado, la tutela del orden jurídico, a fin de que el acto administrativo quede sin efecto por contrariar las normas superiores del derecho, todo en defensa de la legalidad abstracta sobre los actos de la administración de inferior categoría; por lo cual, solo es necesario en el proceso la comparecencia del ente público que expidió el acto administrativo a tra vés de su representante legal o a quien haya delegado».

39. Finalmente, a dvirtió, que, en el caso concreto, por haber sido el Gobierno Nacional el que expidió el referido decreto, solo bastaba la comparecencia del

5 Índice nro. 15 SAMAI 6 Índice nro. 18 SAMAIRadicado: 11001-03-15-000-2023-01949-00

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9 Ministerio de Comercio de Industria y Tur ismo, como parte demandada . En consecuencia, en su criterio, no era obligación del operador judicial vincular o notificar a todas las personas o entidades privadas sobre las cuales hay efectos,

9 Ministerio de Comercio de Industria y Tur ismo, como parte demandada . En consecuencia, en su criterio, no era obligación del operador judicial vincular o notificar a todas las personas o entidades privadas sobre las cuales hay efectos, (empresas del país / cámaras de comercio), como si se tratase de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

40. La Nación – Ministerio Comercio de Industria y Turismo y el Ministerio Público fueron notificados en debida forma,7 no obstante, guardaron silencio8.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

41. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos: i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión ; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión ; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 ; vi) el marco normativo y jurisprudencial del debido proceso y el vii) el análisis de la causal de revisión.

4.1. Competencia de la Sala

42. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 9, en concordancia con el ordinal 1. ° del artículo 125 ibidem, el numeral 2 del artículo 111 ibidem y el ordinal 1. ° del artículo 29 del Acuerdo n.º 080 de 201910, esta Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado,

Sección Primera.

es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

4.2. Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión

43. De conformidad con lo establecido por el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el término para interponer el recurso extraordinario de revisión es el siguiente:

[…] Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia […].

7 Índice nro. 22 SAMAI. 8 La Procuraduría Quinta delegada ante el Ministerio Público informó que, por reparto, le correspondió la intervención en este recurso extraordinario de revisión, sin embargo, no allegó ningún escrito de contestación. 9 «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión». 10 Contentivo del reglamento de esta corporación.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01949-00

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44. En el presente caso, en el cual se invoca como causal de revisión la prevista en el ordinal 5 de dicha norma, la sentencia de única instancia objeto del recurso

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44. En el presente caso, en el cual se invoca como causal de revisión la prevista en el ordinal 5 de dicha norma, la sentencia de única instancia objeto del recurso fue expedida el 17 de marzo de 2022, notificada el 8 de abril de 2022 11 y ejecutoriada el 20 de abril de l mismo año. Dado que la demanda contentiva del recurso fue presentada el 19 de abril de 202312, se concluye que su presentación fue oportuna.

4.3. Problema jurídico

45. El problema jurídico que la Sala debe resolver , en el presente caso, consiste

en determinar si:

• La Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Cámara de Comercio de Cali, ¿tienen legitimación en la causa por activa para controvertir la juridicidad de la sentencia objeto de revisión?

Y de encontrarse acreditado lo anterior:

• ¿Se configura o no la causal de revisión prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, esto es, la nulidad de la sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, en tanto que, a juicio de los recurrentes, existió agresión grave al debido proceso, al haber omitido injustificadamente la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa de las Cámaras de Comercio del país en la controversia suscitada en el medio de control de nulidad identificado co n el número de radicación 11001-03-24-000injustificadamente la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa de las Cámaras de Comercio del país en la controversia suscitada en el medio de control de nulidad identificado co n el número de radicación 11001-03-24-0002009-00630-00?

4.4. Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión

46. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades . La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia real y material como valor fundante del Estado de Derecho13.

47. Este no implica, en general, el desconocimiento de los principios de c