CE - 010315000202302004001SENTENCIA20230602180646

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-02004-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR

FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE

LEGAL Y ECONÓMICO. MOMENTO DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE

PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA Y PAGO DE LO NO DEBIDO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por la actora contra la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.

I. – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

1 En adelante la Sección Cuarta.2

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Actora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La sociedad FIDUCIARIA POPULAR S.A. , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

www.consejodeestado.gov.co

La sociedad FIDUCIARIA POPULAR S.A. , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN CUARTA al proferir la providencia de 16 de marzo de 2023, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2500023-37-000-2017-01770-01.

I.2.- Hechos

Indicó que el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Nueva Clínica, de quien es vocera, es titular del derecho de dominio del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria núm. 50C-1748404, ubicado en la carrera 16#82-57, en Bogotá D.C.

Adujo que mediante el Decreto 619 de 2000 se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. y a través del Decreto núm. 75 de 2003 se reglamentaron las Unid ades de Planeamiento Zonal 88/97 El Refugio / Chicó Lago, en el cual se encuentra ubicado el predio mencionado.3

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Refirió que el 17 de mayo de 2013 el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Nueva Clínica radicó ante la Curaduría Urbana núm. 4 de Bogotá, solicitud d e licencia de construcción, en la modalidad de modificación, demolición parcial y cerramiento del mencionado predio.

Sostuvo que el 5 de julio de 2013 el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Nueva Clínica canceló la suma de mil cincuenta y un millones novecientos diez mil pesos (1.051. 910.000.oo) por participación en plusvalía del predio.

Resaltó que mediante el Decreto 364 de 26 de agosto de 2013 , fue modificado el Plan de Ordenamiento Territorial.

Adujo que el 2 de septiembre de 2013 la Curaduría Urbana núm. 4 de Bogotá otorgó la licencia de construcción solicitada y el 1o. de noviembre siguiente, presentó una segunda licencia de construcción, la cual fue otorgada el 12 de marzo de 2014.

Relató que mediante auto de 27 de marzo de 2014, l a Sección Primera del Consejo de Estado decretó la suspensión provisiona del Decreto 364 de 26 de agosto de 2013, por la cual se modificó el Plan4

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de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.

Expresó que, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Nueva Clínica, el 1o. de abril de 2016 presentó solicitud de devolución y/o compensación argumentando pago de lo no debido por el impuesto de plusvalía, con ocasión de la primera solicitud de licencia de construcción del predio objeto de discusión, petición que fue denegada y confirmada por la Oficina de Recursos Tributarios de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá.

Manifestó que, en virtud de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restable cimiento del derecho contra la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de impuestos de Bogotá, a la cual le fue asignado el número único de radicación 2017 -01770-00 y correspondió por reparto a la Sección Cuarta -Subsección “A” - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2 que, mediante sentencia de 6 de mayo de 2021, declaró la nulidad de los actos administrativos que negaron la devolución y compensación por concepto de plusvalía y ordenaron

2 En adelante el Tribunal.5

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2 En adelante el Tribunal.5

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devolver las sumas pagadas.

Indicó que la parte demandada, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación el cual fue desatado por la SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 16 de marzo de 2023, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda al estimar que el cumplimiento de la obligación no fungió como un pago anticipado de la primera licencia de construcción sino como la satisfacción de la deuda liquidada por la autoridad encargada del recaudo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

La parte actora precisó que si bien la pretensión de la demanda de nulidad y restablecimiento fue de contenido económico, lo que aquí pone de presente es la flagrante violación de sus derechos fundamentales vulnerados por la SECCIÓN CUARTA , adicionalmente, destacó que la afectada es una clínica cuyo objeto social es prestar servicios de salud, por lo que no se trata de una controversia simplemente económica.

A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto6

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A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto6

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procedimental absoluto al extralimitarse en el análisis del caso y superar su competencia funcional, pues se pronunció sobre argumentos que no fueron objeto de reproche en el recurso de apelación.

En efecto, destacó que la Secretaría de Hacienda Distrital – Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá, al presentar el recurso de apelación únicamente se enfocó en que el pago efectuado correspondió a un pago anticipado de la segunda licencia, no obstante, la SECCIÓN CUARTA al resolver el asunto en segunda instancia, volvió a realizar un análisis de lo resuelto por el a quo, lo cual no resulta de tal validez.

Añadió que la SECCIÓN CUARTA también incurrió en defecto sustantivo al realizar una interpretación errada de los artículos 73, 74 y 83 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997 3, pues en ningún momento existió una obligación clara, expresa y mucho menos exigible.

Sobre el particular, refirió que con la expedición de la primera licencia de construcción no se configuró el requisito de exigibilidad, puesto

3 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.7

de construcción no se configuró el requisito de exigibilidad, puesto

3 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.7

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que la misma se otorgó en las modalidades de modificación, demolición parcial y cerramiento, por lo que no se dio uso a la mayor edificabilidad permitida y, por tal motivo, lo pagado se constituía en un pago de lo no debido, que debía ser devuelto a la clínica.

Destacó que las partes estuvieron de acuerdo en que para la primera licencia no se debió exigir ningún pago, de tal forma que al no haber existido exigibilidad, la obligación se extinguió y , por tanto, debió ordenarse la devolución del dinero solicitado, máxime cuando la autoridad judicial accionada pasó por alto que el pago de la participación en plusvalía se calcula por la cantidad de metros de mayor edificabilidad que se otorgue en la licencia y bajo ese entendido no existía ninguna posibilidad de haber calculado ningún valor, pues no existió mayor edificabilidad.

Así las cosas, precisó que el requisito denominado exigibilidad de la SECCIÓN CUARTA no resulta razonable, pues no había forma de calcular la participación en plusvalía, además, el pago efectuado no tenía ninguna operación aritmética que lo sustentara.

Finalmente, añadió que la providencia acusada carece de motivación,

calcular la participación en plusvalía, además, el pago efectuado no tenía ninguna operación aritmética que lo sustentara.

Finalmente, añadió que la providencia acusada carece de motivación, toda vez que la autoridad judicial accionada tomó una decisión vaga8

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al centrarse únicamente en la finalidad de la concepción de la plusvalía, sin detallar las reglas claramente establecidas y sin observar los hechos cronológicamente acaecidos.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] DEJAR SIN EFECTOS LA CITADA PROVIDENCIA JUDICIAL,

AL IGUAL QUE CUALQUIER OTRA ACTUACIÓN O TRÁMITE

SURTIDO CON POSTERIORIDAD AL MISMO, Y SE ORDENE LA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, ES DECIR LA PROFERIDA EL SEIS (6) DE MAYO DE DOS MIL

VEINTIUNO (2021) POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA pese a ser notificada del presente trámite constitucional en debida forma, guardó silencio.

I.6. Intervinientes9

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA pese a ser notificada del presente trámite constitucional en debida forma, guardó silencio.

I.6. Intervinientes9

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I.6.1.- El TRIBUNAL arguyó que si bien los jueces están sometidos al imperio de la Constitución y la ley, también lo es que gozan de un margen de discrecionalidad para apreciar el derecho aplicable al caso, en observancia de los principios de autonomía e independencia judicial, de tal forma que las decisiones adoptadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho están sustentadas y fundadas en razonamiento legítimos basados en una interpretación plausible, más no única, de la juridicidad aplicable para resolve r el asunto.

Adicionalmente, sostuvo que la solicitud de amparo de la referencia es improcedente, pues la misma no puede ser utilizada, como pretende la actora, como una tercera instancia o un medio alternativo, adicional o complementario para resolver la situación jurídica planteada.

I.6.2.- La SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA pese a ser notificada en debida forma, guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia10

I.6.2.- La SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA pese a ser notificada en debida forma, guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia10

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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa res altar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efect o los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.11

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona12

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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas

tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ell as y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años d espués de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de reso lución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos

de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor13

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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mu cho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales

decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cua ndo el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo14

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente caso, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 16 de marzo de 2023, proferida por la SECCIÓN CUARTA, por medio de la cual revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda promovida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 201701770-01.

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales a l debido proceso y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, incurrió en15

01770-01.

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales a l debido proceso y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, incurrió en15

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los defectos sustantivo, procedimental absoluto y dec isión sin motivación.

La inconformidad de la actora tiene su génesis en el hecho según el cual, el pago efectuado por concepto de participación en plusvalía de un predio ubicado en Bogotá D.C. constituía un pago de lo no debido, por lo que debió accederse a las pretensiones de la demanda y ordenarse la devolución de dicho dinero, toda vez que no existió el elemento de la exigibilidad del mismo y, por tanto, no había forma de calcular su valor.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii) establecer si la autoridad judic ial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados al revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2017-01770-01.

y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2017-01770-01.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los16

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requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.17

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procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio

requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta) ” [7]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones ” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus dere chos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”18

[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”18

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A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechaz ar o declarar improcedente el amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Hum