CE - 010315000202302220001SENTENCIA20230608160221

Demandante: Óscar Silvino Mojica Fuentes

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02220-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02220-00

Demandante: ÓSCAR SILVINO MOJICA FUENTES

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE

DECISIÓN 4

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial –– Sanción moratoria por pago tardío de cesantías - falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Óscar Silvino Mojica Fuentes contra la sentencia del 12 de abril 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4 , que confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 2 de mayo de 2023 , el señor Óscar Silvino Mojica

pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 2 de mayo de 2023 , el señor Óscar Silvino Mojica Fuentes, por medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al “AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD S OCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETU ATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD

JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL”.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 12 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, mediante la cual confirmó la providencia del 15 de noviembre de 2022 del Juzgado Noveno Administrativo deDemandante: Óscar Silvino Mojica Fuentes

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4

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2 Tunja, que negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y restableci miento del derecho con radicado 15001 -33-33-0092022-00004-01, instaurado contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Boyacá.

3. Con base en lo anterior, la parte accionante solici tó la protección de los derechos fundamentales invocados, y como consecuencia pidió:

(…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pag o de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Oscar Silvino Mojica Fuentes presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el

4. El señor Oscar Silvino Mojica Fuentes presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Boyacá, con el objeto de que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio BOY2021EE028549 del 29 de agosto de 2021, expedido por la Secretaría de Educación de dicho departamento.

5. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las entidades accionadas a reconocer y pagar a su favor respecto de las cesantías anualizadas que se causaron para el año 2020 , la sanción moratoria que establece la Ley 50 de 1990, d esde el 15 de febrero de 2021 hasta el día en que se efectúe la consignación de la prestación , y la indemnización que prevé la Ley 52 de 1975 por el pago extemporáneo de los intereses sobre estas.

6. El Juzgado Noveno Administrativo de Tunja, mediante sen tencia proferida el 15 de

noviembre de 2022, resolvió:

“(…) PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de “FALTA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por el apoderado del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de “FALTA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA” propuesta por la apoderada de NACIÓN –Demandante: Óscar Silvino Mojica Fuentes

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4

EN LA CAUSA POR PASIVA” propuesta por la apoderada de NACIÓN –Demandante: Óscar Silvino Mojica Fuentes

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3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR probada(s) la(s) excepción(es) de “INEXISTENCIA DEL DERECHO A FAVOR DE LA DEMANDANTE”, propuesta(s) por el/la apoderado/a de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por las razones expuestas en las consideraciones.

CUARTO: Negar las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva.

7. Inconforme con la decisión, la parte actor a interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante sentencia del 1 2 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4 , en el sentido de confirmar la decisión de primer grado, que negó las pretensiones de la demand a al considerar que las sanciones que establecen los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1º de la Ley 52 de 1975 no se extendían a favor de los docentes oficiales que gozan del régimen anualizado de cesantías y, particularmente, a la

parte actora, por tres razones:

1990 y 1º de la Ley 52 de 1975 no se extendían a favor de los docentes oficiales que gozan del régimen anualizado de cesantías y, particularmente, a la parte actora, por tres razones:

-En primer lugar, para cuando la parte demandante se vinculó al servi cio de la educación, las normas que conformaban el régimen especial de los docentes oficiales no las contemplaban ni remitían a las disposiciones que las prevén.

-En segundo lugar, los supuestos de hecho de las penalidades que reclama ba la demanda eran i ncompatibles con el régimen de la parte accionante, porque (i) para cuando ingresó al servicio no existía una norma que fijara plazos máximos para consignar las cesantías o pagar sus intereses, e independientemente de la fecha de vinculación; (ii) las cesantías de este gr upo de trabajadores no se consigna, sino que los recursos se transfieren gradualmente; y (iii) el giro de los recursos no lo realiza la entidad territorial certificada y tampoco el Ministerio de Educación sino el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera directa.

-Y, en tercer lugar, la interpretación que expuso la sentencia SU -098 de 2018 no es aplicable a este caso, debido a que (i) sus supuestos fácticos no son los mismos, y (ii) de acuerdo con la sentencia SU -573 de 2019, el asunto no contaba con trascendencia constitucional y, por ese motivo, no resulta ba procedente abordarlo desde la perspectiva de los principios de favorabilidad o igualdad.

1.3. Fundamentos de la vulneración

8. Desconocimiento de precedente: El actor adujo que la decisión enjuiciada

procedente abordarlo desde la perspectiva de los principios de favorabilidad o igualdad.

1.3. Fundamentos de la vulneración

8. Desconocimiento de precedente: El actor adujo que la decisión enjuiciada desatendió “la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó laDemandante: Óscar Silvino Mojica Fuentes

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4

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4 Corte Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:”

• Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU -098 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. • Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU -332 de 2019. M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. • Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU -041 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.

Sentencia d el 06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 -2333000201300666-01, • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.

Sentencia d el 06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 -2333000201300666-01, • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia d el 24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001 -2331-00020090086701. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrat ivo, Sección Tercera. Sentencia del 29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001 -0315000201803499-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 080 01 23 33 000 2014 00173-01 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia d el 10.06.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 -2333000201400208-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secció n Segunda. Sentencia del 22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001 -2333000-201400132-01 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.

Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 27.06.21. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001 -2333000-20150044502 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia d el 25.11.21. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 -2333000201401127-01.Demandante: Óscar Silvino Mojica Fuentes

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4

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5 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001 -2340000-201700134-01.

5 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001 -2340000-201700134-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 0080001 -2333-000201500075-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001 -2333000-201300756-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 09.05.22. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 0800012340-000201700795-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia d el 01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47 -001-2333-000201900376-01.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.

Sentencia d el 01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47 -001-2333-000201900376-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.08.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001 -2333000201500509-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001 -2333-0002015-9012401.

9. Explicó que la falta de aplicación de estas sentencias proferidas por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo, “es una abierta contradicción de la seguridad que el C onsejo de Estado generó, traduciéndose en una vulneración al principio de igualdad, confianza legítima, seguridad jurídica, unidad, coherencia del ordenamiento jurídico y falta de aplicación del principio de favorabilidad a un caso concreto.”

10. Indicó que su caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, que necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad social. Aunado a lo anterior, exp uso que esta acción constitucional en ningún momento fue interpuesta como una tercera instancia, sino que solo se circunscribe a buscar la protección de los derechos fundamentales de los docenes

seguridad social. Aunado a lo anterior, exp uso que esta acción constitucional en ningún momento fue interpuesta como una tercera instancia, sino que solo se circunscribe a buscar la protección de los derechos fundamentales de los docenes del sector oficial, tales como, la igualdad, la seguridad social y la favorabilidad.Demandante: Óscar Silvino Mojica Fuentes

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4

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11. Citó una amplia línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en la cual , a su juicio, se ha establecido de manera pacífica que el auxilio de cesantías es una obligación a cargo del empleador y que en principio, fue creada con la finalidad de proteger al trabajador en dado caso de pérdida del empleo; “ahora, su función consiste una figura jurídica que responde a una clara orientación social en el desarrollo de las relaciones entre trabajador y empleador, es decir, que debe ser vista como un mecanismo que busca en primer lugar, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben afrontar los asalariados ante el cese de su actividad, y en segundo lugar, cubrir sus necesidades de capacitación y vivienda.”

12. Manifestó que los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos, razón por la cual, no era admisible la distinción con los demás servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías, “así, una interpretación contraria, conllevaría una restricción en

públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías, “así, una interpretación contraria, conllevaría una restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa prestación, lo que conlleva una connotación de relevancia constitucional, ya que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores públicos.”

13. Violación directa de la Constitución y defecto sustantivo: Adujo que en virtud del valor normativo superior de los preceptos constitucionales, los jueces deben aplicar las disposiciones consagradas en la Constitución y su desarrollo jurisprudencial en todo momento.

14. Agregó que , la interpretación y aplicación de normas relacionadas con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías a los docentes, y con base en la jurisprudencia constitucional, e ra dable concluir que i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos, teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de

carrera al que se encuentran sometid os y la vinculación mediante nombramiento “y por lo tanto tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías.”

15. Hizo una amplia explicación, entre otros, de los siguientes acápites relativos a:

-“ANTEDENTES HISTÓRICOS DE LA OBLIGACIÓN DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL DE CONSIGNAR DE MANERA EFECTIVA LAS

15. Hizo una amplia explicación, entre otros, de los siguientes acápites relativos a:

-“ANTEDENTES HISTÓRICOS DE LA OBLIGACIÓN DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL DE CONSIGNAR DE MANERA EFECTIVA LAS CESANTÍAS DE LOS DOCENTES VINCULADOS DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE 1990 EN EL FOMAG, ANTES DEL 15 DE FEBRERO DE CADA ANUALIDAD

-“CESANTÍAS CAUSADAS de los docentes que estaban vinculados COMO DOCENTES NACIONALES ANTES DEL 1 DE ENERO DE 1990, y quienes ya venían con un régimen de cesantías de liquidación anual y el reconocimiento de intereses a las cesantías desde la expedición del Decreto – Ley 3118 de 1968.”Demandante: Óscar Silvino Mojica Fuentes

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-“CESANTÍAS QUE SE CAUSARON DE LOS DOCENTES VINCULADOS DESPUES DEL 1 DE ENERO DE 1990 (independientemente si su vinculación se realizaba por las entidades territoriales o por la Nación), y quienes se les comenzó a liquidar las cesantías con un régimen anualizado y e l reconocimiento de intereses a las cesantías.”

-“CUÁL HA SIDO LA POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN

SEGUNDA Y DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LAS ÚLTIMAS

de intereses a las cesantías.”

-“CUÁL HA SIDO LA POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA Y DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LAS ÚLTIMAS SENTENCIAS EN TORNO AL ESTUDIO DE LA LEY 91 DE 1989, LA LEY 50 DE 1990 Y LA LEY 344 DE 1996?”

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

16. La magistrada ponente mediante auto del 18 de mayo de 2023 admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como demandada, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4.

17. Así mismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso al Juzgado Noveno Administrativo de Tunja, a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prest aciones Sociales del Magisterio, al departamento de Boyac á y a la Fiduprevisora S.A. , entidades que fueron parte del proceso ordinario que ahora se discute.

1.5. Intervenciones

18. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica , se presentaron

las siguientes contestaciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4

19. Pidió declarar la improcedencia de la acción , pues el asunto versaba sobre prerrogativas eminentemente legales y de carácter económico, como son la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas y la indemnización por el pago tar dío de los intereses a las cesantías. Adujo que dichos

moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas y la indemnización por el pago tar dío de los intereses a las cesantías. Adujo que dichos conceptos laborales no tenían una relación directa con un derecho fundamental e igualmente en la decisión reprocha da se analizó y desestimó el argumento relacionado con el presunto desconocimiento del principio de favorabilidad en materia laboral.

20. Concluyó que en la sentencia acusada se resolvieron todos los cargos de la apelación de manera razonada y se expusieron los motivos que impedían aplicar laDemandante: Óscar Silvino Mojica Fuentes

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4

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8 posición que se expuso la sentencia SU -098 de 2 018, debido a que sus supuestos fácticos no eran similares.

1.5.2. Juzgado Noveno Administrativo de Tunja

21. Solicitó declarar la improcedencia de la acción , por cuanto la parte actora en su escrito de tutela no explicó en qué medida se le vulneraron sus derechos fundamentales, sino que exp uso una simple inconformidad con la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario, lo que resulta ba abiertamente improcedente en tanto esta mecanismo no está concebido como una tercera instancia par a reabrir el debate ya concluido dentro del trámite ordinario, ni micho menos modificar decisiones que ya han hecho tránsito a cosa juzgada.

en tanto esta mecanismo no está concebido como una tercera instancia par a reabrir el debate ya concluido dentro del trámite ordinario, ni micho menos modificar decisiones que ya han hecho tránsito a cosa juzgada.

1.5.3. Departamento de Boyacá

22. Requirió negar las pretensiones de la demanda ya que el Tribunal Administrativo de Boyacá fundamentó su decisión de manera razonable, en esa medida, no constituye una vía de hecho. Asunto diferente es que el actor no comparta el criterio expuesto por el juez de segunda instancia; sin embargo, no es la acción de tutela un mecanismo que permita interferir en la autonomía judicial.

23. Trajo a colación acápites referentes a: i) del procedimiento para la transferencia de los recursos de la Nación al FOMAG para pagar las cesantías; ii) de las actuaciones adelantadas por parte del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ; iii) Inaplicabilidad de Ley 50 de 1990; iv) de la aplicación de la sentencia SU -098 de 2028 de la Corte Constitucional y; v) aplicación del principio de favorabilidad.

24. De esto, c oncluyó que el juez , dentro del ámbito de su competencia, goza de plena libertad para interpretar las disposiciones legales aplicables a un caso concreto, aun cuando dicha interpretación sea contraria a los intereses de las partes.

1.5.4. Ministerio de Educación

25. Luego de hacer referencia a las normas atinentes la competencia de dicha cartera ministerial, solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva ya que “con ninguna de sus acciones y decisiones ha vulnerado o amenazado ninguno de los derechos fundamentales del

cartera ministerial, solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva ya que “con ninguna de sus acciones y decisiones ha vulnerado o amenazado ninguno de los derechos fundamentales del accionante”.Demandante: Óscar Silvino Mojica Fuentes

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4

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9 1.5.5. Fiduprevisora S.A. quien actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

26. Requirió declarar la improcedencia de la acción y su desvinculación del presente trámite constitucional por ca recer de legitimación en la causa por pasiva, por las

siguientes razones:

-La tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa estable cida sin que se pueda aducir que los funcionarios judiciales accionados hayan desconocido entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

-De otra parte, no e ra dable afirmar que se haya presentado trasgresión alguna en contra de las garantías fundamentales de l accionante, pues se observaron las normas en garantía al principio del debido proceso, es decir, que las actuaciones judiciales fueron adelantadas en debida forma y atendiendo los pro cedimientos legales.

-En consecuencia y teniendo en cuenta que las partes tienen derecho a la protección

normas en garantía al principio del debido proceso, es decir, que las actuaciones judiciales fueron adelantadas en debida forma y atendiendo los pro cedimientos legales.

-En consecuencia y teniendo en cuenta que las partes tienen derecho a la protección de las formas propias de cada juicio, tal y como lo establece el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, “se reitera que la acció n de tutela inter puesta por el accionante resulta improcedente.”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Mojica Fuentes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contr a el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, por tanto, debe aplicarse el numeral 5° de la referida norma.

2.2. Solicitud de desvinculación

28. Se tiene que la Fidupreviso ra S.A. y el Ministerio de Educación solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional, pues, a su juicio, carece n de legitimación en la causa por pasiva, p eticiónes que serán denegadas en atención a que sus vinculaciónes se hicieron en calidad de terceros con interés debido al interés que le s asiste en las resultas del presente trámite , dado que fungieron como parte

legitimación en la causa por pasiva, p eticiónes que serán denegadas en atención a que sus vinculaciónes se hicieron en calidad de terceros con interés debido al interés que le s asiste en las resultas del presente trámite , dado que fungieron como parte pasiva en el proceso ordinario que se discute en sede constitucional.Demandante: Óscar Silvino Mojica Fuentes

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02220-00

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2.3. Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

30. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4 vulneró los derechos fundamentales al “AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO

JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PREC EDENTE

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PREC EDENTE JUDICIAL VERTICA L” con ocasión de la sentencia del 12 de abril de 2023, que confirmó la decisión del a quo , que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías?

31. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 1 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tení a sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema2 y declaró su procedencia.3

33. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento

1. subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observar