CE - 010315000202302426001SENTENCIA20230608145714

Demandante: Seguros del Estado S.A.

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02426-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02426-00

Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –

SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos sustantivo y desconocimiento del precedente. Declara la improcedencia de la acción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por Seguros del Estado S.A. contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado , de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2023, la empresa Seguros del

Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2023, la empresa Seguros del Estado S.A., por conducto de apoderado, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de defensa.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la providencia de 21 de noviembre de 2022 dictada por la autoridad demandada, a través de la cual confirmó el auto de 29 de julio de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, a través del cual se rechazó1 la demanda de reparación directa promovida por Seguros del Estado

1 Por haber operado el fenómeno de la caducidad del medio de control.Demandante: Seguros del Estado S.A.

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S.A. contra la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, trámite que se identificó con el radicado 17001-23-33-0002022-00153-01.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

1. Declarar la procedencia de la acción de tutela contra la providencia de el auto

2022-00153-01.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

1. Declarar la procedencia de la acción de tutela contra la providencia de el auto de fecha 21 de noviembre de 2022, proferido por la Sección Tercera,

Subsección A, del Consejo de Estado.

2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, en conexidad con el acceso a la justicia y defensa de SEGUROS DEL ESTADO S .A., vulnerados en el auto de fecha 21 de noviembre de 2022, notificado por estado el 13 de diciembre de 2022, proferido por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de

Estado.

3. Amparar los derechos fundamentales a los que se hace alusión en el numeral anterior, instar a la autoridad judicial para que avoque conocimiento y resuelva con base en las pre tensiones solicitadas con la demanda de la Acción de Reparación Directa y Resuelva el fondo del asunto.2

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuaci ón se relacionan, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 19 de abril de 2010, la empresa Distribuimos Representaciones Médicas y Hospitalarias S.A. presentó la declaración del impuesto sobre la renta por la vigencia 2009 (que fue objeto de corrección posterior), en la cual registró un saldo a favor por valor de $128.431.000.

El 17 de agosto de 2010, dicha entidad le solicitó a la DIAN la devolución del referido saldo y, para tal efecto, aportó la póliza expedida por Seguros del Estado S.A., de conformidad con lo estipulado en los artículos 8503 y 8604 del

referido saldo y, para tal efecto, aportó la póliza expedida por Seguros del Estado S.A., de conformidad con lo estipulado en los artículos 8503 y 8604 del

2 Transcripción del texto original con posibles errores. 3 «ARTICULO 850. DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. <Artículo modificado por el artículo 49 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar su devolución. […]». 4 «ARTICULO 860. DEVOLUCIÓN CON PRESENTACIÓN DE GARANTÍA. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> <Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1430 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando el contribuyente o responsable presente con la solicitud de devolución una garantía a favor de la Nación, otorgada por entidades bancarias o de compañías de seguros, por valor equivalente al monto objeto de devolución, más las sanciones de que trata el artículo 670 de este Estatuto siempre que estas últimas no superen diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la Administración de Impuestos, dentro de los veinte (20) días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro. […]».Demandante: Seguros del Estado S.A.

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Estatuto Tributario. Al «d ía siguiente […] a través de acto administrativo

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Estatuto Tributario. Al «d ía siguiente […] a través de acto administrativo particular, la concedió de manera irregular, pues no agotó el procedimiento previo, establecido en los artículos 856, 5 8576 y 857-17 ejusdem, ni revisó el cumplimiento de los requisitos de ley […] En dicho trámite solo tuvo en cuenta que la petición estaba respaldada por una póliza de seguro».

Con decisión de 1.º de septiembre de 2010, la DIAN inició una actuación administrativa de verificación de cumplimiento de los requisitos respecto de la devolución de saldos, lo que derivó en la expedición de la Resolución n. ° 102412014000025 de 19 de marzo de 2014, mediante la cual: (i) se declaró la improcedencia del reintegro de dinero; (ii) solicitó el retorno de la suma dineraria, para lo cual hizo efectiva la póliza expedida por Seguros del Estado S.A.; y (iii) impuso sanciones de ley. Esto fue confirmado al resolver el recurso de reconsideración, el 28 de mayo de 2014.

Con ocasión de lo anterior, la sociedad accionante promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho8 con el fin de que se anularan los mencionados actos; asunto que le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Manizales y al Tribunal Administrativo de Caldas, autoridades que con sentencias de 27 de junio de 2017 y 14 de junio de 2019, respectivamente, negaron las súplicas de la demanda. En consecuencia, el 20

Administrativo de Manizales y al Tribunal Administrativo de Caldas, autoridades que con sentencias de 27 de junio de 2017 y 14 de junio de 2019, respectivamente, negaron las súplicas de la demanda. En consecuencia, el 20 de diciembre de 2019 la aseguradora pagó la suma de $449.383.000 millones de pesos.

El 17 de febrero de 2021, de manera extraprocesal, se practicó una exhibición de documentos sobre el expediente administrativo de la solicitud de devolución, «momento en el que la parte actora se habría percatado de varias irregularidades y de la falla en el servicio de la demandada por situaciones

5 «ARTICULO 856. VERIFICACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES. La Administración seleccionará de las solicitudes de devolución que presenten los contribuyentes o responsables, aquellas que deban ser objeto de verificación, la cual se llevará a cabo dentro del término previsto para devolver. En la etapa de verificación de las solicitudes seleccionadas, la Administración hará una constatación de la existencia de las retenciones, impuestos descontables o pagos en exceso que dan lugar al saldo a favor. […]». 6 «ARTICULO 857. RECHAZO E INADMISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 141 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el siguiente>: Las solicitudes de devolución o compensación se rechazarán en forma definitiva:

1. Cuando fueren presentadas extemporáneamente.

2. Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución, compensación o imputación anterior. […]».

7 «ARTICULO 857-1. INVESTIGACIÓN PREVIA A LA DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN.

2. Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución, compensación o imputación anterior. […]». 7 «ARTICULO 857-1. INVESTIGACIÓN PREVIA A LA DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 142 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el siguiente>: El término para devolver o compensar se podrá suspender hasta por un máximo de noventa (90) días, para que la División de Fiscalización adelante la correspondiente investigación, cuando se produzca alguno de los siguientes hechos: […]». 8 El debate se circunscribió a la indebida notificación de las decisiones administrativas.Demandante: Seguros del Estado S.A.

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distintas a las pla nteadas en el r ecurso de reconsideración, y en la posterior demanda de nulidad y restablecimiento del derecho».

El 10 de diciembre d e 2021, Seguros del Estado S.A. ejerció la acción de reparación directa contra la DIAN para que fuera declarada responsable por la «falla sistemática en la prestación del servicio, dada la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales de la solicitud de devolución y compensación de impuestos presentada el 17 de agosto de 2009 por Distribuimos Representaciones Médicas y Hospitalarias S.A., y garantizada por la sociedad demandante a través de la póliza N. 4242101000731».

devolución y compensación de impuestos presentada el 17 de agosto de 2009 por Distribuimos Representaciones Médicas y Hospitalarias S.A., y garantizada por la sociedad demandante a través de la póliza N. 4242101000731».

El asunto lo conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión que, en providencia de 29 de julio de 2022 rechazó la demanda por considerar que había operado el fenómeno jurídico de caducidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Tal decisión se dictó con fundamento en que las pretensiones de la reparación se sustentaban en el trámite surtido frente a la solicitud de devolución de saldos ocurrido entre el 17 y 18 de agosto de 2010, razón por la que la falla alegada se configuró en el transcurso del referido mes y año por cuanto era el momento en que la administración debía verificar el cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 853 y 857 del Estatuto Tributario. En ese orden, determinó que el daño se c onsolidó el 14 de julio de 2014, esto es, cuando quedó en firme el acto que resolvió el recurso de reconsideración, por lo tanto, el término de caducidad expiró el 15 de julio de 2016 y la demanda se radicó el 10 de diciembre de 2021.

Adicionalmente, el tribunal precisó que la aseguradora estuvo en la posibilidad de advertir la falla y el daño desde su ocurrencia, debido a que se le permitió participar en el procedimiento administrativo de devolución de saldos, y que, en todo caso, no era posible tomar, como punto de partida para el cómputo del

de advertir la falla y el daño desde su ocurrencia, debido a que se le permitió participar en el procedimiento administrativo de devolución de saldos, y que, en todo caso, no era posible tomar, como punto de partida para el cómputo del plazo de caducidad, la fecha de ejecutoria de la sentencia dictada en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, «pues la providencia era consecuencia del daño alegado y no su causa o consolidación». En gracia de discusión, aclaró que, aun si fuera el caso como lo planteó la parte demandante, el fallo ordinario aludido cobró firmeza el 21 de junio de 2019, por lo que tampoco se advertiría el cumplimiento del requisito teniendo en cuenta esta última fecha.

En el recurso de alzada, Seguros del Estado S.A. señaló que, si bien el daño pudo ocurrir cuando quedó en firme la Resolución n. ° 102412014000025 de 19 de marzo de 2014 (14 de julio de 2014), lo cierto es que la parte actora pudo advertir la falla en el servicio, solo hasta el 17 de febrero de 2021 cuandoDemandante: Seguros del Estado S.A.

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se llevó a cabo la exhibición de los documentos del trámite administrativo , lo cual no fue tenido en cuenta por el tribunal.

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se llevó a cabo la exhibición de los documentos del trámite administrativo , lo cual no fue tenido en cuenta por el tribunal.

Con auto de 21 de noviembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A confirmó la declaratoria de caducidad, pero, del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho según lo estipulado en el numeral 2.º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y no en el marco de una reparación directa, máxime, en atención a que el argum ento de la aseguradora concerniente a las presuntas irregularidades en el asunto sancionatorio no fue planteado en la demanda ordinaria del artículo 132 ejusdem. Lo anterior, debido a que:

[…] la parte actora pretende, bajo la apariencia de una reparación directa, cuestionar la legalidad de la expedición del acto administrativo sancionatorio y, consecuentemente, obtener el reembolso de los recursos que debió pagar a la DIAN el 20 de diciembre de 2019. Esto no resulta procedente, pues se insiste, la causa petendi está determinada por un acto administrativo particular que no puede ser removido del ordenamiento a través de un juicio de responsabilidad patrimonial, sino que, para tal fin, es nec esario un estudio de legalidad en el que se debatan los fundamentos de hecho y de derecho.

1.4. Fundamentos de la solicitud

1.4.1. La parte actora precisó que la providencia dictada el 21 de noviembre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, vulneró sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por

1.4.1. La parte actora precisó que la providencia dictada el 21 de noviembre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, vulneró sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por incurrir en una «una incongruencia externa», tras concluir que la demanda de reparación directa presentada por Seguros del Estado S.A. se trataba en realidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, comoquiera que con ello «resolvió cambiar la naturaleza de la acción y cambiar lo pedido con las pretensiones invocadas».

Adujo que la autoridad reprochada varió los elementos esenciales de la acción presentada por el extremo actor y, en ese sentido, incidió en un «defecto procedimental, sustantivo o práctico (sic),9 violentando, a todas luces, el principio de congruencia externa por proferir un fallo extra petita».

Agregó que, en la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha indicado que en relación con el principio de congruencia al operador judici al le está vedado pronunciarse sobre cargos no formulados en la demanda «o más allá de las pretensiones presentadas, so pena de vul nerar el derecho fundamental al debido proceso», lo cual guarda relación con el principio ut supra como límite

9 De los argumentos, la Sala infiere que el yerro alegado corresponde a un defecto sustantivo.Demandante: Seguros del Estado S.A.

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en el contenido de las providencias, « máxime si estas deben proferirse en consonancia con las pretensiones y hechos invocados en la demanda».10

1.4.2. También alegó el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado relacionado con la caducidad del medio de control de reparación directa, «de forma tal que la decisión variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia» de esta corporación.

En ese sentido, indicó que en virtud del inciso primero del literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, Seguros del Estado S.A acreditó que la fecha en la que tuvo conocimiento del daño «derivado de la falla del servicio por parte de la DIAN ocurrió e n el 17 de febrero de 2021. Así mismo, se demostró la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia (dentro del trámite de la devolución)».

Al respecto, citó un aparte de la sentencia «58562 del año 2020, C.P. Jaime Enrique Navas», en el cual se indicó que el cómputo de la caducidad frente a la acció n de reparación directa debe hacerse de conformidad con lo establecido en la norma ibídem, en la cual se fijan dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de hecho dañino o cuando el

la acció n de reparación directa debe hacerse de conformidad con lo establecido en la norma ibídem, en la cual se fijan dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de hecho dañino o cuando el demandante debió tener conocimiento de este, si fue en fecha posterior, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha que se produjo.

Así, la entidad accionante resaltó que tuvo certeza de la omisi ón (falla del servicio) de la adminis tración cuando se practicó de forma extrajudicial la exhibición de los documentos del procedimiento sancionatorio, es decir, que durante el transcurso de este no pudo constatar las irrgularidades en atención a «la reserva legal de la que gozan la información de los asuntos de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales».

Finalmente, puntualizó que «la providencia desconoció el precedente relacionado con el cómputo de la Acción de Reparación Directa y, por ende, vulneró el derecho al debido proceso, acceso a la justicia y debido proceso».

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 12 de mayo de 2023 se admitió la acción de tutela y se dispuso tener como autoridad judicial accionada al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A . En calidad de terceros con eventual interés en las

10 Para tal efecto, citó las sentencias: (i) 3562 -15» dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado (no indicó el número de radicado); y (ii) de 4 de septiembre de 2000 expedida por la Corte Suprema de Justicia, expediente «5602».Demandante: Seguros del Estado S.A.

Tercera del Consejo de Estado (no indicó el número de radicado); y (ii) de 4 de septiembre de 2000 expedida por la Corte Suprema de Justicia, expediente «5602».Demandante: Seguros del Estado S.A.

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resultas del trámite constitucional, se dispuso la vinculación de l Tribunal Administrativo de Caldas y de la DIAN.

Finalmente, se requirió a la parte accionante para que aportara un certificado de existencia y representación legal reciente, 11 y se ordenó a la Oficina de Sistemas de la Corporación realizar una publicación de la información relativa a esta acción de tutela, en la página web del Consejo de Estado.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes informes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

La magistrada ponente de la providencia de 21 de noviembre de 2022 expedida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en escrito aportado el 19 de mayo de 2023 manifestó que en el asunto de la referencia no se configuró la vulneración de los derechos invocados por la parte accionante.

Explicó que los jueces están facultados para adecuar las pretensiones al trámite correspondiente en consonancia con el supuesto del cual deriva el

referencia no se configuró la vulneración de los derechos invocados por la parte accionante.

Explicó que los jueces están facultados para adecuar las pretensiones al trámite correspondiente en consonancia con el supuesto del cual deriva el daño alegado, «criterio que, precisamente, fue el fundamento de la decisión adoptada […] en el que se advirtió que, a pesar de invocarse una vía de hecho, la fuente del daño, era un acto administrativo de carácter particular, por lo que dicha adecuación era necesaria». En ese sentido, precisó la inexistencia de irregularidad alguna.

De otro lado, aseguró que no se desconoció el precedente relacionado con el término de caducidad establecido en dos (2) años en cuanto hace referencia al medio de control de reparación directa, debido a que, al determinar que la controversia correspondía a un juicio de legalidad en el marco de una nulidad y restablecimiento del derecho, el plazo a verificar era de 4 meses.

1.6.2. DIAN

A través de memorial de 19 de mayo de 2023, la subdirectora de Representación Externa de la DIAN solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo objeto de atención. Lo anterior, como consecuencia del incumplimiento de los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial y la ausencia de la infracción de los derechos fundamentales invocados.

11 Documento que fue debidamente aportado.Demandante: Seguros del Estado S.A.

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por Seguros del Estado S.A. contra el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección A , de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la vulneración de las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia de 21 de noviembre de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , por presuntamente incurrir en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedi bilidad adjetiva y , de encontrarse superados; (iii) el caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

estudio de los requisitos de procedi bilidad adjetiva y , de encontrarse superados; (iii) el caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201212 unificó la diversidad de criterios que la c orporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena ha bían adoptado posturas diversas sobre el tema13.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales14.

12 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. n.° 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 14 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.Demandante: Seguros del Estado S.A.

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providencia.Demandante: Seguros del Estado S.A.

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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constituci onal contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que el requisito de relevancia constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual los argumentos expuestos por Seguros del Estado S.A. no cumplen con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la reciente sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.

En el referido fallo la a lta Corte señaló que en tratándose de l ejercicio de acciones de tutela contra prov idencia judici al, implica que el interesado proponga un debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera

En el referido fallo la a lta Corte señaló que en tratándose de l ejercicio de acciones de tutela contra prov idencia judici al, implica que el interesado proponga un debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU -128 de 2021, oportunidad en la que se co ncretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia constitucional , debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de otras autoridades judiciales.

15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica.

Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandante: Seguros del Estado S.A.

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Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías superiores invocadas con ocasión del fallo censurado , puesto que no es viable el estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisd icciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;

cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las juri sdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.16

Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el juez de tutela debe verificar al momen