CE - 010315000202302313001SENTENCIA20230620155203

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de junio dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02313-00

Accionante: Gloria Elena Galindo Villa Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.

Surtido el trámite de le y1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la solicitud de amparo constitucional formulada por la señora Gloria Elena Galindo Villa contra el Tribunal Administrativo del Quindío - Sala Primera de Decisión.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 5 de mayo de 2023, la señora Gloria Elena Galindo Villa a través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proce so, seguridad social, igualdad, acceso a la

judicial, instauró demanda de tutela contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proce so, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” , así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica . Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas p or la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia del 13 de abril de 202 3 2 , al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 3 que promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magis terio y el Municipio de Armenia.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Notificada el 14 de abril de 2023. 3 Identificado con número de radicado 63001-3333-006-2022-00076-02.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02313-00

Accionante: Gloria Elena Galindo Villa Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2

2.- La accionante pretende que en virtud del amparo, “(…) se ordene al TRIBUNAL

Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2

2.- La accionante pretende que en virtud del amparo, “(…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; d ejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Se cción Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda(…) ”4.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- Desde el 22 de mayo de 1990, la accionante labora para el municipio de Armenia y se encuentra vinculad a al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) en calidad de docente oficial.

5.- El 19 de julio de 2021, la accionante solicitó al Ministerio de Educación Nacional y al municipio de Armenia el reconocimiento y desembolso de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, generada por la consignación extemporánea de sus cesantías, así como el pago de la indemnización por el desembolso tardío de los intereses a las cesantías, consagrada en la Ley 52 de 1975. La solicitud se remitió a la Fiduciaria Previsora S.A., entidad encargada de administrar el Fomag, sin que esta emitiera una respuesta al respecto.

intereses a las cesantías, consagrada en la Ley 52 de 1975. La solicitud se remitió a la Fiduciaria Previsora S.A., entidad encargada de administrar el Fomag, sin que esta emitiera una respuesta al respecto.

6.- En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , la señora Gloria Elena Galindo Villa presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magis terio y el municipio de Armenia, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto que se configuró ante la falta de respu esta a la petición radicada el 19 de julio de 2021. Además, solicitó que se condenara a las entidades demandadas a pagar la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de sus cesantías, y la indemnización por el pago tardío de los intereses generados por las cesantías, consagrado en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 1176 de 1991.

7.- A través de fallo proferido el 29 de junio de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia negó las pretensiones de la demanda, por considerar que el carácter especial del régimen de cesantías de los docentes excluye, en virtud del principio de inescindibilidad normativa, la aplicación de otros regímenes de cesantías aplicables a los demás servidores públicos. Agregó que la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 e indemnización del artículo 1° de la Ley 52 de 1975 no resultan compatibles con el régimen especial de cesantías de los docentes. Además, que la

la Ley 50 de 1990 e indemnización del artículo 1° de la Ley 52 de 1975 no resultan compatibles con el régimen especial de cesantías de los docentes. Además, que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional establece una postura aislada que no resulta vinculante para el caso y, que no existe un criterio unificado frente al tema, pues las decisiones traídas a colación por la parte demandante no guardan identidad fáctica con el caso.

4 Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02313-00

Accionante: Gloria Elena Galindo Villa Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3

8.- Mediante sentencia de 13 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión confirmó la decisión del A quo, al considerar que no hay una posición unificada en la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector doc ente. Como consecuencia de lo anterior y en virtud a la autonomía de la que goza el Juez, por la indeterminación de dicho precedente, consideró que los docentes oficiales afiliados al F omag no tienen derecho al reconocimiento y pago de las sanciones moratorias consagradas en la Ley 50 de 1990 y la Ley 52 de 1975, toda vez que el régimen docente es especial en lo atinente a las cesantías.

9.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la

especial en lo atinente a las cesantías.

9.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” , así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, al incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio de favorabilidad , es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en materi a de sanción moratoria por la consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación. Para ello adujo el desconocimiento de las reglas fijadas en las sentencias SU-098/2018, SU-332/2019 y SU -041/2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación proferido por el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001 -23-33-000-2013-00666-01 (0833 -16) y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los procesos: 76001-23-312020 dentro del proceso 08001 -23-33-000-2013-00666-01 (0833 -16) y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los procesos: 76001-23-31000-200900867-01 (4854-2014), 11001-0315-000-2018-03499-01, 08001 23 33 000 2014 00173 -01 (1688 -16), 08001 -23-33-000-2014-00208-01, 08001 -23-31-0002014-00254-01(4960-2017), 08001 -23-33-000-2014-00132-01, 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 –2017), 08001 -23-33-000-2015-00331-01, 19001-23-33-0002015-00445-02(0483-20), 08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002-2021), 40001-2340-000-2017-00134-01 (2208 -2020), 080001 -23-40-000-2015-90008-01(23872020), 080001 -23-40-000-2014-90022-01 (5154 -2016), 080001 -23-33-000-201700931-01 (1001-2021), 080001-23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020), 76001-2333-000-2013-00756-01 (2224 -2020), 080001 -23-40-000-2017-00795-01 (26592020), 47 -001-23-33-000-2019-00359-01 (4004 -2021), 47 -001-23-33-000-201900376-01(4462-2021), 08001 -23-33-000-2015-00509-01(2140-2020) y 08001-2333-000-2015-90124-01 (2394-2020).

10.- Además, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido acogida por los jueces administrativos del circuito en diversas decisiones. Para tal fin, trajo a colación diez providencias visibles a folio 100 del escrito de tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02313-00

Accionante: Gloria Elena Galindo Villa Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

4

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

11.- Mediante auto de 10 de mayo de 2023 5, se admitió la acción de tutela , se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, y vincular a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Municipio de Armenia, en calidad de terceros interesados.

12.- Además, se requirió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia y al Tribun al Administrativo del Quindío para que remitieran, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado número 63001-33-33-006-202200076-02.

(i) Ministerio de Educación6

13.- Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela , por cuanto no existe

copia del expediente identificado con el radicado número 63001-33-33-006-202200076-02.

(i) Ministerio de Educación6

13.- Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela , por cuanto no existe un perjuicio irremediable que deba ser reparado, así como una ostensible transgresión del ordenamiento jurídico.

(ii) Fiduprevisora7

14.- Actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, sino que se rigen bajo el principio de unidad de caja, según lo establecido en la Ley 91 de 1989, por lo que los valores que corresponden a las mismas no se consignan, pues ya están presupuestados y son trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia.

15.- Por otra parte, adujo que las c ircunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para la accionante y que hoy reclama por vía tutela, ya que, en el caso concreto, no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías, sino que, en este caso, la demandante reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, tema frente a lo cual es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la

en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, tema frente a lo cual es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los do centes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

16.- Finalmente manifestó que la presente tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actua ron conforme a la normativa establecida, sin que se pueda aducir que los funcionarios judiciales

5 Notificado el 18 de mayo de 2023. 6 Expediente digital, intervención contenida en 8 folios. 7 Expediente digital, intervención contenida en 8 foliosRadicación: 11001-03-15-000-2023-02313-00

Accionante: Gloria Elena Galindo Villa Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

5

accionados hayan desconocido entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

17.- En razón a lo anterior, no solo solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo, sino también su desvinculación, en la medida en que no tiene legitimación en la causa por pasiva.

(iii) Municipio de Armenia8

18.- Adujo que las sentencias traídas a colación por la parte actora, las cuales considera desconocidas, no guardan identidad fáctica con el presente caso, motivo por el cual no se puede afirmar que el tribunal accionado debía tenerlas en cuenta y por ende acceder al reconocimiento prestacional solicitado. En razón a lo anterior,

considera desconocidas, no guardan identidad fáctica con el presente caso, motivo por el cual no se puede afirmar que el tribunal accionado debía tenerlas en cuenta y por ende acceder al reconocimiento prestacional solicitado. En razón a lo anterior, sostiene que no se configuró ningún defecto que haga procedente esta acción.

19.- Por otra parte, arguyó que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, al no tener competencia par a consignar los emolumentos solicitados por la señora Galindo Villa.

(iv) Parte actora

20.- El apoderado de la parte accionante presentó 2 memoriales adicionales: (a) el 9 de mayo de 2023, aportó la copia de un fallo de tutela de primera instancia proferido el 23 de marzo de 2023 por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, en el marco del proceso 11001-03-15-000-2023-01063-00, en el cual se estudió un caso similar al que nos ocupa, y se concedió el amparo impetrado; y (b) El 31 de mayo de 2023, se pronunció sobre las contestaciones de la demanda presentadas por los terceros vinculados.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestiones previas

21.- Sobre las intervenciones realizadas en el presente trámite resulta necesario indicar lo siguiente:

22.- En primer lugar, la Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por Fiduprevisora y el Municipio de Armenia , pues es claro que esas entidades, al igual que los demás vinculados participan de manera directa o indirecta, en los

22.- En primer lugar, la Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por Fiduprevisora y el Municipio de Armenia , pues es claro que esas entidades, al igual que los demás vinculados participan de manera directa o indirecta, en los procesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de los docentes, y en esa medida desde sus distintas competencias concurren en la distribución, manejo y administración de los recu rsos destinados para ese propósito. En tal sentido, el reproche de la accionante se dirige a las actuaciones adelantadas por ellos.

8 Expediente digital, intervención contenida en 29 foliosRadicación: 11001-03-15-000-2023-02313-00

Accionante: Gloria Elena Galindo Villa Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

6

23.- Por otra parte, e n virtud del carácter preferente y sumario propio de la acción de tutela, son ajenas a su procedimiento figuras y etapas procesales típicas de los procesos ordinarios, como la reforma a la demanda o los alegatos de conclusión. En esa medida, a efectos de g arantizar los derechos a la defensa y al debido proceso de la parte demandada y de los terceros interesados, la Sala sólo se pronunciará sobre lo indicado en el escrito inicial de tutela, que fue sobre el cual tuvieron oportunidad de referirse tales sujetos procesales.

D. La acción de tutela contra providencias judiciales

24.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los

D. La acción de tutela contra providencias judiciales

24.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales, son los siguientes 9: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la se ntencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

25.- Interesa destacar que la relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez cons titucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional10.

26.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,

puedan relacionarse con un derecho constitucional10.

26.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervenc ión del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

27.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito, se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 11 y, en ese sentido, evitar

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). 10 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010. 11 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso

su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02313-00

Accionante: Gloria Elena Galindo Villa Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

7

que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 12; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos fundamentales13; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales14.

28.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C -590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporació n, corresponden a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales15: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

E. Análisis del caso concreto

29.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si las

y (viii) violación directa de la Constitución.

E. Análisis del caso concreto

29.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si las circunstancias que se alegan en la presente causa satisfacen los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si se cumple el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acredi tarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión, incurrió en el defecto o yerro invocado por la accionante y si se justifica la adopción de medidas de p rotección frente a los mismos.

F. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

12 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdiccione s distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. 13 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C -590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidia rio y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdadde los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. 14 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental ”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional. 15 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho e volucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal

situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02313-00

Accionante: Gloria Elena Galindo Villa Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

8

30.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos 16: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se debe n expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la t utela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.

31.- En el caso objeto de estudio, se cuestiona la decisión adoptada por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío al considerar que el caso de la accionante se encontraba regulado por el sistema anualizado de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, razón por la cual no era posible reconocer a su favor el pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, razón por la cual no era posible reconocer a su favor el pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

32.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , las pruebas arrimadas por los extremos procesale s y la decisión adoptada, la Sala estima que la controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito de relevancia constitucional debido a que:

(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas que regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la consignación tardí a del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU -573 de 2019, no guarda ningún tipo de relación con la ga rantía de derechos fundamentales, debido a su naturaleza estrictamente económica.

(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela, es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

33.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia

el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

33.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia propuesta por la accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la correcta interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998 y el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag.

16 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2023-02313-00

Accionante: Gloria Elena Galindo Villa Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

9

34.- La parte actora sostien e que en virtud de la aplicación del principio de favorabilidad las normas r