CE - 010315000202302420001SENTENCIA20230615145837

Demandante: Juan Carlos Ruiz Demandados: Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-02420-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02420-00

Demandante: JUAN CARLOS RUIZ

Demandados: JUZGADO DOCE DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD DE BOGOTÁ Y OTROS

Tema: Tutela de fondo. Carencia actual del objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela formulada por el señor Juan Carlos Ruiz contra el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Del escrito remitido al despacho ponente el 11 de mayo de 20231, por el señor Juan Carlos Ruiz, quien se encuentra privado de la libertad y actúa en nombre propio,

1.1. Solicitud de amparo

1. Del escrito remitido al despacho ponente el 11 de mayo de 20231, por el señor Juan Carlos Ruiz, quien se encuentra privado de la libertad y actúa en nombre propio, se puede colegir que instauró la acción de tutela contra el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Ello con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia.

2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con ocasión de la mora que se ha presentado en el trámite del recurso de reposición interpuesto el 21 de febrero de 2023 , contra del auto de 17 de febrero de 2023, por medio del cual se le concedió la libertad por pena cumplida, y a la falta de respuesta

1 Acción de tutela enviada el 10 de mayo de 2023 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado.Demandante: Juan Carlos Ruiz Demandados: Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-02420-00

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2 de los diferentes memoriales presentados 2 ante el J uzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, dentro del proceso penal, radicado 1100100-00-013-202003262-00.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:

00-00-013-202003262-00.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:

I. Solicitar al juez 12 ejecutor para que certifique este tiempo excedido y le sea informado al juez 14 de ejecución de penas quien actualmente está a cargo de la vigilancia de la ejecución de esta pena q actualmente estoy purgando, esto para acceder al beneficio administrativo de redención de penas conforme al artículo 103 de la Ley 65 de 1993. Y que me tengan en cuenta el tiempo excedido y las Redenciones de ese interregno extinguido.

II. En aras de evitar desgastes administrativos, desvincular al honorable juzgado 14 ejecutor ya que él no estaba a cargo de las diligencias que están perturbando estos tiempos de ejecución de la condena pasada.

III. Solamente vincular al CONCEJO DE DISCIPLINA DEL COBOG, OFICINA JURÍDICA DEL COBOG Y J.E.T.E.E. REGISTRO Y CONTROL DE COMPUTOS DEL COBOG, Juzgado 12 de

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá DC,

IV. Dar aplicación a la Ley 734 de 2002 a los funcionarios responsables o en su defecto dejar el llamado de atención por escrito, exhortando al funcionario infractor no volver a repetir este ti po de dilación. Ya que en los procesos de esta judicatura se demuestra que son muy demorados para atender las solicitudes de los PPL solicitando al titular que responda en la mayor brevedad posible las peticiones presentadas ante ellos3.

2 En la consulta de procesos en la página web de la Rama Judicial, de los Juzgados de Ejecución de

posible las peticiones presentadas ante ellos3.

2 En la consulta de procesos en la página web de la Rama Judicial, de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se evidenció el registro de las siguientes actuaciones de impulso procesal:

08/05/23 INGRESO TRAMITES C.S.A RUIZ - JUAN CARLOS : INGRESA OFICIO No840 DE FECHA 04-05-2023.. AL JDO 12..

EJPMS DEL JDO 14 . HOMOLOGO // POSIBLE PENA CUMPLIDA , . .CAPR-CSA.

10/04/23

INGRESO

MEMORIALES VARIOS RUIZ - JUAN CARLOS : EN FECHA INGRESA CORREO ELECTRÓNICO 16/03/23, MEMORIAL CON SOLICITUD INFORMACION ESTADO DEL RECURSO DE REPOSICION // RECEPCIONADO EN VENTANILLA POR OIIO // SE ENVIA AL SERVIDOR DEL DESPACHO ///RECIBE E INGRESA.//CAPR-CSA. 10/04/23 Recepción de Memoriales RUIZ - JUAN CARLOS : SE RECIBE EN LA FECHA POR CORREO ELECTRÓNICO 16/03/23,

MEMORIAL CON SOLICITUD INFORMACION ESTADO DEL RECURSO DE REPOSICION

//##OIIO#CSA. URG

29/03/23

INGRESO

MEMORIALES VARIOS RUIZ - JUAN CARLOS : EN FECHA INGRESA CORREO ELECTRÓNICO MEMORIAL DE CONDENADO ALLEGA SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO DE RECURSO DE REPOSICION..URG // RECEPCIONADO EN VENTANILLA POR LST // SE ENVIA AL

CONDENADO ALLEGA SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO DE RECURSO DE REPOSICION..URG // RECEPCIONADO EN VENTANILLA POR LST // SE ENVIA AL

SERVIDOR DEL DESPACHO ///RECIBE E INGRESA.//CAPR-CSA. 28/03/23 Recepción de Memoriales RUIZ - JUAN CARLOS : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRÓNICO

MEMORIAL DE CONDENADO ALLEGA SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO DE RECURSO

DE REPOSICION..URG//LST//-CSA28/03/23 INGRESO RECURSO RUIZ - JUAN CARLOS : INGRESA CONSTANCIA SECRETARIAL ART. 189 DEL C.P.P CON TERMINO VENCIDO, Y SUSTENTACION DEL RECURSO CON AUTO DE FECHA 17-03-2023

. .CAPR-CSA.

3 La transcripción corresponde al texto original de la demanda, por lo que puede contener errores. En las pretensiones de la demanda, el accionante, solicitó como medidas provisionales “que ningún funcionario del inpec se acerque a mi patio a preguntar sobre estas diligencias que estoy exponiendo; que no se tomen represalias por parte de esta entidad accionada en mi contra; g arantizar el cumplimiento del Derecho de Petición consagrado en el Art 23 de la Constitución Nacional, y que no se vuelvan a repetir estos hechos”. Esta petición fue negada en el auto admisorio de la demanda de tutela.Demandante: Juan Carlos Ruiz Demandados: Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-02420-00

Demandados: Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-02420-00

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3 1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Juan Carlos Ruiz se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota, cumpliendo la sentencia del 6 de mayo de 2021, proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que le impuso una condena de doce meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal, por el delito de hurto agravado tentado4 (proceso penal con radicado 11001-60-00-013-2020-03262-00).

5. El proceso fue repartido el 17 de febrero de 2022 al Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Segu ridad de Bogotá y mediante auto interlocutorio 56-2023 del mismo día, se declaró la libertad por haber satisfecho la condena impuesta; ya que

por este proceso estuvo privado de la libertad : «1. Desde el 26 de julio de 2020 alpresuntamente6 de mayo de 2 021, cuando se dictó la sentencia condenatoria y se revocó la medida de aseguramiento. 2. Del 20 de noviembre de 2021 al 17 de febrero de 2023, cuando este Juzgado Doce de Ejecución de Penas declaró la libertad por pena cumplida».

6. El 21 de febrero de 2023 el demandante presentó recurso de reposición contra del auto de 17 de febrero de 2023, por medio del cual se le concedió la libertad por pena cumplida, el cual, al momento de instaurar la presente acción de tutela, no había sido resuelto.

7. De otra parte, el señor Juan Carlos Ruiz se encuentra privado de la libertad a disposición del Juzgado Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá por el proceso que se adelanta, con radicado 11001-60-00-023-2021-0146700.

1.4. Fundamentos de la solicitud

8. El señor Juan Carlos Ruiz manifestó que el día 17 de febrero de 2023 el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá asumió el conocimiento de su proceso y decretó su libertad por cumplimiento de la condena. De otra parte, indicó que actualmente se encuentra privado de la libertad purgando otra

4 El 26 día de julio de 2020, al salir el señor Juan Carlos Ruiz , “del establecimiento comercial JUMBO de la Calle 32 N° 8-10 de esta ciudad, con mercancía sin cancelar y al realizarle el registro a persona le

4 El 26 día de julio de 2020, al salir el señor Juan Carlos Ruiz , “del establecimiento comercial JUMBO de la Calle 32 N° 8-10 de esta ciudad, con mercancía sin cancelar y al realizarle el registro a persona le fueron encontradas en su poder diez (10) cajas de caldo de gallina Maggi avaluados estos en la suma de $83.900 y cinco (05) cajas de caldo de gallina Maggi por valor de $20.450, procediéndose a su respectiva judicialización”.Demandante: Juan Carlos Ruiz Demandados: Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-02420-00

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4 pena impuesta por el Juzgado Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

9. Resaltó que presentó, ante el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, recurso de reposición el 21 de febrero de 2023, contra el auto del 17 de febrero de 2023, por medio del cual se le concedió la libertad por pena cumplida, “para que me corrigieran el error de este tiempo y se me anexara al juez 14 ejecutor”. De lo anterior se puede colegir que su recurso lo presentó en consideración a que no se tuv ieron en cuenta las actividades de redención de pena que adelantó como tampoco el tiempo excedido de privación de la libertad que cumplió 5, lo cual le

ejecutor”. De lo anterior se puede colegir que su recurso lo presentó en consideración a que no se tuv ieron en cuenta las actividades de redención de pena que adelantó como tampoco el tiempo excedido de privación de la libertad que cumplió 5, lo cual le permitiría adelantar su libertad respecto al otro proceso 6 que se le adelanta ante el Juzgado Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

10. Adujo que se han vulnerado sus derechos de petición, de “acceder a reconocimiento de redención de penas” y “a que se le tenga en cuenta el t iempo excedido en una pena, en otras diligencias” , ya que han pasado más de 4 meses, desde que presentó el recurso de reposición contra el auto del 17 de febrero de 2023, sin que a la fecha se le haya dado respuesta, pese a las diferentes solicitudes que han presentado tanto él, como el Juzgado Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de

Seguridad de Bogotá7.

1.5. Trámite de la acción

11. Mediante auto del 5 de mayo de 2023, la magistrada sustanciadora admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó su notificación al Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; así como al Consejo de Disciplina; la Oficina Jurídica; la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza; y el Registro y Control de Cómputos, todas estas dependencias pertenecientes al Complejo Carcelario y Penitenciario La Picota de Bogotá . Finalmente, negó las medidas provisionales solicitadas por el accionante8.

y Control de Cómputos, todas estas dependencias pertenecientes al Complejo Carcelario y Penitenciario La Picota de Bogotá . Finalmente, negó las medidas provisionales solicitadas por el accionante8.

5 Proceso penal con radicado 11001-60-00-013-2020-03262-00. 6 Proceso penal con radicado 11001-60-00-023-2021-01467-00. 7 Las diferentes solicitudes de impulso procesal, se relacionaron en el pie de página 2. 8 En consideración a que prima facie, no se acreditó “la urgencia de adoptarlas porque no expuso una situación de gravedad, máxime si se tiene en cuenta que en e ste momento, el juez constitucional no encuentra con un medio de convicción que le permita establecer una relación de causalidad entre los argumentos traídos en la presente demanda y el daño irreparable que pretende evitarse, por lo que resulta abiertamente improcedente ordenar el decreto de las medidas provisionales solicitadas por el peticionario”. Y que “el término de diez días para proferir sentencia de primera instancia en sede de tutela conduce a que, al no encontrarse en esta etapa procesal un perjui cio irremediable que ocasione una grave afectación a los derechos fundamentales, la parte actora pueda esperar a la decisión que adopte este juez constitucional, sin ver comprometidas las garantías que invocó”.Demandante: Juan Carlos Ruiz Demandados: Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-02420-00

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Medidas de Seguridad de Bogotá y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-02420-00

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5 1.6. Intervención

12. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentó la siguiente

intervención:

1.6.1. Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

13. El juez doce de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá contestó la tutela y solicitó que se declare la improcedencia de la acción porque el hecho que motivó el amparo ya cesó, toda vez que mediante el auto de sustanciación 429-2023 del 23 de mayo de 2023, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el señor Juan Carlos Ruiz contra el auto del 17 de febrero de 2023.

14. En el auto del 23 de mayo de 2023, la autoridad judicial le ordenó al Centro de Servicios Administrativos expedir una certificación del tiempo que el condenado estuvo privado de la libertad a disposición d el proceso que vigiló el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, y de los motivos por los cuales no se pidieron los documentos para estudiar la redención de pena e indicó que en el proceso no se reconoció ninguno, en atención a que el centro de reclusión no remitió en ninguna oportunidad dichos elementos.

15. Respecto a la mora judicial, el juez manifestó que el mismo día que el proceso

proceso no se reconoció ninguno, en atención a que el centro de reclusión no remitió en ninguna oportunidad dichos elementos.

15. Respecto a la mora judicial, el juez manifestó que el mismo día que el proceso fue repartido a su despacho se asumió el conocimiento y se concedió la libertad por pena cumplida; indicó que en promedio, diariamente se reciben un aproximado de 80 peticiones, lo cual dificulta tramitar las actuaciones rápidamente , dado el número de personal que compone el juzgado, y agregó que las situaciones estructurales que se presentan en e l Juzgado Doce de Ejecución de Penas Medidas de Seguridad de Bogotá han sido puestas en conocimiento del Consejo Seccional de la Judicatura de

Bogotá y del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

16. Si se atiende a lo indicado en la demanda, al Consejo de Estado no le correspondería conocer de la solicitud de amparo, comoquiera que la tutela se dirige contra el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, y por ello el reparto del mecanismo de protección constitucional debería hacerse en primera instancia, “ al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”.

17. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Le y 2591 de 1991 y el parágrafo 5° del artículo

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.Demandante: Juan Carlos Ruiz Demandados: Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-02420-00

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18. Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha indicado que:

3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia.

19. Igualmente, las consideraciones del máximo Tribunal Constitucional coinciden con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se advirtió: “PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la

modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se advirtió: “PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”.

20. En cumplimiento de las directrices jurisprudenciales y normativas expuestas, el Consejo de Estado asumió la competencia para conocer de la demanda que presentó

el señor Juan Carlos Ruiz.

2.2. Cuestión previa

21. Si bien el demandante dentro de su escrito de tutela invocó la protección de su derecho fundamental de petición, esta Sala observa que en realidad la solicitud se circunscribe al amparo de la garantía de acceso a la administración de justicia, esto debido a la mora judicial en que ha incurrido el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que al momento en que se instauró este dispositivo constitucional, no había resuelto el recurso de reposición interpuesto por el actor contra el auto de 17 de febrero de 2023.

22. Por tal motivo, en esta providencia se analizará lo referente a la mora judicial y al derecho de acceso a la administración de justicia.

2.3. Problemas jurídicos

23. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado , así como los informes y argumentos esgrimidos, corresponde a esta Sala resolver los siguientes problemas jurídicos que subyacen en el caso concreto:

• ¿El Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá vulneró el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del

problemas jurídicos que subyacen en el caso concreto:

• ¿El Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá vulneró el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del actor ante la falta de pronunciamiento frente al recurso de reposición interpuestoDemandante: Juan Carlos Ruiz Demandados: Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-02420-00

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7 el 21 de febrero de 2023 y los diferentes memoriales de impulso procesal presentados dentro del proceso penal 11001-00-00-013-202003262-00?

• ¿Se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado con ocasión de la expedición del auto del 23 de mayo de 2023, proferido por el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá , que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el accionante?

24. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

(i) generalidades de la acción de tutela; (ii) la mora judicial injustificada; (iii) el derecho de acceso a la administración de justicia ; (iv) de la carencia actual de objeto , y (v) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

25. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer l a acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos

caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

25. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer l a acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

26. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable9.

2.5. La mora judicial injustificada

27. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos10.

28. Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha considerado que “atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”11.

28. Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha considerado que “atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”11.

29. Continuando con el criterio de esa corporación frente al particular se tiene que:

9 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010. 10 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 11 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.Demandante: Juan Carlos Ruiz Demandados: Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-02420-00

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(…) por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T -803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el

vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T -803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentr o del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial ; o (iii) cu ando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. (Resaltado fuera del texto)

30. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en relación con la existencia de mora judicial12, según la cual sólo se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez, que de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un proceso.

2.6. Derecho de acceso a la administración de justicia

31. Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución13, del derecho fundamental al debido

2.6. Derecho de acceso a la administración de justicia

31. Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución13, del derecho fundamental al debido

12 Entre otras, consultar las se ntencias de: (i) 10 de agosto de 2012, rad. n.°: 11001-03-15-000-201201093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia. Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, rad. n.°: 25000-2341-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la Nación. 13 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.Demandante: Juan Carlos Ruiz Demandados: Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-02420-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 proceso14 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia15.

32. El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía d e acudir ante el juez para que resuelva “(…) las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una

32. El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía d e acudir ante el juez para que resuelva “(…) las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la ley

(…)”16.

33. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía “(…) no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión

(…)”17.

34. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el “(…) ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías”18, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben

garantías”18, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias l a dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas (…)”19.

14 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho