CE - 010315000202302069001SENTENCIA20230602144106

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00

Actor: Julia Inés Fernández González

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02069-00

Demandante: JULIA INÉS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas y de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Julia Inés Fernández González , quien actúa mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Quindío, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso , seguridad social y de acceso a la administración de justicia , así como de los principios de favorabilidad, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica,

amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso , seguridad social y de acceso a la administración de justicia , así como de los principios de favorabilidad, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, supuestamente vulnerados con la sentencia de 30 de marzo de 202 3, que confirmó el fallo de 22 de agosto de 2022 dictado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), con el fin de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías correspondientes al año 2020.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora r elató que desde 1996 se encuentra vinculada como docente al departamento del Quindío. Agregó que el 15 de febrero de 2021 , el Ministerio de Educación Nacional no efectuó el giro al FOMAG de las cesantías correspondientes al año 2020.

Afirmó que el 13 de julio de 2021 solicitó al Ministerio de Educación Nacional que realizara la respectiva consignación y el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , petición que se remitió a La Previsora S.A., por considerarla competente para resolverla.

Indicó que no obtuvo respuesta, por lo que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó el acto ficto p roducto del silencio administrativo negativo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00

Actor: Julia Inés Fernández González

nulidad y restablecimiento del derecho demandó el acto ficto p roducto del silencio administrativo negativo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00

Actor: Julia Inés Fernández González

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Narró que , en primera instancia, por sentencia de 22 de agosto de 2022 el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la sanción moratoria no p rocedía respecto de los afiliados al FOMAG porque son beneficiarios de un régimen especial.

Señaló que contra esa decisión presentó recurso de apelación, en el que puso de presente “abundante jurisprudencia” proferida por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los docentes del sector oficial en aras de garantizar el derecho de igualdad con los demás empleados públicos.

Por último, m anifestó que por sentencia de 30 de marzo de 2023 el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la decisión recurrida, bajo el argumento de que “no existe una posición unificada en la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector docente” , por lo que en virtud de la autonomía judicial acogió el criterio jurisprudencial según el cual “los docentes oficiales afiliados al FOMAG no tienen derecho al reconocimiento y pago de las sanciones moratorias consagradas en la Ley 50 de

lo que en virtud de la autonomía judicial acogió el criterio jurisprudencial según el cual “los docentes oficiales afiliados al FOMAG no tienen derecho al reconocimiento y pago de las sanciones moratorias consagradas en la Ley 50 de 1990 y la Ley 52 de 1975, toda vez que el r égimen docente es especial y en lo atinente a las cesantías dicha autonomía surge de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989, así como lo señalado en la Ley 344 de 1996, disposición última que extendió la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los se rvidores de las entidades territoriales, excluyendo de ello específicamente al sector docente oficial regido por la Ley 91 de 1989”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y de acceso a la administración de justicia, así como de los principios de favorabilidad, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Quindío con la sentencia d e 30 de marzo de 2023, que confirmó el fallo de 22 de agosto de 2022 dictado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovid a contra el FOMAG , con el f in de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías anualizadas.

En primer lugar, la actora se refirió al cumplimiento de los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judicial es. Al respecto, sostuvo que es un asunto que reviste relevancia constitucional porque se pretende

En primer lugar, la actora se refirió al cumplimiento de los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judicial es. Al respecto, sostuvo que es un asunto que reviste relevancia constitucional porque se pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados, los cuales resultaron vulnerados con la sentencia de 30 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío , se agotaron lo s recursos ordinarios y extraordinarios (subsidiariedad), la acción de tutela se radicó en un plazo razonable desde que se notificó la sentencia de segunda instancia (inmediatez), se justificaron los hechos considerados como causa de la vulneración ius fundamental invocada, no se trata de un caso de tutela contra tutela.

Concretamente, alegó la configuración de los siguientes defectos:

2.1. Defecto sustantivo: Adujo que la autoridad judicial accionada desconoció el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , el cual es aplicable a los docentes del sector oficial teniendo en cuenta que también son servidores públicos.

Del mismo modo , alegó el desconocimiento del artículo 10 de la Ley 91 de 1989 que establece la obligación de consignar las cesantías al FOMAG. En ese sentido, explicó lo siguiente:Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00

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“Este artículo contempla sin realizar ninguna elucubración mental diferente, la

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“Este artículo contempla sin realizar ninguna elucubración mental diferente, la expresión: “... La deuda liquidada a cargo de la Nación que resulte de los convenios interadministrativos celebrados entre la Nación y las entidades territoriales se pagarán al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio…”, es decir es necesario la transferencia de estos recursos del patrimonio de la Nación – Ministerio de Educación Nacional y de las ent idades territoriales al patrimonio del Fomag, situación que controvierte los argumentos expuestos en la sentencia de reproche en la presente acción de tutela contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Departamento del Quindío, pues es c laro que para poder cancelar las cesantías a los docentes, se necesita que el patrono, en este caso las entidades territoriales y la Nación hayan transferido los recursos al Fomag”.

Afirmó que la autoridad judicial accionada confunde la existencia de un r égimen especial de cesantías de los docentes con la obligación de consignar las cesantías al respectivo fondo de cesantías que, en el caso de los docentes, es el FOMAG.

2.2. Violación directa de la Constitución : Al respecto , alegó el desconocimiento del artícu lo 53 de la Constitución Política que consagra el principio de favorabilidad. Explicó en este punto que han existido otros caso s en los cuales la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, sin qu e conlleve tal situación al desconocimiento del principio de inescindibilidad, como es el caso de la aplicación

los cuales la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, sin qu e conlleve tal situación al desconocimiento del principio de inescindibilidad, como es el caso de la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en fa vor de los docentes del sector oficial ( sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU -336 de 2017 y SU-098 de 2018).

2.3. Desconocimiento del precedente judicial : Alegó el desconocimiento de sentencias proferidas por el Consejo de Estado en donde se ha estableci do la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados del FOMAG, al considerar que no existe un régimen especial de cesantías porque se liquidan de la misma forma como se liquidan las de los demás empleados públicos y privados del país, la única d iferencia radica en los intereses que se liquida n de acuerdo a la DTF sobre el saldo acumulado.

Al respecto, sostuvo:

“Debe centrarse en establecer un tema importante: no fueron tenidas en cuenta las ultimas 21 sentencias del Consejo de Estado, donde est a alta jurisdicción contenciosa administrativa se hace la pregunta, ¿le es aplicable sí o no, La Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de Estado, al unísono, en su sección segunda en sus diferentes salas, compuestas por sus 6 Conse jeros, cada uno de ellos en sus diferentes ponencias han expedido sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido siempre positiva, y aquí es donde se centra el debate, porque las

segunda en sus diferentes salas, compuestas por sus 6 Conse jeros, cada uno de ellos en sus diferentes ponencias han expedido sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido siempre positiva, y aquí es donde se centra el debate, porque las demandadas insisten, en que NO EXISTE la obligación de que la Nación deba consignar las cesantías al FOMAG, situación que fue replicada en la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que ha sido tutelada en esta oportunidad, pero es claro que existe la obligación de su consignación antes del 15 de febrero de cada año, como están encaminadas las pretensiones de este asunto, puntualmente, las cesantías del año 2020, de esta manera garantizar las prestaciones a los trabajadores, eso es lo que estamos pretendiendo acá”.

Señaló que la decisión cuestionada es cont raria a lo expresado por la Sección Segunda del Consejo de Estado “en más de 22 ocasiones entre los años 2021, 2022 y 2023”, en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de que resulta vinculante para el Tribunal Administrativo del Quindío , en tanto son proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción contencios o administrativa, en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica.

En ese orden, elaboró un listado con las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, que considera desconocidas por la autoridad judicialRadicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00

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accionada, respecto de algunas efectuó una transcripción in extenso de sus apartes, tales como:

• Sentencia de unificación de 6 de agosto de 2020 . Expediente No 08001-23-33-000-201300666-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 24 de enero de 2019. Expediente No. 76001-23-31-000-2009-00867-01.

M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 29 de julio de 2019. Expediente No. 11001 -0315-000-2018-03499-01. M.P.

Nicolás Yepes Corrales.

• Sentencia de 2 de diciembre de 2019. Expediente No. 08001 -23-33-000-2014-00173-01.

M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

• Sentencia de 10 de junio de 2020. Expediente No. 08001 -23-33000-2014-00208-01. M.P.

Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 22 de octubre de 2020. Expediente No. 08001 -23-31000-2014-00254-01.

M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Expediente No. 08001 -23-31000-2014-0013201. M.P. William Hernández Gómez.

M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Expediente No. 08001 -23-31000-2014-0013201. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 17 de junio de 2021. Exped iente No. 08001-23-31-000-2014-00815-01. M.P.

Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001 -23-33000-2015-00331-01. M.P.

César Palomino Cortés.

• Sentencia de 4 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001 -23-33-000-2015-00445-02.

M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001 -23-33-000-2015-00445-02.

M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 40001 -23-40-000-2017-00134-01.

M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-2015-9000801. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-2015-9000801. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-2014-9002201. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

01. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-2014-9002201. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 20 de enero de 2022. Expediente No. 080001 -23-33-000-2017-00931-01.

M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001 -23-33-000-2017-00931-01.

M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P.

Carmelo Perdomo Cuéter.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-00795-01.

M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-01.

M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 19 de mayo de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-01.

M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00

Actor: Julia Inés Fernández González

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Actor: Julia Inés Fernández González

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

• Sentencia de 1 de julio de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00376-01. M.P.

Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 22 de agosto de 2022. Expediente No. 08001-23-33-000-015-00509-01. M.P.

César Palomino Cortés.

• Sentencia de 22 de septiembre de 2022. Expediente No. 08001-23-33-000-015-90124-01.

M.P. César Palomino Cortés.

Igualmente, se refirió al desconocimiento de las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional respecto de las cuales efectuó la t ranscripción de algunos de sus apartes.

• SU-098 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

• SU-332 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

• SU-041 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Por último, aludi ó a sentencias proferidas por Juzgados Adm inistrativos del Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que tienen para el Tribunal Administrativo del Quindío.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL

tienen para el Tribunal Administrativo del Quindío.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 30 de marzo de 2023, en el expediente rad. No. 63001 -3333-001-2022-00056-02, transgredió los derechos fundamental es: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA

SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abun dante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIB UNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 1 7 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado

numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 1 7 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente los siguientes documentos:

• Sentencia de 22 de agosto de 2022 , proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia. • Sentencia de 30 de marzo de 2023 , dictada por el Tribu nal Administrativo del Quindío.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00

Actor: Julia Inés Fernández González

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Del mismo modo, obra copia digitalizada del expediente No. 63001 -33-33-0012022-00056-02, correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Julia Inés Fernández González.

5. Trámite procesal

Por auto de 27 de abril de 202 3, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,

admitió la demanda y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a Fiduprevisora S.A. y al departamento del Quindío, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, dispuso oficiar al Tribunal Administrativo del Quindío y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, en el evento de que el expediente hubiese sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso No. 6300133-33-001-2022-00056-02, demandante: Julia Inés Fernández González.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 38042, 38046, 38048, 38051, 38053 y 38057 todos de 28 de abril de 2023 1 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

El jefe de la oficina jurídica de esa cartera ministerial alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad, por lo que pidió que se desvinculara del trámite constitucional , teniendo en cuenta que no tiene injerencia en los hechos que la acto ra alega como causa de la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

6.2. Respuesta de Fiduprevisora S.A.

La coordinadora de tutela s de la entidad manifestó actuar en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Naciona l de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo que p idió que la desvincule del trámite de la acción

La coordinadora de tutela s de la entidad manifestó actuar en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Naciona l de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo que p idió que la desvincule del trámite de la acción de tutela teniendo en cuenta que no tiene competencia para atender las pretensiones de la demanda.

En todo caso, se pronunció sobre la materia objeto d e tutela y señaló que de conformidad con el Decreto 1582 de 1998 , las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías, no obstante, aseveró que esa m odalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por esa disposición dentro de las cuales no está el FOMAG, pues se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y, por lo tant o, aseveró que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales.

1 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: yobanylopeznotijud@gmail.com, sectribadmarm@cendoj.ramajudicial.gov.co tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, contactenos@gobernacionquindio.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co, notjudicial2@fiduprevisora.com.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co.

.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00

Actor: Julia Inés Fernández González

.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00

Actor: Julia Inés Fernández González

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Además, explicó que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes y que “los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están pr esupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia”. En ese punto, señaló que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, emite comunicados a las diferentes Secretarías de Educación certificadas y a los en cargados de las oficinas de prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia.

En ese marco, aseveró que se produce imposibilidad jurídic a de crear cuentas individuales para cada uno de los afiliados del FOMAG , en virtud del principio de unidad de caja y, en consecuencia, no es posible aplicar la figura de “consignación de cesantías”, pues en el caso de los docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías cuando cumplan los requisitos establecidos para tal efecto, por lo tanto no puede aplicarse la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 pues esa figura se consagró para los eventos en que se da consignació n tardía en las cuentas individuales lo que no ocurre en el caso de los docentes.

También señaló que la decisión judicial cuestionada no desconoce el precedente

de 1990 pues esa figura se consagró para los eventos en que se da consignació n tardía en las cuentas individuales lo que no ocurre en el caso de los docentes.

También señaló que la decisión judicial cuestionada no desconoce el precedente judicial, puntualmente, hizo referencia a la Sentencia SU -098 de la Corte Constitucional en la que ordenó a la Sección Segunda, Subsección “B” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitir un nuevo fallo en el que se t uviera en cuenta las consideraciones referentes a la aplicación del principio de favorabilidad e interpr etación conforme a la Constitución sobre el derecho de los docentes al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990. Agregó que en cumplimiento de esa decisión se condenó al municipio de Santiago de Cali al reconocimiento y pago de la sanción moratoria “prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1999, equivalente a un día de salario por cada día de retardo desde el 15 de febrero de 2007 hasta el 1 de octubre del mismo año”.

No obstante, precisó que la sanción moratoria r eclamada devenía del hecho de que el municipio de Cali no realizó la afiliación del docente al FOMAG y, por ende, tampoco realizó el pago de las cesantías , circunstancia que difiere del caso bajo análisis.

En ese orden , resaltó que en dicha providencia s e advirtió que “la existencia de regímenes especiales no puede considerarse discriminatorio per se sin analizar previamente las particularidades de cada caso concreto”.

Finalmente, aseveró que no se vulneraron los derechos fundamentales a la

regímenes especiales no puede considerarse discriminatorio per se sin analizar previamente las particularidades de cada caso concreto”.

Finalmente, aseveró que no se vulneraron los derechos fundamentales a la accionante, toda vez que la decisión judicial cuestionada aplicó los precedentes judiciales vinculantes para la decisión adoptada.

6.3. La autoridad judicial accionada y la vinculada, pese a que fueron debidamente notificadas del auto admisorio, guardaron silencio fre nte a los hechos y las pretensiones de la demanda.

7. Intervención de la actora frente a las respuestas de la acción de tutela

La actora presentó un escrito en el que anuncia un pronunciamiento en torno las respuestas dadas por el Ministerio de Educación Nacional y el FOMAG . En ese sentido, reiteró los argumentos expuestos en la demanda en torno al desconocimiento del precedente judicial que establece la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y a la inexistencia de un régimen especial de cesantía s para los docentes teniendo en cuenta que las mismas se liquidan anualmente como lasRadicado: 11001-03-15-000-2023-02069-00

Actor: Julia Inés Fernández González

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de cualquier empleado del sector público o privado , el único aspecto diferencial es el pago de los intereses.

De igual forma, aportó copia de la sentencia de tutela de 23 de marzo de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado dentro

el pago de los intereses.

De igual forma, aportó copia de la sentencia de tutela de 23 de marzo de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado dentro del expediente No . 110010315000-2023-01063-00, en la que se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante y ordenó al Tribunal Administrativo del Huila proferir una decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en dicho fallo, frente a la aplicación de lo establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del regla mento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 30 de marzo de 2023 , dictada por el Tribunal Administrativo de l Quindío vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y de acceso a la administración de justicia, así como de los principios de favorabilidad, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, al supuestamente incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución , por no reconocer la sanción moratoria por la mora en el pago de las cesantías ,

seguridad jurídica, al supuestamente incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución , por no reconocer la sanción moratoria por la mora en el pago de las cesantías , supuestamente, al incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

De manera previa, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional, establecido como requisito de procedencia general de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha