CE - 010315000202302250001SENTENCIA20230602180803

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1o.) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-02250-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS QUE FUERON ALLEGADAS AL PROCESO ORDINARIO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA

AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE ACOJA LA

INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER1 y la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2.

1 En adelante el TRIBUNAL. 2 En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.2

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Actora: DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS

2 En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.2

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Actora: DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS, actuando a través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido las sentencias de 21 de enero de 2021 y 7 de julio de 2022 , respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 680012333000-2019-00219-00.

I.2.- Hechos

Indicó que el 18 de noviembre de 1987 se vinculó en carrera administrativa a la Gobernación del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, al cargo de Profesional Universitario 219-12.

Comentó que mediante Resolución núm. 00 -18442 de 27 de3

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Actora: DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS

Comentó que mediante Resolución núm. 00 -18442 de 27 de3

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noviembre de 2017, la secretaría general del ente territorial aludido la comisionó para que se desempeñara como secretaria de educación del Departamento por el término de 3 años.

Informó que tuvo a cargo el programa de alimentación escolar -PAE; no obstante, con ocasión a esto fue objeto de acoso laboral por parte del Gobernador y el jefe de la oficina jurídica, quienes insistían en que no podía adjudicarse el contrato , sino que la licitación debía declararse desierta, pese a que todos los elementos de juicio conducían a celebrar el negocio jurídico con uno de los oferentes.

Agregó que, a través del Decreto 252 y la Resolución núm. 00-15033 de 21 de septiembre de 2018, se declaró insubsistente su nombramiento como secretaria de educación y se dio por terminada la comisión que le había sido conferida para desempeñar el cargo de libre nombramiento y remoción.

Expuso que el 24 de septiembre de 2018, ante las situaciones de acoso laboral de las que fue objeto y el ambiente que se había generado, renunció al cargo en carrera del que era titular.

Adujo que en el año 2019 promovió un medio de control de nulidad4

acoso laboral de las que fue objeto y el ambiente que se había generado, renunció al cargo en carrera del que era titular.

Adujo que en el año 2019 promovió un medio de control de nulidad4

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y restablecimiento del derecho contra el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, con la finalidad de discutir la legalidad de los actos administrativos a través de los cuales se le declaró insubsistente, se terminó la comisión y se aceptó su renuncia al cargo de carrera.

Comentó que, en particular, la demanda estuvo fundamentada en que, en su sentir, la insubsistencia ocurrió por desviación de poder y por su oposición a la s irregularidades del proceso de contratación aludido, además que su renuncia al cargo de carrera no fue libre y voluntaria.

Manifestó que el proceso aludido fue identificado con el número único de radicación 680012333000-2019-00219-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 21 de enero de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

Explicó que interpuso el recurso de apelación respectivo ante la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que, a través de sentencia de 7 de julio de 2022, confirmó la decisión recurrida al estimar que si bien existe una conexidad temporal entre el trámite contr actual y

SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que, a través de sentencia de 7 de julio de 2022, confirmó la decisión recurrida al estimar que si bien existe una conexidad temporal entre el trámite contr actual y la insubsistencia, tal situación no permitía inferir que su retiro se motivó en razones ajenas al buen servicio, en particular, porque5

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estaba vinculada a un cargo de libre nombramiento y remoción , del cual podía ser desvinculada por la pérdida de confianza.

Anotó que, además la SECCIÓN SEGUNDA determinó que si bien finalmente el proceso licitatorio fue declarado desierto con posterioridad a su retiro, lo cierto es que ello obedeció al concepto del comité técnico evaluador, por lo que no se trató de una decisión caprichosa.

Agregó que, la autoridad judicial aludida le reprochó el hecho de que no haya denunciado las supuestas irregularidades contractuales , además de señalar que su renuncia no estuvo viciada de dolo, fuerza o error.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que las providencias cuestionadas incurrieron en el defecto fáctico porque las afirmaciones de las autoridades judiciales carecieron de pruebas, dado que la desviación de poder sí podía advertirse : “[…] al valorar los pronunciamientos del Señor

defecto fáctico porque las afirmaciones de las autoridades judiciales carecieron de pruebas, dado que la desviación de poder sí podía advertirse : “[…] al valorar los pronunciamientos del Señor Gobernador y Secretario Jurídico de la época que manifestaron, aún sin el concepto técnico del Comité Evaluador, el Proceso de6

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Adjudicación del PAE 2018 debía ser declarado desierto o fracasado […]”.

Adujo que no podía reprochársele no haber denunciado las irregularidades contractuales porque: “[…] para el momento en que se adelantaba la Licitación correspondiente ella era quien la dirigía, resultando impertinente exigir la denuncia de hechos irregulares que no se materializaron gracias a su gestión […]”.

Precisó que la causal de nulidad alegada “[…] resultaba evidente por cuanto antes de la evaluación de la propuesta allegada al Proceso Licitatorio del PAE, tanto el Goberna dor como el Jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Santander ya hacían referencia a que el Proceso de Licitación debía ser declarado desierto, circunstancia que ocurrió luego de declarar insubsistente el nombramiento […]”.

Agregó que “[…] las Accionadas incurrieron en un yerro o defecto fáctico toda vez que no advirtieron que, en efecto, hubo un motivo

que ocurrió luego de declarar insubsistente el nombramiento […]”.

Agregó que “[…] las Accionadas incurrieron en un yerro o defecto fáctico toda vez que no advirtieron que, en efecto, hubo un motivo alejado del mejoramiento del servicio, así como tampoco estuvo sustentada en una presunta falta de confianza (algo que nunca fue alegado), t ratándose de una retaliación en [su] contra […] por abstenerse de interrumpir el curso del Proceso de Licitación del PAE7

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2018 […]”.

Explicó que , en efecto, conforme con las notas de pre nsa y las manifestaciones del Gobernador, fue probada la desviación de poder dirigida a separarla del cargo por no acceder a la exigencia infundada de aquel respecto del proceso licitatorio.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERA. QUE SE TUTELEN LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO y al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de la Señora DORIS ELISA GORDILLO, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER y por la SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCI OSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, mediante la expedición de la Sentencia

SANTANDER y por la SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCI OSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, mediante la expedición de la Sentencia de Primera Instancia del 21 de enero de 2021 y de la Sentencia de Segunda Instancia del 7 de julio de 2022, respectivamente, que resolvieron de fondo el Proceso Contencioso Administrativo No. 68001233300020190021900, al haber incurrido en un defecto fáctico en cuanto a la omisión de valoración coherente y exhausta de los hechos y pruebas que se expusieron y aportaron en el Proceso Contencioso Administrativo.

SEGUNDA. Como consecuencia de la vulneración de derechos fundamentales a la Señora DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS, QUE SE REVOQUE la Sentencia del 21 de enero de 2021, proferida por el Magistrado IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, confirmada por la Sentencia del 7 de julio de 2022 proferida por el Honorable Consejero RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS de la SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE8

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LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO y, en su lugar, se dicte Sentencia fav orable a las Pretensiones

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LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO y, en su lugar, se dicte Sentencia fav orable a las Pretensiones de la Demanda formulada.

TERCERA. Como consecuencia de lo anterior, QUE SE PROFIERA NUEVA SENTENCIA en el Proceso Contencioso Administrativo No. 68001233300020190021900, teniendo en cuenta lo expuesto en el presente documento […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA manifestó que la presente acción de tutela no está llamada a prosperar, porque contrario a lo afirmado por la actora, las providencias cuestionadas se fundaron en las pruebas arrimadas al plenario y en la normativa aplicable a la situación analizada en sede contenciosa.

Agregó que confirmó la “[…] decisión que había proferido el a quo, toda vez que las pruebas aportadas al plenario impedían concluir que el retiro del servicio de la actora obedeció a una actuación arbitraria de la administración […]”.

Indicó que lo que pretende la actora es una nueva evaluación en sede de tutela de los argumentos que fueron ampliamente estudiados en primera y segunda instancia dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho y que llevaron a concluir que el9

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DEPARTAMENTO DE SANTANDER ejerció válidamente la facultad

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DEPARTAMENTO DE SANTANDER ejerció válidamente la facultad discrecional de remoción, teniendo en cuenta que aquella ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción.

Expuso que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para reabrir el debate sobre un asunto que fue a nalizado de manera concienzuda en primera y segunda instancia por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con respeto del debido proceso de los intervinientes, garantía de los derechos de audiencia y de defensa de las partes y teniendo en cuenta la normativa aplicable en la materia puesta a consideración de los jueces competentes.

I.5.2.- El DEPARTAMENTO DE SANTANDER, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no puede responder por las pretensiones de la actora, comoquiera que están dirigidas contra autoridades judiciales frente a las que no tiene injerencia.

I.5.3.- El TRIBUNAL remitió el vínculo electrónico del expediente digital, no obstante, no se pronunció frente al fondo del asunto.10

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que el DEPARTAMENTO DE SANTANDER solicitó ser desvinculado del presente caso, por falta de legitimación en la11

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causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

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causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimaci ón en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posi bilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe logra r que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia

partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe logra r que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 199112

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avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menosc abo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión g enera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, independiente mente de la prosperidad o no de las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que el DEPARTAMENTO DE SANTANDER fue demandado en el proceso

En el presente caso, independiente mente de la prosperidad o no de las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que el DEPARTAMENTO DE SANTANDER fue demandado en el proceso ordinario origen de la controversia, es claro que debía ser notificado de la existencia del presente trámite, en razón al interés directo que le asiste en las resultas de este y, en consecuencia, se denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales13

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de14

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tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde

relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el jue z de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrif icarían los principios de cosa juzgada y

proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrif icarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.15

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protecci ón constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que16

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que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que16

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adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surg e cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,

y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido con stitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)17

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En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto las sentencias de 21 de enero de 2021 y 7 de julio de 2022 , proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA , respectivamente, mediante las cuales fueron denegadas las pretensiones que elevó en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el número único de radicación 680012333000 2019 00219 01.

La controversia tiene origen en la insubsistencia que fue declarada en el año 2018 a la actora como secretaria de educación del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, luego de cerca de 9 meses en el cargo.

La actora estimó que la insubsistencia obedeció a una desviación de

en el año 2018 a la actora como secretaria de educación del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, luego de cerca de 9 meses en el cargo.

La actora estimó que la insubsistencia obedeció a una desviación de poder, en represalias a la oposición que hizo para que no se declarara desierto un proceso licitatorio para la adjudicación de un contrato en el marco del plan de alimentación escolar -PAE, porque en su sentir no había mérito para tal efecto.

La accionante además tenía un cargo en carrera administrativa en la gobernación del departamento aludido, al que renunció con posterioridad a la declaratoria de la insubsistencia referida, en su18

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Actora: DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS

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sentir, como consecuencia del acoso laboral del que fue objeto durante el tiempo que fungió como secretaria de educación.

A las providencias cuestionadas la actora les atribuye la configuración del defecto fáctico, dado que, en su sentir, de las pruebas obrantes en el plenario, en particular de las notas de prensa y manifestaciones del gobernador, podía concluirse que en efecto la declaratoria de su insubsistencia sí obedeció a una desviación de poder, derivada de haberse opuesto a declarar desierta la licitación aludida.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el estudio del presente asunto recaerá en la sentencia de 7 de julio de 2022 proferida por la

haberse opuesto a declarar de