CE - 010315000202302206001SENTENCIASENTENCIA20230615150906

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02206-00

Demandante: Jaime Alexander Beltrán Cortés

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-02206-00 Demandante JAIME ALEXANDER BELTRÁN CORTÉS Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de control de nulidad y restablecimiento. S anción moratoria por consignación tardía de las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por el señor Jaime Alexander Beltrán Cortés de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 2 de mayo de 20231, el señor Jaime Alexander Beltrán Cortés interpuso acción de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,

1. Pretensiones El 2 de mayo de 20231, el señor Jaime Alexander Beltrán Cortés interpuso acción de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia , con la sentencia del 12 de abril de 2023 que confirmó la decisión de negar las pretensiones en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro . 15001-33-33009-2022-00012-00.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 12/04/2023, en el expediente rad. No. 15001333300920220001201, transgredió los d erechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

1 Índice 2 en Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02206-00

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2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional e n las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…)».

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En el año 2022, el señor Jaime Alexander Beltrán Cortés presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con el fin de que se declarara la nulidad del acto adm inistrativo mediante el cual se negó la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías. 2.2. El Juzgado Noveno Administrativo de Tunja conoció en primera instancia el

acto adm inistrativo mediante el cual se negó la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías. 2.2. El Juzgado Noveno Administrativo de Tunja conoció en primera instancia el asunto, bajo el radicado Nro. 15001-33-33-009-2022-00012-00. Mediante sentencia del 15 de noviembre de 2022, dicha autoridad judicial negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la sanción por mora por consignación tardía de las cesantías no es aplicable para los docentes afiliados al FOMAG, pues estos tienen una norma especial que regula la materia, que es la Ley 91 de 1989, y en ese régimen no está contemplada dicha sanción, entre otras razones. 2.3. La anterior providencia fue apelada por la parte demandante. M ediante sentencia del 12 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 4 confirmó la decisión por similares razones.

3. Fundamentos de la acción 3.1. La parte actora argumentó que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, incluyendo el de relevancia constitucional, puesto que se pretende el amparo de derechos fundamentales vulnerados ante la fa lta de reconocimiento de la sanción moratoria y la protección de principios constitucionales como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la favorabilidad.

Y agregó que « no se podrá entender este recurso de amparo como una tercera instancia bajo ningún escenario, por cuanto fue interpuesto, únicamente ante la vulneración de los derechos fundamentales del accionante». Seguido, argumentó que, al proferir la sentencia de 12 de abril de 2023, el

ningún escenario, por cuanto fue interpuesto, únicamente ante la vulneración de los derechos fundamentales del accionante». Seguido, argumentó que, al proferir la sentencia de 12 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 4 incurrió en violación directa de la Constitución, por el desconocimiento del artículo 53 constitucional, que consagra el principio de favorabilidad. Sobre ese punto, mencionó que han existido otros casos en los cuales la Corte Constitucional ha aplicado el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, sin que tal situación conlleve al desconocimien to del principio de inescindibilidad. Es el caso de la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector oficial.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02206-00

Demandante: Jaime Alexander Beltrán Cortés

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Luego manifestó que el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció 22 sentencias del Consejo de Estado, en las cuales se establece que la Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG vinculados después del 1 de enero de 1990 por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344 de 1996 y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de

2003. Consecuentemente, sostuvo que de esas providencias se desprende la

de 1996 y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de

2003. Consecuentemente, sostuvo que de esas providencias se desprende la obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar las cesantías a dicho fondo a más tardar el 15 de febrero de cada año.

Por ende, manifestó que se pasaron por alto los principios de igualdad, confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad de los docentes, ante el desconocimiento de tales decisiones judiciales, muchas proferidas entre el año 2021 y 2022 por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Puntualmente, se refirió a las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda y respecto de algunas de estas efectuó una transcripción de sus apartes: N°. Fecha de la Providencia Expediente No. Magistrado (a) Ponente 1 SU de 6 de agosto de 2020 08001-23-33-000-2013-00666-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 2 Sentencia de 24 de enero de 2019 76001-23-31-000-2009-00867-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 3 Sentencia de 29 de julio de 2019 11001-0315-000-2018-03499-01 Nicolás Yepes Corrales 4 Sentencia de 2 de diciembre de 2019 08001-23-33-000-2014-00173-01 Rafael Francisco Suárez V. 5 Sentencia de 10 de junio de 2020 08001-23-33000-2014-00208-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez

6 Sentencia de 22 de octubre de 2020 08001-23-31000-2014-00254-01 William Hernández Gómez 7 Sentencia de 12 de noviembre de 2020 08001-23-31000-2014-00132-01 William Hernández Gómez 8 Sentencia de 17 de junio de 2021 08001-23-31-000-2014-00815-01 Gabriel Valbuena Hernández 9 Sentencia de 17 de junio de 2021 08001-23-33000-2015-00331-01 César Palomino Cortés 10 Sentencia de 4 de noviembre de 2021 19001-23-33-000-2015-00445-02 William Hernández Gómez 11 Sentencia de 25 de noviembre de 2021 08001-23-33-000-2014-01127-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 12 Sentencia de 25 de noviembre de 2021 40001-23-40-000-2017-00134-01 William Hernández Gómez 13 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 080001-23-40-000-2015-90008-01 William Hernández Gómez 14 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 080001-23-40-000-2015-90008-01 William Hernández Gómez 15 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 080001-23-40-000-2014-90022-01 Gabriel Valbuena Hernández 16 Sentencia de 20 de enero de 2022 080001-23-33-000-2017-00931-01 Gabriel Valbuena Hernández 17 Sentencia de 3 de marzo de 2022 080001-23-33-000-2015-00075-01 William Hernández Gómez

16 Sentencia de 20 de enero de 2022 080001-23-33-000-2017-00931-01 Gabriel Valbuena Hernández 17 Sentencia de 3 de marzo de 2022 080001-23-33-000-2015-00075-01 William Hernández Gómez 18 Sentencia de 28 de abril de 2022 76001-23-33-000-2013-00756-01 Carmelo Perdomo Cuéter 19 Sentencia de 9 de mayo de 2022 080001-23-40-000-2017-00795-01 Rafael Francisco Suárez V. 20 Sentencia de 19 de mayo de 2022 47-001-23-33-000-2019-00359-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 21 Sentencia de 1 de julio de 2022 47-001-23-33-000-2019-00376-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 22 Sentencia de 10 de junio de 2022 08001-23-33-000-2014-00208-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 23 Sentencia de 22 de agosto de 2022 08001-23-33-000-015-00509-01 César Palomino Cortés 24 Sentencia de 22 de sept. de 2022 08001-23-33-000-015-90124-01 César Palomino Cortés 25 Sentencia de 19 de enero de 2023 76001-23-31-000-2012-00212-02 William Hernández Gómez 26 Sentencia de 26 de enero de 2023 47001-23-33000-2018-0023101 Rafael Francisco Suárez V. A su vez, aseveró que no se cumplen los requisitos establecidos para realizar un cambio de jurisprudencia, pues lo único que se expresó es que existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe

A su vez, aseveró que no se cumplen los requisitos establecidos para realizar un cambio de jurisprudencia, pues lo único que se expresó es que existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, pese a la gran cantidad de sentencias expedidas por las dos secciones que conforman la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, la unidad de caja, sostuvo, solo implica que los recursos de salud pueden utilizarse para pagar pensiones y cesantías de los docent es, pero no desdibuja la obligación de consignación oportuna de las cesantías.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02206-00

Demandante: Jaime Alexander Beltrán Cortés

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, se refirió a las Sentencias de Unificación SU -098 de 2018, SU332 de 2019 y SU -041 de 2020, respecto de las cuales también efectuó una transcripción de algunos de sus apartados. A su vez, reconoció que, si bien en el pasado existían dos posiciones sobre la materia, lo cierto es que después del estudio hecho en la Sentencia SU -098 de 2018 la Corte Constitucional y el Consejo de Estado acogieron una interpretación favorable, en el sentido de indicar que a los docentes oficiales sí le es aplicable la Ley 50 de 1990 que castiga la falta de consignación oportuna de las cesantías. Por ende, aseguró que es falso afirmar, como lo hacen las entidades involucradas, que en la Se ntencia SU-098 de 2018 se estudian supuestos fácticos diferentes al presente.

oportuna de las cesantías. Por ende, aseguró que es falso afirmar, como lo hacen las entidades involucradas, que en la Se ntencia SU-098 de 2018 se estudian supuestos fácticos diferentes al presente. Agregó que, aunque jurisprudencialmente en el año 2006 se argumentó que la aplicación de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el régimen especial de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989 generaba una violación al principio de inescindibilidad, esto no así puesto que no se aplican de manera fragmentada los contenidos normativos que más favorecen al trabajador con fundamento en distintas f uentes normativas. Al contrario, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han reconocido que existe un vacío normativo, dado que el régimen de docentes no regula la figura de la sanción moratoria por la no consignación de cesantías. Por esa razón, se debe acudir al régimen general, es decir a la Ley 50 de 1990. También, desestimó el argumento según el cual la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990 solo opera para los docentes que no han sido afiliados al FOMAG, más no para aquellos que sí p ertenecen a este. Al respecto, la parte actora sostuvo que a partir del artículo 4 de la Ley 91 de 1989 los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 serán afiliados automáticamente al FOMAG, a fin de que el docente ya no reclamara sus cesantías directamente a su patrono, sino a dicho fondo con los recursos consignados por el empleador. Finalmente, transcribió varias sentencias proferidas por juzgados y tribunales

sus cesantías directamente a su patrono, sino a dicho fondo con los recursos consignados por el empleador. Finalmente, transcribió varias sentencias proferidas por juzgados y tribunales administrativos del circuito en las que también se opta por el reconocimiento de la sanción moratoria solicitada por la parte actora. 3.2. Por otra parte, la parte actora expuso una serie de razones por las cuales consideró que los docentes sí tienen derecho a la consignación oportuna de cesantías y, consecuentemente, a la sanción moratoria cuando esta se realiza extemporáneamente. Al respecto, la parte actora efectuó un recuento normativo sobre la regulación de las cesantías para docentes y sus distintos regímenes, en el cual incluyó la Ley 6 de 1945, el Decreto Ley 3118 de 1968, la Ley 91 de 1989 y la Ley 50 de

1990. Con base es en este, afirmó que e l Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las Cajas Departamentales y Nacionales de Previsión, el Fondo Nacional del Ahorro y el Ministerio de Educación tienen la obligación de consignar las cesantías al FOMAG antes del 15 de febrero de 2021, independientemente de si trata de docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, docentes nacionales pertenecientes al régimen anualizado de cesantías desde 1968 o docentes vinculados después de 1990.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02206-00

Demandante: Jaime Alexander Beltrán Cortés

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Seguido, aseguró que no existe ningún régimen especial de las cesantías para

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Seguido, aseguró que no existe ningún régimen especial de las cesantías para docentes, puesto que «las cesantías anualizadas de los maestros oficiales, se liquidan de la misma forma, como se liquidan a los a los empleados públicos y privados del país, la única diferencia radica en los intereses a las cesant ías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF sobre el saldo acumulado (…) pero esta es una situación no es una circunstancia novedosa como lo quiere hacer ver la entidad demandada y la sentencia hoy en reproche, PUES ESTOS INTERESES A LAS CESANTÍAS, YA SE LES PAGABA

A LOS DOCENTES NACIONALES DESDE 1968».

Indicó que el supuesto régimen especial es inexistente, puesto que la Ley 91 de 1989, asignó la competencia de la consignación de los recursos al FOMAG y las cuantías. Y sostuvo que el presunto régimen especial de docentes no es más favorable, pues la liquidación de intereses es menor que la de los demás servidores públicos. Afirmó que el propósito del artículo 15 de la Ley 91 1989, según el cual: «Los docentes nacionales y los que se vinculen a parti r del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, c on las excepciones consagradas en esta Ley» era dar un tratamiento igualitario a los maestros que ya eran nacionales

1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, c on las excepciones consagradas en esta Ley» era dar un tratamiento igualitario a los maestros que ya eran nacionales afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. En esa medida, sostuvo que a los docentes le son aplicables los Decretos Nacionales 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978 y las demás normas expedidas con posterioridad, es decir la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, que consagran la obligación del patrono de consignar las cesantías a los docentes oficiales en el FOMAG a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad. Reprochó que el FOMAG y la Fiduciaria La Previsora hayan asumido la postura de que no existe obligación de consignar las cesantías antes del 15 de febrero de cada anualidad, solo para favorecer los interese s del Ministerio de Educación Nacional.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto de 5 de mayo de 2023, se admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Alexander Beltrán Cortés contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 4; se ordenó vincular en calidad de terceros a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al Departamento de Boyacá y al Juzgado Noveno Administrativo de Tunja ; se reconoció al abogado Yobany Alberto López Quintero como apoderado judicial de la parte demandante; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.

Noveno Administrativo de Tunja ; se reconoció al abogado Yobany Alberto López Quintero como apoderado judicial de la parte demandante; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. La parte actora allegó memorial con copia de la sentencia de tutela de 23 de marzo de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado dentro del expediente Nro. 110010315000-2023-01063-00. En esta se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante y, consecuentemente, se ordenó al Tribunal Administrativo del Huila proferir una decisión de reemplazo que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en dicho fallo, frente a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02206-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co E indicó que es importante tener en cuenta dicha sentencia para la resolución del asunto, porque la Sección que la profiere, es decir la Segunda, Subsección B es la especializada en conocer y decidir los conflictos laborales de índole contencioso administrativo. 4.3. La Fiduprevisora S.A. señaló que, de conformidad con el Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías. Sin embargo, aseveró que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, ya que esa modalidad de administración

1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías. Sin embargo, aseveró que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, ya que esa modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, dentro de las cuales no está el FOMAG. Este último, por el contrario, se creó medi ante la Ley 91 de 1989 y se rige bajo el principio de unidad de caja. Explicó que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes. Por ende, «anualmente se realiza la actividad operativa de la liquidación de las cesantías, ya que los recursos están inmersos en el FOMAG antes del 1 de febrero de cada vigencia, bajo el principio de unidad de caja» . E indicó que la liquidación anual de cesantías se comprueba con los comunicados que emite dirigidos a las diferentes secretarías de educación certificadas y a los encargados de las oficinas de prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia. En consecuencia, aseveró que jurídic amente es imposible crear cuentas individuales para cada uno de los afiliados del FOMAG, en virtud del principio de unidad de caja y, en consecuencia, no es posible aplicar la figura de «consignación de cesantías» pues los docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías cuando cumplan los requisitos establecidos para tal efecto. Por lo tanto, no puede aplicarse la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues esa figura se consagró para los eventos en que se

sus cesantías cuando cumplan los requisitos establecidos para tal efecto. Por lo tanto, no puede aplicarse la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues esa figura se consagró para los eventos en que se da consignación tardía en las cuentas individuales; lo cual no ocurre en el caso de los docentes. De otra parte, señaló que la decisión judicial cuestionada no desconoce el precedente judicial, puntualmente la Sentencia SU -098 de la Corte Constitucional, puesto que e n ese caso la sanción moratoria reclamada devenía del hecho de que el municipio de Cali no realizó la afiliación del docente al FOMAG y, consecuentemente, tampoco realizó el pago de las cesantías. En cambio, lo solicitado por el tutelante es la sanción moratoria por la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, reiteró «es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado». Finalmente, aseveró que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, ya que la decisión judicial cuestionada aplicó los precedentes judiciales vinculantes para la decisión adoptada. E indicó que no tiene competencia para atender las pretensiones de la demanda, por lo que solicitóRadicado: 11001-03-15-000-2023-02206-00

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competencia para atender las pretensiones de la demanda, por lo que solicitóRadicado: 11001-03-15-000-2023-02206-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su desvinculación del trámite de l a acción de tutela y la declaratoria de improcedencia de la tutela. 4.4. El Tribunal Administrativo de Boyacá aseguró que el asunto, como se explicó en la Sentencia SU-573 de 2019, carece de relevancia constitucional, por las siguientes razones: • El asunto versa sobre prerrogativas eminentemente legales y de carácter económico, como son la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías. • Dichos c onceptos laborales no tienen una relación directa con un derecho fundamental. En este sentido, no se desconoce el principio de favorabilidad en materia laboral. • La parte actora no alegó afectación a su mínimo vital; de hecho, mantiene una relación legal y reglamentaria de la que se deriva una remuneración habitual y periódica. • La parte actora reiteró en el mismo debate planteado ante la jurisdicción administrativa, pues esgrime casi idénticamente los razonamientos que fundamentaron la demanda ordinaria y que ya se estudiaron en dos instancias. • El fallo atacado resolvió todos los cargos de la apelación de manera amplia y razonada. Además, expuso los motivos que impedían aplicar la Sentencia SUfundamentaron la demanda ordinaria y que ya se estudiaron en dos instancias. • El fallo atacado resolvió todos los cargos de la apelación de manera amplia y razonada. Además, expuso los motivos que impedían aplicar la Sentencia SU098 de 2018, como lo es la falta de similitud entre supuestos fácticos. • En el fallo atacado también se efectuó un extenso análisis legal y jurisprudencial no solo de la normatividad aplicable al docente respecto de sus cesantías anualizadas, según su fecha de vinculación (28 de agosto de 1990), sino también de los elementos necesarios para la configuración de la sanción moratoria y su incompatibilidad con el régimen docente, competencias y dinámica presupuestal. Con fundamento en tales argumentos, solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela o, en su defecto, la negativa de las pretensiones. 4.5. El Juzgado Noveno Administrativo de Tunja indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la decisión controvertida es la de segunda instancia. Pese a lo anterior, en gracia de discusión, sostuvo que la tutela no cumple los requisitos de procedibilidad, pues se agotaron los medios extraordinarios de defensa. Además, manifestó que la tutela se está empleando como una tercera instancia adicional, pu es no se demostró la vulneración de derechos fundamentales; al contrario, la argumentación estuvo dirigida a exponer los desacuerdos con la sentencia de segunda instancia. Y mencionó que en la Sentencia SU-573 de 2019 la Corte Constitucional indicó que la discusión sobre la sanción moratoria de docentes no es de relevancia constitucional, dado el carácter meramente económico de la discusión.

Y mencionó que en la Sentencia SU-573 de 2019 la Corte Constitucional indicó que la discusión sobre la sanción moratoria de docentes no es de relevancia constitucional, dado el carácter meramente económico de la discusión. Finalmente, sostuvo que en las dos instancias se expusieron suficientemente las razones para apartarse de la Senten cia SU -098 de 2018 y de las sentencias del Consejo Estado que concedían las pretensiones, así como los motivos por los cuales el principio de favorabilidad no es aplicable en el asunto.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02206-00

Demandante: Jaime Alexander Beltrán Cortés

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.6. El Departamento de Boyacá indicó que para el pago de las cesantías el FOMAG recibe recursos de diferentes fuentes, principalmente de la Nación, los cuales administra de acuerdo con un programa anual de caja (PAC). Por lo tanto, adujo que en tal régimen especial no se tiene prevista la consignación de las cesantías a sus afi liados, sino que los recursos, previamente incluidos en el presupuesto, ingresan al FOMAG mediante un giro global. Aseguró que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FO MAG, en razón a que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla tal sanción. E indicó que en el caso se cumplió cabalmente con el trámite señalado en la norma

que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla tal sanción. E indicó que en el caso se cumplió cabalmente con el trámite señalado en la norma especial, puesto que la liquidación para el año 2021 se realizó dentro de los 20 primeros días hábiles del mes de enero y se remitió al FOMAG en medio electrónico el 4 de febrero y en medio de físico el 5 de febrero de 2021. Sobre la aplicación de la Sentencia SU -098 de 2 018, manifestó que esta no resulta vinculante en el caso, ya que el asunto que allí se decidió no guarda identidad fáctica con el asunto debatido en la tutela. Esto obedece a que en la sentencia de unificación mencionada se analizó la situación de un docen te nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al FOMAG y que solicitó al ente territorial el reconocimiento y pago de sus cesantías conforme la Ley 50 de 1990. Y en todo caso, aseguró que en la Sentencia SU -573 de 2019 la Corte Constitucional ident ificó las situaciones fácticas a las cuales no aplica la Sentencia SU-098 de 2018, entre las cuales se encuentra que el docente esté afiliado al FOMAG, como justamente sucede en el caso de la tutela. De otra parte, frente a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, sostuvo que en sede de tutela no se debe emitir un nuevo pronunciamiento de fondo sobre los hechos debatidos, más aún cuando no se cuenta con decisión de unificación por parte del máximo tribunal de lo contencioso adm inistrativo. Indicó que la tutela no debe emplearse como si fuera una demanda adicional,

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