CE - 010315000202302248001SENTENCIA20230601153002

Demandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02248-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02248-00

Demandante: SILVIA DE JESÚS ENCINALES SANABRIA

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no superar el requisito general de la relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Silvia de Jesús Encinales Sanabria , actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena . Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al

propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena . Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y de acceso a la administración de justicia.

2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudica al auto de 27 de abril de 2023, proferido dentro del proceso ejecutivo con radicado 13001-33-33-0082004-01384-02. En esta decisión, el Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la providencia d e 16 de noviembre de 2022, dictada por el Juzgado Octavo Administrativo del

Circuito Judicial de Cartagena2.

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021. 2 En este proveído se le negó a la tutelante la entrega de unas sumas de dinero recaudadas en el marco del proceso ejecutivo referenciado.Demandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02248-00

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referidos y que, en consecuencia, se ordene lo siguiente:

Que, por ser procedente y para amparar derechos fundamentales de la suscrita accionante, mujer de 73 años y cuatro meses de edad, lo cual indica que me

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referidos y que, en consecuencia, se ordene lo siguiente:

Que, por ser procedente y para amparar derechos fundamentales de la suscrita accionante, mujer de 73 años y cuatro meses de edad, lo cual indica que me encuentro muy cerca de alcanzar el promedio de vida probable y padezco de insuficiencia renal, hipertensión y pre diabetes, afecciones de salud que reducen ostensiblemente mi promedio de vida probable, deje sin efecto el auto de fecha abril 27 de 2023 que rechazò el recurso de apelación presentado por mi mandatario judicial contra el auto de noviembre 16 de 2022, proferido por el juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena en el proceso ejecutivo seguido de sentencia radicado No. 13 -001-33-33-008-2004-01384-00. Demandante: Silvia

Encinales Sanabria. Demandado: ESE HOSPITAL LA CANDELARIA del municipio

de Rio Viejo – Bolívar.

Como consecuencia de lo anterior, que resuelva - sin dilaciones -, el recurso de apelación, por ser procedente al haber sido promovido contra un auto que MODIFICÒ inconstitucional e ilegalmente una medida cautelar debidamente decretada.

Que mientras no haya resuelto el Tribunal Administrativo de Bolívar el recurso de apelación presentado contra el auto de noviembre 16 de 2022, que modificó la medida cautelar decretada y confirmada, se abstenga de disponer la entrega de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) - Sistema General de Participaciones - que han sido embargados legítimamente por las EPSS MUTUAL SER y NUEVA EPS, en cumplimiento de la medida cautelar

los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) - Sistema General de Participaciones - que han sido embargados legítimamente por las EPSS MUTUAL SER y NUEVA EPS, en cumplimiento de la medida cautelar decretada por ese juzgado con auto de junio 30 de 2022 y confirmada por auto de agosto 8 de 2022. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

4. Por sentencia de 30 de septiembre de 2013, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-008-200401384-02, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena condenó a la E.S.E. Hospital Local de la Candelaria del municipio de Rioviejo

(Bolívar) a reintegrar a la señora Encinales Sanabria al cargo que ocupaba y a pagarle los salarios y prestaciones sociales causados y dejados de percibir desde su desvinculación hasta el reintegro.

5. Con ocasión de lo anterior, la señora Encinales Sanabria inició un proceso ejecutivo contra la E.S.E. Hospital Local de la Candelaria del municipio de Rioviejo (Bolívar). Mediante auto de 16 de febrero de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena decretó el embargo y secuestro del 30% de l os ingresos brutos que recibiera la ejecutada «por concepto de contratos de prestación de servicios, facturas de venta pendientes por pagar por servicios de asistencia médica, saldos de liquidación o remanentes por parte de

del 30% de l os ingresos brutos que recibiera la ejecutada «por concepto de contratos de prestación de servicios, facturas de venta pendientes por pagar por servicios de asistencia médica, saldos de liquidación o remanentes por parte de las siguientes instituciones: MU TUAL SER (NIT 8060083947) y NUEVADemandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02248-00

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EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S.A.»3.

6. Se especificó que la medida cautelar era procedente por provenir de una obligación contenida en una sentencia ejecutoriada de naturaleza laboral.

Asimismo, que el embargo decretado no recaía en recursos del régimen subsidiado, ni de aquellos provenientes de la Nación, del Fosyga 4, del departamento de Bolívar y del municipio de Rioviejo.

7. La anterior decisión fue apelada por la accionante del medio de control. El recurso se resolvió mediante el auto de 10 de mayo de 2022, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el sentido de ordenar al juez de primera instancia resolver el anterior memorial como una solicitud de adición de la providencia de 16 de febrero de 2022. Ello, teniendo en cuenta que lo que perseguía la actora era obtener pronunciamientos sobre la medida cautelar que no fuero n definidos por el a quo.

8. Por medio de auto de 30 de junio de 2022, el Juzgado Octavo

era obtener pronunciamientos sobre la medida cautelar que no fuero n definidos por el a quo.

8. Por medio de auto de 30 de junio de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena aclaró que en el marco de la medida cautelar era posible embargar los recursos de destinación específica del Sistema General de Participaciones (en adelante SGP), «si y solo si se verificaba que para asegurar la cancelación de dichos créditos resultaban insuficientes los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial».

9. La Nueva E. P. S. solicitó que se informara si se ratificaba la medida cautelar, luego de advertir que no está permitido el embargo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por ende, mediante auto de 8 de agosto de 2022, el Juzgado Octavo Administrativ o del Circuito Judicial de Cartagena confirmó la medida cautelar decretada en la providencia de 30 de junio de 2022. No obstante, aclaró que el embargo también era viable sobre los recursos provenientes del SGP «si y solo si se verificaba que para asegurar la cancelación de dichos créditos resultaban insuficientes los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial».

10. Así las cosas, mediante Oficio 0355 de 18 de agosto de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena le comunicó la anterior decisión confirmatoria a la Nueva E. P. S.

11. Posteriormente, la señora Encinales Sanabria solicitó la en trega de los dineros retenidos en el marco del proceso ejecutivo. Sin embargo, por auto de 16

decisión confirmatoria a la Nueva E. P. S.

11. Posteriormente, la señora Encinales Sanabria solicitó la en trega de los dineros retenidos en el marco del proceso ejecutivo. Sin embargo, por auto de 16 de noviembre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena negó lo solicitado y ordenó que se oficiara a la Nueva E.P.S. para que informara si los dineros recaudados a favor de este proceso pertenec ían a l régimen subsidiado.

12. Lo anterior, tras revisar en la documentación del expediente una

3 El monto del embargo se delimitó a $1.746.213.762. 4 Fondo de Solidaridad y Garantía.Demandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02248-00

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intervención de Mutual Ser E. P. S. en la que manifestó que los recursos sobre los que recae la medida pertenecen al régimen subsidiado. Al respecto, explicó que de conformidad con la sentencia T -053 de 2022 de la Corte Constitucional, los recursos provenientes de las cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud son inembargables sin excepción alguna.

13. La accionante apeló la anterior decisión , con fundamento en que con la decisión de no entregarle las sumas recaudadas se estaba modificando la medida, pues cuando se decretó s e estableció que recaía sobre conceptos del

13. La accionante apeló la anterior decisión , con fundamento en que con la decisión de no entregarle las sumas recaudadas se estaba modificando la medida, pues cuando se decretó s e estableció que recaía sobre conceptos del Sistema General de Participaciones . No obstante, por auto de 27 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Bolívar «rechazó por improcedente» el recurso. Expuso que, la apelación es viable solamente cuando l a providencia objetada niega, decreta o modifica las medidas cautelares y este no es el caso.

Como fundamento de lo anterior, indicó lo siguiente:

Aunque el juez de instancia consideró que los bienes retenidos por MUTUAL SER EPS son inembargables, con base en las razones allí expuestas, en realidad con esa decisión no modifica la medida cautelar, por el contrario, continua vigente, solo es que se consideró que los bienes embargados como consecuencia de la ejecución de la medida decretadas si cuentan con es a naturaleza. (Sic a toda la cita).

1.4. Sustento de la vulneración

14. La accionante refirió que el auto de 27 de abril de 2023, adolece de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

15. Frente al yerro sustantivo , aludió que se aplicó indebidamente el numeral 5º del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA). Indicó que el auto de 16 de noviembre de 2022, en el que el juez de primera instancia negó la e ntrega de los dineros retenidos sí modificó la medi da cautelar de embargo inicial decretada con el auto de 30 de junio de 2022 y dicha

que el auto de 16 de noviembre de 2022, en el que el juez de primera instancia negó la e ntrega de los dineros retenidos sí modificó la medi da cautelar de embargo inicial decretada con el auto de 30 de junio de 2022 y dicha circunstancia implica que sí sea procedente la apelación . Esto, dado que en la citada providencia se ordenó el embargo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, puntualmente los provenientes del SGP, por parte de Mutual Ser E.P.S. y Nueva E.P.S.

16. Así las cosas, dado que en la providencia de 16 de noviembre de 2022 se exceptuó del embargo los recursos del SGP del régimen subsidiado, se modificó la medida cautelar primigenia.

17. Sobre el desconocimiento del precedente , señaló que el defecto se cimentó sobre las siguientes sentencias de la Corte Constitucional « T 053 de 2022, C 546 de 1992, C 013 de 1993, C 017 de 1993, C 337 de 1993, C 555 de 1993, C 103 de 1994, C 263 de 1994, C 354 de 1997, C 402 de 1997, SU 995 de 1999, T 1210 de 2000, T 149 de 2001, C 793 de 2002, C 566 de 2003, T 1195 de 2004, C 192 de 2005, C 1154 de 2008, SU 484 de 2008, C 539 de 2010, C 543 de 2013, C 313 de 2014, C 066 de 2016». Sin embargo, no justificó de formaDemandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

de 2013, C 313 de 2014, C 066 de 2016». Sin embargo, no justificó de formaDemandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02248-00

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alguna en qué consistió la presunta desatención de esas decisiones judiciales.

18. Agregó que la sentencia T-053 de 2022 de la Corte Constitucional recogió el precedente de los fallos mencionados en el párrafo anterior, en cuanto a la procedencia del embargo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social y del SGP.

19. Finalmente, en lo que atañe al defecto fáctico, precis ó q ue el tribunal accionado omitió valorar algunos elementos de prueba para fundamentar el auto de 27 de abril de 2023. Infirió que de haber realizado el estudio del material que mencionó, hubiese concluido que el auto de 16 de noviembre de 2022 sí modificó la medida cautelar. Las pruebas referenciadas en el escrito de tutela son las

siguientes:

• La medida cautelar en concreto. - La solicitud de embargo de los recursos inembargables por encontrarse dentro de las excepciones previstas en la jurisprudencia constit ucional para que se permita por esa vía la retención de los dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud. - El auto de 10 de mayo de 2022. - El auto de 30 de junio de 2022. - La aceptación de Mutual Ser E.P.S. de la medida cautelar.

General de Seguridad Social en Salud. - El auto de 10 de mayo de 2022. - El auto de 30 de junio de 2022. - La aceptación de Mutual Ser E.P.S. de la medida cautelar. - La solicitud de c onfirmación de la medida cautelar enviada por la Nueva E.P.S. - El Oficio 0355 de 2022 que le confirmó el embargo a Nueva E.P.S. - El Oficio 10333 -2022 en el que la Nueva E.P.S. le comunicó al juzgado que le dará cumplimiento a la medida cautelar. - Los certificados de depósito judicial constituidos por Mutual Ser E.P.S. y Nueva E.P.S.

1.5. Trámite de la acción

20. Mediante auto de 5 de mayo de 2023, se admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como accionado s al Tribunal Administrativo de Bolívar y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena. Asimismo, se dispuso vincular como tercera con interés a la E. S. E. Hospital Local La Candelaria del municipio de Rioviejo . También se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena

21. Manifestó que la acción de tutela solamente es viable contra providencias judiciales cuando la decisión del juzgador es abierta y manifiestamente contraria a la Constitución y al orden jurídico. En especial, cuando se advierte una vulneración al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.Demandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

a la Constitución y al orden jurídico. En especial, cuando se advierte una vulneración al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.Demandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02248-00

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22. Añadió que el expediente contentivo de la providencia objetada fue enviado al Tribunal Administrativo de Bolívar para que desatara un recurso de apelación contra el auto de 16 de noviembre de 2022, pero no ha sido devuelto.

Pese a ello, enfatizó que las providencias que se han pronunciado sobre las medidas cautelares han dejado en claro que el embargo no pesa sobre recursos del régimen subsidiado. En ese sentido, alegó que no ha habido modificación alguna.

23. Concluyó que todas las decisiones dictadas al interior del pr oceso ejecutivo se ha motivado de forma razonada y suficiente.

1.6.2. E. S. E. Hospital Local La Candelaria del municipio de Rioviejo

24. Señaló que todas las providencias dictadas en el curso del proceso ejecutivo, especialmente la que es objeto de debate, se encuentra n ejecutoriadas.

25. Añadió que a la tutelante se le han respetado todas las oportunidades para presentar recursos y por ello no es cierto que se le hayan transgredido las garantías constitucionales al debido proceso y de acceso a la administraci ón de justicia. Destacó que el apoderado de la actora ha recurrido en distintas

presentar recursos y por ello no es cierto que se le hayan transgredido las garantías constitucionales al debido proceso y de acceso a la administraci ón de justicia. Destacó que el apoderado de la actora ha recurrido en distintas oportunidades varias de las decisiones dictadas en el proceso ejecutivo y se le han resuelto sus solicitudes.

26. Sostuvo que el auto de 16 de noviembre de 2022 no modifica, decre ta o niega la medida cautelar. Allí solamente se le negó la entrega de los dineros recaudados a la señora Encinales Sanabria . Adicionó que en la citada decisión se reafirmó la medida cautelar.

27. Finalmente, aclaró que no hay fundamento alguno que indique que a la actora se le niega el derecho al trabajo.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a ser notificados en debida forma, no rindieron informe.

1.6.4. Luego, por auto de 19 de mayo de 2023, el magistrado sustanciador advirtió la necesidad de vincular a este trámite a Mutual Ser E.P.S. y a la Nueva

E. P. S., en atención a las intervenciones efectuadas en el trámite del proceso ejecutivo. Pese a ser debidamente notificadas, guardaron silencio.Demandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02248-00

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

28. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal de Bolívar y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena. Lo anterior, de conformidad con l o establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto N.º 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

30. Con fundamento las anteriores consideraciones , la Sala advierte que la señora Silvia de Jesús Encinales Sanabria conforma el extremo accionante dentro del proceso ejecutivo en el que se profirió el auto de 27 de abril de 2023 .

Por tanto, es titular de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso . En consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa.

Por tanto, es titular de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso . En consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa.

31. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Oct avo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena se encuentran legitimados en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser l as autoridades que han tramitado el proceso ejecutivo en el que se dictó la providencia objetada.

32. No obstante , el problema jurídico se limitará a estudiar si las garantías constitucionales mencionadas fueron vulneradas por el Tribunal Administrativo de Bolívar únicamente, dado que los cargos expuestos en el acápite de fundamentos de la vulneración solamente atacan el auto de 27 de abril de 2023, proferido por esa autoridad judicial.

2.3. Problemas jurídicos

33. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales?Demandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02248-00

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34. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará

lo siguiente:

● ¿El Tribunal de Bolívar vulneró los derechos fundamentales al debido

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34. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará

lo siguiente:

● ¿El Tribunal de Bolívar vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Encinales Sanabria al proferir el auto de 27 de abril de 2023, por incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente?

35. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad , y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la di versidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 5. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 6. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales7.

37. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 9 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.

esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 9 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sen tencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 9 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evi dente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto

interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 10 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el fu ncionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que seDemandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02248-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

38. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala corroborará si se superan los

siguientes requisitos generales de procedencia:

1. que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad,

configuran los defectos especiales, la Sala corroborará si se superan los siguientes requisitos generales de procedencia:

1. que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

39. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se

requerirá:

1. que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

1. que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

40. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

41. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con

se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstituciona les o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legi timidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.Demandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02248-00

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