CE - 010315000202301971001SENTENCIA20230525162057

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01971-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: ALEXANDER RODRIGUEZ MONTOYA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

RESPECTO AL DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADOS ANTE

AUTORIDADES JUDICIALES Y SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL

DE OBJETO POR HECHO SUPERADO FRENTE A LA MORA JUDICIAL

ALEGADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA,

AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DE PETICIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra la SECCIÓN TERCERA “SUBSECCION “B”- del TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y su SECRETARÍA2.

1 En adelante el Tribunal. 2 En adelante la Secretaría.2

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Actor: ALEXANDER RODRIGUEZ MONTOYA

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I – ANTECEDENTES

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I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor ALEXANDER RODRIGUEZ MONTOYA , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Polític a, solicitó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y de petición, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el Tribunal y su Secretaría al incurrir en una presunta mora judicial injustificada, por cuanto no ha dado trámite a la demanda interpuesta dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 25000-23-36000-2021-00492-00, pese a los impulsos procesales presentados el 22 de noviembre de 2022 y el 23 de enero de 2023.

I.2. Hechos

Indicó que el 15 de octubre de 2021, promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Enel-Codensa S.A. ESP, a la cual le fue asignado el número único de radicación 2021-00492-00.3

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Adujo que, de manera constante, presentó ante la Secretaría solicitudes de impulso procesal los días 22 de noviembre de 2022 y 23 de enero de 2023, toda vez que desde la fecha de radicación del proceso habían transcurrido casi 16 meses sin que se le diera trámite alguno a la demanda.

Aseveró que el 3 de febrero de 2023 elevó un derecho de petición de información ante la Secretaría, solicitando que se resolviera la inquietud sobre la tardanza en tramitar el proceso y, con ocasión del mismo, se envió el expediente al despacho de la Magistrada del Tribunal, doctora CLARA CECILIA VARGAS SUÁREZ.

Resaltó que el Tribunal, mediante providencia de 15 de febrero de 2023, declaró su falta de competencia en razón de la cuantía y, en consecuencia, remitió el expediente por reparto a los Juzgados Administrativos de Bogotá.

Indicó que, mediante memorial de 17 de marzo de 2023 , solicitó al Tribunal que continuara el trámite del referido proceso, por cuanto el expediente aún no había sido repartido al juez competente.

Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada está vulnerando sus derechos fundamentales al incurrir en una mora4

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vulnerando sus derechos fundamentales al incurrir en una mora4

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judicial injustificada, por no darle trámite a la demanda promovida dentro del medio de control de reparación directa, pues revisado el sistema de la Rama Ju dicial encontró que, a la fecha de la presentación de la acción de tutela de la referencia, el expediente no ha sido asignado al juez administrativo competente.

I.3. Pretensiones

El actor solicitó que se ampa ren sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDO: Ordenar a la accionada que dentro de las 48 horas (sic) siguientes a la notificación del fallo de tutela, remita de manera inmediata a la Oficina de Reparto de los Juzgados Administrativos de Bogotá, D.C., el proceso con radicado 25000 23 36 000 2021 00492 00, conforme lo ordenó el Despacho de la Magistrada CLARA CECILIA VARGAS SUÁREZ, mediante auto del 15 de febrero de 2023, sin más dilaciones.

TERCERO - Las demás órdenes que para el amparo deprecado se estimen pertinentes, al igual que para amonestar en este caso […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- El Tribunal adujo que el expediente electrónico present ado en ejercicio del medio de control de reparación directa que aduce el

se estimen pertinentes, al igual que para amonestar en este caso […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- El Tribunal adujo que el expediente electrónico present ado en ejercicio del medio de control de reparación directa que aduce el actor, ingresó a su despacho el 13 de febrero de 2023 y el 15 de5

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febrero siguiente, declaró su falta de competencia en razón de la cuantía y, a través de la Secretaría, ordenó su remisión con destino a la oficina de apoyo judicial de los juzgados administrativos del circuito de Bogotá, para que se surtiera el respectivo reparto.

Destacó que no tuvo conocimiento de la solitud elevada por el accionante el 17 de marzo de 2023, razón por la cual no había realizado pronunciamiento alguno.

Refirió que, pese a lo anterior, no se advierte la vulneración de los derechos fundamentales alegados, comoquiera que no existe una mora judicial injustificada ni una actuación irregula r, toda vez que con ocasión del memorial de 17 de marzo de 2023 presentado por el actor, la Secretaría remitió el expediente el 24 de abril de l presente año, por lo cual se configuraría la carencia actual de objeto por hecho superado.

I.5. Intervinientes

I.5.1.- La Superintendencia de Servicios Públicos

año, por lo cual se configuraría la carencia actual de objeto por hecho superado.

I.5. Intervinientes

I.5.1.- La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, vinculada como tercera con interés directo en las resultas del proceso, señaló que no está llamada a responder por cuanto las pretensiones van dirigidas al Tribunal y su Secretaría, por6

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lo que solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.7

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.7

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La Sala advierte que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO S PÚBLICOS DOMICILIARIOS , formuló petición de desvinculación en la presente acción de tutela.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de

es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferen te y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aqu élla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares8

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por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés

derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se dedu ce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el re sponsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Ahora bien, la Sala advierte que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS actúa como parte demandada dentro del medio de reparación directa identificado con el número único de radicación 25000-23-36-000-2021-00492-00, objeto del presente estudio, razón por la que a la citada entidad, en calidad de tercera , le asiste interés directo en la decisión que se adopte en la acción constitucional de la referencia , por lo que se denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos9

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Actor: ALEXANDER RODRIGUEZ MONTOYA

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos9

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constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y de petición, los cuales estimó vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por cuanto no se ha remitido el expediente contentivo del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2021-00492-00, a la oficina de reparto de los juzgados administrativos de Bogotá.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la

3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".10

administrativos de Bogotá.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la

3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".10

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autoridad judicial accio nada vulner ó los derechos fundamentales invocados por el actor , al incurrir en una presunta mora judicial injustificada en el trámite del proceso ordinario aludido.

Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales.

Del derecho de petición instaurado ante autoridades judiciales

Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. D e igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.11

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administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.11

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La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20174, en la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obten er pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia del Magist rado doctor Marco Antonio Velilla Moreno, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 200800517, en la que se indicó lo siguiente:

ponencia del Magist rado doctor Marco Antonio Velilla Moreno, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 200800517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC -2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-0002017-02583-00.12

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“Es ne cesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance d el derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte

Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus f unciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP

administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señala do la Corte, esto no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales.”13

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(Sentencia T -178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su conocimiento.

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:

“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc)5.

La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar justicia en ejercicio de la soberanía de que es tit ular, mediante el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles, criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción

el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles, criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción

5 Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.14

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en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbit o propio de la competencia6 que le asigna la ley7 […]”.

En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por el actor en la presente acción de tutela es que se realice la remisión del expediente contentivo del medio de control de reparación directa identificado con el número de radicación 25000-23-36-000-202100492-00, en cumplimiento del proveído de 15 de febrero de 2023, mediante el cual el TRIBUNAL ordenó su remisión a los juzgados administrativos de Bogotá ; sin embargo, ese pronunciamiento implica que la autoridad judicial accionada se pronuncie sobre una cuestión que al ser propia del proceso judicial debe ser dirimida conforme a los procedimientos legales.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado respecto del derecho de petición alegado por la parte actora, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

6 Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en

amparo solicitado respecto del derecho de petición alegado por la parte actora, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

6 Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las siguientes características: “La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo), la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe r esolver el proceso (factor funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad. La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en principios de interés general”. 7 Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.15

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Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si la parte accionada incurrió en una mora judicial injustificada al remitir el expediente a

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Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si la parte accionada incurrió en una mora judicial injustificada al remitir el expediente a la oficina de reparto de los juzgados administrativos.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “ […] fenómeno multicausal y estructural […] ”8 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional 9 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia co mo valor superior y principio constitucional.

8 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María Victoria Calle Correa. 9 Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño16

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En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para determinar si esta es justificada o no , dado que es necesario que concurran determinadas circunstancias para tenerla como injustificada.

Al respecto, la Corte10 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora 11. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben analizar para determinar si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben analizar para determinar si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la mora judicial se justifica cuando:

• Se es tá ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende.

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

10 Ibidem. 11 «Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T -297 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño - unánime)».17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01971-00

Actor: ALEXANDER RODRIGUEZ MONTOYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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