CE - 010315000202302146001SENTENCIA20230615151203

Demandantes: Maryuris Estela Blanco Serrano y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Rad: 11001-03-15-000-2023-02146-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02146-00

Demandantes: MARYURIS ESTELA BLANCO SERRANO Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Tema: Tutela contra providencia judicial – requisito de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por l os señores Maryuris Estela Blanco Serrano y otros, en ejercicio de la acción de tutela (consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991) contra el fallo proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A el 25 de octubre de 2019.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 27 de abril de 2023 al buzón web

Subsección A el 25 de octubre de 2019.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 27 de abril de 2023 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, los señores Maryuris Estela Blanco Serrano1, Celis María Floran Chala, Nelson Jhovanny Sabogal Chala, Wilmer Alfonso González Chala y Yenina del Carmen Nieto Pardo 2, por medio de apoderado judicial, instaur aron acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A con el fin de que les sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.

2. La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión del fallo del 25 de octubre de 2019 proferido por la autoridad judicial demandada, mediante el cual modificó la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, que accedió

1 Quien actúa en nombre propio y en representación de los menores Moilis Edith Contreras Blanco y Moisés Junior Contreras Blanco. 2 En representación de los menores Maribel Ismeth Florian Nieto, Marian Lif Florian Nieto y Wadia Andrea Florian Nieto , “quiene s actúan como beneficiarios por representación del demandado fallecido, el señor Wajid Martín Florian Chala” (transcripción textual con posibles errores).Demandante: Maryuris Estela Blanco Serrano Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Rad: 11001-03-15-000-2023-02146-00

2

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Rad: 11001-03-15-000-2023-02146-00

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parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa3 interpuesta contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

3. Mediante la sentencia cuestionad a, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A revocó las indemnizaciones reconocidas en primera instancia a los señores Moilis Edith Contreras Blanco, Moisés Junior Contreras Blanco, Marina Esther Chala Cienfuegos, Wajid Martín Florián Chala, Celi s María Florián Chala, Nelson Jhovanny Sabogal Chala y Wilmer Alfonso González Chala y se inhibió de resolver lo solicitado por estos demandantes. A su vez, negó las sumas reconocidas en la modalidad de lucro cesante a la señora Blanco Serrano y a sus hijos Moilis

Edith Contreras Blanco y Moisés Junior Contreras Blanco.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó la protección de sus garantías

fundamentales y, en consecuencia, pidió:

PRIMERO: se le ordene a la accionada, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, restablecerle a los accionantes MARYURIS ESTELLA BLANCO SERRANO, los menores MOILIS

EDITH CONTRERA BLANCO y MOISÉS JUNIOR CONTRERAS BLANCO y los

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, restablecerle a los accionantes MARYURIS ESTELLA BLANCO SERRANO, los menores MOILIS

EDITH CONTRERA BLANCO y MOISÉS JUNIOR CONTRERAS BLANCO y los

señores MARINA ESTHER CHALA CIENFUEGOS, WAJIJD MARTIN FLORIAN CHALA, CELIS MARÍA FLORIAN CHALA, JHOVANNY SABOGAL CHALA, y WILMER ALFONSO GONZÁLEZ CHALA, sus derechos fundamentales conculcados en la sentencia proferida el 25 de octubre de 2019, dentro del expediente de reparación directa No. 08001-23-31-005-2012-00145-01 (53710)

SEGUNDO: REVOCAR el fallo proferido po r el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A el 25 de octubre de 2019, dentro del expediente de reparación directa No. 08001-23-31-005-201200145-01 (53710) que MODIFICÓ la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 31 de enero de 2014, que revocó el numeral primero del FALLO, las indemnizaciones concedidas a los demandantes

MOILIS EDITH CONTRERAS BLANCO, MOISES JUNIOR CONTRERAS

BLANCO, MARINA ESTHER CHALA CIENFUEGOS, WAJID MARTIN FLORIAN CHALA, CELIS MARÍA FLOERIAN CHALA, NELSON JHOVANNY SABOGAL CHALA y WILMER ALFONSO GONZÁLEZ CHALA y se inhibió resolver de fondo para pronunciarse respecto las pretensiones formuladas por estos.4

1.3. Hechos probados y/o admitidos

SABOGAL CHALA y WILMER ALFONSO GONZÁLEZ CHALA y se inhibió resolver de fondo para pronunciarse respecto las pretensiones formuladas por estos.4

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 11 de junio de 2010, durante un operativo adelantado por miembros de la Policía Nacional en Barranquilla, el señor Moisés José Contreras Chala fue retenido y conducido a la estación de policía de la ciudadela 20 de julio de tal ciudad .

3 Proceso identificado con radicado 08001-23-31-005-2012-00145-01 4 Transcripción textual del texto original con posibles errores.Demandante: Maryuris Estela Blanco Serrano Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Rad: 11001-03-15-000-2023-02146-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Posteriormente, el señor Contreras Chala murió a causa de algunas lesiones que le fueron ocasionadas.

6. Como consecuencia de ello, los señores Maryuris Estella Blanco Serrano 5, Celis María Floran Chala, Nelson Jhovanny Sabogal Chala, Wilmer Alfonso González Chala , Wajid Martín Florián Chala y Marina Esther Chala Cienfuegos interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa con el fin de que se declarara administrativamente responsable a la Nación, Ministerio

González Chala , Wajid Martín Florián Chala y Marina Esther Chala Cienfuegos interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa con el fin de que se declarara administrativamente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional por la muerte del señor Contreras Chala.

7. Mediante sentencia del 31 de enero de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y reconoció los perjuicios morales ocasionados a todos los demandantes. Esto, al considerar que la entidad asumió una posición de garante respecto del aprehendido, dado que se creó una relación de especial sujeción y protección y, por tanto, su integridad era responsabilidad de la demandada con base en una obligación de resultado. Aunado a lo anterior, no se acreditó que la víctima hubiera causado su propia muerte.

8. A su vez, reconoció los daños materiales en la modalidad de lucro cesante a la señora Blanco Serrano y sus hijos Moilis Edith Contreras Blanco y Moisés Junior Contreras Blanco y condenó en abstracto al extremo pasivo de la controversia. Esto con fundamento en que, si bien no se probó la actividad laboral que ejercía el occiso, aplicó el criterio según el cual toda persona en edad productiva desempeña una actividad lícita y que la víctima debía alimentos a su compañera permanente e hijos.

9. Inconforme con lo anterior, la demandada presentó recurso de apelación mediante el cual argumentó que el juez debió declarar la inepta demanda, dado que la solicitud de conciliación extrajudicial s olo fue presentada por la señora Maryuris Estela Blanco Serrano . En tal sentido, agregó que, respecto de los demás

mediante el cual argumentó que el juez debió declarar la inepta demanda, dado que la solicitud de conciliación extrajudicial s olo fue presentada por la señora Maryuris Estela Blanco Serrano . En tal sentido, agregó que, respecto de los demás demandantes, ha debido inhibirse de resolver de fondo y que, por tanto, no había lugar a reconocer la indemnización solicitada.

10. La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, mediante sentencia del 2 5 de octubre de 20 19, modificó parcialmente el fallo dictado en primera instancia, en el sentido de revocar las indemnizaciones reconocidas a los señores Moilis Edith Contreras Blanco, Moisés Junior Contreras Blanco, Marina Esther Chala Cienfuegos, Wajid Martín Florián Chala, Celis María Florián Chala, Nelson Jhovanny Sabogal Chala y Wilmer Alfonso González Chala y se inhibió de resolver las pretensiones relacionadas con estos demandantes.

11. La autoridad judicial accionada encontró que , mediante la constancia expedida por la Procuraduría 117 Judicial II Administrativa de Barranquilla , se acreditó que la parte convocante de la conciliación extrajudicial fue únicamente la

5 Quien actuó en nombre propio y en representación de los menores Moilis Edith Contreras Blanco y Moisés Junior Contreras Blanco.Demandante: Maryuris Estela Blanco Serrano Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Rad: 11001-03-15-000-2023-02146-00

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Rad: 11001-03-15-000-2023-02146-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

señora Blanco Serrano. A su vez, aseguró que no se anexó copia de la solicitud de conciliación que probara que los demás actores formaron parte de la petición.

12. Al respecto, precisó que el agotamiento de dicho requisito previo a la demanda «es obligatorio para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 1285 de 2009 ». Añadió que «no puede decirse que no tuvieron chance de acreditar su cumplimiento, dado que la ausencia de este requisito no es causal de rechazo de plano, de conformidad con el artículo 143 del CCA» y que, incluso, «pudieron agotar dicho requisito antes de que la dema nda fuera admitida, para que las partes tuvieran la oportunidad de llegar a un acuerdo conciliatorio y todos los hoy accionantes quedaran habilitados para activar la jurisdicción».

13. Por su parte, también revocó el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a la señora Blanco Serrano y sus hijos Moilis Edith Contreras Blanco y Moisés Junior Contreras Blanco. Esto, con fundamento en la sentencia del 18 de julio de 2019 6, mediante la cual la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación consideró que debía acreditarse suficientemente que la víctima desempeñaba una actividad productiva lícita que le proporcionaba ingresos y la cual no pudo seguir realizando. Dado que ello no logró probarse en el

Tercera de esta Corporación consideró que debía acreditarse suficientemente que la víctima desempeñaba una actividad productiva lícita que le proporcionaba ingresos y la cual no pudo seguir realizando. Dado que ello no logró probarse en el proceso, consideró que debía negarse la indemnización reconocida en primera instancia por ese concepto.

14. La sentencia de segunda instancia fue notificada mediante edicto fijado en lugar público de la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por el término de 3 días, comprendidos entre el 31 de octubre de 2019 y el 5 de noviembre siguiente.

15. El 25 de septiembre de 2020 la parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión contra dicho fallo , el cual fue resuelto por la Sala Especial de Decisi ón 22 del Consejo de Estado el 30 de septiembre de 2022 en el sentido de declarar infundado el recurso

16. Esta providencia fue notificada el 2 de noviembre del mismo año.

1.4. Sustento de la vulneración

17. La parte actora sostuvo que la autoridad demandada incurrió en defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, en defecto por error inducido y en desconocimiento del precedente.

18. Frente al defecto procedimental absoluto, afirmó que la demandada dio

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 18.07.19. M.P. Alberto Zambrano Barrera. Exp.: 73001-23-31-000.2009.00133-01.Demandante: Maryuris Estela Blanco Serrano

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

18.07.19. M.P. Alberto Zambrano Barrera. Exp.: 73001-23-31-000.2009.00133-01.Demandante: Maryuris Estela Blanco Serrano Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Rad: 11001-03-15-000-2023-02146-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

prevalencia a la forma, es decir, a la falta de supuestamente el requisito de procedibilidad de la conciliación por parte de varios de los demandantes , se vislumbra el apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la materialización de los derechos sustanciales, la búsqued a de la verdad y la adopción de una decisión judicial justa.

19. En este orden de ideas , estableció que «por la ciega obediencia procesal» se vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes «máxime si se tiene en cuenta que no es cierto que la única que concurrió a la convocatoria de la audiencia de conciliación haya sido la señora Maryuris Blanco».

Agregó que la omisión de no relacionar en la constancia a los demás actores se debió a un error de la Procuraduría 117 Judicial II Administrativa de Barranquilla el cual no debió ser asumido por ellos.

20. En relación con el defecto por error inducido , señaló que la Policía Nacional, por medio de su apoderado judicial, «incumplió con el deber de obrar con lealtad», pues aportó «información fraudulenta » al afirmar , en el recurso de

20. En relación con el defecto por error inducido , señaló que la Policía Nacional, por medio de su apoderado judicial, «incumplió con el deber de obrar con lealtad», pues aportó «información fraudulenta » al afirmar , en el recurso de apelación interpuesto , que – con excepción de la señora Blanco Serrano – los demandantes «no agotaron el requisito de procedibilidad de la conciliación».

21. Arguyó que dicha entidad se «aprovech[ó] del error de la Procuraduría 117

Judicial II Administrativa de Barranquilla, que no relaciono a todos los convocantes en el acto de no conciliación a sabiendas (…) que todos los demandantes si participaron en la con ciliación no prejudicial »7. A su vez, señaló que la autoridad «ocult[ó] las pruebas al no aporta la copia del escrito de conciliación recibido en las oficinas de la policía metropolitana de Barranquilla el día 01 de mayo de 2011, donde aparecen como convocantes»8 los demás demandantes.

22. En este orden de ideas, sostuvo que dicho «comportamiento desleal» de tal institución «y toda su información falsa » fueron determinantes en el fallo cuestionado, por lo que se había acreditado que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A fue «víctima de un engaño por parte de la entidad demandada», lo que derivó en la vulneración de sus derechos fundamentales.

23. Con respecto al desconocimiento del precedente afirmó que, conforme con la sentencia del 13 de febrero de 20149 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, «omitir la audiencia de conciliación prejudicial trae como consecuencia

23. Con respecto al desconocimiento del precedente afirmó que, conforme con la sentencia del 13 de febrero de 20149 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, «omitir la audiencia de conciliación prejudicial trae como consecuencia el rechazo de la demanda y no la nulidad del proceso » pues, de no asumirse ello «se le daría el carácter de formalidad insubsanable, lo que contradice el principio de prevalencia de lo sustancial, estatuido por el artículo 228 de la Constitución».

24. Por tanto, expuso que, en el evento en que se hubiera omitido el requisito en mención, ello no constituía una causal de inepta demanda «toda vez que está

7 Transcripción textual con posibles errores. 8 Transcripción textual con posibles errores. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 13.02.14. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Exp.: 11001-0315-000-2013-02489-00.Demandante: Maryuris Estela Blanco Serrano Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Rad: 11001-03-15-000-2023-02146-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

establecido que la conciliación es una exigencia previa para demandar, mas no un requisito formal de la demanda» y, en este sentido «si bien genera consecuencias de tipo procesal, no tiene la virtualidad de estructurar una nulidad que impida al juez resolver de fondo».

25. En consonancia con lo anterior, agregó que «el proceso quedó saneado con

de tipo procesal, no tiene la virtualidad de estructurar una nulidad que impida al juez resolver de fondo».

25. En consonancia con lo anterior, agregó que «el proceso quedó saneado con la ejecutoria del auto admisorio de la demanda, debido a la tolerancia de las entidades demandadas que no ejercieron los recursos procedentes contra dicha providencia».

26. Por su parte, manifestó que se aplicó indebidamente el p recedente de la sentencia de unificación del 18 de julio de 2019 10 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado , en relación con la revocatoria del reconocimiento de los perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante a la señora Blanco Serrano y sus hijos. Arguyó que, contrario a lo que concluyó la autoridad judicial demandada, dicha providencia no consagró la obligación de acr editar que la víctima ejercía alguna actividad económica como requisito para acceder al reconocimiento de la indemnización por tales daños. Esto pues, a su juicio, lo exigido por dicho fallo «es demostrar que la víctima directa estaba en edad productiva, q ue era productiva y que desarrolle una actividad lícita».

1.5. Admisión de la demanda

27. La magistrada ponente de la presente decisión, mediante auto del 1 5 de mayo de 2023: i) admitió la demanda de tutela; ii) ordenó notificar a los tutelantes y al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A como autoridad accionada; y iii) vinculó en calidad de terceros con interés al Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A como autoridad accionada; y iii) vinculó en calidad de terceros con interés al Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y a los señores Marina Esther Chala Cienfuegos y Wajid Martín Florián Chala.

1.6. Intervenciones:

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

28. Por medio de escrito enviado el 24 de mayo de 2023 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, la magistrada ponente de la decisión cuestionada sostuvo que la acción de tute la resultaba improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez «dado que supera el plazo de 6 meses acogido por la jurisprudencia unificada de esta Corporación».

29. Argumentó que dicho plazo:

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 18.07.19. Exp.: 73001-23-31-000.2009.00133-01.Demandante: Maryuris Estela Blanco Serrano Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Rad: 11001-03-15-000-2023-02146-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

se contabiliza desde la notificación de la providencia que se cuestiona –porque desde allí se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales–

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se contabiliza desde la notificación de la providencia que se cuestiona –porque desde allí se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales– o, en su defecto, desde la ejecutoria, dada la procedencia de una aclaración, corrección o adición de sentencia –por cuanto los pronunciamie ntos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento–.

30. Indicó que, en el caso en concreto, la parte actora pretende que se revoque una sentencia dictada por esta autoridad el 25 de octubre de 2019, la cual fue notificada el 31 del mismo mes y año. Agregó que la tutela se radicó el 27 de abril de 2023, «es decir, pasaron más de 3 años y medio, sin que el proceso hubiera tenido algún trámite posterior que justificara la desatención del plazo de los 6 meses».

31. Expuso que «a pesar del evidente incumplimiento del principio de inmediatez», mediante la providenci a cuestionada no se vulneró ningún derecho fundamental, puesto que la decisión adoptada se fundamentó en lo que se acreditó en el proceso ordinario conforme al material probatorio obrante en el expediente, «sin que se hubiere demostrado yerro alguno al respecto».

32. Concluyó que, a diferencia de lo afirmado por la parte actora, «sí se aplicó lo previsto en la sentencia de unificación de la Sección Tercera de esta Corporación sobre la materia , ya que se determinó que no existía prueba suficiente que acreditara la actividad económica de la víctima”.

previsto en la sentencia de unificación de la Sección Tercera de esta Corporación sobre la materia , ya que se determinó que no existía prueba suficiente que acreditara la actividad económica de la víctima”.

1.6.2. Policía Nacional

33. Mediante memorial remitido el 25 de mayo de 2023 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, la entidad solicitó que se negara lo pretendido por la parte actora ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales.

34. Adujo que , al interior del proceso de reparación directa, los demandantes debían agotar el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial para poder acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, sin embargo, únicamente la señora Blanco Serrano acreditó el cumplimiento de dicha exigencia.

35. A su vez, arguyó que la acción era improc edente ante la inexistencia de un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente e injustificada «que amerite la procedencia de la tutela como mecanismo para acceder al reconocimiento de las pretensiones solicitadas por el accionante».

1.6.3. Tribunal Administrativo del Atlántico

36. A través de informe allegado el 26 de mayo de 2023 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la autoridad judicial afirmó que la tutelaDemandante: Maryuris Estela Blanco Serrano Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Rad: 11001-03-15-000-2023-02146-00

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Rad: 11001-03-15-000-2023-02146-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

presentada «se torna improcedente habida cuenta que no se estructura ninguno de los requisitos generales y causales específicas de procedencia». Sostuvo que:

la providencia objeto del medio constitucional en estudio es acorde a la normatividad aplicable al caso objeto de controversia, a la jurisprudencia aplicable al asunto sometido a consideración del aparato judicial y, a las pruebas allegadas al legajo, por tal razón, se concluyó que las lesiones sufridas por la actora están debidamente acreditadas, pero no la imputación de la causación por la entidad.

37. Concluyó que «la acción de tutela no puede convertirse en una instancia más de las que el legislador ha establecido, pues ello desnaturaliza el fin que persigue».

38. El 29 de mayo de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado remitió un oficio dirigi do al apoderado de la parte actora mediante el cual solicitó «las direcciones de notificación de los señores Marina Esther Chala Cienfuegos y

Wajid Martín Florián Chala».

39. Como respuesta a tal requerimiento, el 31 del mismo mes y año, el apoderado de los tutelantes envió un memorial en el que informó lo siguiente:

La señora MARINA ESTHER CHALA CIENFUEGO falleció el día 25 de noviembre de 2019, como consta en el registro de defunción indicativo serial No. 09634418 y el señor WAJID MARTIN FLORIAN CHALA, falleció el día 16

noviembre de 2019, como consta en el registro de defunción indicativo serial No. 09634418 y el señor WAJID MARTIN FLORIAN CHALA, falleció el día 16 de mayo de 2014, como consta en el registro civil de defunción con indicativo serial No. 0874521.

Por lo que los señores CELIS MARÍA FLORIAN CHALA, NELSON JHOVANNY SABOGAL CHALA, WILMER ALFONSO GONZÁLEZ CHALA actúan en nombre propio y como herederos (hijos de la señora MARINA ESTHER CHALA CIENFUEGOS (fallecida).

Las menores MARIBEL ISMETH FLORIÁN NIETO, MARIAN LIF FLORIÁN NIETO y WADIA ANDREA FLORIÁN NIETO que actúan por medio de su representante legal señora Yenina del Carmen Nieto Pardo, en su condición de herederas (hijas) del señor WAJID MARTÍN FLORIÁN CHALA (fallecido).

En tal sentido se debe tener acreditada la legitimación ad processum respecto de los herederos mencionados para intervenir en la presente acción de tutela.11

40. Anexó a dicho memorial las actas de defunción respectivas y los registros civiles de las menores Maribel Ismeth, Marian y Wadia Andrea Florián Nieto.

1.7. Manifestación de impedimento del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra

41. Mediante escrito enviado el 14 de junio de 2023, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra manifestó su impedimento para conocer y decidir el presente

11 Transcripción textual con posibles errores.Demandante: Maryuris Estela Blanco Serrano

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Álvarez Parra manifestó su impedimento para conocer y decidir el presente

11 Transcripción textual con posibles errores.Demandante: Maryuris Estela Blanco Serrano Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Rad: 11001-03-15-000-2023-02146-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

mecanismo constitucional, con fundamento en la causal contemplada en el artículo 56, numeral 6º12 del Código de Procedimiento Penal.

42. Expuso que hizo parte de la Sala Especial de Decisión 22 que profirió la sentencia del 30 de septiembre de 2022 dictada en el marco del recurso extraordinario de revisión que promovió la parte actora contra el fallo del 25 de octubre de 2019, dictada por l a Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado y que es objeto de la presente acción constitucional. Por tanto, consideró que se configuraba la causal invocada, dado que profirió una providencia en el marco de un recurso extraordinario en el que se estudió la sentencia que se controvierte mediante el presente mecanismo de amparo.

1.8. Auto que declaró infundado el impedimento manifestado por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra

43. Mediante auto del 15 de junio de 2023, los magistrados Rocío Araújo Oñate, Carlos Enrique Moreno Rubio y Pedro Pablo Vanegas Gil declararon infundado el impedimento manifestado por el consejero Luis Alberto Álvarez Parra, pues se consideró que no se configuraba la causal invocada. Lo anterior, puesto que la sala

Carlos Enrique Moreno Rubio y Pedro Pablo Vanegas Gil declararon infundado el impedimento manifestado por el consejero Luis Alberto Álvarez Parra, pues se consideró que no se configuraba la causal invocada. Lo anterior, puesto que la sala de decisión en la que participó el consejero dictó una providencia que no es objeto de la presente tutela. A su vez, el magistrado no participó dentro del proceso en el que se profirió la decisión que se controvierte en la acción constitucional que se tramita ante la Sección Quinta.

44. Al respecto, s e puso de presente que, conforme con el auto de unificación jurisprudencial del 24 de mayo de 2023 13, la Sala Plena del Consejo de Estado reiteró la postura pacífica al interior de esta corporación según la cual:

el recurso extraordinario de revisión es una actuación diferente al proceso de origen, y constituye un nuevo juicio; esto es, un verdadero medio de control, autónomo e independiente de aquel en el que se dictó la providencia cuya infirmación se pretende

45. Por tanto, se consideró que el proceso del recurso extraordinario en el que participó el magistrado Álvarez Parra es autónomo e independiente del medio de control de reparación directa en el que se profirió la sentencia controvertida vía tutela. En tal sentido, no se evidenció que la imparcialidad del consejero se encontrara comprometida para resolver sobre la primera i nstancia del presente asunto constitucional.

12 “ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…)

6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente

(…)

6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero