CE - 010315000202302035001SENTENCIA20230606115240

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-00

Demandante: UNIDAD ADMINIS TRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICI AL – no se cumple requisito general de subsidiariedad , porque la parte de mandante dispone de otro mecanismo judicial de defensa: el recurso especial de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la UGPP contra el Juzgado Tercero Administrativo de Duitama y el Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 24 de abril de 20231, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por conducto del subdirector de defensa judicial pensional, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Duitama y el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el fin de que se ampare n los derechos fundamentales al debido

subdirector de defensa judicial pensional, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Duitama y el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el fin de que se ampare n los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, «en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional», supuestamente vulnerado con las providencias dictadas, respectivamente, el 20 de abril de 2021 y 27 de octubre de 2022. Formuló las siguientes pretensiones:

Teniendo en cuenta que buscamos la protección del erario, es pertinen te solicitar:

Principales:

1 Se advierte que, el 17 de mayo de 2023, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-00

Demandante: UGPP Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, se an amparados los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el Juzgado Tercero Ad ministrativo Oral del Cir cuito de Duitama y el Tribunal Administrativo de Boyacá por el evidente detrimento del erario en razón a que mes a mes se le debe pagar a la señora Blanca Jenny Guaquet a Camejo una mesada actual de $1.203.032 M/cte a la cual no tiene derecho.

Segundo. Consecuentemente dejar sin efectos los fallos del 20 de abril de 2021 y 27 de octubre de 2022 proferidos por el Juzgado Tercero

Segundo. Consecuentemente dejar sin efectos los fallos del 20 de abril de 2021 y 27 de octubre de 2022 proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Cir cuito de Duitama y el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 152383333003 2018 0045200, en razón a que aplican indebidamente la figura de la retrospectividad de la ley, desconocen la figura de la irretroacti vidad de la Ley 100 de 1993 y pasan por alto en forma ilegítima que el derecho pensional de sobrevivencia se consolidó el 19 de octubre de 1982 a raíz de l fallecimiento del señor Rafael Hernán Izquierdo lo que hacía que la norma que debía regir su caso par a efectos de reconoc imiento pensional de sobrevivencia era el D ecreto 3135 de 1968 y las Leyes 33 de 1976 y 12 de 1975, normas vigentes para la fecha del deceso.

Tercero. Que como consecuencia de lo anterior se sirva ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá dictar nueva sentencia ajustada a derecho esto es revocando la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Duitama del 20 de abril de 2021 , para en su lugar negar las pretensiones de la demanda en razón a que en este caso no podía aplicarse la Ley 100 de 1993 por no ser la norma vigente a la data del deceso del señor Rafael Hernán Izquierdo ocurrida el 1 9 de octubre de 1982 y al no haber cumplido el requisito del tiempo de servicio determinado en el Decreto 3135

Rafael Hernán Izquierdo ocurrida el 1 9 de octubre de 1982 y al no haber cumplido el requisito del tiempo de servicio determinado en el Decreto 3135 de 1968 y las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975 como normas que deb ían regir la prestación del señor Rafael Hernán.

Subsidiarias:

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

Primero. Sean amparados transitoriamente los derechos fundamen tales deprecados por la UGPP, vulnerados por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Duitama y el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se suspenda de manera transitoria y hasta tanto se re suelva el re curso extraordinario de re visión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar, a las providencias del 20 de abril de 2021 y del 27 de octubre de 2022, proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Cir cuito de Duitama y el Tribunal Administrat ivo de Boyacá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1523833330032018 0045200.

Como medida provisional, solicitó:

Conforme a las situaciones graves que se ponen de presente ante su H. Despacho, solicitamos la suspensión del cumplimiento de las sentencias contenciosas controvertidas del 20 de abril de 2021 y del 27 de octubre de 2022 hasta tanto se decida la presente ac ción de tutela, con el fin de evitar el pago que de dicha prest ación se haga a favor de la señora Blanca Jen ny

contenciosas controvertidas del 20 de abril de 2021 y del 27 de octubre de 2022 hasta tanto se decida la presente ac ción de tutela, con el fin de evitar el pago que de dicha prest ación se haga a favor de la señora Blanca Jen ny Guaqueta Camejo, dineros que posteriormente no se podrán recu perar en virtud del principio de buena fe que ampara a la beneficiaria de la prestación.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos:Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-00

Demandante: UGPP Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En ej ercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Blanca Jenny Guaqueta Camejo demandó a la UGPP con el fin de que se declararan nulas las Resoluciones No. RDP 041561 del 02 de noviembre de 2017, RDP 045800 del 5 de diciembr e de 2017 y RDP 04848 del 29 de diciembre de 2017, por medio de las cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pens ión de sobrevivientes a su favor, en calidad de cónyuge supérstite del s eñor Rafael Hernán Izquierdo Avella.

Mediante providencia del 20 de abril de 2021 , el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Duitama accedió las pretensiones de la demanda y orde nó que se reconociera y pagara a la entonces demandante la pensión de sobrevi vientes en cuantía del 45% del promedio de los sala rios que hubiese cotizado el señor Rafel

reconociera y pagara a la entonces demandante la pensión de sobrevi vientes en cuantía del 45% del promedio de los sala rios que hubiese cotizado el señor Rafel Hernán Izquierdo durante los 10 años anteriores a su fallecimiento , pero a partir del 28 de agosto de 2014, por haber operado la prescripción de la s mesadas pensionales causadas con anterioridad a esa fecha.

La anterior de cisión fue objeto de apelaci ón ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el que, en sentencia del 27 de octubre de 2022, confirmó el fallo de primera instancia.

1.3. Argumentos de la tutela

Para la UGPP, en las providencias del 20 de abril de 2021 y del 27 de octubre de 2022, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración pro batoria de los documentos aportados al proceso ordinario , que demostraban que el causante no había cumplido con los 20 años de servicio requeridos en el Decreto 3135 de 1968 y las leyes 33 de 1973 y 12 de 1975 , para ser beneficiario de la pensión de ve jez y, por ende, no le correspondía a su cónyuge la pensión de sobrevivientes.

Asimismo, señaló la configuración del defecto sustantivo por i naplicación de la norma vigente al mo mento del fallecimiento del señor Rafael Hernán Izquierdo, esto es, las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975 y el Decreto 3135 de 1968 , por lo que resulta indebida la aplicación de forma retrospectiva de la Ley 100 de 1993 y el total desconocimiento de la figura de la irretroactividad de la ley.

resulta indebida la aplicación de forma retrospectiva de la Ley 100 de 1993 y el total desconocimiento de la figura de la irretroactividad de la ley.

De otra parte, alegó el desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que han sido claros en la forma de aplicar las figuras d e la retro spectividad e irretroactividad de la ley, para establecer que al caso particular no podía aplicársele la Ley 100 de 1993, ya queRadicación: 11001-03-15-000-2023-02035-00

Demandante: UGPP Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

al momento del fallecimiento del señor Rafael Hernán Iz quierdo estaba vigentes las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975.

Finalmente, expuso que, en el caso concreto, se cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el re curso extraordinario de revisión no resultaría eficaz por no evitar la consuma ción d el perjuicio irremediable, toda vez que no admite medidas provisionales, por lo que se tendría que pagar el retroactivo de una pensión de sobrevivientes a la que no tiene derecho la señora Blanca Jenny Guaqueta Camejo.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 26 de abril de 2023, el despacho de la magistrada pon ente admitió la acción de tutela y ordenó que se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Boyacá y al Juez Tercero Administrativo d e Duitama, como parte demandada, y, en calidad de tercera con interés, a la señora

admitió la acción de tutela y ordenó que se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Boyacá y al Juez Tercero Administrativo d e Duitama, como parte demandada, y, en calidad de tercera con interés, a la señora Blanca Jenny Guaqueta Camejo . Así mismo, dispuso que se notificara a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En la misma providencia se negó la medida pro visional solicitada por la p arte actora.

2.2. El Juzgado Tercero Administr ativo de Duitama, por conducto de su titular, rindió el informe respectivo y señaló que en la providencia atacada se expusieron los fundamentos legales y jurisprudenciales que llevaron a reconocer la prestación reclamada.

De igual forma, expuso que la tutela es improcedente, por carecer i) del requisito de la subsidiariedad , pues, tal como lo expuso la entidad accionante, tiene a su disposición el recurso extraordina rio de revisión, del cual no ha hecho uso; ii) del requisito de la inmediatez , por considerar que la UGPP debió ser más d iligente a interponer los mecanismos idóneos oportunamente, ten iendo en cuenta que , además, cuenta con 10 meses para dar cumplimiento al fallo que hoy se ataca; y iii) del requisito de la relevancia constitucional, pues no se alegó la presencia de una irregularidad procesal.

2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto de un o de sus magistrados, señaló que la acción de la referencia es improcedente, dad o q ue pretende ser utilizada como instancia adicional al proceso ordinario, sin que se

2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto de un o de sus magistrados, señaló que la acción de la referencia es improcedente, dad o q ue pretende ser utilizada como instancia adicional al proceso ordinario, sin que se evidencie la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora . Además, se abordó adecuadamente el caso concreto, teniendo en cuenta losRadicación: 11001-03-15-000-2023-02035-00

Demandante: UGPP Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

fundamentos legales y jurisprudenciales aplicables, así como las pruebas obrantes en el expediente.

Asimismo, adujo que la decisi ón atacada se profirió con total apego a la Constitución Política, las normas y el precedente jurisprudencial que determinó «la procedencia de la aplicación retrospectiva de la Ley en el tiempo, siempre y cuando el afiliado haya fallecido habiendo cotizado una elevada cantidad de años, y que dichas cotizaciones no hayan configurado el derecho pensional, es d ecir no se haya consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición».

2.4. La señora Blanca Jenny Guaqu eta Camejo, por medio de ap oderada judicial, manifestó que la tutela pretende usarse como una terc era instancia , aunado al hecho de que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que los argumentos planteados en la acción de tutela no fueron expuestos por la UGPP en el proceso ordinario, lo cual resulta violatorio de sus derechos fundamentales.

Señaló que la Corte Constitucional ha tenido oportunidad d e aplicar la ley 100 de

argumentos planteados en la acción de tutela no fueron expuestos por la UGPP en el proceso ordinario, lo cual resulta violatorio de sus derechos fundamentales.

Señaló que la Corte Constitucional ha tenido oportunidad d e aplicar la ley 100 de 1993 de manera retrospect iva en aquellos casos en los que al momento del fallecimiento del causante se encontraba regulada la pensión de sobrevivientes exigiendo 15 años o más para la consolidación del derecho, tal como lo expusieron las autoridades judiciales accionadas, por lo que no se encuentra demostrada la configuración de los vicios alegados por la parte actora.

Respecto de l argumento del abuso palmario del derecho para justificar la interposición de la tutela a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial , señaló qu e no se cumplen las reglas estab lecidas en la sentencia SU -136 de 2022, por lo que la tutela también resulta improcedente.

2.5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

A partir de 2012 2, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación acogió la procedencia excepcional de la acción de tutela contra

2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expedien te No . 2009 -01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth

García González.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-00

Demandante: UGPP Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

García González.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-00

Demandante: UGPP Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

providencias judiciales, de conformid ad con las regl as fi jadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que se indiquen lo s hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que se hubieran utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de los derechos fundamentales invocados (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en u n término prude ncial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia const itucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales a nteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

Finalmente, conviene señalar que la Corte Constitucional ha enfatizado en que la acción de tutela contra pro videncias dictadas por los d enominados órga nos d e

(viii) violación directa de la Constitución.

Finalmente, conviene señalar que la Corte Constitucional ha enfatizado en que la acción de tutela contra pro videncias dictadas por los d enominados órga nos d e cierre, « sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera ab ierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando e jerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional»3.

2. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo reúne los requisitos generales exigidos por la jurisprudencia para su procedencia, en especial el de la subsidiariedad. Solo en el evento de superar este y los demás requisitos, la S ala descenderá al análisis de fondo que corresponde, a fin de establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la UGPP.

3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-00

Demandante: UGPP Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3. Análisis de la Sala

De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela de viene improcedente porque la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad. Como se sabe,

Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3. Análisis de la Sala

De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela de viene improcedente porque la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad. Como se sabe, dicha consecuencia emerge cuando el interesado deja de ejercer o tiene a su disposición otros mecanismos que el o rdenamiento jurídico ha previsto para proteger eficazmente los derechos fundamentales.

En el caso concreto, la UGPP considera que , al proferir la s sentencias del 20 de abril de 2021 y del 27 de octubre de 2022 , las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, desconocimiento del p recedente, violación directa de la Constitución y defecto sustantivo. Para el efecto, emplearon el argumento transversal de indebida aplicación de forma retrospectiva de la Ley 100 de 1993 y el total desconoci miento de la figura de la irretroactividad de l a ley, al ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora Blanca Jenny Guaqueta Camejo, sin que, en su criterio, le asistiera el derecho.

Pues bien, si la UGPP estima que la decisi ón objeto de censura se profiri ó de manera irregular, con abuso del derecho y contrariando la ley y la jurisprudencia de esta Corporación, puede acudir al recur so especial de revisión consag rado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , vía proce sal idónea y eficaz que habilitó la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional para este tipo de eventos.

el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , vía proce sal idónea y eficaz que habilitó la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional para este tipo de eventos.

En esa sentencia, la Corte dijo que el Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, dis puso que «la ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensi ones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados» (se destaca).

Agregó la Corte que , aunque ese precepto constitucional no ha sido desarr ollado mediante una ley, el ordenamiento jurídico consa gra para esos fines el recurso especial de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 4 y, conforme

4 “ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de natur aleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La r evisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La r evisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extr aordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, yRadicación: 11001-03-15-000-2023-02035-00

Demandante: UGPP Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

el artículo 251 del CPACA , ese mecanismo debe ejercerse dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

Es por ello que en ese fallo el Tribunal Constitucional señaló que «…ante la existencia de otro mecanismo judicial como lo es el recur so de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en princ ipio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho [o contrariando la ley ], son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución».

En este orden de ideas, la UGPP cuenta con otro medio de defensa al que puede acudir para solicitar que se r evise la providencia judicial que cuestiona, para lo cual está en tiempo; expon er allí sus argumentos y demostrar por qué considera que no resulta procede nte el reconocimiento y pago de la pensió n de

acudir para solicitar que se r evise la providencia judicial que cuestiona, para lo cual está en tiempo; expon er allí sus argumentos y demostrar por qué considera que no resulta procede nte el reconocimiento y pago de la pensió n de sobrevivientes a la señora Blanca Jenny Guaqueta Camejo , en los términos que ordenó el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Duitama , esto es, en cuantía del 45% del promedio de los sala rios que hubiese cotizado el señor Rafel Hernán Izquierdo durante los 10 años anteriores a su fallecimiento , pero a partir del 28 de agosto de 2014, por haber operado la prescripción de la s mesadas pensionales causadas con anterioridad a esa fecha , decisión q ue fue confirmada po r el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Tan es así que en el es crito de tutela la misma UGPP solicitó q ue, si no se accedía a las pretensiones de la tutela de forma principal, se hiciera de forma transitoria mientras presenta el mencionado recurso.

En co nclusión, la acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y C ontribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) carece del requisito de la subs idiariedad, s in que se hubieran comprobado factores de urgencia , gravedad, inminencia e impostergabilidad, como para que se pueda soslayar el cumplimiento del referido presupuesto general de procedencia y utilizar la acción de tutela como mecanismo transit orio, a efectos de evitar un perjuicio irremediable que amenace la sostenibilidad financiera del sistema pensional con ocasión de la decisión de la autoridad judicial

general de procedencia y utilizar la acción de tutela como mecanismo transit orio, a efectos de evitar un perjuicio irremediable que amenace la sostenibilidad financiera del sistema pensional con ocasión de la decisión de la autoridad judicial accionada y que, a su vez, haga necesaria la intervención urgente del juez constitucional.

Encuentra la Sala, además, que los argumentos de la UGPP, re lacionados con la afectación del patrimonio público, la violación del principio de sostenibilidad fiscal y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables” . (Apartes tac hados fueron declarados inexequibles a través de sentencia C-835 de 2003).Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-00

Demandante: UGPP Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

el supuesto abuso del derecho, son justamente los que le permiten ejercer el recurso e special de re visión, máxime si se tiene en cuenta que este tien e como propósito reducir el déficit fiscal para mantener la viabilidad del sistema pensional, por tanto, ni siquiera de manera transitoria procede el amparo constitucional.

Así las cosas, se declarará la improcedente la acción de tutela promovida por la UGPP, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones expuestas en la presente providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la UGPP, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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