CE - 010315000202302436001SENTENCIA20230615152842

Demandante: Edwin Mauricio Porras Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02436-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02436-00

Demandante: EDWIN MAURICIO PORRAS BARÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no superar el requisito general de la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Edwin Mauricio Porras Barón , actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudica a la sentencia de 27 de marzo de 2023, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 15001-33-33-008-2022-00070-00/1. En esta decisión, se confirmó el fallo de primera instancia dictado el 7 de diciembre de 2022 , por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, el cual resultó desfavorable a las pretensiones propuestas.

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales referidos y que, en consecuencia, se ordene lo siguiente:

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.Demandante: Edwin Mauricio Porras Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02436-00

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1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 27/03/2023, en el expediente rad. No. 15001333300820220007001, transgredió los derechos fundamentales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS

proferida el día 27/03/2023, en el expediente rad. No. 15001333300820220007001, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA

A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTI CIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA

PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.

Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

(…). (Sic a toda la cita y negritas del texto original).

1.3. Hechos

pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

(…). (Sic a toda la cita y negritas del texto original).

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

4. El señor Porras Barón manifestó que se encuentra vinculado en la planta docente de una institución educativa pública del departamento de Boyacá, desde antes del año 1990. Así, a su juicio, por la fecha de su vinculación tiene derecho «al reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado, con pago de interés cada año».

5. Indicó que al no serle canceladas sus cesantías por el año laborado 2020 al 15 de febrero de 2021, el 30 de julio del mismo año presentó una petición dirigida a su empleador. En dicha solicitud requirió el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de sus cesantías, la cual se encuentra establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

6. Mediante el Oficio 1.2.5.1.1. 38 del 27 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación de B oyacá le informó que realizó el proceso de liquidación de las cesantías por el año laborado 2020 para los docentes del régimen de anualidad del departamento.

7. Una vez terminó el proceso, le remitió la información a la Fiduprevisora S.A. el 4 de febrero de 2021 y el mismo día esta entidad puso de presente que el

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG)

7. Una vez terminó el proceso, le remitió la información a la Fiduprevisora S.A. el 4 de febrero de 2021 y el mismo día esta entidad puso de presente que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) «realizó la confrontación de los reportes de cesantías del año 2020, los cualesDemandante: Edwin Mauricio Porras Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02436-00

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serían procesados y se incluirían como insumo par a la liquidación y pago de intereses a las cesantías».

8. Inconforme con lo concluido por las entidades, el señor Porras Barón presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Oficio 1.2.5.1.1 -38 del 27 de agosto de 2021. Además de lo anterior, solicitó que se le reconociera y pagara la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, «equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del año 2021, fecha en la que debió consignarse el valor correspondiente a las cesantías del año 2020».

9. En sentencia de 7 de diciembre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja negó las pretensiones. Precisó que, si bien el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 estableció una sanción moratoria por el pago

del Circuito Judicial de Tunja negó las pretensiones. Precisó que, si bien el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 estableció una sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías a favor de los trabajadores, en lo que atañe a los docentes oficiales la norma especial es la L ey 91 de 1989 y esta no previó una sanción económica contra el empleador por el concepto mencionado.

10. Pese a que el tutelante – entonces accionanteapeló la anterior decisión, esta fue confirmada integralmente por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 27 de marzo de 2023. E l ad quem explicó que los docentes oficiales son afiliados forzosos al FOMAG y que lo relativo a sus cesantías se regula por la Ley 91 de

1989. Máxime, si no hay norma que disponga tácita o expresamente que se les deba hacer extensiva la Ley 50 de 1990.

11. Sostuvo que aplicar el fragmento de una norma – el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 – al régimen especial fijado por la Ley 91 de 1989, aun en virtud del principio de favorabilidad en materia laboral, conllevaría a la creación de un tercer régimen que no fue diseñado por el legislador.

12. Agregó que la sentencia SU -098 de 2018 de la Cor te Constitucional no podía ser aplicada al caso del actor como precedente porque no guardaba identidad fáctica. Esto, dado que en es a oportunidad la parte accionante no estaba afiliada al FOMAG, como si lo estaba el señor Porras Barón cuando presentó la demanda.

1.4. Sustento de la vulneración

identidad fáctica. Esto, dado que en es a oportunidad la parte accionante no estaba afiliada al FOMAG, como si lo estaba el señor Porras Barón cuando presentó la demanda.

1.4. Sustento de la vulneración

13. El tutelante mencionó que en el debate planteado se acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela. En particular, refirió que el asunto goza de relevancia constitucional.

14. Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado del 29 de julio de 2019, en la cual se superó el análisis del requisito de procedencia, con fundamento en el deber de analizar si la provid encia enjuiciada desconoció los derechos fundamentales de la accionante al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes por elDemandante: Edwin Mauricio Porras Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02436-00

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pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías.

15. Arguyó que, al no estar garantizados l os recursos de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación , lo que está transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.

16. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al

transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.

16. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando los mismos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto si reviste relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no se trata de una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.

17. Aludió que el Tribunal vulneró el princip io de favorabilidad, en tanto su situación no es equiparable a la de los docentes que se les ha reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se desconocieron los principios de progresividad, d e seguridad jurídica y con ello, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

18. Sostuvo que la providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución. Con respecto al primero, el actor en el escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, respecto del segundo, indicó que el Tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la aplicación de la situación más favorable al trabajador.

indicó que el Tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la aplicación de la situación más favorable al trabajador.

19. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer la sanción moratoria a docentes oficializados, por el pago tardío de sus cesantías.

En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C -741 de 2012, C -486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018.

20. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente . A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en el numeral anterior por la parte actora:

Corte Constitucional

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS FIRMANTESDemandante: Edwin Mauricio Porras Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02436-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

2018

Dra. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO

GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Consejo de Estado

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-3100020090086701, No.

Interno: 48542014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-03-15000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr. GUILLERMO SANCHEZ

000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO SERRATO

VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH PEÑA

GARZÓN – Dr. HERNANDO SANCHEZ SÁNCHEZ 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de

2019

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODR ÍGUEZ

NAVAS - Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000-201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de

2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 9 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(0483-20) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZDemandante: Edwin Mauricio Porras Barón

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZDemandante: Edwin Mauricio Porras Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02436-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 17 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 18 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDra. SANDRA LISETH IBARRA 20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de

2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA Dr. CÉSAR PAL OMINO CORTÉSDr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020) 22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ GOMEZ

DR. RAFAEL FRANCISCO SUAREZ

25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ GOMEZ

DR. RAFAEL FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ 26 47001-23-33000-20180231-01 (0871-2020) 26 de enero

2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

DR. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

– DR. GABRIEL VALBUENA

HERNANDEZ

21. Hasta la sentencia número 26 enumerada, la parte actora se limitó a citar textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados alDemandante: Edwin Mauricio Porras Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02436-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Estado.

22. Por último, trajo a colación las siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se ha decidido sobre el tema en cuestión:

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

F. DECISIÓN JUZGADO 1 66001 3333 001

2022 0002000

23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO DE PEREIRA

No. RADICADO

EXPEDIENTE

F. DECISIÓN JUZGADO 1 66001 3333 001

2022 0002000 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO DE PEREIRA 2 70001 3333 002

2022 0011500 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL CTO DE SINCELEJO 3 05001 3333 019

2022 0008500 21/09/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL CTO DE MEDELLÍN 4 76001 3333 002

2022 0009500 27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL CTO DE BUGA 5 68001 3333 009

2022 0010900

30/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA 6 76111 3333 003

2022 0006600

28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA 7 68001 3333 002

2022 0006500 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA 8 27001 3333 002

2022 0007200 06/10/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL CTO DE QUIBDÓ 9 27001 3333 005

2022 0012200 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO DE QUIBDÓ 10 11001 3342 051

2022 0009800

9 27001 3333 005

2022 0012200 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO DE QUIBDÓ 10 11001 3342 051

2022 0009800 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL CTO DE BOGOTÁ 11 74147 3333 002

2022 0000800

16/11/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE BUGA

1.5. Trámite de la acción

23. Por auto de 12 de mayo de 2023, se admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como accionado al Tribunal Administrativo de Boyacá . Asimismo, se dispuso vincular como terceros con interés al Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, a l Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y a la Fiduprevisora S.A.

24. Posteriormente, mediante auto de 2 de junio de 2023, se vinculó al trámite tutelar al departament o de Boyacá tras advertir que conformó la parte pasiva dentro del proceso contencioso cuya decisión de segunda instancia se cuestiona.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Ministerio de Educación Nacional

25. Manifestó que la acción de tutela es improcedente porque no se vulneraron los derechos fundamentales del actor. Aclaró que, en todo caso, no tiene competencia para satisfacer las pretensiones ventiladas en la acción constitucional de la referencia.Demandante: Edwin Mauricio Porras Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02436-00

tiene competencia para satisfacer las pretensiones ventiladas en la acción constitucional de la referencia.Demandante: Edwin Mauricio Porras Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02436-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

26. Citó in extenso los requisitos previstos por la Corte Constituciona l en la sentencia C -590 de 2005 y posteriormente los fallos de primera y segunda instancia, para concluir que el asunto no reviste relevancia constitucional. A su juicio, el actor pretende reabrir el debate legal zanjado en el proceso ordinario, aunado a que no demostró cómo se concreta l a vulneración de los derechos fundamentales sobre los que invoca la protección.

27. Solicitó que se le desvinculara del trámite, con fundamento en que no tiene legitimación en la causa por pasiva. Reiteró que no tiene competencia funcional para atender lo que la parte actora persigue por esta vía. Al respecto, indicó que el reconocimiento y pago de prestaciones sociales es un asunto de las Secretarías de Educación, de la Fiduprevisora S.A. y el FOMAG.

28. Precisó que la Ley no dispuso la existencia de cuentas ind ividuales para el pago de las cesantías de los docentes del FOMAG. Sin embargo, esto no pone en peligro el acceso al auxilio y por ello no se dispuso ningún tipo de indemnización frente a una consignación tardía. Aclaró que lo que sí puede darse tardíamente es el pago de las cesantías solicitadas, pero frente a ello hay

en peligro el acceso al auxilio y por ello no se dispuso ningún tipo de indemnización frente a una consignación tardía. Aclaró que lo que sí puede darse tardíamente es el pago de las cesantías solicitadas, pero frente a ello hay jurisprudencia unificada del Consejo de Estado2.

29. Concluyó que en virtud del principio de inescindibili dad de la norma desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia C-098 de 2018, se debían aplicar integralmente las normas que gobiernan especialmente un tema. En este caso, las del régimen especial de los docentes del FOMAG.

1.6.2. Fiduprevisora S.A.

30. Señaló que sus funciones se circunscriben a la contratación de la prestación de los servicios médico-asistenciales en las diferentes regiones del país, para que les sean prestados a los educadores afiliados.

31. Añadió que en este caso no se encuentran especificadas las causales especiales de procedibilidad de la acción de tut ela contra providencia judicial y no es deber del juez estructurarlas.

32. Sostuvo que, por disposición del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 pueden administrar los recursos en cajas individuales para el pago de esta prestación. No obstante, adujo que el FOMAG se caracteriza por tener unidad de caja, de conformidad con su norma de creación que es la Ley 50 de 1990.

33. Finalmente, aclaró que la sentencia SU -098 de 2018 no contiene fundamentos fácticos que se asimilen al caso en cuestión. En esa oportunidad,

su norma de creación que es la Ley 50 de 1990.

33. Finalmente, aclaró que la sentencia SU -098 de 2018 no contiene fundamentos fácticos que se asimilen al caso en cuestión. En esa oportunidad, se cuestionó una afiliación tardía al FOMAG, lo cual no ocurre en este caso.

2 No precisó ninguna providencia sobre el tema.Demandante: Edwin Mauricio Porras Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02436-00

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34. En virtud de lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones invocadas y que se le desvincule del trámite tutelar.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja pese a ser notificados en debida forma, no rindieron informe.

1.6.4. Edwin Mauricio Porras Barón

35. Mediante memorial incorporado el 29 de mayo de 2023, la parte tutelante se pronunció sobre las contestaciones efectuadas por la Fiduprevisora S.A. y el

Ministerio de Educación Nacional.

36. Precisó que, si bien es cierto que se debe respetar la autonomía judicial en virtud del artículo 230 de la Constitución Política, esta no es absoluta. Aludió que las decisiones de los jueces deben ser respetuosas de la ley y el precedente, así como de las garantías a la igualdad y a la seguridad jurídica.

en virtud del artículo 230 de la Constitución Política, esta no es absoluta. Aludió que las decisiones de los jueces deben ser respetuosas de la ley y el precedente, así como de las garantías a la igualdad y a la seguridad jurídica.

37. Pese a lo anterior, consideró imperioso que se analice su asunto «ante la copiosa y excesiva jurisprudencia sobre el tratamiento igualitario a todos los empleados públicos». Reiteró que, de conformidad con la sentencia SU -098 de 2018 de la Corte Constitucional el auxilio de las cesantías es una prestación social irrenunciable que tiene como fin el cubrimiento de necesidades personales que le surjan al trabajador y a su núcleo familiar.

38. Insistió en que el régimen de liquidación de las cesantías de todos los servidores públicos debe ser el previsto en la Ley 50 de 1990. Asimismo, iteró que se le desconoció el principio de favorabilidad en materia laboral , que no existe un rég imen especial de cesantías para los docentes y que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad.

1.6.5. Departamento de Boyacá

39. Solicitó que se desestimaran las pretensiones de la parte accionante, ante la inexistencia de la vulneración ius fundamental deprecada.

40. Refirió el procedimiento de la transferencia de la Nación al FOMAG para el pago de las cesantías de los docentes, con el fin de precisar que estos tienen un régimen especial de cesantías que excluye el pago indiv idual de estas a sus afiliados. Agregó que el 4 de febrero de 2021 remitió a la Fiduprevisora S.A. los reportes de las cesantías causadas por año laborable 2020.

afiliados. Agregó que el 4 de febrero de 2021 remitió a la Fiduprevisora S.A. los reportes de las cesantías causadas por año laborable 2020.

41. Manifestó que la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, dado que este administra un fondo colectivo. Asimismo, que la SU-098 de 2018 no es asimilable a su caso porque el del entonces tutelante radicaba en que no había sido vinculado al FOMAG, circunstancia que se echa de menos en esta oportunidad.Demandante: Edwin Mauricio Porras Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02436-00

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42. Por último, aludió que « el medio de tutela como mecanismo transitorio y excepcional no constituiría un instrumento dable y garantista para acceder a las pretensiones de la parte accionante, puesto que tal como se sustentó por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá en ejercicio de los criterios de transparencia y suficiencia se apartó de las decisiones emitidas por el Consejo de Estado, empero a que por parte del Órgano de Cierre de lo Contencioso Administrativo no se ha expedido una sentencia de unificación que zanje esta discusión y no, que por medio de acciones de tutela se pretenda el reconocimiento de “derechos” que cuentan con vacíos legales e interpretativos».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

discusión y no, que por medio de acciones de tutela se pretenda el reconocimiento de “derechos” que cuentan con vacíos legales e interpretativos».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

43. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Lo anterior, de conformidad con l o establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

44. El Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A. solicitaron que se les desvinculara de esta tutela. Ambos alegaron que no tienen dentro del ejercicio de sus facultades el pago de prestaciones sociales.

45. La Sala negará las anteriores solicitudes, dado que su vinculación en este trámite se dio en calidad de terceros con interés sin que por ello tengan que satisfacer las pretensiones de la parte tutelante. Se aclara que, de conformidad con el criterio mayori tario de la Sección Quinta , son terceros con interés en las acciones de tutela contra providencias judiciales todos los sujetos que hayan conformado las partes del proc