CE - 010315000202302134001SENTENCIADECLARAIM20230622144616

Demandante: María del Carmen Ramos Reyes

Demandado: Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión de Asuntos Laborales Radicado: 11001-03-15-000-2023-02134-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02134-00

Demandante: MARÍA DEL CARMEN RAMOS REYES

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER,

SUBSECCIÓN DE DESCONGESTIÓN DE ASUNTOS

LABORALES

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con lo disp uesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional

Mediante correo remitido el 27 de abril de 2023 a la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora María del Carmen Ramos Reyes mediante

I. ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional

Mediante correo remitido el 27 de abril de 2023 a la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora María del Carmen Ramos Reyes mediante apoderado judicial, in terpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander , Subsección de Descongestión de Asuntos Laborales, con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la ig ualdad, al mínimo vital, a la seguridad social en pensiones y la dignidad humana.

Sostuvo que dichas garantías les han sido vulneradas con ocasión de la providencia emitida el 2 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, con la que confirmó el auto del 26 de julio de 2018, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, dentro del proceso ejecutivo 68679-33-33-002-2016-00086-01, iniciado por laDemandante: María del Carmen Ramos Reyes

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actora en contra de la Nación , Ministerio de Educació n Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG.

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

“En virtud de lo anterior, solicito muy respetuosamente a los señores Magistrados se conceda la tutela solicitada, en consecuencia, se deje sin

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

“En virtud de lo anterior, solicito muy respetuosamente a los señores Magistrados se conceda la tutela solicitada, en consecuencia, se deje sin efecto alguno la providencia del Tribunal Administrativo de Santander de 2 de febrero de 2023 y en su lugar se ordene el pronunciamiento de una decisión con respeto al derecho y no en defensa oficiosa y extralegal de los obligados, dentro de las 48 horas siguientes a su providencia.”1

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

La parte accionante sostuvo que presentó demanda de nulidad y restablecimiento en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el objeto de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 2035 de 6 de diciembre de 2004, 2218 de 16 de diciembre de 2004 y 1105 de 4 de noviembre de 2009, por medio de las cuales se negó la pensión de sobrevivientes del señor Carlos Alberto Ruiz Rodríguez (QEPD) a ella y a su hijo Luis Carlos Ruiz Ramos.

Indicó que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión d el Circuito Judicial de San Gil mediante fallo de 31 de octubre de 2013, acogió favorablemente las pretensiones de manera abstracta, y ordenó la consulta de su decisión con su superior, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión mediante sentencia de 14 de agosto de 2014, pero declaró oficiosamente u na excepción de prescripción que no se había propuesto.

de su decisión con su superior, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión mediante sentencia de 14 de agosto de 2014, pero declaró oficiosamente u na excepción de prescripción que no se había propuesto.

Agregó que solicitó la aclaración, pero se mantuvo la postura mediante auto del 19 de noviembre de 2014 y la sentencia finalmente quedó ejecutoriada el 26 de noviembre de 2014.

Refirió que, de acuer do a la certificación obrante en el expediente, el salario del causante durante su último año de servicio fue el siguiente: un sueldo mensual de $357.603, una prima de alimentación mensual de $14.167 y una prima de navidad de $297.733, cuya doceava parte e s $24.478, se tiene un ingreso base de liquidación de $391.238. Como la pensión de sobrevivientes es el 45% del IBL se obtiene una suma de $178.306 mensuales a partir del 9 de junio de 1996.

1 Transcrito del original con posibles errores.Demandante: María del Carmen Ramos Reyes

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que el Juzgado Segundo Administrativo de San Gil dentro del proceso ejecutivo que se inició con el radicado 68673 -33-30-03-2016-0008600, en el que con auto del 3 de mayo de 2016 se libró mandamiento de pago

Manifestó que el Juzgado Segundo Administrativo de San Gil dentro del proceso ejecutivo que se inició con el radicado 68673 -33-30-03-2016-0008600, en el que con auto del 3 de mayo de 2016 se libró mandamiento de pago por valor de $89.910.800 por concepto de capital debidamente indexado, más los intereses moratorios gen erados desde el 27 de noviembre de 2014 hasta la verificación del pago total de la obligación, aclarando que existió interrupción en la causación de intereses entre el 28 de febrero al 31 de julio de 2015.

Señaló que, cuando se aprobó la liquidación del crédito el 7 de septiembre de 2017, la obligación tenía un valor de $164.169.884, valor que fue actualizado y ascendía a $195.654.824; por lo que, al descontarle al abono realizado arroja un saldo de $98.074.260.

Informó que la Secretaría de Educación Depa rtamental de Santander profirió la Resolución 2258 de 14 de diciembre de 2017, que ordenó el pago de la suma de $123.548.515, pero solo les cancelaron el 30 de mayo de 2018 la suma de $97.580.564; pero que se le hicieron descuentos.

Agregó que, dicho desp acho judicial con providencia del 26 de julio de 2018 aprobó la liquidación del crédito por la “suma de dinero de $13.149.502, correspondientes a $11.234.147 por concepto de capital y $1.915.355 por concepto de intereses moratorios ”, al considerar que, una vez analizada la Resolución 2258 del 14 de diciembre de 2017 se evidenció que la obligación

correspondientes a $11.234.147 por concepto de capital y $1.915.355 por concepto de intereses moratorios ”, al considerar que, una vez analizada la Resolución 2258 del 14 de diciembre de 2017 se evidenció que la obligación que se pretend ía ejecutar se encontraba satisfecha hasta el 7 de julio de 2017.

Agregó que presentó recurso de apelación, puesto que la obligación tenía un valor de $164.169.884, el cual fue actualizado y ascendía a $195.654.824; por lo que, al descontarle el abono realizado quedaba un saldo de $98.074.260. Por tanto, solicitó que se aprobara la liquidación adicional con el reajuste de los intereses moratorios.

Adujo que la providencia fue apelada y que, el Tribunal Administrativo de Santander mediante providencia de 2 de febre ro de 2023 confirmó la decisión, al indicar que podía realizarse la modificación de oficio de la actualización de la liquidación, al advertir que, en el reconocimiento pensional se incluyeron factores de liquidación que no fueron ordenado en la sentencia, y que no se encuentran estipulados en la Ley.

Precisó que, en dicho proveído se concluyó que “…si bien la decisión del A quo se encuentra ajustada a derecho, lo cierto es que la misma fue tomada sin que mediara una explicación [siquiera] somera, que justificara la modificación del valor aprobado en el auto de liquidación del crédito de fecha 07 de septiembre; pues si bien se encuentra facultado para modificarla, dicha decisión debió basarse en argumentos como lo atrás expuestos, situaciónDemandante: María del Carmen Ramos Reyes

Demandado: Tribunal Administrativo de Santander, Subsección

de Descongestión de Asuntos Laborales

07 de septiembre; pues si bien se encuentra facultado para modificarla, dicha decisión debió basarse en argumentos como lo atrás expuestos, situaciónDemandante: María del Carmen Ramos Reyes

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que no sucedió en el auto de fecha 26 de julio de 2018. Sin embargo, ello por sí solo no tiene suficiente peso para que la decisión recurrida sea revocada.”

3. Sustento de la vulneración

La parte actora consideró que con la providencia demandada se modificó la liquidación de la pensión que realizó la ejecutada y que no fue motivo de reparo alguno en el tr ámite ejecutivo pues, aunque se propusieron excepciones, sobre este aspecto no hubo pronunciamiento.

Añadió que, según el tribunal demandado la liquidación que hizo la Secretaría de Educación de Santander con apoyo de La Fiduprevisora, que ni siquiera explicó como la realizó, tuvo prioridad sobre la liquida ción ejecutoriada de las sentencias que realizó el despacho, lo cual desconoce la seguridad jurídica, la cosa juzgada, la confianza legítima y el respeto al acto propio.

Añadió que, el artículo 446 del Código General del Proceso dispone que la liquidación del crédito se debe hacer una vez ejecutoriada la sentencia que resuelva las excepciones propuestas siempre que no sea favorable al demandado como en este caso, de acuerdo con lo establecido en el

liquidación del crédito se debe hacer una vez ejecutoriada la sentencia que resuelva las excepciones propuestas siempre que no sea favorable al demandado como en este caso, de acuerdo con lo establecido en el mandamiento ejecutivo; por lo que, de ninguna forma se pu ede alterar lo dispuesto en la sentencia como lo hizo el tribunal demandado.

Informó que, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha señalado que como los aportes a la seguridad social constituyen recursos parafiscales, para su cobro debe recurrirse a las normas que regulan el procedimiento tributario y no a las normas laborales, particularmente en lo relacionado con el término de prescripción de la acción de cobro (art. 817 E.T., modificado por el artículo 86 de la Ley 788 de 2002) y la competencia para d ecretar la prescripción (art. 817 E.T., modificado por el artículo 8º de la Ley 1066 de 2006).

Destacó que, por lo tanto, los aportes tienen un término de prescripción de cinco años y además sería ilógico que las mesadas prescribieran, pero los aportes no.

Hizo referencia al concepto 10240-2650328912 de 30 de diciembre de 2011 del director Jurídico del Ministerio de Salud y la Protección Social, para resaltar que solo se le pueden cobrar aportes para salud por un máximo de cinco años, siempre que no haya operado el fenómeno de la prescripción , pero que en su caso se están cobrando más de 11 años, lo cual es totalmente injusto, pues la falta de pago oportuno no es de la incumbencia del trabajador sino de su empleador.

Pidió que se deje sin efecto la provi dencia tutelada y en su lugar se resuelvaDemandante: María del Carmen Ramos Reyes

totalmente injusto, pues la falta de pago oportuno no es de la incumbencia del trabajador sino de su empleador.

Pidió que se deje sin efecto la provi dencia tutelada y en su lugar se resuelvaDemandante: María del Carmen Ramos Reyes

Demandado: Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión de Asuntos Laborales Radicado: 11001-03-15-000-2023-02134-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la alzada, aprobando la liquidación adicional presentada, con el reajuste de los “…intereses moratorios hasta la fecha de su aprobación y posteriormente hasta la fecha del pago total de la obligación como se ordenó en el mandamiento de pago o subsidiariamente se efectué una liquidación debidamente ajustada a derecho, que no puede ser de ninguna forma el esperpento que efectuó la Secretaría de Educación de Santander en el acto administrativo referido y que el Juzgado de instancia le ha dado mayor valor que a sus propias decisiones.”

4. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto 4 de mayo de 2023 se admitió la solicitud de tutela y , en consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión de Asuntos Laborales.

A su vez, se dispuso la vinculación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de la Secretaría de Educación de Santande r, del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil (Santander), de la Fiduciaria La

Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de la Secretaría de Educación de Santande r, del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil (Santander), de la Fiduciaria La Previsora, así como también del señor Luis Carlos Ruíz Ramos.

5. Contestaciones

Surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:

5.1. Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión de Asuntos Laborales

Solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela, pues de manera alguna se evidencia la existencia de actuación de la cual se pueda derivar la vulneración de los derechos fundamentales a legada por la parte actora.

Indicó que estimó necesario realizar la modificación de oficio de la actualización de la liquidación, al advertir que, en el reconocimiento pensional se incluyeron factores de l iquidación que no fueron ordenado s en la sentencia, y que no se encuentran estipulados en la Ley.

Señaló que, en cuanto a la modificación realizada se siguió la tesis jurisprudencial adoptada por el Consejo de Estado en dentro del expediente 11001-03-15-000-2008-0072001, conforme a lo cual dentro de los deberes que le incumben al juez que conoce el proceso ejecutivo se encuentra el de decidir si las liquidaciones se ajustan a derecho y por tanto no puede impartir aprobación a una liquidación de un crédito que no consulte tanto la obligación consignada en la sentencia como en las normas que la regulan.Demandante: María del Carmen Ramos Reyes

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Advirtió que, del mismo modo se indicó que si bien en el auto recurrido no se exponen los motivos por los cuales resultaba necesaria la modificación del valor aprobado en el auto de liquidación del crédito del 7 de septiembre de 2017; dicha omisión no generaba per se el efecto perseguido por la recurrente.

5.2. Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Dicha cartera hizo alusión a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva , pues no es la competente para atender solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones o asuntos a cargo. Por lo que solicitó su desvinculación.

5.3. Secretaría de Educación de Santander

Pese a su notificación, guardó silencio.

5.4. Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil (Santander)

Este despacho remitió el expediente ejecutivo.

5.5. Fiduciaria La Previsora

Pese a su notificación, guardó silencio.

5.6. Luis Carlos Ruíz Ramos

Pese a su notificación, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,

5.6. Luis Carlos Ruíz Ramos

Pese a su notificación, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Cuestión previa

El Ministerio de Educación Nacion al solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva; lo cual se negará, pues de lasDemandante: María del Carmen Ramos Reyes

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co circunstancias fácticas y lo pretendido por la parte actora, su integración corresponde como tercero con interés en el resultado del proceso , dado que fue parte demandada en el proceso que dio origen a esta acción de tutela.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si el tribunal demandado vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante, al confirmar la decisión que modificó la liquidación de oficio en el proceso ejecutivo que

de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si el tribunal demandado vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante, al confirmar la decisión que modificó la liquidación de oficio en el proceso ejecutivo que promovió para el cumplimiento de la sentencia ordinaria. Y para que se apruebe la liquidación adicional pre sentada, con el reajuste de los intereses moratorios que se generen.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20122, unificó la diversidad de criterio s que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente .”3 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modifica do su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,

parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente .”3 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modifica do su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al ef ecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta

2 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.

3 Ibídem.Demandante: María del Carmen Ramos Reyes

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de est a acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos

fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de est a acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.4

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o n egación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como

transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

5. Relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la sala cita como antecedente la sentencia de tutela del 29 de septiembre de 2022 5, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía

4 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T -774 de 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 5 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001 -03-15-000-2022-03365-01.

Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.Demandante: María del Carmen Ramos Reyes

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.

La Corte Constitucional, al momento de estudiar los requisitos de procedibilidad en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “… el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo d e la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.

El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito son las siguientes:

“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la

A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito son las siguientes:

“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal6” (Énfasis de la Sala).

El alto tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este postulado, puesto que:

1. No tenía la identidad para interpretar , aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

1. involucraba un debate eminentemente legal,

6 Sentencia SU 573 de 2019.Demandante: María del Carmen Ramos Reyes

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1. planteaba una discusión preponderantemente económica y,

1. no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

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1. planteaba una discusión preponderantemente económica y,

1. no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

6. Caso concreto

La parte actora sostuvo que sus garantías constitucionales se vulneraron con ocasión de la providencia emitida el 2 de febrero de 2023 por parte del Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión de Asuntos Laborales, que confirmó el auto del 26 de julio de 2018, proferido por el Juzgado Segu ndo Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, dentro del proceso ejecutivo iniciado por la actora en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG.

Esto, pues a su juicio, no procedía la modificación de oficio de la actualización de la liquidación del crédito presentada por la ejecutada, pese a que no fue motivo de reparo alguno en el trámite del ejecutivo y, aunque se propusieron excepciones, sobre este aspecto no hubo pronunciamiento.

Para resolver, se precisa que, no se encuentra cumplido el requisito de la relevancia constitucional por los siguientes motivos:

Dicho presupuesto general de la acción de tutela “ …supone justificar razonablemente la existencia de una restric ción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel… ”7. De igual manera, se precisa el aludido requisito tiene tres finalidades, a saber:

justificar razonablemente la existencia de una restric ción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel… ”7. De igual manera, se precisa el aludido requisito tiene tres finalidades, a saber:

“… (i) preservar la competencia y la independencia de l os jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 8 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad 9; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales 10 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una ins