CE - 010315000202302190011SENTENCIA20231019162444

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02190-01

Accionante: NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / medio de control reparación directa / derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia / defecto s fáctico y procedimental

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por la Nación – Ministerio de Defensa– Policía Nacional contra la sentencia del 19 de julio de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

La parte actora, actuando por intermedio de apoderado judicial, solicita la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia ; así como del principio

I. ANTECEDENTES

La parte actora, actuando por intermedio de apoderado judicial, solicita la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia ; así como del principio de prevalencia del derecho sustancial, con fundamento en los siguientes:ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02190 -01

Accionante: Nación - Ministerio de Defensa –

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1. HECHOS

1.1. El 6 de abril de 200 3 en zona rural del municipio de Barrancabermeja fue asesinado el señor José Emeterio Rivas Rivas por grupos paramilitares , de manera concertada con el señor Julio Cesar Ardila Torres, quien para la época fungía como alcalde de dicho municipio.

1.2. Por lo anterior, en ejer cicio del medio de control de reparación directa, la señora Nancy Amparo Silva Castro y otros demandaron a la Nación – Ministerio del Interior y de Justiciay Ministerio de Defensa – Policía Nacional para que se declararan patrimonialmente responsables por la muerte del señor José Emeterio Rivas Rivas , proceso que por reparto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Barrancabermeja, dependencia judicial que, mediante sentencia del 8 de agosto de 2017 , resolvió denegar las súplicas de la demanda, al

reparto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Barrancabermeja, dependencia judicial que, mediante sentencia del 8 de agosto de 2017 , resolvió denegar las súplicas de la demanda, al considerar que la muerte del periodista fue consecuencia de un acto de motivación personal del entonces alcalde de Barrancabermeja y no obedeció a alianzas entre agentes del Estado con grupos al margen de la ley.

1.3. En sede de apelación , el Tribunal Administrativo de Santan der a través de sentencia del 29 de septiembre de 2022 resolvió revocar la anterior decisión y , en consecuencia , declarar administrativamente responsables a las entidades demandadas, al estimar que no cumplieron con las medidas de protección y seguridad que demandaba el señor Rivas Rivas de acuerdo con el nivel de riesgo que se cernía con el mismo, pues fueron precarias las medidas adoptadas, porque no consultaron el nivel de urgencia, gravedad e inminencia de las amenazas en su contra y del riesgo constante en el que vivía la víctima a c ausa de su actividad como periodista, al igual que la relevancia de las denuncias de corrupción queACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02190 -01

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3 realizaba y, más aún, de la cercanía entre la administración municipal de

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3 realizaba y, más aún, de la cercanía entre la administración municipal de la época y grupos paramilitares que operaban en Barrancabermeja y las zonas aledañas.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico , por indebida valoración probatoria que generó una condena por una supuesta omisión de protección que conllevó al homicidio del señor Emeterio Rivas Rivas por grupos paramilitares , pese a que exist ía material probatorio que demos traba que era imposible endilgar a la entidad la responsabilidad administrativ a bajo cualquier título de imputación.

Manifestó que desconocieron pruebas determinantes en el proceso para simplemente valorar las que permitieron sustentar su tesis condenatoria, careciendo la decisión cuestionada de un análisis profundo de las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon la muerte del periodista, limitándose a desarrollar el juicio de responsabilidad administrativa con base en las decisiones que se profirieron en materia penal, sin auscultar las pruebas que se practicaron dentro del mismo y que fueron recaudadas por la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, porque era de conocimiento que las decisiones judiciales en materia penal no eran determinantes para hacer un juicio de responsabilidad administrativa, habida cuenta que existían otros factores probatorios que permitían entrever la negligencia, poca diligencia e irresponsabilidad del señor José Emeterio Rivas Rivas para velar por su

materia penal no eran determinantes para hacer un juicio de responsabilidad administrativa, habida cuenta que existían otros factores probatorios que permitían entrever la negligencia, poca diligencia e irresponsabilidad del señor José Emeterio Rivas Rivas para velar por su propia seguridad el día en que fue asesinado.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02190 -01

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4 Además, porque no entiende como el Tribunal manifestó que su asesinato se dio con oc asión de una omisión de protección por parte de las entidades condenadas, cuando era evidente que nunca existió un constreñimiento, amenaza, violencia o coacción para que asistiera a esa fiesta organizada por grupos paramilitares a una zona rural fuera del perímetro urbano de Barrancabermeja situación que se salió de la esfera de dominio de la Policía Nacional o cualquier entidad del Estado que estuviera a cargo de la seguridad del señor Rivas Rivas.

Por otra parte, señaló que la decisión adolece de defecto procedimental, dado que, existió una indebida notificación del auto que corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, porque por error involuntario del despacho no se incluyó la palabra “Y OTROS” lo cual imposibilitó a la mayoría de las entidades, entre ellos la Policía Nacional, ejercer su

las partes para alegar de conclusión, porque por error involuntario del despacho no se incluyó la palabra “Y OTROS” lo cual imposibilitó a la mayoría de las entidades, entre ellos la Policía Nacional, ejercer su derecho de defensa y contradicción en debida forma, pese a que presentó un incidente de nulidad invocando la causal contenida en el artículo 140 del numeral 9 del CPC, pues no hubo un pronunciamiento al respecto sino con posterioridad al fallo de segunda instancia y gracias a una insistencia presentada por el accionante y coadyuvada por el Ministerio Público.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…) PRIMERA: Que se declare que la sentencia de segunda instancia de fecha 29 de septiembre de 2022 donde el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER - MG IVAN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA, profiere sentencia de segunda instancia notificada por edicto fijado el 27 de octubre de 2022 y desfijado el 31 de octubre de 2022 dentro del proceso de dentro del proceso de reparación directa radicado bajo No. 68081333100220050098101, donde los demandantes son los señores NANCY AMPARO SILVA CARO Y OTROS, demandado NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL Y OTROS, Reparación Directa, violó el derecho a la igualdad, debido proceso, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y al acceso a la administración de justicia de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02190 -01

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administración de justicia de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02190 -01

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SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela solicitado por la Policía Nacional, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia citada, y se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER - MG IVAN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA dentro del término razonable que se considere, dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y observando de manera integral las pruebas obrantes en el proce so y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio el asesinato del señor JOSÉ EMETRIO RIVAS RIVAS.»

4. ACTUACIONES PROCESALES

Mediante auto del 4 de mayo de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la refere ncia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander como accionado y al Juzgado Segundo Administrativo de Barrancabermeja, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de

Segundo Administrativo de Barrancabermeja, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al municipio de Barrancabermeja, al departamento de Santander y a la Unidad Nacional de Protección como terceros interesados en las resultas del proceso.

Con posterioridad, este despacho a través de auto del 8 de septiembre de 2023 comisionó al Tribunal Administrativo de Santander para que notificara de manera personal a los señores Nancy Amparo Silva, Jhon Alexander Rivas Silva, Natán Rivas Silva, Luis Eduardo Rivas Silva, Nancy Tatiana Rivas Silva, Diana Katherine Rivas Silva y José Daniel Rivas Silva, quienes comparecieron al proceso ordinario de reparación directa en calidad de demandantes , por considerar que tenían un interés en las resultas del presente proceso.

5. INFORMES

4.1. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, por conducto del juez titular del despacho , informó que el expediente fue remitido de manera física en el año 2017 al TribunalACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02190 -01

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6 Administrativo de Santander para surtirse el trámite del recurso de

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6 Administrativo de Santander para surtirse el trámite del recurso de apelación; no obstante fue devuelto el 11 de enero de 2023 de manera digital, únicamente en lo correspondiente al trámite de segunda instancia, sin que a la fecha haya sido recibido el expediente físico par a proceder a su digitalización.

4.2. La gobernación de Santander , por conducto de apoderado judicial, solicitó ser desvinculada del presente proceso , por falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de apoderado judicial, manifestó que no le constan los hechos expuestos en el escrito de tutela, por ende se atiene a lo que se pruebe y decrete dentro de la presente acción.

4.4. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por intermedio de apoderado judicial, requirió ser desvinculada del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.5. El Municipio de Barrancabermeja, mediante apoderado judicial, solicitó que se declar e la improcedencia de mecanismo constitucional puesto que , no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Asimismo, pidió que se declar e la falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.6. El Ministerio del Interior , por conducto de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, presentó coadyuvancia a los argumentos presentados

Asimismo, pidió que se declar e la falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.6. El Ministerio del Interior , por conducto de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, presentó coadyuvancia a los argumentos presentados por la entidad accionante, porque fue parte en la demanda en el procesoACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02190 -01

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7 ordinario y, en consecuencia existe una afectación d irecta en virtud del fallo de segunda instancia.

Así las cosas , insistió en que la autoridad judicial accionada hizo un análisis superfluo del material probatorio obrante en el expediente, pues no se demostró en el proceso que la muerte del señor José Emérito Rivas Rivas hubiese sido responsabilidad de su cartera, toda vez que fue consecuencia de problemas personales que tenía con el entonces alcalde de Barrancabermeja, circunstancia que era ajena a los agentes estatales.

4.7. El señor J hon Alexander Rivas Silva , a través de apoderada judicial, solicitó se niegue el amparo constitucional, toda vez que la autoridad judicial accionada no incurrió en ninguno de los defectos alegados.

Así las cosa s, hizo énfasis en que de acceder a las pretensiones de la demanda de tutela vulneraria los derechos fundamentales de reparación

autoridad judicial accionada no incurrió en ninguno de los defectos alegados.

Así las cosa s, hizo énfasis en que de acceder a las pretensiones de la demanda de tutela vulneraria los derechos fundamentales de reparación integral y debido proceso de las víctimas que llevan esperando bastante tiempo por la satisfacción sus derechos.

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia del 19 de julio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó por improcedente la acción de tutela, al considerar que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional.

Al respecto, señaló que los fundamentos de la acción no est aban justificados en una vulneración a los derechos fundamentales, sino en una inconformidad con una decisión que no es acorde con los intereses de la parte actora, lo que a su juicio se ceñía a reabrir un debate zanjado ampliamente en el proceso ordinario.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02190 -01

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7. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que el presente asunto s í esta revestido de relevancia constitucional, en la medida en que la autoridad judicial en la decisión cuestionada incurrió en los defectos f áctico y procedimental , los cuales fueron ampliamente

el presente asunto s í esta revestido de relevancia constitucional, en la medida en que la autoridad judicial en la decisión cuestionada incurrió en los defectos f áctico y procedimental , los cuales fueron ampliamente sustentados en la demanda de tutela.

Así pues, insistió en que lo único que se pretende con el mecanismo constitucional es salvaguardar los derechos fundamentales que considera vulnerados por parte de la autoridad judicial accionada, a través de argumentos claros, precisos y concisos, circunstancia que sin lugar a duda obliga al juez constitucional a evaluar la interpretación, análisis y alcance de la decisión judicial que le per mita realizar una confrontación entre las situaciones fácticas y jurídicas planteadas para así identificar si hubo o no vulneración o si procede o no los cargos elevados por la parte actora.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer si el Tribunal Administrativo de Santander al proferir la sentencia del 29 de septiembre de 2022 por medio de la cual revocó la decisión de primer grado para en su lugar condenar patrimonialmente a las entidades demandadas, incurrió en el defecto fáctico y procedimental.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02190 -01

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9 Previamente a lo anterior, se deberá determinar la procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.

2. Cuestión previa. De la solicitud de coadyuvancia

Por intermedio de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica , el Ministerio del Interior solicitó ser vinculad o al proceso como coadyuvante del accionante dentro de la demanda de tutela por haber sido parte del proceso de reparación directa, figura respecto de la cual el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone:

«ARTICULO 13.- Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autori zación o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud». (negrillas de la Sala).

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que «(…) la coadyuvancia

coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud». (negrillas de la Sala).

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que «(…) la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar plantea mientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante (…)»1.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala tendrá como coadyuvante al Ministerio del Interior en los términos señalados en precedencia, sin que ello implique la posibilidad de realizar planteamientos o reclamaciones distintas a las formuladas en la demanda de tutela, toda vez que una vez revisado el material probatorio allegado al proceso se tiene que hicieron parte en el proceso ordinario en cuestión.

1 Corte Constitucional, sentencia T-062 de 2010.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02190 -01

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3. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta

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3. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias qu e allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judicial es, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la

2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.

la acción de tutela contra decisiones judicial es, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la

2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-0132801(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02190 -01

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11 ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la pr esentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial:

amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la pr esentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia q ue se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señal ado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02190 -01

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3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Así mismo, se observa que las providencias objeto de tutela carecen de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.1.3. Se advierte, igualmente, qu e la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado desde la notificación de la decisión ( 31 de octubre de 2022 ) hasta la radicación de la acción de tutela (30 de abril de 2023).

3.1.4. En cuanto al requisito de relevancia constitucional, indicó la parte actora que considera que sí se cumple con dicho requisito en la medida en que la autoridad judicial accionada en la decisión cuestionada incurrió en los defectos fáctico y procedimental, los cuales fueron ampliamente sustentados en la demanda de tutela.

Así pues, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asunto tiene una marcada importancia. Así, en sentencia T -114 de 2002, indicó que los asuntos legales cumplen con este requisito cuando de ellos se desprenden violaciones a los derechos fundamentales.

marcada importancia. Así, en sentencia T -114 de 2002, indicó que los asuntos legales cumplen con este requisito cuando de ellos se desprenden violaciones a los derechos fundamentales.

En efecto, ha señalado que:

«[…] la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con todaACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02190 -01

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13 claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».

Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver sí es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos fáctico y procedimental en que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.

Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de tutela en

presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.

Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de tutela en cuestión a efectos de identificar si se incurrió en la vulneración de derechos fundamentales alegada.

3.2. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, compr ende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

4 Véase: Sentencias SU -632 de 2017, SU -195 de 2012, T -143 de 20 11, T-456 de 2010, T -567 de 1998, T -456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 5 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02190 -01

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b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, di